52 resultados para meccanismi modulatori,forza illocutoria,interpretazione simultanea,Parlamento Europeo
em Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), Spain
Resumo:
Desde el Acta Única Europea de 1987, las sucesivas reformas de la Unión Europea se han realizado con el doble lema de mejorar tanto la eficacia de las políticas de la Unión como la transparencia y posibilidades de control democrático en el proceso decisorio europeo. La consolidación del doble lema eficacia-democracia ha evidenciado la necesidad de la UE de satisfacer las dos vertientes de la legitimidad clásicas de las democracias liberales: por un lado, la legitimidad asentada en los resultados (output legitimacy), es decir, que las instituciones funcionen eficientemente y sean capaces de llevar a cabo políticas eficaces y conformes a los valores que imperan en una sociedad; y por el otro, la legitimidad del proceso (input legitimacy) o, lo que es lo mismo, que las políticas se desarrollen siguiendo los procesos institucionales establecidos y que permitan el grado de participación y control público considerado adecuado en una comunidad política. El ámbito de la política exterior no ha estado exento de este debate sobre la necesidad de combinar eficacia y democracia, sobre todo a medida que dicho ámbito se ha ido ampliando funcionalmente con el desarrollo la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), su dimensión de defensa (PESD), los aspectos exteriores de las políticas de Justicia y Asuntos de Interior (JAI), o la Política Europea de Vecindad, que pasa transversalmente por todos los "pilares" de la UE. Los capítulos del presente libro pretenden examinar cómo ha progresado en los años recientes la política exterior europea en las dos dimensiones de la legitimidad señaladas (eficacia y control democrático), en cuatro áreas temáticas de la política exterior europea: promoción de la democracia y los derechos humanos, dimensión exterior de las políticas de Justicia y Asuntos de Interior, Política Europea de Vecindad y, por último, el papel de la UE en la gobernanza global.
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El Parlamento Europeo es la institución, dentro del complejo institucional europeo, que más poderes ha ido adquiriendo en los últimos años. Gran parte de estos poderes se han ido desarrollando a partir de la labor y perseverancia de los Miembros del Parlamento Europeo, el actor central de la institución europea. Pero, ¿quién trabaja más y por qué? Este trabajo quiere aportar una nueva perspectiva en el estudio de la actividad parlamentaria proponiendo un Índice de actividad parlamentaria. Con este Índice, la variable dependiente, se persigue conocer qué grupos políticos se componen de los eurodiputados más productivos
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Este trabajo de investigación analiza la estructura de los mecanismos de financiación pública para fomentar las exportaciones e inversiones españolas en el extranjero (particularmente en los países en desarrollo), estudia sus principales limitaciones desde la perspectiva de justicia ambiental y propone actuaciones para la mejora de su gestión ambiental y social. El trabajo se inicia con el análisis de un proyecto de fabricación de celulosa en Uruguay apoyado con recursos públicos problemático desde la perspectiva social y ambiental. Ante la constatación de la necesidad de mejoras en los sistemas de gestión de los mecanismos de apoyo público a la internacionalización de la economía se analiza cómo funcionan estos mecanismos, qué obligaciones ha adquirido España a través de diversos compromisos internacionales, y se da un conjunto de propuestas para establecer un mejor marco normativo en el ámbito internacional adoptadas por las principales ONGs ecologistas y de derechos humanos internacionales. Las prácticas españolas son comparadas con las de otros países de la OCDE y con las recomendaciones del Parlamento Europeo. Finalmente se realiza un análisis de las temáticas prioritarias y principales barreras a superar para impulsar desde España políticas de justicia ambiental a partir de una mejor gestión de los mecanismos de financiación pública para la internacionalización económica.
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L’objectiu principal d’aquest estudi consisteix a determinar quines implicacions té en l’ordenament jurídic civil català l’aprovació de la Directiva 2008/122, del Parlament Europeu i del Consell, 14.1.2009, relativa a la protecció dels consumidors respecte a determinats aspectes dels contractes d’aprofitament per torn de béns d’ús turístic, d’adquisició de productes de vacances de llarga durada, de revenda i d’intercanvi.
