59 resultados para Mecanismos de coordinación
Resumo:
Este trabajo reporta el caso de la conformación de un Sistema Nacional de Repositorios Digitales en Ciencia y Tecnología, en el seno de las acciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina (MINCyT), y las estrategias desarrolladas en pos de lograr el acceso abierto de la producción científica y tecnológica de Argentina. La Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica (SACT) del MINCyT tiene entre sus objetivos promover mecanismos de coordinación entre los organismos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación procurando el consenso, el intercambio y la cooperación entre todas las unidades y organismos que lo conforman y la estructuración del trabajo en red, posibilitando el funcionamiento interactivo, coordinado y flexible a la tarea científica, de modo de dar respuesta a los requerimientos de la sociedad. Una de las líneas de trabajo de la Secretaría consiste en dotar de accesibilidad, visibilidad, criterios de base, estándares comunes en el caso de colecciones, datos, bases de datos, producción escrita, publicaciones, a través de la promoción de repositorios digitales institucionales, de impulsar procesos de digitalización y el desarrollo de portales comunes de acceso a la información (redes y sistemas nacionales). A los efectos de dar operatividad a los a los lineamientos estratégicos y a las acciones que conduzcan a la creación de un Sistema Nacional de Repositorios Digitales en Ciencia y Tecnología el Consejo Asesor de la Biblioteca Electrónica convocó a instituciones que tenían repositorios en funcionamiento. Se crearon cuatro comisiones de trabajo (Interoperabilidad, Documentos Digitales, Descripción Bibliográfica y Legislación), cuyo trabajo se formalizó mediante la creación de un Comité de Expertos en Repositorios Digitales que trabajó en el análisis de estándares internacionales para establecer directrices nacionales para los repositorios argentinos. En este marco, se diseñó y administró una encuesta sobre la situación de los repositorios digitales en Argentina entre las bibliotecas de universidades y organismos de ciencia y técnica del país. Este relevamiento tuvo como objetivo determinar la cantidad de repositorios digitales existentes a nivel nacional, los tipos de contenidos que albergan y el tipo de acceso a los mismos, aspectos relativos a la infraestructura y cuestiones técnicas asociadas, las políticas institucionales en relación a los repositorios digitales, los servicios creados, factores que impulsan o inhiben el desarrollo de los repositorios digitales y aspectos relativos a la sustentabilidad de los mismos. La presentación detallará las principales conclusiones del estudio. En la misma sintonía, desde la Subsecretaría de Coordinación Institucional, Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica, se redactó un anteproyecto de ley Creación de Repositorios Digitales Abiertos de Ciencia y Tecnología. CIENCIA ABIERTA ARGENTINA 2010 donde se establecen las responsabilidades que le caben a todos y cada uno de los actores involucrados en los procesos de investigación científica para dar acceso abierto a sus resultado a la comunidad científica y a la ciudadanía en general. Todo lo anterior no ha dejado de lado las necesarias alianzas estratégicas con iniciativas relacionadas regionales y en todo el mundo. El MINCyT es uno de los socios del proyecto Conformación de una Red Federada Latinoamericana de Repositorios Institucionales de Documentación Científica y también es miembro de la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto (Confederation of Open Access Repositories - COAR), promoviendo la articulación global del almacenamiento de datos de los repositorios de Acceso Abierto y permitiendo de este modo el uso abierto de datos para los proveedores de servicios y portales.
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Este es un estudio sobre la garantía y aplicabilidad de los derechos humanos de las poblaciones indígenas colombianas durante los primeros cuatro años de mandato de la administración Santos. La investigación busca explicar la manera en que las adversas condiciones socio económicas que caracterizan el desarrollo de las poblaciones indígenas, denotan la incapacidad del Estado Social de Derecho para garantizar la protección y aplicabilidad de los derechos fundamentales de estas comunidades. Las disposiciones constitucionales han tenido un desarrollo truncado debido a las escasas medidas proferidas por diferentes gobiernos frente a las necesidades de estos grupos en particular. En razón de lo anterior, el estudio se inscribe dentro del marco teórico referente al neo constitucionalismo debido al alto valor explicativo que ofrecen los postulados de Gustavo Zagrebelsky y Luigi Ferrajoli en relación al fenómeno que se pretende analizar. Se concluye que frente a la persistencia de los factores que afectan el desarrollo de las poblaciones indígenas, el reconocimiento constitucional debe ser complementado por una efectiva normatividad que asegure la aplicabilidad de los derechos fundamentales por parte de las administraciones políticas: no debe existir un desfase entre las nociones de principio y la ley.
