512 resultados para violencia institucional
Resumo:
La situación carcelaria en América Latina es un tema complejo de manejar; Es cierto que en casi toda Latinoamérica el aumento en los niveles de pobreza y desempleo sumados a la injusticia social y judicial, han sido factores cruciales en el crecimiento acelerado de la delincuencia y por ende del número de detenidos. Por lo tanto, son varios los factores que influyen en el deterioro y precariedad de los sistemas penitenciarios de América Latina, entre los cuales se identifican con facilidad la sobrepoblación y el hacinamiento, el deterioro de los centros de reclusión, la violencia y sumado a esto la carencia de servicios de salud, mala alimentación y educación. Así pues, la población carcelaria en América Latina crece a un ritmo incontrolable, para lo cual la respuesta lógica de los gobiernos debería ser construir o modernizar centros de reclusión que tuviesen la capacidad suficiente para albergar a un mayor número de presos, sin embargo parece ser que los presos no tienen los mismos derechos que los demás.
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La investigación que se presenta a continuación obedece a la inquietud que genera el actual contexto del conflicto armado del país y cómo este ha tomado grandes magnitudes que afectan a la población civil en diversos aspectos debido a su misma complejidad. “La crisis sociopolítica y económica que ha vivido Colombia en las últimas cinco décadas, sumada a la corrupción administrativa, la impunidad del sistema judicial y el narcotráfico, han contribuido al desarrollo del conflicto interno”1 . Como se evidencia, la violencia ha sido prácticamente una constante a lo largo de la historia que a su vez ha repercutido de diversas formas generando consecuencias como la desintegración del tejido social y la socialización basada en formas violentas como la agresión; esto ha pasado de generación en generación y ha resultado la manera como los colombianos afrontamos los conflictos, dejando como ultima opción el respeto, el diálogo o la concertación
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Caso de Estudio. Análisis de la formulación de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la Unión Europea desde 1992 a 2006. Enfoque realizado a partir de la teoría de las 'Nuevas Guerras' de M. Kaldor y la crisis desarrollada en la región de los Balcanes.
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La presente Monografía pretende describir los diferentes sucesos que se dieron al interior de la zona de distensión del Caguán, durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). Cabe mencionar, que ésta era la primera vez en la cual se despejaba una parte del territorio nacional, para que un grupo al margen de la ley se acentuara allí. A raíz de esto, se establecerá porque la zona de distensión puede considerarse como un Estado al interior de Colombia si ésta nunca lo llegó a ser. Finalmente, se describirá la administración realizada por las FARC en dicha zona, teniendo como base el concepto de Estado fallido, y se determinará si la gestión llevada a cabo por los guerrilleros puede considerarse como fallida.
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1. Hace 25 años, en 1985, un hombre exigió que cesara el fuego. El llamado fue desoído. Esa vida fue acallada en medio de una pira fatal a la vista de todos los colombianos, atónitos y silenciosos. El gesto de Alfonso Reyes Echandía mal podría ser visto como el acto por demás comprensible y humano de una víctima sacudida por el miedo; es, en realidad, una demanda ética cuya grandeza aún debe ser valorada y ponderada por nuestro país. 2. “Que cese el fuego” no es simplemente el pedido de detener una desproporcionada operación militar desatada en respuesta al demencial ataque de un movimiento guerrillero que provocó el Holocausto del Palacio de Justicia, sino la exigencia de pensar una forma distinta de resolver los desacuerdos entre colombianos; un llamado al rechazo a la violencia; una exhortación al diálogo y al respeto irrestricto de la vida humana por sobre consideraciones estratégicas. Sabemos que el llamado de Reyes Echandía no recibió ni siquiera el mínimo reconocimiento de una respuesta. 3. El 6 y el 7 de noviembre de 1985, Colombia renunció a la palabra y dejó que las armas, en su feroz e irracional intercambio, reemplazaran el Estado de derecho y los valores ciudadanos esenciales. 4. Como ayer, Colombia sigue hoy debatiéndose entre el pedido moral de cesar el fuego y la lógica implacable de las armas, en una dicotomía que los clásicos padres del derecho ya habían identificado con sobriedad. ¿Es cierto que cuando habla la espada, la ley calla? ¿Estamos forzados a ignorar la voz de nuestros hermanos que exigen diálogo, inteligencia y compasión? ¿La ley y nuestro derecho a vivir en paz no son más que rehenes de la violencia? 5. Las secuelas de la violencia en el Palacio de Justicia persisten un cuarto de siglo después de su ocurrencia, y muchos de los interrogantes surgidos durante esas 28 trágicas horas aún subsisten. Colombia se debate entre quienes consideran que éste es un capítulo cerrado de la historia del país, quienes no aceptan una reflexión acerca de las dimensiones y responsabilidades de lo ocurrido entonces, quienes desconocen lo sucedido y quienes aún esperan una respuesta de la justicia frente a lo acaecido. 6. Simultánea y paradójicamente, ningún hecho como la toma armada y sangrienta del Palacio de Justicia por parte del Movimiento 19 de Abril (M-19) y la exorbitante operación de respuesta de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano ha generado y sigue generando tan profundas divisiones en el país, actitudes beligerantes de negación de lo sucedido, evasivas, unilaterales; verdades a medias que no admiten espacio para la discusión civilizada. Hoy al igual que en 1985, cuando el llamado a que cesara el fuego hecho por el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia fue sistemáticamente desatendido, se hacen imperiosos el diálogo, la reconciliación y el perdón.