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En el present article s'aborda el tractament que els drets d'autor i els seus límits estan tenint en el procés d'elaboració de la Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell "relativa a l'harmonització de determinats aspectes dels drets d'autor i drets afins en la societat de la informació". En aquest procés, l'organització europea EBLIDA està jugant un important paper per aconseguir mantenir un tractament equilibrat entre la necessària protecció dels drets i el reconeixement d'uns límits a aquests que assegurin l'accés a la informació.
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Al maig de 2001, el Parlament Europeu i el Consell aprovaven la Directiva relativa a l'harmonització de determinats aspectes dels drets d'autor i drets afins als drets d'autor en la societat de la informació. L'aprovació d'aquest text culminava un llarg - i difícil - procés els orígens del qual hem de buscar en el Llibre Verd sobre drets d'autor i els drets afins en la Societat de la Informació aparegut el 1995.
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Fins ara, el desenvolupament del mercat interior ha patit les limitacions derivades de la manca d'una política energètica comú i, en el pla internacional, la UE, fortament dependent dels aprovisionaments externs, no ha estat capaç de parlar amb una sola veu a l'hora de negociar acords de subministrament amb els seus principals proveïdors de petroli i gas, i amb els països de trànsit. Sens dubte, la visió intergubernamentalista de la integració europea és la més indicada per explicar les mancances assenyalades en la mesura que la política energètica, especialment, en les vessants de la seguretat dels aprovisionaments i la independència energètica, forma part del nucli dur de la sobirania estatal. Només cal comprovar que, fins ara, tot i els continus avenços del mercat interior, els tractats han mantingut el vot per unanimitat del Consell pel que fa a les decisions relacionades amb l'energia, excloent, és clar, al Parlament Europeu (PE).. El Tractat de Lisboa introdueix un canvi de tendència en vincular la política energètica, alhora, al medi ambient i al "esperit de solidaritat entre els Estats membres "amb l'objectiu de garantir el funcionament del mercat de l'energia i la seguretat de l'abastament energètic en la Unió, i fomentar l'eficiència energètica i l'estalvi energètic i el desenvolupament d'energies noves i renovables i la interconnexió de les xarxes energètiques. Per primera vegada, el Parlament Europeu i el Consell establiran conjuntament (codecisió), les mesures necessàries per assolir els esmentats objectius. aquesta formulació reflecteix els canvis que està experimentant la política energètica a la Unió i que constitueixen l'objecte central d'aquest llibre: la seguretat de energètica i seva connexió amb el canvi climàtic.
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El presente trabajo se inscribe en el ámbito de la traducción especializada jurídico-económica inglés-español. El documento objeto de estudio es una Directiva del Parlamento Europeo y de la Comisión, por ende, pertenece al ordenamiento jurídico comunitario. El tema que trataremos es el régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
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La aprobación en junio de 2008 por el Parlamento Europeo de la Directiva de retorno —denominada también Directiva de la infamia o Directiva de expulsión— consolida el proceso de involución que sobre los derechos humanos se viene produciendo en la Unión Europea desde que el miedo a la inmigración irregular se incardinó en sus instituciones. Si bien las legislaciones de extranjería de los años ochenta contenían normas que regulaban el internamiento y la expulsión no es hasta la Directiva 2001/40/CE que comienza a tomar forma una política comunitaria centrada en la inmigración irregular y las expulsiones de migrantes. Las medidas de retorno son, dice la Comisión europea, “una piedra angular de la política de migración de la UE”. Desde entonces, la barbarie de los centros de retención e internamiento, el socavamiento de los derechos y la exclusión y criminalización de los migrantes extranjeros se han convertido en el caballo de batalla de las asociaciones defensoras de los derechos humanos. La erosión que las legislaciones y medidas de expulsión están provocado en los derechos y libertades y en las instituciones del Estado de derecho es inmensa. El retroceso y la erosión en los derechos y libertades es tan grande que ya no es posible continuar hablando sin más de Estados de derecho en la UE, sino más bien de máquinas administrativas para el internamiento y la expulsión, de “Estados expulsores” (1), donde las personas extranjeras son tratadas como semipersonas (2) e incluso como “no-personas” (3).
