15 resultados para Agenda política
em Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), Spain
Resumo:
La República francesa se ofende por los burkas y de los niqab deambulando por las calles. Ve a sus principios rectores de Liberté, Égalité, Fraternité mofados, a su democracia desafiada, a su convivencia arriesgada. Por ello, el Gobierno francés ha impulsado desde hace un año una política pública que persigue la prohibición del velo integral -llámese burka o niqab- en el conjunto del espacio público. Años atrás, Francia, país que tanto aprecia los debates, se vio inmersa en la cuestión más general de la identidad nacional desde las reacciones de las banlieues en el 2005. Y por ello, Nicolas Sarkosy, en su programa electoral camino de las presidenciales en el 2007, ya incluía como una prioridad el tema de los valores y principios genuinamente franceses y europeos. Y en esta perspectiva, el Ministerio de Inmigración añadió sus calificativos de Integración e Identidad Nacional. El burka en el espacio público ha asaltado los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, especialmente desde hace dos o tres años. Es un problema sin precedentes en las democracias asentadas -aunque podríamos recordar el motín de Esquilache en 1766 bajo el reinado de Carlos III- sin una Jurisprudencia asentada al respecto, ni un marco normativo que lo prevea directamente. Y por ello, la élite política se divide estos días entre los prudentes y los atrevidos, los que se conforman con una prohibición parcial y los que persiguen una prohibición absoluta. Se trata de una política pública atípica, pues los bienes afectados son en realidad valores, principios y conceptos abstractos. Es la República francesa y la cohesión social los que se ven desafiados. Veremos en un primer momento, la etapa de identificación como problema público y su inclusión en la agenda política, por ende desde un punto de vista técnico, analizaremos brevemente esta política pública Top down limitada, y en el último apartado compararemos los argumentos de las dos alternativas que dispone actualmente el Parlamento para aprobar o no una ley al respecto. Por su parte, la Comisión Parlamentaria alegará principios de índole más filosófica que pragmática, mientras que el Consejo de Estado se centrará exclusivamente en los términos jurídicos y en la Jurisprudencia reduciendo en gran medida el impulso inicial del Gobierno. Quedará por ver estos días de debate en l’Assemblée Nationale1 si la prohibición será total o parcial.
Resumo:
El Sáhara Occidental, el último territorio del mundo pendiente de descolonización, hasufrido durante treinta años el olvido de España y la invasión marroquí. Por ello, elmovimiento nacionalista saharaui ha intentado acceder a la agenda política ymediática española para obtener una solución política al conflicto y el apoyo de laopinión pública de nuestro país.El presente proyecto de investigación propone un acercamiento totalmente inédito; el conflicto saharaui desde el punto de vista comunicativo. A través de las teorías de la agenda-setting y el framing se propone analizar qué marcos políticos ha construido el movimiento saharaui a lo largo de los últimos treinta años y qué incidencia ha obtenido en la prensa nacional española a través de los marcos mediáticos.
Resumo:
El present treball| estudia l'efecte dels discursos mediàtics en les reformes promogudes en la Llei de Responsabilitat Penal del Menor. Entre 2003 i 2003, 4 esdeveniments delictius, comesos per menors, van causar fort impacte segons l'opinió pública espanyola. A partir de la teoria de l'agenda-setting, observem una transferència de rellevància de l'agenda dels mitjans cap a l'agenda pública que, posteriorment, es va fer present a l'agenda política. Entenem que els professionals de la política van legislar sota la immediatesa d'aquests esdeveniments i el seu eco mediàtic, no contemplant principis constitucionals, en una clara accepció de populisme punitiu.
