142 resultados para Administración autonómica


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Se analizan las relaciones entre el sistema educativo y la Administración pública. A estos efectos resulta insuficiente partir de planteamientos tradicionales, meramente descriptivos de la Administración. En la actualidad la Administración refleja la crisis que se advierte en el seno de nuestras sociedades, que se caracteriza por una excesiva burocratización de las formas de vida, social y privada, la despersonalización y la pérdida del sentido de participación en las decisiones y en la estructura del poder. Esto lleva consigo la crisis de los viejos sistemas de análisis de las disciplinas académicas. Por ello es necesario replantear la cuestión de la Administración, asumiendo los diversos factores sociales, técnicos y políticos que la condicionan, sobre todo en lo que se refiere a la educación.

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Presentación de un estudio francés acerca de la administración de la educación en Francia. El problema de la coexistencia pacífica entre la enseñanza pública y la enseñanza privada recibió a finales del año 1959, en Francia, una solución nueva. Se hace mención al problema que se trata de resolver con esta iniciativa. Éste consiste en que la enseñanza en Francia está repartida, según su objeto y según la edad de los que la reciben, entre cuatro categorías, llamados, respectivamente, de primer grado, de segundo grado, superiores y técnicos. Son los establecimientos de primero y segundo grados y los técnicos, con exclusión de la enseñanza superior, los que serán objeto de reforma. Desde las leyes escolares de 1882-1888, la enseñanza se ha dado, por una parte, en los establecimientos del Estado, y por otra parte, en los establecimientos privados, la mayoría confesionales. Una jurisprudencia permanente del Consejo de Estado, decidía que, la ley sólo había previsto dos categorías de establecimientos, con exclusión de una tercera categoría de establecimientos privados subvencionados por el Estado. Pero las circunstancias socioeconómicas han llevado a la transformación de estas disposiciones. En especial el enorme crecimiento demográfico desde el fin de la segunda Guerra Mundial, obliga en Francia a una reforma de la enseñanza. Se considera como una especie de escándalo que todos los niños que se presentan para el ingreso en una escuela técnica no sean admitidos por falta de sitio. Era, pues, necesario ayudar a la enseñanza privada. La Ley de 31 de diciembre de 1959, transforma totalmente la situación anterior. Esta Ley ofrece a loa establecimientos privados la elección entre cuatro soluciones: el estatus quo anterior, la integración plena en el sistema de enseñanza público, el contrato simple acordado con el Estado y el contrato de asociación.

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Es inseparable de la organización de la enseñanza que se basa en la distinción de tres niveles: primer grado, segundo grado y enseñanza superior. A estos niveles de enseñanza corresponden unos tipos determinados que conducen a tres niveles de responsabilidad característicos; El primer grado da lugar a las construcciones de dimensiones limitadas que sirven una zona restringida, circunscrito a uno o como máximo dos o tres municipios. La responsabilidad es municipal; Los de segundo grado dan lugar son centros importantes de cuatrocientos a mil alumnos. Su coste es elevado y sirven a una región más amplia. Por ello, régimen de responsabilidad compartido por el Estado y los Municipios; En el grado superior los centros los centros se caracterizan por una capacidad de acogida mayor. El reclutamiento es regional y nacional. Su coste es elevado y son más complejos a nivel técnico. Así, son construcciones universitarias exclusivas del Estado y siguen un procedimiento muy centralizado. Para terminar como característica de los tres niveles cabe destacar: su planificación, las reglas institucionales son de orden jurídico y financiero, existe reparto de competencias entre administración central, las regiones, los departamentos y los municipios, la organización de la Administración central en materia constructiva y por último, los procedimientos administrativos aplicables a las inversiones escolares y universitarias.

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Cualquier planificación presupone un inventario de las necesidades y de los medios, según las características, el espacio, el tiempo y los medios económicos. Como necesidades está el asegurar a las generaciones futuras una vida mejor que la de la generación actual. La escuela se orienta hacia el futuro. Es evidente, que la preocupación por el porvenir puede cambiar los objetivos, los medios, los métodos y las estructuras de la educación, los medios empleados, en este caso los edificios escolares deberán ser reconsiderados por completo. Así, a nuevos objetivos, nuevas formas. La escuela tiene un papel más formativo que informativo, un papel social. Para ello, debe disponer: de una sala polivalente, de un restaurante, aulas de diferentes tamaños. En definitiva, espacios diferentes; el tiempo, es otra resultante al haberse introducido el factor urgencia, dependiendo de circunstancias variables; Como última característica están los medios económicos que harían posible la realización de la planificación. El esfuerzo financiero. En definitiva, se puede afirmar que en las condiciones actuales ningún país, salvo algunos productores de petróleo, puede realizar este esfuerzo extraordinario inicial. Se chocaría con la insuficiencia de medios financieros para atender las necesidades más urgentes. La solución del conflicto necesidades-medios parece encontrarse en un compromiso según el cual las inversiones deben realizarse paracialmente entre construcciones definitivas ejecutadas de forma sucesiva y parcialmente en construcciones provisionales rápidas y baratas.