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Los Estados recurren a la coordinación interagencial cuando enfrentan situaciones complejas como garantizar la legitimidad estatal en territorios recuperados militarmente. En el momento que dos o más entidades deciden cooperar, deben establecer mecanismos para la coordinación de sus acciones y relacionar los esfuerzos individuales con objetivos comunes. El gobierno Uribe ha definido como prioridad el establecimiento de instancias de coordinación interagencial para complementar la Política de Seguridad Democrática con acciones para fortalecer la gobernabilidad, legitimidad y confianza de los ciudadanos en el Estado, en el marco de la recuperación social del territorio.Este artículo (i) presenta una aproximación inicial a la teoría de coordinación interagencial y describe algunas experiencias internacionales y nacionales; (ii) define el fundamento legal y de política del trabajo cívico-militar coordinado en Colombia; (iii) presenta el trabajo para la recuperación social que realiza el Centro de Coordinación de Acción Integral de la Presidencia de la República –CCAI–, mostrando algunos avances en esta tarea; y (iv) finaliza concluyendo que la seguridad e inversión social no son excluyentes y deben ir de la mano, y es necesario consolidar y asegurar la sostenibilidad de la labor realizada.-----Modern states resort to interagency coordination when they face complex situations such as warranting state legitimacy in territories militarily reclaimed. When two or more agencies decide to cooperate, they must establish certain mechanisms to coordinate their actions and to unite individual efforts towards the achievement of common goals. One of the main priorities of President Uribe’s Administration is the establishment of interagency coordination groups to complement the Democratic Security Policy with actions aimed at strengthening governance, legitimacy and citizens’ trust in the State, all this within the general framework of the territories’ overall social recovery.This article (i) presents a first approach to interagency coordination theories and describes some relevant international and national experiences; (ii) defines the legal basis and policy framework behind the coordinated civil-military interagency work done in Colombia; (iii) presents the work being done by the Centro de Coordinación de Acción Integral de la Presidencia de la República (Comprehensive Action Coordination Center of the Colombian President’s Office, CCAI) for the social recovery of the national territory, highlighting some breakthroughs in this field; and (iv) concludes with the assertion that security issues and social investment should not be mutually exclusive, that they have to go hand in hand, and that it is necessary to consolidate and warrant the sustainability of the work done so far.
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El objetivo de esta investigación diagnóstica es analizar los factores que han dificultado la incursión de Colombia en la Región de Asia Pacífico. Así pues, se buscó explicar cómo la falta de consenso para aumentar el número de países miembros en APEC, ha sido la principal razón que explica el retraso para alcanzar dicho objetivo. Así mismo, se hizo un análisis sobre los lineamientos de política exterior colombiana y la forma en que el diseño de la misma se encuentra influenciado por los intereses de la política exterior estadounidense. En tercer lugar, se analizó cómo el poco despliegue institucional colombiano en la región asiática ha conducido a un retroceso para profundizar las relaciones con Asia. Finalmente, se buscó verificar la forma en que Colombia podría aprovechar los mecanismos de integración regional alternos a APEC para incursionar en la región, por ejemplo la AP.
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Los grupos de sociedades les permiten a las empresas que los integran, satisfacer algunos de sus requerimientos económicos para ejecutar operaciones y negocios más fácilmente, así como proyectarse de manera eficiente en los mercados nacionales e internacionales. Se trata de mecanismos indispensables para aunar recursos, pues la concentración de capitales, trabajo y tecnología les procura obtener beneficios directos gracias a las relaciones que se construyen en su interior. En esta nueva edición, en homenaje al Profesor Francesco Galgano, el lector encontrará un valioso instrumento para entender la regulación de estos entes jurídicos corporativos en Italia y en Argentina, de la mano de dos reconocidos juristas: Francesco Galgano - quien fue profesor de la Universidad de Bologna (Italia)- y Horacio Roitman -profesor de la Universidad de Córdoba (Argentina)-.
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El objetivo de esta investigación es explicar la forma en que la oferta de drogas ilícitas en la frontera ha configurado los mecanismos de cooperación entre Colombia y Perú de 2003 a 2012. Éste será desarrollado a través de los conceptos de cooperación (Keohane 1984) y securitización (Buzan 1998), que condujeron al estudio del proceso de coordinación política en tres etapas (Balzacq 2010): qué se dice en los acuerdos de cooperación entre Colombia y Perú, cómo han actuado los Estados en la frontera y cómo ese comportamiento ha afectado la posibilidad de coordinación política con Ecuador y Brasil dentro del micro complejo regional de seguridad. De esta manera, se probará que el tema de la oferta de drogas ilícitas en la frontera permanece en el campo politizado en la agenda colombo-peruana, mientras que la posibilidad de vínculos entre grupos armados organizados de ambos Estados está securitizada.
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El objetivo de este capítulo es mostrar los resultados de investigación del desempeño de las redes de servicios de salud frente a diferentes dimensiones relacionadas al acceso, coordinación y calidad de la atención en dos enfermedades crónicas como es el cáncer de mama y la diabetes en Colombia, importantes patologías por su incidencia e impacto así como por la necesidad de la mecanismos efectivos de coordinación para la adecuada atención de los usuarios del sistema de salud. Por tanto, se realiza el análisis del desempeño de dos redes de servicios de salud en la atención de usuarias con diagnostico confirmado de cáncer de mama, vinculadas unas a redes pertenecientes al régimen contributivo y otras al régimen subsidiado. Redes que también fueron consideradas para el análisis del desempeño en la atención de usuarios con diagnostico confirmado de diabetes, en el que de manera adicional participó otra red perteneciente al régimen subsidiado con área de operación en el municipio de Soacha, puesto que las dos anteriores tiene influencia en la ciudad de Bogotá. La fuente primaria de los datos fue la historia clínica y éstos fueron extraídos de acuerdo a ciertos indicadores seleccionados por el equipo investigador a través de un previo proceso de validación y a partir de su importancia para evidenciar el desempeño de las redes de servicios de salud en las dimensiones enunciadas anteriormente. Se muestran los resultados del estudio, a partir de los cuales se propone una breve discusión y conclusiones.
