74 resultados para MEMORIA COLECTIVA


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En esta investigación se pretende analizar la forma en que los familiares de víctimas de Trujillo y sus acompañantes han iniciado y desarrollado los procesos de reconstrucción de los hechos, de reparación simbólica y de duelo en un escenario donde el conflicto aún no ha cesado. Tras la masacre ocurrida entre 1986 y 1994 en Trujillo, Riofrío, Bolívar (Valle del Cauca) y el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado en 1995, los familiares de las víctimas decidieron unir fuerzas y trabajar conjuntamente en la construcción de una memoria histórica de los hechos violentos, pese a las amenazas y al hostigamiento que después de 20 años siguen latentes en Trujillo. Ahora bien, no sólo se quiere hablar de los procesos de memoria y duelo entre los trujillenses; también se quieren mostrar una perspectiva analítica que permite mostrarlos más allá del relato o los rituales; es decir desde el cuerpo como evidencia material de los hechos violentos y como construcción simbólica, desde los objetos como albergue de recuerdos e identidades particulares y desde el arte como medio de liberar el dolor, acercarse a la violencia y evadir por un instante la cruenta realidad que vela la vida de los trujillenses.

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El propósito del presente estudio diagnóstico, es el de analizar el proceso de reconstrucción de la identidad del Pueblo Indígena Muisca de la Localidad de Bosa, en la ciudad de Bogotá D.C desde el año de 1999 hasta el 2013. Este diagnóstico tiene como punto de partida, el análisis de la pérdida del territorio ancestral por parte de esta comunidad de indígenas urbanos, debido a los proceso de expansión y de urbanización legales e ilegales que tienen lugar en el territorio. Con base en el análisis de los anteriores fenómenos, se estudian las características principales de las comunidades e individuos indígenas presentes en las ciudades, y los retos que enfrentan las instituciones oficiales en materia de desarrollar políticas de reconocimiento con base en modelos de planificación indígena.

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La sigla LGBT se puede comprender como una articulación de elementos discursivos sobre el género y la sexualidad. En Colombia, dicha categoría se ha desarrollado en buena medida de parte de los movimientos sociales. El objetivo central del trabajo de grado es analizar algunos significados sobre el género y la sexualidad que se articulan bajo dicho significante, reconociendo que no son unívocos y que a un mismo significante se le pueden atribuir significados que pueden llegar a ser incluso contradictorios. Para esto, analicé cómo a partir de algunas formas de acción colectiva se han articulado distintos entendimientos del género y la sexualidad como campos de subjetivación. El primer capítulo consiste en un repaso histórico por algunos movimientos sociales de género y sexualidad en Colombia, valiéndome de fuentes secundarias. La segunda y la tercera presentan relatos individuales y grupales de dos organizaciones en Bogotá: el Colectivo León Zuleta y la Colectiva Lobas Furiosas. A partir de entrevistas semi-estructuradas con integrantes de cada colectivo, examiné cómo algunos de los significados construidos colectivamente sobre el género y la sexualidad de acercan a algunos significados articulados bajo la categoría LGBT, pero cómo otros también se alejan, tensionan o cuestionan.

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El proyecto consiste en realizar una proyección de videomapping acompañada por una agenda cultural que busca promover a través del video y la tecnología la construcción colectiva de memoria histórica compartida y con perspectiva de futuro, inicialmente a una población que no ha tenido contacto directo con la guerra (población de Bogotá de alto poder adquisitivo). Se analiza el arte como factor generador de empatía entre ciudadanos.

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En Bojayá, Colombia, la música ha posibilitado la visualización, reparación y construcción de memoria histórica de las víctimas de la masacre de 2002 aprovechando dos elementos: La comunicación y el arte. La comunicación, el acceso a mecanismos informativos y de participación son elementos sobre los cuales se basa las estructuras democráticas contemporáneas; mientras que las expresiones artísticas se configuran como herramientas que posibilitan el acceso de la ciudadanía al escenario político. En un escenario con posibilidades limitadas, el arte aparece como una alternativa en un contexto donde las herramientas institucionales han resultado insuficientes. A partir del análisis de las expresiones musicales de los sobrevivientes y el uso de planteamientos de Jürgen Habermas, Juan Rueda, Elizabeth Jelin, entre otros, se analizan los procesos comunicativos de la música que dan lugar a la creación de memoria histórica.

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“Retratos de memoria” recoge la memoria de la vida de Esther Lorusso, una joven secuestrada y desaparecida en la Argentina de los años setenta, durante la dictadura militar presidida por el General Jorge Rafael Videla. También relata la historia de José Fidel y Raúl Quintero, miembros de una familia de campesinos colombianos, quienes fueron asesinados en el contexto del conflicto armado. Las vidas de estos personajes reposan en las memorias de sus familiares, amigos y conocidos y hoy día son recordadas en la calle Bulnes de Buenos Aires, en el caso de Esther y en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en el caso de los hombres de la familia Quintero. Cada homenaje a estas personas, es una celebración, una fiesta, una reverencia a la vida y al recuerdo, una evocación a lo que jamás puede volver a ocurrir y una resistencia desde la trinchera del amor por la vida.