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La aprobación en junio de 2008 por el Parlamento Europeo de la Directiva de retorno —denominada también Directiva de la infamia o Directiva de expulsión— consolida el proceso de involución que sobre los derechos humanos se viene produciendo en la Unión Europea desde que el miedo a la inmigración irregular se incardinó en sus instituciones. Si bien las legislaciones de extranjería de los años ochenta contenían normas que regulaban el internamiento y la expulsión no es hasta la Directiva 2001/40/CE que comienza a tomar forma una política comunitaria centrada en la inmigración irregular y las expulsiones de migrantes. Las medidas de retorno son, dice la Comisión europea, “una piedra angular de la política de migración de la UE”. Desde entonces, la barbarie de los centros de retención e internamiento, el socavamiento de los derechos y la exclusión y criminalización de los migrantes extranjeros se han convertido en el caballo de batalla de las asociaciones defensoras de los derechos humanos. La erosión que las legislaciones y medidas de expulsión están provocado en los derechos y libertades y en las instituciones del Estado de derecho es inmensa. El retroceso y la erosión en los derechos y libertades es tan grande que ya no es posible continuar hablando sin más de Estados de derecho en la UE, sino más bien de máquinas administrativas para el internamiento y la expulsión, de “Estados expulsores”(1), donde las personas extranjeras son tratadas como semipersonas (2) e incluso como“no-personas” (3).
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[spa] Para hacer frente a los riesgos relacionados con la contaminación atmosférica, es ampliamente aceptada la necesidad de instrumentos de política encaminados a reducir las emisiones. La intervención tiene por objeto reducir las conductas contaminantes y incentivar una conducta más respetuosa y el uso de tecnologías más eficientes. La Unión Europea cuenta con dos importantes mecanismos económicos para el control de emisiones a escala europea: la directiva sobre los impuestos energéticos, un instrumento de fiscalidad ambiental aprobado en 2003 que afecta el precio de los productos energéticos, y el sistema de comercio de los derechos de emisiones, introducido en 2005, que afecta directamente a la cantidad de emisiones de CO2. En 2011, la Comisión Europea propuso una nueva versión de la directiva sobre los impuestos energéticos. El objetivo principal de la propuesta es aumentar la eficacia del instrumento a través de una mayor presión fiscal sobre los productos energéticos y de coordinar este instrumento de fiscalidad medioambiental con el sistema de comercio de los derechos de emisiones, para establecer una señal de precio de CO2 coherente para todos los sectores. Sin embargo, en mayo de 2012 el Parlamento Europeo bloqueó la propuesta de la nueva versión del impuesto, y el proceso de actualización se detuvo. La preocupación principal parecía ser el efecto de dicha propuesta en la competitividad, en particular para los sectores que serían los más afectados dado el uso intensivo de los productos energéticos, como el sector del transporte. El objetivo de este estudio es analizar el efecto que la reforma de la directiva sobre los impuestos energéticos podría tener sobre el nivel de precios, en particular en los países de la Unión Europea donde esta reforma implicaría un aumento de los impuestos energéticos. Utilizando datos del proyecto “World Input-Output Database”, la principal conclusión es que el nuevo sistema de impuestos energéticos tendría un impacto muy bajo sobre los precios. Por lo tanto, dado que los precios no serían fuertemente afectados por la reforma, no habrá inconvenientes para la competitividad y implicaciones en términos de distribución, pero, por otro lado, este resultado también implica una baja capacidad de esta reforma para provocar cambios en el consumo y la producción hacia menos presiones ambientales.
