390 resultados para Hacienda pública – Colombia -- 1821-1873
Resumo:
El interés de esta Investigación Diagnóstica es mostrar la importancia de la participación social de los adultos mayores en el proceso de diseño de políticas públicas en el Municipio de Cachipay. Se demuestra que las necesidades sentidas y las expectativas de atención integral identificadas desde los adultos mayores, aportan información fundamental y complementaria a los diagnósticos elaborados con base únicamente en fuentes institucionales. Tomando conceptos de vulnerabilidad, exclusión social, el principio de respeto a los derechos humanos y siguiendo la norma nacional contenida en la Ley 1251 de 2008 de envejecimiento y vejez, la investigación avanza en la identificación de conceptos, instrumentos y dinámicas de participación social, para que el gobierno local diseñe políticas públicas concertadas que garanticen una vida digna a la población de la tercera edad.
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La ley 1480 de 2011 conocida también como Estatuto del Consumidor, es una norma creada para proteger en la mayor medida posible a los consumidores en Colombia en todos los sectores de la economía nacional, como regla general. A pesar de esto, fue expedida la Ley 1558 de 2011 que busca reformar la Ley del Turismo, la cual dispone que en materia de servicios de transporte aéreo, el Estatuto del Consumidor se encuentra excluido. En consecuencia los consumidores de este sector económico se encuentran protegidos exclusivamente por las normas especiales que menciona dicha ley, las cuales al ser analizadas y confrontadas con las disposiciones del Estatuto del Consumidor, se evidencia una precariedad en los derechos de protección que otorga la ley especial frente a la ley general. Por lo tanto se concluye que los usuarios de los servicios de transporta aéreo se encuentran desprotegidos en sus derechos como consumidores, al ser la norma especial significativamente menos proteccionista que la norma general. La Tesis de grado analiza la situación descrita, haciendo un análisis comparativo del régimen especial que busca proteger a los usuarios de servicios de transporte aéreo, con la norma general que aplica para el resto de consumidores en Colombia; Ley 1480 de 2011. Así mismo realiza un examen de constitucionalidad de la norma especial, para determinar la violación de las disposiciones Constitucionales, que la ley 1558 de 2012 causa, especialmente respecto del derecho a la igualdad y al derecho a la protección de los consumidores de el sector económico en mención.
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El fallo de la CIJ respecto del diferendo de Nicaragua contra Colombia reconfiguró las fronteras en el Caribe colombiano y el mapa de la nación. La mala socialización del fallo a nivel nacional y departamental, genera un ambiente de negativismo sobre el panorama actual y a mediano y largo plazo. Este ambiente da paso a una serie de reacciones que influyen en el debate nacional con respecto a los efectos del fallo, dejando de lado elementos de fondo pertinentes para su mejor comprensión, asimilación y debate. El Estudio de Caso que se desarrolla a continuación pretende, en primer lugar, contextualizar el proceso histórico y jurídico que dan paso a la sentencia de la CIJ. En segundo lugar, hacer un examen riguroso de los efectos generados en Colombia. Finalmente, en tercer lugar, se desea aportar elementos de análisis que se centren en los efectos reales para Colombia y el archipiélago.
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Este artículo busca evaluar la sostenibilidad de un proyecto de desarrollo alternativo realizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en Colombia (UNODC) una vez que esta institución se retiró de la zona de implementación del proyecto. El proyecto analizado se llevó a cabo en 30 municipios entre los años 1997 y 2003. Para determinar si este proyecto fue sostenible, se realizó una breve introducción al tema de la evaluación de proyectos de inversión pública, se delimitó el concepto de desarrollo y se contextualizó el concepto de desarrollo alternativo en Colombia. En el estudio empírico se escogieron cinco indicadores para evaluar la sostenibilidad del proyecto: número de familias asociadas, número de hectáreas erradicadas, ingresos de la organización campesina, cantidad de producción lícita y número de hectáreas sembradas. Estos indicadores fueron contrastados entre el año 2003 – fecha de finalización del proyecto – y el año 2006 para determinar su comportamiento en el mediano plazo, luego de 3 años de haber finalizado las actividades de UNODC en el proyecto. Se encontró finalmente, con base en la comparación de dichos indicadores, que este proyecto es sostenible, con base en los indicadores utilizados, pero que debido a la forma como está planteada la política anti-drogas en Colombia el impacto de estas experiencias exitosas en el problema general de los cultivos ilícitos en el país es muy reducido.
