139 resultados para Servicio público
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La previsión de una oferta educativa que responda a las necesidades de la población en edad escolar es una condición básica para posibilitar una educación de calidad en las Islas Baleares. La adecuación de la oferta a la demanda, con lo que supone de rentabilización de los recursos disponibles y de previsión acertada de los nuevos, es un instrumento idóneo para hacer de la educación un servicio público digno y de calidad. En el marco de esta concepción de la educación como servicio público, las propuestas de planificación escolar, basadas en los análisis de la realidad actual y en la prospectiva de futuro que se proyecta en previsiones de escolarización para los próximos años, buscan poner elementos para la consecución de unas finalidades que son las que configuran, juntamente con las que establece el ordenamiento jurídico, las intenciones programáticas de la Conselleria d'Educació i Cultura: la búsqueda de la calidad de la enseñanza; la defensa del principio de igualdad de oportunidades de los ciudadanos en el acceso a la educación y al saber; el equilibrio territorial de las Islas Baleares en su conjunto y de cada una de ellas; la facilitación del acceso a la educación a la totalidad de los sectores sociales; la adecuación de la formación profesional a las demandas y necesidades del país; la atención a la diversidad del alumnado; la promoción de los valores culturales, científicos y artísticos; fomentar actitudes de interés y de lealtad hacia la lengua, la cultura y la identidad histórica colectiva propias de las Islas Baleares; la idea que la formación debe ser permanente y al largo de toda la vida; promover la adquisición de hábitos y comportamientos basados en el respeto a los demás; la valoración del esfuerzo personal y la práctica de aquellas formas de vida que puedan garantizar la sostenibilidad del medio natural. Población escolarizada de las Islas Baleares, curso 2000-2001. Análisis de la situación actual tanto en el sector público como en el privado concertado: tasas de escolarización, unidades educativas en funcionamiento, las ratios de cada nivel y la distribución de la oferta. A partir de estos dados se hace una descripción de la planificación, cualificación ,cuantificación y ubicación ,de la nueva oferta educativa de cada isla, de cada municipio y de cada zona para los prósperos años. Los resultados se presentan en forma de tablas estadísticas. El documento no explicita las conclusiones.
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La razón por la que se ha elegido este tema estriba en la necesidad de hacer una reflexión crítica sobre la escuela pública y privada en el periodo 1970-1980, manteniendo la hipótesis de que la polémica escuela pública y escuela privada en el periodo que nos ocupa podría ser una variante del antagonismo 'laicismo-confesionalidad'. Se trata de una investigación teórica que va analizando la polémica escuela pública-privada; laicismo-confesionalismo, a través de los siguientes capítulos: 1. Política escolar en la II República. 2. La enseñanza en el franquismo. 3. Intenta analizar en qué medida la situación de la época republicana se reiteraba en el periodo 1975-1980 y, concretamente, en el tema de la antinomia escuela pública-escuela privada. Artículos sobre educación de la Constitución de la II República. Pacto del Frente Popular, 1936. Artículo 27 de la Constitución española, 1978. Comunicado de la Asamblea General de la FERE. Ley Orgánica, 1980, por la que se regula el estatuto de centros escolares. Distribuciones. Porcentajes. La escuela pública tuvo en la II República el intento más serio de configuración como elemento conformador de la democracia. Después de la Guerra Civil, el nuevo Estado, entregará prácticamente la enseñanza en manos de la Iglesia; la inhibición del Estado es casi total, hasta Ruiz Giménez. La LGE de Villar Palasí, 1970, llega con retraso y cuando empieza a aplicarse la crisis económica modifica los presupuestos sobre los que se basaba; esto unido a la demanda educativa de calificación de fuerza de trabajo, hace que casi desde un inicio se modifique y se recorte (contrarreforma educativa de 1973). En el umbral de los 80, casi la mitad de la población escolar en los niveles básico y medio, asiste a centros no estatales, en su mayoría a instituciones religiosas; esto hace que se de una superposición a lo religioso o confesional. Este fenómeno hizo que la contraposicion escuela pública - escuela privada, se deslizase peligrosamente hacia una nueva variante del antagonismo laicismo-confesionalidad, de la época republicana, cuyo fruto fue una contrarreforma legislativa: Estatuto de Centros Escolares a favor de los sectores más conservadores de la sociedad. En estos momentos es pura utopía pensar que la extensión de la educación estatal pudiera conseguir a corto o medio plazo desplazar a la educación privada. Sería atentar contra la lógica del servicio público el despojar de fondos públicos al sector estatal para entregarselos a los colegios privados. En esta perspectiva cobra su significado la polémica acerca de las subvenciones públicas a los centros privados en relación con el 'ideario de centros': estos centros deberían cubrir unos mínimos de enseñanza homogénea con la de los centros públicos. En la medida en que hoy es más posible el acceso a la privada, las familias se plantean la opción en términos de eficacia de la enseñanza.