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El derecho de negociación colectiva de los empleados públicos contemplados en los Convenios de la OIT aprobados y ratificados por Colombia, ha sido limitado en varios aspectos, por su forma de vinculación con la administración, el ejercicio de la función pública y la prestación de los servicios públicos a cargo del Estado. Por lo anterior se necesita adaptar las disposiciones laborales vigentes a los instrumentos internacionales suscritos por el país, para lograr el equilibrio de las garantías y las cargas de los empleados públicos.

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EFECTO CARDUMEN es un proyecto de gestión cultural que actúa a través de estrategias (pedagógicas, diseño de programas y de productos), que se proponen incidir en el mejoramiento de la convivencia de los ciudadanos a través de la activación de la inteligencia colectiva.

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La acción colectiva se presenta cuando un grupo de personas con intereses afines actúan en consenso y en función de un objetivo específico; por ejemplo: realizar una obra artística o arquitectónica, preservar o mantener bienes colectivos, etc. Por lo general, se nutre tanto de alguna ideología o doctrina como de un lenguaje común que permita coordinar la acción. Además, depende de la interacción estratégica y de argumentación, cuando el grupo es pequeño (pocas decenas de personas). O es posible mediante el uso de incentivos (premios y castigos) y de la publicidad, cuando el grupo es grande (cientos, miles o millones de personas) y ha de ser organizado por una minoría de empresarios de la acción colectiva. Las acciones colectivas ocurren gracias a una constelación de variables: por eso, no hay una variable que por sí sola, y de una manera completamente coherente, pueda ayudar a explicar la complejidad de tales acciones. Por lo demás, existen acciones colectivas virtuosas (la fraternidad y tributación para causas justas) y otras nocivas (los movimientos de consumidores alineados, las aglomeraciones de gente egoísta que compite negativamente). Aquí ofrecemos unas explicaciones sencillas y unas referencias bibliográficas mas profundas.

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Este artículo desarrolla una propuesta teórica sobre un instrumento de medición de memoria productiva a partir de la operacionalización de la noción de la memoria social en ámbitos productivos. La memoria social se entendió como un legado cultural que se expresa en actuaciones corporales; siendo las actuaciones ligadas al desarrollo de tareas laborales expresión de memoria productiva. La propuesta identifica dos indicadores, el hábito y el intercambio, como elementos orientadores en la búsqueda y organización de información en relación con los componentes operativos y cooperativos de una actuación laboral. A partir de estos indicadores, se espera el diseño posterior de un instrumento que ayude a verificar el influjo de la memoria productiva en prácticas de trabajo.

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Este documento contiene la propuesta que la Escuela de Ciencias de la Salud, y sus grupos de investigación en Salud Pública y Rehabilitación e Integración Social de la Persona con Discapacidad, han construido con el fin de participar en la convocatoria institucional del Instituto Rosarista de Acción Social: Fines y medios de acción del instituto. Nuestra propuesta es el resultado de una serie de encuentros entre profesores y estudiantes de diferentes unidades académicas de la Universidad del Rosario. Representa el interés por ser agentes en los derroteros sociales que esta, en su calidad de institución de educación superior, promueve a través de un instituto que busca fundarse y convertirse en un recinto de pensamiento y acción, centrado en el valor del conocimiento, con sentido y utilidad en asuntos prioritarios para la sociedad. Con esta propuesta se busca dinamizar a la universidad en pleno en función del objeto de la convocatoria, pues los resultados de la investigación no dependerán de manera exclusiva de los investigadores, y en cambio favorecerán la participación de diferentes integrantes de la institución que harán del proyecto un asunto concerniente a todos.