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En España espectacular crecimiento del número de alumnos y gran centralización de funciones. Lo que ha provocado una gran congestión de funciones en la Junta de Construcciones que no ha sido dotada de medios suficientes. Es más, es imposible controlar tantas obras solo por un organismo central desde 1971. La consecuencias más evidentes son el estrangulamiento de las construcciones escolares e indirectamente, el retraso en las obras y un encarecimiento de su coste. Por esta razón se plantea la necesidad de realizar una desconcentración y descentralización, al menos en el nivel de la Educación General Básica. En definitiva, es necesaria una reestructuración de competencias entre la administración central y la provincial. Hasta 1968 las construcciones estaban fraccionadas entre varios organismos que se correspondían con los diferentes niveles de la educación. Esta situación multiplicó innecesariamente las unidades gestoras y condujo a una falta de coordinación en las construcciones. Así, se limitó el fraccionamiento. En realidad, existen unas normas generales sobre proyectos, pero está justamente en el control pedagógico y económico de cada proyecto específico que no está atribuido a ningún organismo. Uno de los problemas más graves de la falta de puestos escolares y de la ineficacia de la programación de las construcciones es la falta de solares que requieren la necesidad de oficinas centrales y provinciales encargadas sólo de la promoción, inventario y tramitación de las incidencias de los solares. En la actualidad, esta función no está encomendada a ningún organismo, no central, ni provincial, al menos en cuanto a la promoción e inventario.

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La situación actual es distinta derivada del papel que juega la educación en la sociedad moderna como factor de desarrollo económico y de cambio social. A la administración educativa se le pide que asegure la cuestión de unos procedimientos y que actúe como reguladora de un proceso de expansión y renovación educativa cuya amplitud, gravedad y urgencia caracterizan la época en que vivimos. Este proceso de cambio quedaría comprometido tanto en su alcance como en su realización sin una puesta a punto del aparato administrativo del que depende el eficaz empleo de los recursos económicos asignados y especialmente en la administración universitaria. La década de los sesenta supone un expansión sin precedentes de la enseñanza universitaria que llega a triplicar su número. Como actividad previa a la aplicación práctica del modelo se llama la atención sobre la necesidad de desarrollar el esquema de costes que contiene para que su aplicación pueda cifrarse. Así, se precisa iniciar una contabilidad analítica que refleje los datos reales de cada programa, los costes de referencia y los costes reales. El sistema demuestra como el presupuesto no debe ser el resultado de una función autónoma, sino que debe ser considerado como un elemento del proceso de la Universidad en el que debe integrarse para recibir sentido y significación. El proceso de aplicación del modelo depende de personas para ser efectivo.

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Se creó por Real Decreto el 18/04/1900 el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Se le encomiendan las cuestiones relativas a la enseñanza pública y privada en todos sus grados, el fomento de las ciencias, artes y letras, los archivos, museos y bibliotecas y el Instituto Geográfico y Estadístico. Nace así, un departamento ministerial específicamente dedicado al sector educativo y cultural, que ya se mantendrá hasta nuestros días (salvedad breve paréntesis de 1923-1925). En este tiempo, setenta y cinco años, han sucedido profundos cambios en la sociedad en la educación e incluso en el concepto mismo de la propia administración. En este sentido pueden señalarse cuatro etapas que presentan grandes diferencias importantes para una necesaria y adecuada comprensión de la evolución de la administración educativa. Son: 1. Etapa de consolidación de la autonomía administrativa (1900-1936); 2. Etapa de transición desde fines de la Guerra Civil hasta la promulgación de la Ley en 1955 de Reforma Orgánica del Ministerio; 3. Etapa de fortalecimiento y progresivo deterioro desde 1955-1968; 4. Años transcurridos desde la aprobación de la Ley General de Educación, con los intentos de poner en marcha una nueva administración que responda a las exigencias del nuevos sistema educativo.