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Resumen del autor en catalán
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Resumen tomado de la publicación. Monográfico titulado: educación para la paz
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Después del crecimiento de la oferta educativa para las primeras edades hay que plantearse si se está haciendo bien, ya que no basta con decir que la respuesta positiva de las familias solicitando plaza en las escuelas infantiles de primer ciclo es el indicador de calidad de este servicio público, dado que quizá es únicamente una respuesta a la necesidad de conciliar la vida laboral y familiar. Por ello hay que encontrar más indicadores para evaluar su calidad y también en cuanto a las necesidades de los niños y las niñas. El análisis de los diferentes indicadores puede llevar a introducir cambios de mejora. El análisis del coste de los recursos y materiales utilizados lleva a pensar si son adecuados, y si la actividad tiene un coste razonable, teniendo en cuenta el beneficio educativo que aporta a los niños y niñas, y si no existe una alternativa mejor. Es un proceso de toma de decisiones que debe conducir a establecer el mejor plan posible, con actividades de calidad y educativas al menor coste, y todo ello al servicio de las expectativas del alumnado, de las familias y de la sociedad.
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1) Contribuir en las decisiones de la política pública destacando la importancia de la educación superior en el desarrollo. 2) Exponer el estado actual de la financiación de la educación superior en el ámbito global y regional, y ofrecer un conjunto de recomendaciones y de buenas prácticas que puedan ser aplicadas, con los imprescindibles ajustes, en otros contextos. 70 personas de 43 países. Examina los temas globales en la financiación de la educación superior, analiza las percepciones regionales de la educación superior y estudia las perspectivas de los líderes sobre la financiación de la educación superior. Encuesta Delphi. El planteamiento con el que se diseñó el cuestionario respondía a varias premisas. En primer lugar, la temática, que debía ser, acorde con la publicación, sobre la financiación de la educación superior. A partir de aquí se trabajó para identificar qué elementos debía contener el cuestionario, para que fuese relevante en términos de contenido y que, sin ser exhaustivo, plantease temas clave sobre la financiación de la educación superior. En segundo lugar, la brevedad del cuestionario se planteó como un elemento importante, de manera que se estipuló que éste no debía contener más de seis preguntas. Con estas pautas se identificaron una serie de cuestiones relacionadas con la educación superior. Los factores que influyen en las tendencias de la financiación de la educación superior son: la expansión masiva de la educación superior, la incapacidad del Estado para financiar dicha expansión masiva y la consiguiente aparición del sector privado, la base de la distribución de costes con padres y estudiantes, la demanda pública de rendición de cuentas y de una buena relación calidad-precio, la aparición de proveedores extranjeros a través del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) y, finalmente la necesidad de ajustar la financiación del Estado para reducir la creciente disparidad. 1) En los países desarrollados, los sistemas y las instituciones de educación superior, así como las universidades, se encuentran en una situación ventajosa, por sus recursos financieros, por estar en el estado del arte en los temas de investigación y por su fácil acceso a las redes de información. Sin embargo, la cooperación con las universidades de los países en desarrollo es no sólo un deber ético, sino también una fuente de conocimiento insustituible. 2) La educación superior debe considerarse un servicio público, independientemente de cuál sea su fuente de financiamiento. Esto implica que las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, asuman un compromiso público con la sociedad no sólo el saber cómo sino además el saber por qué o para qué. Esto significa realzar el papel de las Instituciones de Educación Superior (IES) en la construcción y el desarrollo de recursos sociales y humanos, para lo cual el Estado debe establecer políticas ad hoc y promover, regular y financiar la educación superior. Se debe partir del principio de que no se puede excluir a nadie del saber y de sus beneficios. Sólo el Estado está en condiciones de coordinar adecuadamente el uso de los recursos y de priorizar y financiar áreas no rentables a corto plazo como, por ejemplo, las investigaciones para evitar la contaminación ambiental y promover el desarrollo sostenible. 3) Es necesario diversificar aún más los modelos de financiación de la educación superior y los métodos de capacitación de matrícula, para satisfacer la demanda sin afectar la calidad.