Resumo:
En el presente informe se realiza un análisis crítico del sistema español de financiación territorial y se avanzan una serie de recomendaciones para su reforma. La principal conclusión del trabajo es que el modelo actual no se adecua satisfactoriamente a los principios de igualdad, autonomía, responsabilidad y transparencia que deberían orientar su diseño y puede dificultar el cumplimiento de los objetivos básicos de la política macroeconómica. La solución de estos problemas exigiría una reforma en profundidad del sistema actual en la línea que se esboza en la parte final del documento. En el análisis se distingue entre el subsistema de régimen común en el que se integran la mayoría de las comunidades autónomas y el subsistema foral que se aplica en el País Vasco y Navarra. El sistema de régimen común ha sido objeto recientemente de una reforma que ha introducido novedades importantes en su estructura y filosofía. En el lado positivo, la nueva ley se ha traducido en una distribución más equitativa de los recursos asignados a las regiones, reduciendo de forma apreciable la dispersión de la financiación por unidad de necesidad en relación con el sistema anterior. Otra mejora significativa ha sido la creación del Fondo de Garantía, un instrumento que, por primera vez en la historia del sistema, permite ir adaptando la financiación a las cambiantes circunstancias regionales, ofreciendo así a las comunidades autónomas un seguro parcial contra los riesgos ligados a la evolución de sus ingresos y sus necesidades de gasto. A pesar de que éstas son mejoras importantes, el balance global de la reforma no es positivo. El nuevo acuerdo no resuelve satisfactoriamente los problemas que obligaron a la reforma de su antecesor, es bastante más complejo y opaco que éste, introduce un mecanismo de nivelación parcial de dudoso encaje constitucional, opta por un reparto inicial incierto que podría ser difícilmente aceptable ex-post para algunas regiones, y no ha abordado otros problemas estructurales del sistema, incluyendo su excesiva sensibilidad al ciclo económico. El sistema foral tampoco está libre de problemas. Tal como se ha implementado en la práctica, el modelo vasco-navarro de concierto o convenio supone una violación flagrante de la prohibición constitucional de que los regímenes autonómicos comporten privilegios económicos o sociales y constituye una fuente permanente de inestabilidad para el sistema de régimen común al ser percibido como un agravio comparativo en las regiones no forales de mayor renta, y en particular, en Cataluña. Según mis cálculos, la financiación por habitante del País Vasco es superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a igualdad de competencias y la situación no es muy distinta en Navarra. El origen de esta anomalía está en las leyes quinquenales del Cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del Concierto se concretan de una forma muy discutible. Los problemas fundamentales que se detectan son dos. Primero, la valoración de las competencias estatales no asumidas por el País Vasco que se recoge en los anexos de las leyes quinquenales está fuertemente sesgada a la baja. Y segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. El efecto conjunto de ambos factores ha sido el de rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 millones en 2007, lo que supone respectivamente un 6,21% y un 6,89% del PIB del País Vasco. Dado todo esto, resulta difícil evitar la conclusión de que el diseño del sistema de financiación regional sigue siendo un problema abierto que no tardará mucho en volver a ocupar un lugar preferente en la agenda política nacional. Es de esperar que la próxima reforma del modelo sea algo más meditada que la aprobada el pasado diciembre y sirva realmente para dotar de un diseño razonable a uno de los elementos más críticos de nuestra arquitectura legal. Para alcanzar este objetivo, será necesario realizar una serie de reformas que pueden agruparse en tres grandes líneas de actuación: garantizar el cumplimiento efectivo del principio de igualdad, reforzar la responsabilidad fiscal de los gobiernos regionales y asegurar que el sistema contribuye a alcanzar los objetivos fundamentales de la política macroeconómica, o al menos que no dificulta su cumplimiento. Entre las medidas recomendadas cabría destacar las siguientes: - Corregir gradualmente el fuerte sesgo a la baja que existe actualmente en el cálculo de la aportación de los territorios forales a la hacienda central. Para ello no hace falta modificar las leyes del Concierto vasco y el Convenio navarro. Bastaría con que en las correspondientes leyes quinquenales se realizase una valoración razonable de las competencias