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El presente trabajo se propone demostrar que la publicidad política audiovisual utilizada por la campaña de Horacio Serpa no alcanzó a generar el efecto positivo necesario para posicionar favorablemente su imagen frente a los electores, ya que los temas tratados por sus spots audiovisuales no lograron sintonizarse con la agenda pública. Para efectos de esta investigación, y por motivos de acceso a la información, en una parte del estudio la favorabilidad de imagen del candidato será analizada en función de su relación con la intención de voto de los ciudadanos.
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La pretensión de esta investigación es mostrar cómo en una sociedad democrática, como la colombiana, es posible modificar el comportamiento de los ciudadanos por medio de la utilización de los medios de comunicación, el empleo de símbolos y de la palabra
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La presente monografía resuelve algunas preguntas relativas a la importancia de la ética pública como herramienta de lucha contra la corrupción política, se ocupa igualmente de las éticas aplicadas, y su importancia en el fortalecimiento de principios y valores éticos en los servidores públicos. A partir de lo anterior se plantean los siguientes propósitos específicos: en primera estancia, estudiar el fenómeno de la corrupción política, para mostrar ciertas causas estructurales y fundamentalmente comportamentales que influyen en el fenómeno de la corrupción en Colombia; explicar la importancia de la inclusión de la ética pública en el desarrollo de estrategias de lucha contra la corrupción y en la formación en valores de los servidores públicos; por otra parte, establecer los valores y principios que han sido desarrollados por el Estado en sus entidades, y por último, demostrar cómo la construcción de ética pública se debe consolidar en el panorama nacional.
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La metodología para desarrollar esta investigación se apoyará en la Perspectiva Legal, la Teoría Moralista, la Perspectiva Cultural, y la Perspectiva Institucional desarrolladas en el marco teórico del anteproyecto de esta monografía. Igualmente se contemplará la revisión de fuentes secundarias y la realización de tres entrevistas estructuradas. Esta monografía se dividirá en cinco partes: El primer capítulo se centrará en una construcción teórica del concepto de Cultura de la Legalidad que se utilizará en este trabajo, concepto que involucra autores tales como, Leoluca Orlando, Antanas Mockus, Michel Focault y Larry Nucci entre otros. El segundo capítulo se referirá a los diferentes componentes de la Cultura de la Legalidad para combatir la corrupción. El tercer capítulo desarrollará el fenómeno de la corrupción administrativa en la Administración Pública mediante una sugestiva transformación de la ecuación de Robert Klitgaard. El cuarto capítulo examinará el Estatuto Anticorrupción (ley 190 de 1995) desde los diferentes componentes de la 4 Cultura de la Legalidad, para así determinar la importancia de un marco cultural y moral articulado a la legislación colombiana para combatir la corrupción a largo plazo. Y por último, se incluirán algunas conclusiones y recomendaciones producto de esta investigación.