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Se intenta analizar el concierto escolar establecido por la Ley Orgánica del derecho a la Educación en 1985 y de manera primordial concluir acerca de la idoneidad de este instrumento jurídico empleado por el legislador. El estudio analiza la legislación educativa vigente en España en lo concerniente a la relación Administración Educativa-centros privados de enseñanza: contenido, aportación financiera. Para ver la idoneidad del concierto escolar, instrumento jurídico empleado por el legislador, se consideran las siguientes variables: contenido esencial de las libertades, principalmente la libertad de elección del tipo de enseñanza, derecho a la educación garantizada en la Constitución, obligatoriedad de la enseñanza, todo ello siguiendo un método analítico en un marco legislativo. Bibliografía, Constitución Española, Estatuto de Autonomía,disposiciones legales de distinto rango, jurisprudencia del Trubunal Constitucional. El derecho de la educación es ante todo y primariamente un derecho de libertad. A los poderes públicos corresponde garantizar la efectividad del derecho a la educación: programación, homologación, inspección, colaboración financiera y prestación directa de la enseñanza a falta de iniciativa social suficiente. La enseñanza es un servicio público en sentido objetivo, objeto de eventuales intervenciones públicas. La escolaridad obligatoria es un derecho irrenunciable por al mismo tiempo un deber, igualmente es un derecho el elegir centro de enseñanza distinto de los públicos, el elegir la formación religiosa o moral. El concierto escolar es el cauce jurídico que ha establecido la LODE para garantizar el derecho a elegir centro distinto de los públicos en condiciones de gratuidad, particularmente para los niveles obligatorios. No es un contrato de gestión de servicios porque su objeto consiste en la financiación de la enseñanza privada, y no en la prestación privada de la enseñanza pública, la LODE fue una Ley conservadora en cuanto aspiró a mantener la financiación de los centros ya financiados. En España no existe por el momento, un cauce adecuado para satisfacer con plenitud el derecho a la gratuidad de la educación obligatoria en libertad.
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Se consideran tres los aspectos fundamentales en torno a los cuales se configura una profesión: la formación y requisitos exigidos para acceder a ella, el modo o procedimiento de selección y las tareas o funciones asignadas. Se analizan estas tres cuestiones en relación con la inspección educativa y desde una perspectiva socio-histórica. Dicho análisis permite captar cómo han surgido y se han desarrollado las tendencias hacia la profesionalización, la especialización y diversificación en un servicio público originalmente creado como una agencia administrativa del gobierno, así como las tensiones, siempre presentes, entre politización y profesionalización, entre lo administrativo y lo pedagógico, y entre sus funciones de fiscalización o control y las de asesoramiento y apoyo..
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Resumen basado en el que aporta la revista.
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Resumen tomado de la revista