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El esquema de protección de derechos es un elemento esencial en el ordenamiento jurídico de las naciones organizadas bajo la modalidad de Estado Social de Derecho, y en ese sentido, la implementación de las garantías a los derechos de las minorías existentes en la Nación. Colombia no es la excepción dentro del modelo señalado; en la Constitución Política de 1991 se plantea una amplia gama de derechos y garantías, haciendo un especial reconocimiento a la existencia del pluriculturalismo y el multilingüismo propio de una Nación marcada por la presencia de diferentes grupos étnicos que han determinado su legado histórico y cultural. Así las cosas, surge un escenario de interrelación entre los derechos de las minorías y los del resto de la colectividad, a partir del cual se pueden establecer elementos de armonía y correspondencia, así como también evidenciar posibles conflictos derivados del choque de intereses de una y otra parte. Para el caso de la presente investigación, se ha decidido centrar el estudio en una etnia específica respecto de la cual se han detectado una serie de problemas los cuales permiten efectuar un análisis detallado y con ello evidenciar los objetivos pretendidos. En ese sentido, el grupo étnico escogido es el raizal, residente en las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El eje central de investigación apunta a plantear que el reconocimiento constitucional que se le ha dado a la comunidad raizal no tiene, ni los alcances, ni las implicaciones que debería tener en los escenarios legislativo, jurídico y político, pues la entidad y relevancia que se la ha otorgado a la mencionada etnia no cumple con el verdadero objeto de pluriculturalidad con que se pretende catalogar a nuestra Nación. El discurso étnico por medio del cual los grupos buscan autodeterminarse, manifestar el esplendor de su cultura y demostrar la existencia de una memoria histórica colectiva, no ha sido considerado en su totalidad como es el caso de la etnia estudiada, pues elementos indispensables de su legado, de su historia y de su presente se han visto ignorados o readaptados a otros escenarios con discursos diferentes, con intereses disímiles y con enfoques diversos, generando una alteración del verdadero pluriculturalismo en el sentido estricto de la palabra. En ese orden de ideas, el estado de las cosas y de los derechos ha llevado a situaciones en las cuales el discurso ha tomado un enfoque distinto del carácter étnico que ha de caracterizarlo, tornándose en un discurso político marcado por la presencia de múltiples opiniones al interior de la misma etnia, pero que a su turno evidencia la necesidad de dar una revisión a las condiciones en que jurídica, social y culturalmente está reconocida dicha etnia y con ello demostrar que el panorama no se agota en una simple denominación constitucional o legal, sino que ha de acompañarse con la práctica política y legislativa justa que demuestre una real existencia de la minoría en el entorno social y jurídico de la Nación. La etnia raizal ha padecido un impacto cultural inmedible desde el momento de la abierta inmigración de continentales al Archipiélago, generándose con ello un sentimiento de marginación frente a las otras etnias y en general, frente el resto de la colectividad. Para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, se utilizó la metodología de búsqueda en fuentes secundarias, con un especial énfasis en el análisis legislativo y la revisión jurisprudencial, orientado a la obtención de parámetros de guía para la determinación de aspectos relevantes, así como también al poder efectuar comparaciones con miras a obtener conclusiones. Así las cosas, la investigación se complementó con un trabajo de campo en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, territorio de la comunidad raizal, el cual se desarrollo a través de la modalidad de entrevistas semiestructuradas aplicadas a diferentes miembros de la etnia, procurando incluir personas de diferente tipo, esto es, algunas que ocupan cargos públicos, otras que se desempeñan como líderes activistas y otras del común.

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Contiene la etnología de los chibchas, etnología de las armas, la escultura en América, los tunjos de oro y sus usos.

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La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los últimos años, ha establecido una serie de criterios y medidas que configurarían un catálogo de disposiciones que deben emprender los Estados para garantizar la real protección del derecho de propiedad de las comunidades indígenas y tribales. Dichas medidas deben ser implementadas en los procesos de formalización y titularización de las tierras ancestrales ocupadas, en la delimitación y demarcación del terreno, en la restitución de porciones de tierra pérdida, en la estipulación de criterios para el otorgamiento de tierras alternativas; y en los estudios que tiendan a establecer políticas públicas para la satisfacción de las necesidades de las comunidades relativas a la producción y posesión de la tierra como mecanismo idóneo para el mantenimiento de condiciones de vida digna. La regulación colombiana para las tierras de las comunidades indígenas y las comunidades afrocolombianas presenta aspectos divergentes: las primeras poseen una reglamentación destinada a la ampliación, reestructuración y saneamiento de los resguardos indígenas, y las segundas están regidas bajo un estatuto general de la propiedad colectiva y adjudicación de baldíos. En los dos sistemas, los procedimientos son complejos, tardíos, confusos, requieren de sofisticados prerrequisitos, y ante todo su estructura está basada bajo criterios de una sociedad no indígena y no tribal. Adicionalmente, el compendio normativo en materia de titulación, delimitación y demarcación de tierras de comunidades afrocolombianas antes enunciado, presenta diversas lagunas normativas que se acentúan con la carencia de actualización de dicha regulación a las condiciones actuales si se tiene en cuenta que no ha existido modificación a la misma en los últimos 19 años, y que hacen necesario aplicar analógicamente las disposiciones del Código Civil en materia de propiedad individual a efectos de dar respuesta a los supuestos de hecho no contemplados.

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El Estatuto de Roma como Régimen internacional genera dinámicas de cooperación con los Estados miembro en materia de Derechos Humanos; en España se llevaron a cabo procesos de armonización institucional que se tradujeron en voluntad política de reconocer los derechos y establecer medidas de restitución a las víctimas de la guerra civil y la dictadura, a través de la formulación de la Ley de Memoria Histórica en el año 2007; sin embargo el cumplimiento de estas es insuficiente a la hora de analizar la responsabilidad internacional de España en Derechos Humanos.