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En la presente monografía, el análisis que se adelanta en torno al Programa de Reincorporación a la Vida Civil en materia de inserción económica, más allá de centrarse en estadísticas, toma esos valores como unos indicadores que reflejan el ritmo de una problemática, y los utiliza como referentes para ponderar el margen de acción y la capacidad de respuesta de los otros actores involucrados en el proceso. Ahora bien, la interpretación que se le da a la “materia económica”, obedece principalmente a las salidas que ha brindado el gobierno para garantizar la empleabilidad de los desmovilizados, una vez culminado su proceso de reintegración; en este sentido, para llegar a este punto, en el primer capítulo se describe el funcionamiento del Programa de Reincorporación a la Vida Civil en materia de inserción económica, con el ánimo de conocer y comprender las alternativas planteadas por el gobierno para garantizar dicho fin. En el segundo capítulo, más que comparar el rendimiento del programa de reincorporación en relación con procesos llevados a cabo durante la década de los ochenta y los noventa en Colombia, estos son utilizados como un referente para interpretar los resultados del actual programa de reincorporación a la vida civil en materia de inserción económica, a la vez que se destacan los logros y fracasos de la política pública para garantizar la empleabilidad de los desmovilizados, tomando como referencia los enormes esfuerzos fiscales que el Gobierno nacional ha destinado para dicho fin. Finalmente, el tercer capítulo destaca la responsabilidad de la sociedad en general en el proceso de reintegración, destacando el compromiso que debe asumir el sector empresarial, teniendo en cuenta que así como en algún momento este fue parte del 2 problema, necesariamente tendrá que ser parte de la solución, con el fin de que los desmovilizados encuentren empleos relativamente estables durante su transición, partiendo del supuesto que la empleabilidad de los desmovilizados es un asunto de responsabilidad compartida, que además requiere el apoyo imprescindible de la actuación de los gobiernos locales para gestar el proceso de reconciliación en las regiones.
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Este trabajo obedece a un estudio conceptual que invita a la reflexión acerca de los contenidos de una verdadera política de Defensa y Seguridad Democrática y compone a su vez una invitación a su reformulación hacia el futuro, la cual debería ser enriquecida a partir de una discusión de carácter teórico, en donde se confrontaran las concepciones de Estado Social de Derecho y Seguridad Democrática, teniendo en cuenta las responsabilidades que tienen frente a los DESC, desde la perspectiva de su esencia y obligaciones de carácter nacional e internacional y del papel que debe desempeñar como política pública. En ningún momento ésta investigación debería entenderse como un estudio socio económico de la situación actual del país, ni mucho menos como una crítica ligera que busca un estado ideal nacional, el objetivo de la misma es el de sentar un precedente sobre la importancia y la mora en que se encontraría el Estado colombiano y la Política de Defensa y Seguridad Democrática, frente a los DESC, a partir del señalamiento de la situación de estos derechos en el ámbito colombiano, y que a partir de ello, surja una invitación a la reformulación de los objetivos de la misma política de manera tal que logre superar sus limitaciones y de la misma forma articularse con otras políticas nacionales. Es así, como este trabajo convida al lector a realizar un análisis sobre la importancia de los DESC en el marco de la Política de Defensa y Seguridad Democrática a partir del desarrollo de los tres objetivos de la presente monografía, en donde el primero intentará entender el modelo de Seguridad Democrática como una expresión de la Teoría Liberal, y su rol como política pública; la segunda fase busca establecer una relación entre el arquetipo de la Política de Defensa y Seguridad Democrática y el modelo de Seguridad Democrática, formulado a partir de la Comisión Sudamericana de Paz, el Tratado Marco de Seguridad Democrática Centroamericana y de los Talleres del Milenio; finalmente la tercera fase versará sobre las razones por las cuales el Estado colombiano debería asumir, una posición más contundente como Estado Social de Derecho y actor internacional, frente a sus ciudadanos y la comunidad internacional.