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[spa] Para hacer frente a los riesgos relacionados con la contaminación atmosférica, es ampliamente aceptada la necesidad de instrumentos de política encaminados a reducir las emisiones. La intervención tiene por objeto reducir las conductas contaminantes y incentivar una conducta más respetuosa y el uso de tecnologías más eficientes. La Unión Europea cuenta con dos importantes mecanismos económicos para el control de emisiones a escala europea: la directiva sobre los impuestos energéticos, un instrumento de fiscalidad ambiental aprobado en 2003 que afecta el precio de los productos energéticos, y el sistema de comercio de los derechos de emisiones, introducido en 2005, que afecta directamente a la cantidad de emisiones de CO2. En 2011, la Comisión Europea propuso una nueva versión de la directiva sobre los impuestos energéticos. El objetivo principal de la propuesta es aumentar la eficacia del instrumento a través de una mayor presión fiscal sobre los productos energéticos y de coordinar este instrumento de fiscalidad medioambiental con el sistema de comercio de los derechos de emisiones, para establecer una señal de precio de CO2 coherente para todos los sectores. Sin embargo, en mayo de 2012 el Parlamento Europeo bloqueó la propuesta de la nueva versión del impuesto, y el proceso de actualización se detuvo. La preocupación principal parecía ser el efecto de dicha propuesta en la competitividad, en particular para los sectores que serían los más afectados dado el uso intensivo de los productos energéticos, como el sector del transporte. El objetivo de este estudio es analizar el efecto que la reforma de la directiva sobre los impuestos energéticos podría tener sobre el nivel de precios, en particular en los países de la Unión Europea donde esta reforma implicaría un aumento de los impuestos energéticos. Utilizando datos del proyecto “World Input-Output Database”, la principal conclusión es que el nuevo sistema de impuestos energéticos tendría un impacto muy bajo sobre los precios. Por lo tanto, dado que los precios no serían fuertemente afectados por la reforma, no habrá inconvenientes para la competitividad y implicaciones en términos de distribución, pero, por otro lado, este resultado también implica una baja capacidad de esta reforma para provocar cambios en el consumo y la producción hacia menos presiones ambientales.
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La aprobación en junio de 2008 por el Parlamento Europeo de la Directiva de retorno denominada también Directiva de la infamia o Directiva de expulsión consolida el proceso de involución que sobre los derechos humanos se viene produciendo en la Unión Europea desde que el miedo a la inmigración irregular se incardinó en sus instituciones. Si bien las legislaciones de extranjería de los años ochenta contenían normas que regulaban el internamiento y la expulsión no es hasta la Directiva 2001/40/CE que comienza a tomar forma una política comunitaria centrada en la inmigración irregular y las expulsiones de migrantes. Las medidas de retorno son, dice la Comisión europea,"una piedra angular de la política de migración de la UE". Desde entonces, la barbarie de los centros de retención e internamiento, el socavamiento de los derechos y la exclusión y criminalización de los migrantes extranjeros se han convertido en el caballo de batalla de las asociaciones defensoras de los derechos humanos. La erosión que las legislaciones y medidas de expulsión están provocado en los derechos y libertades y en las instituciones del Estado de derecho es inmensa. El retroceso y la erosión en los derechos y libertades es tan grande que ya no es posible continuar hablando sin más de Estados de derecho en la UE, sino más bien de máquinas administrativas para el internamiento y la expulsión, de"Estados expulsores"(1), donde las personas extranjeras son tratadas como semipersonas (2) e incluso como"no-personas" (3).
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El presente ensayo pretende evaluar la contribución que haya podido suponer la condición de territorio de frontera a las particularidades del proceso de desarrollo económico de Cataluña desde el siglo XVIII en adelante. En las secciones que siguen dedicaré un breve espacio a presentar cada uno de los mecanismos relacionales que pueden asociarse a la existencia de la frontera y a los contactos que se mantuvieron regularmente con las economías de los países al Norte de la misma. El primer apartado se dedica a las oportunidades del comercio, con el recurso a dos ejemplos específicos. El segundo se ocupa del comercio transfronterizo ilegal o de contrabando. El tercero atiende a los canales empleados para la transferencia de tecnología. El cuarto se refiere a la inversión extranjera directa. El quinto está reservado al turismo internacional. El sexto trata de ponderar la nueva situación que ha suscitado en la región la incorporación de España a la Unión Europea a partir de 1986. Una sección final ensaya una breve valoración de conjunto.
Resumo:
A lo largo de este artículo se analizan los efectos del sistema electoral europeo en España sobre los partidos políticos de ámbito no estatal. Por un lado, se estudia el funcionamiento de la normativa electoral española, subrayando la sobrerepresentación de unos partidos políticos y la infrarepresentación de otros en función del ámbito territorial organizativo de la formación política. Por otro lado, se presentan datos sistemáticos y comparados que demuestran esta distorsión de la representación política –fruto de la normativa electoral-, y dibujamos la estrategia electoral que los partidos políticos afectados negativamente desarrollan: las coaliciones electorales. Pero, ¿en base a qué criterios se organizan tales coaliciones electorales? El enfoque multivariable –la circunscripción, la magnitud electoral y el número de eurodiputados españoles- nos va permitir responder a esta y otras preguntas. El objetivo es ahondar en el debate sobre la normativa electoral en la arena política europea.