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El interés de este trabajo de grado es analizar el concepto de coordinación inter-agencial y trasladarlo a la práctica, para entender el funcionamiento de dos grandes agencias que gerencian el tema minero en el país: la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. A partir de lo anterior, se demostrará que la falta de sinergia entre estas agencias es producto de la improvisación en la creación institucional; de la inestabilidad de las normas que las regulan y su falta de cumplimiento; de problemas estructurales al interior de cada una y de la ausencia de una mirada integral, en la que todos los elementos se relacionan y tienen efectos sobre sí. El diseño metodológico es cualitativo-descriptivo y el enfoque es el jurídico-institucional, ya que el propósito fue describir el funcionamiento de estas dos agencias, teniendo como fundamento el rol del Estado, el papel de las instituciones y el derecho que las regula.
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Describe y analiza las relaciones políticas y literarias, centrándose en las semejanzas y diferencias, entre el movimiento y discurso político que lideró Jorge Eliécer Gaitán, y la narrativa y la trayectoria como intelectual de José Antonio Osorio Lizarazo. El escritor y el político aparecen dentro de un campo intelectual y político que dejó ver sus efectos en la vida de ambos, haciéndolos converger en causas comunes así como separándolos en diferentes momentos de la historia del país entre finales de los años veinte y el desenlace del Bogotazo.
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La propuesta consiste en el diseño de una estrategia para implementar diálogos interculturales a través de encuentros comunitarios entre grupos de población Indígenas Emberas y Wuonaan y Afrocolombianos vulnerables al desplazamiento interno. Desde una perspectiva teórica y práctica se plantean las premisas principales que relacionan factores de orden económico, ambiental, cultural, institucional, organizativo, político y de comunicación para contribuir en el restablecimiento de las condiciones de vida de estos grupos poblacionales vulnerables en sus territorios. El contexto socio político y cultural es el efecto del desplazamiento en la Costa Pacífica del Chocó manifestado en el deterioro de la biodiversidad y de los espacios de convivencias de los grupos socio culturales, obligándolos al abandono de sus formas tradicionales de vida y de sus posesiones familiares hacia un destino aún más incierto. La estrategia constituye una búsqueda de soluciones basada en el reconocimiento humano, sus diferencias, derechos y diversidad cultural, sus valores y prácticas como son la acumulación cultural entre grupos étnicos bajo riesgo de desplazamiento, las relaciones entre éstos y hacia los grupos de población que los recibe en su espacio territorial. Metodológicamente se realizaron iniciativas participativas desde el mismo territorio y con los protagonistas, líderes interesados en participar y crear espacios de diálogos para la conformación de estructuras organizativas capaces de liderar iniciativas de producción y comercialización en beneficio del interés colectivo. La implementación del diseño se realizará mediante un proyecto piloto con tres componentes sustantivos: fortalecimiento organizativo, restablecimiento de procesos de convivencia en el territorio y fortalecimiento empresarial que serán evaluados para la replicabilidad del modelo en otras zonas del Chocó con población en condición de desplazamiento.
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El presente proyecto plantea la necesidad de realizar una evaluación seria y sistemática de dichos procesos, con el fin de identificar los aspectos deficitarios y establecer unas líneas de trabajo orientadas al fortalecimiento institucional en los 8 aspectos de planeación, gestión y organización, que posibiliten la optimización de su labor
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El conflicto armado colombiano es un fenómeno social, político, económico y simbólico que exige una lectura interdisciplinaria y desde la perspectiva de sus múltiples actores para lograr, en cierta medida, su comprensión. En este sentido, en la escena actual de la confrontación interna del país se cuenta con la posibilidad de obtener la mirada peculiar de aquellos que fueron protagonistas de la guerra, los excombatientes de los grupos armados ilegales y entre ellos un sector poblacional marginal, los menores de edad. Este último conglomerado social ha sido reconocido desde hace pocos años como un agente presente en el conflicto armado, pero no sólo como víctima sino también como actor directo de la violencia armada. Por lo tanto, la presencia de los menores en los grupos armados ilegales ha guiado recientes investigaciones que se centran en los factores que motivan su vinculación a las organizaciones irregulares, la violación a sus derechos fundamentales, las medidas de protección y reeducación que el Estado debe ofrecerles para su reintegro a la civilidad, las implicaciones psicosociales, físicas y legales de su experiencia en la guerra, y las políticas encaminadas hacia la prevención de esta problemática.