Derechos humanos de la población desplazada en Colombia. Evaluación de sus mecanismos de protección.
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El desplazamiento forzado es uno de los fenómenos más dolorosos y críticos de la historia reciente a nivel mundial e interno. En respuesta a estas circunstancias han emanado de la comunidad internacional y de los Estados afectados diversas normativas y sistemas de atención, todavía en construcción, que pretenden dar respuesta efectiva a las adversas circunstancias de la población que es víctima de este flagelo. El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.
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Desde hace unos quince años aproximadamente, con el fin de la guerra de los carteles de la droga, cuando la guerrilla colombiana empezó a ser perseguida por los grupos paramilitares, la población rural, Prisionada entre un fuego cruzado, empezó a abandonar sus tierras y a emigrar asivamente a las grandes ciudades. Sobre todo, después de que fue declarado el estado de conmoción interior en el gobierno de César Gaviria, cuando se suspenden de forma indefinida los diálogos con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, dándole un tratamiento de enemigos militares a quienes no estuvieran en favor del Estado. Se comienza entonces con una escalada beligerante que agrava la situación de derechos humanos en el país, lo que prende las alarmas internacionales en cuanto a la eminente violación del derecho internacional humanitario.
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Este articulo busca determinar que,dentro de la optica de la cooperación ,y especificamente en la conformación de redes de empresas,con una mejor utilización de los mecanismos que inciden en la cooperación entre los miembros de las redes,se puede propiciar un mayor crecimiento en las empresas,con mas perdurabilidad en el tiempo.
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En cuanto que las minorías étnicas son reconocidas constitucionalmente, se encuentra un ambiente propicio para lograr con éxito la necesidad de reconocer a los pueblos indígenas como una cultura diferenciada, razón por la cual, constitucionalmente se otorgó status constitucional a su propio sistema de impartir justicia, es decir, su sistema judicial, al punto que es el artículo 246 de la Constitución Política así lo consagra, siendo de ésta manera como se hizo improrrogable hacer efectivo un mecanismo que permita el funcionamiento armónico de la jurisdicción especial indígena y Sistema Jurídico Nacional. Por ésta razón el presente trabajo investigativo, se desarrollará con base en los resultados arrojados por el proyecto Extensión de la coordinación del Sistema Judicial Nacional (SJN) y la Jurisdicción Especial Indígena (JEI), exponiendo una serie de componentes y elementos jurídicos que pretenden analizar la problemática de coexistencia de culturas jurídicas diferentes, en el marco del Estado Social de Derecho, con base en el pluralismo jurídico, diversidad cultural e interculturalismo.
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En la Subregión andina ha sido difícil la construcción de un escenario de cooperación duradero, lo cual se encuentra asociado a que los gobiernos colombiano, venezolano y ecuatoriano han hecho una identificación disímil de amenazas asociadas principalmente a su vecino. Estas amenazas giran alrededor de tres temas principales: la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y la influencia del los Estados Unidos en la subregión haciendo que la agenda de seguridad predomine en las relaciones entre estos países. Sin embargo, existe una alternativa a esta visión realista, que es la visión liberal-funcionalista la cual permite tener en cuenta otros elementos importantes para consolidar dicho escenario como instancias y foros de discusión que podrían invocarse a pesar de su desinstitucionalización, además de proyectos de infraestructura que podrían redundar en un mayor acercamiento geopolítico y geoeconómico.
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De acuerdo con las funciones de la caricatura política como medio de comunicación se busca identificar cómo ésta logra ser un actor fundamental en el sistema político, logrando de esta manera poder explicar en qué medida la caricatura política logra actuar como control social o ciudadano. Para lograr esta explicación, primero se hace una descripción del control social, mostrando la relevancia de la información en la construcción del control, logrando articularlo con las funciones mediáticas, produciendo de este modo un concepto unificado de información. Gracias a esto se logra demostrar la importancia de la caricatura política como un regulador del sistema político y debido a sus características, las fortalezas de la caricatura frente a otros medios de comunicación.
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El trabajo de grado estudia la creación, planes urbanos y gestión de la Miami River Commission desde la perspectiva del Manejo Integrado de Cuencas.
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El presente documento tiene como objetivo examinar las obras responsables del estudio de los mecanismos de acción política de los artesanos de Bogotá durante la segunda mitad del siglo XIX, para así determinar las perspectivas analíticas que se han asumido.