96 resultados para Acuerdo sobre las Víctimas del conflicto


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La concentración de la política de fumigacion con glifosato en regiones como el Putumayo y Caquetá, trajo consigo un enorme desplazamiento de los cultivos de coca hacia Nariño (efecto globo). Motivados por ejercer un control estratégico de estos nuevos recursos, los grupos armados ilegales reflejaron un creciente interés por copar el territorio, fomentando una cruenta lucha que condujo a una degradación de las dinámicas del conflicto armado en la región.

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El presente estudio se ordena en tres capítulos. El primero se concentra en explicar las herramientas analíticas de la teoría de las nuevas guerras de Herfried Münkler y de ahí se derivan cuatro criterios básicos que servirán de base para el análisis de las transformaciones. En el segundo capítulo se analizan las transformaciones que el conflicto colombiano tuvo durante el periodo 1991-2003 y cómo estas impulsaron un proceso de transnacionalización. En el tercer capítulo se estudian los efectos sociales, medioambientales y de seguridad que tales transformaciones tuvieron en los países vecinos.

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El trabajo que se presenta a continuación, está hecho desde el punto de vista meramente jurídico, partiendo de un análisis teórico – práctico de la jurisprudencia constitucional y su aplicación en el trámite de extradición -de nacionales colombianos-.

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Las obras geográficas de Manuel Ancízar y Felipe Pérez dan cuenta de la manera en la que la élite intelectual neogranadina se apropió y representó el aspecto físico y humano de la nación al inicio y final de la Comisión Corográfica (1850-1859). Un análisis comparativo de las obras mostrará la manera en la que la narración literaria y la geográfica influyen en la elaboración de imaginarios territoriales para unificar la nación y consolidar la identidad nacional a partir de la apropiación territorial en la segunda mitad del siglo XIX

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Escritura de reconocimiento de un principal de mil doscientos cincuenta pesos por Francisco Javier Pardo a favor del Colegio Mayor del Rosario, sobre las "tierras del doblado" ubicadas en Choachí. Se registra como fiador del principal a Pedro José Pardo

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Esta investigación busca analizar el proceso de internacionalización del conflicto armado en Colombia, teniendo en cuenta que durante casi cincuenta años pasó desapercibido e incluso indiferente, tanto a nivel doméstico como por el sistema internacional. De igual manera, el objetivo general de este análisis es evaluar las consecuencias del conflicto armado en Colombia en las relaciones de seguridad fronteriza durante el periodo del 2002-2006; a partir de esto, se plantean cuatro propósitos principales. Primero, describir el proceso de internacionalización del conflicto, entendiendo que su incidencia en la zona se ha desarrollado desde el concepto del efecto derrame. Segundo, establecer si existe alguna diferencia sobre la incidencia del conflicto en los diferentes puntos de frontera y determinar por qué es diferente la situación en los puntos de frontera para Venezuela y Ecuador. Para ello, se analizarán las manifestaciones del conflicto que han incidido en las relaciones con Venezuela, y a partir de esto establecer sus repercusiones; de la misma forma, se examinaran las manifestaciones que han incidido del lado ecuatoriano. Tercero, se buscará establecer de qué manera es similar o diferente la incidencia del conflicto armado colombiano con respecto a cada frontera de estudio y determinar sus repercusiones en las relaciones sobre la seguridad fronteriza. Cuarto, se pretende evaluar la posibilidad de un acercamiento por parte de los tres países en aras de buscar un beneficio común, adoptando un régimen de seguridad colectiva o de intereses compartidos que permitan combatir en conjunto la seguridad en los puntos de frontera, que finalmente es la causa que distorsiona las relaciones.