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El sistema educativo español está marcado por profundas desigualdades. La situación de hecho es los que viven en el sur (provincias más agrícolas y con inferior renta), los que viven en las zonas rurales o en los suburbios de las grandes ciudades y los de situación económica menos acomodada, son los que menos disfrutarán del sistema educativo. Situación que se refiere no sólo a los años de enseñanza, sino también a la calidad de la misma y al tipo de estudios que se emprenden a partir de la EGB. Desde 1970-71 hasta 1992-93 el mayor número de alumnos corresponde siempre al nivel educativo obligatorio (EGB); el siguiente nivel es el Bachillerato (BUO-COU) con un crecimiento constantes desde el curso 74-75 pasando de los 800.000 de entonces a los cerca de un millón y medio del curso 90-91, donde empieza a estabilizarse el número; los universitarios, es el tercer nivel por el número de alumnos matriculados. Este sigue creciendo sin haber alcanzado la estabilización. En el curso 92-93, 1.300.000 alumnos. La entrada reciente en funcionamiento de nuevas universidades (La Rioja, Castilla-la Mancha), la expansión anterior constante del Bachillerato y la diversificación de la oferta, han incidido notablemente en el crecimiento experimentado en el alumnado universitario; en cuanto a la FP, último nivel por número de alumnos se ha producido un aumento significativo al pasar de 151.760 del curso 70-71 a 860.015 del curso 92-93. Pero su evolución similar a la del Bachillerato. Hay un crecimiento constante en el tiempo y una estabilización en los últimos tres cursos. El millón de alumnos será una barrera infranqueable par este nivel y las diferencias con el Bachillerato se estabilizan también en los últimos cursos alrededor de los 600.000 alumnos. En los últimos cinco cursos existe diferenciación del alumnado matriculado en los distintos niveles respondiendo a una secuencia de este tipo y con tendencia futuras de continuidad: nõ EGB mayor nõ BUP-COU mayor nõUNIV mayor nõFP, alumnos matriculados por clase y de sus pesos específicos en relación con el total a nivel estatal. En líneas generales podemos decir que Canarias (excepción FP, últimos cursos), Andalucia, Baleares, Castilla- la Mancha, Comunidad Valenciana (xcepto dos últimos cursos de FP, Extremadura y Galicia es el orden de estas diferencias. Una posible explicación al porqué de estas diferencias por Comunidades Autónomas en las tasas de escolaridad por provincias en el Bachiller General desproporcionada y alta escolarización de Bachiller,en Madrid y Castilla-León, siendo menor en Barcelona., respondía a que tradicionalmente Madrid exigía más bachilleres para las salidas universitarias y funcionariales. Mientras que en Cataluña la industria exigía y exige puestos intermedios no basados necesariamente en el Bachiller, apareciendo FP como otra alternativa de mayor interés, par los alumnos de enseñanza media. En general, el retraso industrial en España respecto a los países de la CEE determinó un paralelo en el desarrollo de la FP. Así, comprobamos que existe continuidad en las distancias entre el Bachiller, la FP y la Universidad, visibles en todas las Comunidades Autónomas, aunque de manera bien diferenciada. Si bien en todas el predominio del Bachillerato es notable y evidente (dando cuenta de una pirámide educativa estructural); observamos que algunas Comunidades como Canarias y Valencia han acortado notablemente las distancias entre estos subniveles de enseñanza. Dándose incluso la circunstancia de que Canarias en los últimos años es la región en España que mantiene más alumnos en la FP que en la Universidad.

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Se expone la conferencia pronunciada por D. Juan Manuel Pascual Quintana, Catedrático de Derecho y Jefe de la Sección de Recursos, en el Curso-Seminario de Administración de Personal en 1969, donde se trata el terma de los recursos en las vías gubernativa y contenciosa.

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Se analizan algunos de los temas tratados en el I Curso de Técnicas de Administración de la Educación, entre los que se destacan los problemas de la planificación de la educación y las técnicas al servicio de las mismas, así como las relaciones entre educación y economía. Así, se desarrollaron las siguientes cuestiones: política de la educación; objetivos y contenido de la educación en una sociedad técnica; planificación integral de la educación; repaso a los sistemas educativos de varios países europeos; y reflexiones sobre el plan de construcciones escolares español.

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Se destaca la importancia de dotar a los centros escolares de equipos directivos profesionales estables y que sean capaces de liderar cambios imprescindibles que respondan con garantía de éxito a las necesidades del alumnado. Para ello se destaca el papel fundamental de las administraciones y de la legislación autonómica a la hora de incluir cambios sustanciales. Por otra parte se critica que las tareas directivas se hayan asignado a maestros sin especialización en la gestión de centros y sin capacidad de decisión ni autoridad reconocida. Es de este hecho de donde surgen problemas tan graves como el fracaso escolar. Finalmente, se concluye que para resolver las principales deficiencias educativas es fundamental la transformación de los centros educativos en organizaciones centradas en la mejora de los resultados de sus alumnos.

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Se analiza la recién aprobada Ley reguladora de Bases del Régimen Local que establecen unas nuevas relaciones entre la administración local y la enseñanza pública. Así, se recogen las nuevas competencias municipales respecto a ella: participación en la programación y desarrollo del sistema educativo, intervención en los órganos de gestión de centros docentes públicos, cooperación en la conservación y sostenimiento de estos centros y colaboración en tareas educativas de otra naturaleza: servicios psicopedagógicos, servicios de orientación, actividades culturales y deportivas, centros de alfabetización de adultos, talleres de fotografía, cerámica y otros.