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Uno de los grupos sensibles al tema de Derechos Humanos dentro de una sociedad son las personas privadas de la libertad, puesto que se encuentran a la disposición del personal administrativo de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, que si carecen de políticas claras respecto a los derechos de las personas, pueden poner en riesgo su bienestar. La persona privada de la libertad o como se les conoce popularmente “preso”, independientemente de las causas por las cuales está recluido, es un ser humano, que por ende tiene dignidad y, además, debe ser respetado como sujeto de derecho. Para este tipo de grupos vulnerables, se ha venido desarrollando a nivel internacional unos instrumentos que velan por el respeto de los Derechos Humanos y la dignidad de quienes están recluidos en las cárceles, para que así el cumplimiento de cada una de las penas desempeñe el propósito de resocialización y reincorporación a la sociedad, y no genere mas violencia y resentimiento en las personas recluidas, por las malas condiciones en las que habitan.
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Monografía es ciertamente un Estudio de Caso: la comunidad indígena Kankuama. En ella se centra la preocupación del análisis y hacia ella están dirigidos los objetivos de solución que se trazarán en el Capítulo de las Conclusiones y Recomendaciones. Conservar esta fidelidad al objeto de estudio es elemental para la coherencia de este trabajo. Pero hay razones también de carácter metodológico que obligan a establecer, aunque sea mínima y tangencialmente, el contexto nacional que estructuralmente está afectando el desplazamiento forzado de los Kankuamos.
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En el mundo globalizado, donde las distancias se han recortado, donde existe un mayor flujo de capitales, personas e ideas, se fuerza a los estados a volverse más competitivos y productivos con el objetivo de desenvolverse en el actual orden internacional, mantener estables sus economías, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y consolidar sus gobiernos. Para lograr estos objetivos, en primera instancia es necesario fijarse en uno de los elementos constitutivos del Estado: la población, ya que sin sociedad no hay Estado, y es ella de quien depende en gran parte su desarrollo, por lo que ésta debe, en la medida de sus posibilidades, garantizar algunas herramientas que ayuden a mejorar los índices de calidad de vida, teniendo en cuenta que si éstos mejoran podrían eliminarse progresivamente problemas que han afectado a la población colombiana desde su nacimiento, como la pobreza, la desigualdad y, como producto de ellas, las revoluciones sociales y la violencia común, al generar mayores oportunidades de salir adelante, conseguir empleo y aumentar la competitividad y productividad del país.
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La investigación es útil por varias razones: la primera de ellas es porque se pretende contribuir a la solución de un problema social de gran envergadura que afecta directamente a la población infantil colombiana. La segunda es porque la investigación contribuye como antecedente, y a la vez como fuente de consulta para las personas conocedoras del tema que pretendan aportar de una manera u otra a la solución de la problemática que genera el reclutamiento de niñas, niños y jóvenes por grupos alzados en armas. Y la tercera, porque busca animar a los politólogos, no sólo a seguir con las investigación y el análisis de las diferentes problemáticas que se puedan generar en un contexto social, económico o político determinado, sino también a contribuir de manera directa a las soluciones, por medio del planteamiento de alternativas reales y eficientes a corto, mediano y largo plazo.
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La cruel realidad de los niños víctimas del conflicto armado en nuestro país y alrededor del planeta, indica la urgencia de asumir esta problemática de manera prioritaria y convertirla en premisa especial de las políticas gubernamentales. Millones de niños y niñas están siendo afectados por fenómenos sociales derivados de los conflictos armados como lo son la invalidez, el desplazamiento, la violencia, los abusos, e incluso la muerte. Los datos arrojados por instituciones como la UNICEF, la Human Right Watch y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hablan de que el 50% de la sociedad desplazada por la violencia y los conflictos sociales se ubica en el rango de edad niño; 80% de las muertes que se causan por los conflictos armados son de terceros pertenecientes a la sociedad civil y un tercio de estas corresponden a niños y niñas. Además, aproximadamente 300.000 niños y niñas están directamente involucrados en actividades milicianas en el mundo entero y cerca de 10.000 niños mueren anualmente por causa de minas antipersonales y demás actividades militares no convencionales