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Esta monografía busca analizar cier tas funciones que el Constituyente colombiano de 1991 le asignó a uno de los dos órganos de la Organización Electoral: el Consejo Nacional Electoral; dichas funciones está consignadas en el artículo 265, numeral 5: Velar por el cumplimiento de las normas s obre partidos y movimientos políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la oposición y de las minorías: y por el desarrollo de los procesos electorales, en condiciones de plenas garantías. 1 Cabe s eñalar que se hará especial énfasis en ciertos aspectos. En el primer capítulo, además de una breve introducción al caso del Consejo Nacional Electoral y los temas que se desarrollarán a lo largo del texto, el análisis se centrará en las normas sobre part idos y movimientos políticos en cuanto a su financiamiento y, especialmente, a la vigilancia a la financiación de campañas electorales. En el segundo capítulo se analizará n las disposiciones sobre publicidad política, encuestas políticas y, especialmente, propaganda electoral. A la observación de estos dos criterios netamente políticos se añadirá un tercer factor caracterizado por la actividad administrativa, los recursos humanos y económicos de los cuales la Corporación dispone para desempeñar las funcione s y/o mandatos citados anteriormente.
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El presente estudio se ordena en tres capítulos. En el primero de ellos se presenta el contexto en el cual nace la República Popular China, los acontecimientos ocurridos para que éste, pudiera alcanzar el reconocimiento como único gobierno legal a nivel internacional, contrastado con la situación política de Colombia y la variante percepción del gobierno colombiano hacia la política Popular China. En segundo capítulo describe las diferentes actividades realizadas por la Asociación de Amistad Colombo-China como aporte al establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y la República Popular, así como la labor ejercida por periodistas colombianos en diferentes diarios del país, con el fin de inquietar la opinión pública. Finalmente, señalo algunas consideraciones periodísticas sobre el inicio de relaciones oficiales con China Popular y la ruptura de relaciones con Taiwan, Así mismo, describo los convenios marcos que suscriben ambas Partes después de estas relaciones oficiales a nivel de embajadas.
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Las reformas puestas en marcha a comienzos de los 90s en el sector de acueducto en Colombia buscaron generar cambios positivos en este, incentivando mejores actuaciones de los prestadores. En el 2004, la implementación de un puntaje de eficiencia en la estimación de los costos de las empresas fue un primer acercamiento al sector a esquemas de benchmarking ampliamente utilizados en otros países, como Inglaterra y Perú. Este trabajo resume las principales reformas y las características actuales del sector de acueducto, y por medio de la técnica de eficiencia DEA analiza la eficiencia en una muestra de 33 empresas para cuatro años (2002-2005), considerando variables ambientales y de calidad del servicio. A su vez, con un análisis de regresión identifica las principales variables financieras y de control que influyen en los puntajes de eficiencia.
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Antes de la Ley 489 del 29 de diciembre 1998, las entidades de la Administración Pública no estaban todas legalmente organizadas por sectores administrativos. Es apenas con la Reforma Administrativa de 1992, derivada de las facultades concedidas por el artículo 20 transitorio de la Constitución de 1991, que se empieza a hablar del tema: sectores de Justicia (Decreto 2157 de 1992 y Ley 10 de 1990), Salud (Decreto 2164 de 1992), Comercio (Decreto 2350 de 1992, Minas (Decreto 2119 de 1992), Educación (Decreto 2127 de 1992 y Ley 115 de 1994), Comunicaciones (Decreto 1901 de 1990), Transporte (Decreto 2171 de 1992) y Medio Ambiente (Ley 99 de 1993). En el año de 1997, en el gobierno Samper, se expidió la Ley 344 del 27 de diciembre de 1996 y se hablaba entonces de sectores de la Administración Pública. Con la expedición de la Ley 489 de 1998, se crearon los sectores administrativos integrados por un Ministerio o Departamento Administrativo y sus entidades adscritas y vinculadas, tal como está contemplado en el artículo 42.
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Es necesario agregar que la finalidad de este proyecto de tesis es la de pretender que la administración del impuesto tenga un manejo sencillo tanto para los fiscos locales como para los contribuyentes del tributo, con el fin de respetar así los principios constitucionales de legalidad, equidad, eficiencia, progresividad y seguridad jurídica de los que tanto habla la doctrina colombiana pero que en situaciones como la presente no son respetados en su totalidad.