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La cruel realidad de los niños víctimas del conflicto armado en nuestro país y alrededor del planeta, indica la urgencia de asumir esta problemática de manera prioritaria y convertirla en premisa especial de las políticas gubernamentales. Millones de niños y niñas están siendo afectados por fenómenos sociales derivados de los conflictos armados como lo son la invalidez, el desplazamiento, la violencia, los abusos, e incluso la muerte. Los datos arrojados por instituciones como la UNICEF, la Human Right Watch y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hablan de que el 50% de la sociedad desplazada por la violencia y los conflictos sociales se ubica en el rango de edad niño; 80% de las muertes que se causan por los conflictos armados son de terceros pertenecientes a la sociedad civil y un tercio de estas corresponden a niños y niñas. Además, aproximadamente 300.000 niños y niñas están directamente involucrados en actividades milicianas en el mundo entero y cerca de 10.000 niños mueren anualmente por causa de minas antipersonales y demás actividades militares no convencionales

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En las situaciones en que se presenta un conflicto armado, por lo general surge una violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, lo que hace que los Estados en su afán por restablecer la paz en sus territorios, tengan como objeto principal la solución de los mismos, acudiendo a procesos de reconciliación, como lo son la negociación con los actores armados. En medio de los conflictos armados, la vida de las personas se ve afectada, ya que un conflicto armado produce víctimas de diversa índole, que tienen una característica especial, ya sea porque se encuentran en una situación de riesgo, pues son poblaciones que se encuentran en zonas donde se desarrolla la guerra o se encuentran cerca a objetivos militares y por tal motivo están en riesgo de convertirse en víctimas del conflicto, o porque son afectados directamente por el conflicto, es decir que ya son víctimas porque están heridos, enfermos, o se encuentran en manos del adversario y son considerados prisioneros de guerra. Es importante tener en cuenta que el sufrimiento de estas personas es muy grande y que en ocasiones puede llegar a prolongarse durante largo tiempo.

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En este segundo documento de trabajo elaborado por el Semillero de Políticas Públicas se ha desarrollado un ejercicio de investigación formativa que tuvo dos propósitos fundamentales: a) entender el asunto de la reconciliación en Colombia como un fenómeno complejo que puede y debe ser abordado desde distintos frentes de política pública, y b) reconocer el esfuerzo que están haciendo algunos municipios en Colombia para lograr resultados concretos de reconciliación. En esta medida, hemos basado nuestro análisis en el trabajo previo de la Comisión de Conciliación Nacional, que elaboró en el año 2010 un Acuerdo Nacional para la Reconciliación y la Paz en Colombia. Según la entidad, “a través de conversatorios, foros públicos regionales, divulgación en medios y foros virtuales, se construyó de manera consensuada un Acuerdo de Mínimos por la Paz y la Reconciliación, que cuenta con la participación de prácticamente, todos los sectores de la sociedad, del ámbito público y privado; de la sociedad civil, la academia y el gobierno; de organizaciones de origen nacional como internacional” (Comisión de Conciliación Nacional, 2016, Consulta electrónica).

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Tras casi 30 años de conflicto, en 1990 el gobierno y las guerrillas guatemaltecas, se embarcaron en una serie de negociaciones en el marco de un proceso de construcción de paz que concluyó seis años después con la firma de los Acuerdos finales. Si bien los compromisos acordados incluyeron entre otros asuntos, una serie de reformas en torno a la transformación del sistema político con el fin de promover la consolidación de un orden democrático, esta transformación no inició en 1996, sino que se gestó años antes del emprendimiento de las negociaciones y de hecho, tuvo un efecto imprescindible en el inicio y la efectividad de las mismas al generar un clima propicio para la construcción de la paz. De igual forma, el desarrollo de ambos procesos influyó en las circunstancias del conflicto interno de Guatemala. El siguiente trabajo analiza precisamente el desarrollo entre 1983 y 1999 de estos procesos, de la relación interdependiente surgida entre ellos y los efectos que tuvieron estos lazos sobre el conflicto interno en Guatemala. Para ello se tomaron una serie de enfoques teóricos que proponen la existencia de un vínculo entre democracia y paz y su aporte a la prevención y manejo de los conflictos internos. Estos enfoques argumentan que la democracia se constituye en un mecanismo capaz de regular los conflictos internos a través de medios pacíficos, como la negociación y el debate público, y en que esta democracia necesita de unas condiciones mínimas de paz para poder desarrollarse de manera íntegra.

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El propósito de este estudio de caso es analizar el proceso de reparación a las víctimas de la comunidad indígena Wayúu de Bahía Portete por los daños causados con la masacre del 18 de abril de 2004, a partir del pensamiento propio sobre la reparación. Para esto se presentan las distintas percepciones que existen en la comunidad sobre las afectaciones sufridas por el conflicto armado y las concepciones sobre el territorio y la justicia en la cultura Wayúu, y se analiza la importancia de reivindicar estos significados en el proceso de reparación colectiva que adelanta la Unidad de víctimas con estos indígenas, para la efectividad del mismo. Lo anterior se basa en el trabajo de campo realizado en La Guajira con la comunidad de Portete y funcionarios de la Unidad, otras fuentes primarias como informes institucionales, al igual que en la revisión de legislación y textos académicos sobre la materia.

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El presente trabajo trata de analizar las posibles estrategias de cooperación que deben seguir el PMA y ECHO de manera conjunta para aumentar el impacto de sus acciones en el tema de la ayuda humanitaria, en especial lo referente a la asistencia alimentaria.

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El interés de esta monografía es analizar el diseño y la formulación de la Política Pública de Restitución de Tierras del Gobierno de Juan Manuel Santos. En particular, se busca establecer los aciertos y los desaciertos de dicho proceso para evidenciar que si bien la Restitución de Tierras propuesta por el Gobierno fue creada con el propósito de superar las desigualdades asociadas a la tenencia de tierras en Colombia, su formulación ha sido insuficiente para responder a las demandas de las víctimas del conflicto armado. Para tal fin se utilizan los dos modelos para el análisis de políticas públicas propuestos por la Universidad de Rosario como la herramienta teórica principal que permite entender cómo se llevo a cabo la formulación de esta política pública.

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El presente trabajo se enmarca en la Ley de Víctimas, Ley 1448 del año 2011, y aborda específicamente los casos en que se presenta oposición de una víctima o bien de un sujeto vulnerable, de especial protección, frente a la reclamación de restitución de un predio por una víctima. No aborda la generalidad de los casos de oposición. Habiendo delimitado el objeto de estudio que atañe, es necesario señalar que el presente trabajo, se centra en indagar la posición procesal y las capacidades probatorias del opositor víctima o sujeto vulnerable en este tipo de procesos bajo las circunstancias ya enunciadas, para entrar a estudiar si, a este sujeto procesal se le respeta o se le viola su derecho a la igualdad de parte dentro del proceso de restitución de tierras y qué alternativas pueden establecerse para hacer del acto de oponerse un acto más garantista.

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La categorización jurídica de los mal llamados “falsos positivos” en Colombia es un tema controversial: en algunas ocasiones se habla de ejecuciones extrajudiciales, otras veces de homicidio en persona protegida y en otros casos de desapariciones forzadas, dependiendo de la institución que juzgue los casos. Ahora bien, al no existir unidad de criterios en la categorización jurídica de los “falsos positivos”, se hace imprescindible la integración de conceptos en torno a entender dichos hechos ilícitos inequívocamente como tales, toda vez que esto permitiría generar seguridad jurídica al interior del derecho administrativo colombiano. Precisamente, en lo a referente a la responsabilidad extracontractual del Estado. De igual manera, el concepto de reparación adoptado en los estamentos de Derecho Administrativo Colombiano, no siempre coincide con los estándares delineados por el Sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, lo cual repercute de manera negativa en el tratamiento dado a las víctimas de los “falsos positivos” que encuadran en la categoría de desapariciones forzadas, lo que hace necesario el estudio detallado de las decisiones propias de cada sistema y compararlas, para buscar un mejoramiento de los estándares nacionales de reparación. Para dar un aporte teórico importante, esta investigación partirá del análisis sistemático de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y después inspeccionará los elementos fácticos y la reparación de los “falsos positivos”, determinando el grado de aplicación que se ha dado del sistema interamericano en los fallos proferidos por el Consejo de Estado.