que permanecen en manos del Estado, entre las que habría de incluirse la nivelación interregional, y se actualizasen los coeficientes que se utilizan para calcular el ajuste por IVA. - Recuperar la garantía de igualdad de acceso de todos los ciudadanos al conjunto de los servicios públicos como principio básico orientador del diseño del sistema de financiación y asegurar su aplicación efectiva en la práctica. Con este fin, sería aconsejable eliminar el Fondo de Suficiencia (excepto como vehículo para la financiación de las competencias singulares) y los Fondos de Convergencia para repartir el conjunto de los recursos del sistema de acuerdo con la fórmula de necesidades de gasto que actualmente se aplica sólo a la dotación del Fondo de Garantía. Con el fin de evitar la necesidad de fuertes recortes en la financiación de algunas comunidades, convendría hacer una transición suave desde la asignación actual hasta la derivada de la fórmula. - Introducir ciertos retoques en la actual fórmula de necesidades de gasto, incluyendo la recuperación de una partida que permita sufragar los costes fijos ligados a las instituciones de autogobierno y a ciertos servicios autonómicos así como la introducción de una corrección por diferencias en niveles de precios entre regiones. - Desdoblar el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales en un tramo estatal y otro autonómico claramente diferenciados, abandonando los actuales porcentajes de cesión. Los dos tramos serían regulados de forma independiente, aunque manteniendo en manos del Estado la determinación de la base imponible y la gestión del impuesto. - Dotar a las comunidades autónomas de competencias normativas sobre un tramo de los principales tributos indirectos y sobre los elementos de copago en sanidad, educación y otros servicios. Dada la oposición de la Comisión Europea a cualquier cambio normativo que pueda abrir la puerta a la existencia de tipos impositivos diferenciados regionalmente, el poder de decisión sobre el tramo autonómico del IVA y los Impuestos Especiales deberá ejercerse de forma colegiada por el conjunto de las comunidades autónomas, que habrán de fijar tipos uniformes en todo el territorio nacional. - Establecer un Fondo de Estabilización Presupuestaria, que se nutriría con el 'exceso' de recudación tributaria que se genera en la parte alta del ciclo económico y serviría para complementar los ingresos autonómicos en la parte baja del mismo. - Reformar la legislación sobre estabilidad presupuestaria para fijar a las comunidades autónomas un objetivo de equilibrio presupuestario año a año similar al que ya tienen las corporaciones locales y para concretar las medidas extraordinarias que el Estado podrá imponer a las administraciones territoriales en situaciones de 'emergencia presupuestaria'.
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El 11 de septiembre de 2012 una multitudinaria manifestación en Barcelona con motivo de la fiesta nacional catalana bajo el lema “Catalunya Nou Estat d’Europa”, convocada por la Asamblea Nacional Catalana, una asociación partidaria de la independencia de Catalunya, acabó precipitando un avance electoral. CiU se presentó a las nuevas elecciones con el compromiso de realizar una consulta sobre la autodeterminación de Catalunya y con un programa que incluía medidas para la creación de un estado independiente. La invocación de CiU al derecho a autodeterminación no era una novedad ya que desde los años 90, en CDC dicha propuesta aparece es aprobada en los congresos del partido y ya en el programa electoral de 2010 está claramente explicitada. Sin embargo en las elecciones de 2012 dicha cuestión monopoliza la campaña electoral y marca la agenda política catalana. Este trabajo se propone demostrar que CiU ha experimentado un cambio de posición en la dimensión centro-periferia y que ha pasado de ser un partido nacionalista moderado a ser un partido secesionista y se sostiene que este cambio de posición se debe, en parte, a la naturaleza multinivel del sistema político español. El interés del estudio de caso radica en que puede permitir avanzar en el conocimiento del cambio de posición de los partidos nacionalistas y también verificar la influencia de variables institucionales en el cambio de posición de los partidos ambos aspectos bastante ignorados por la literatura sobre el cambio de posición en los partidos hasta ahora.
Resumo:
This paper addresses the puzzle of why legislation, even highly inefficient legislation, may pass with overwhelming majorities. We model a egislature in which the same agenda setter serves for two periods, showing how he can exploit a legislature (completely) in the first period by romising future benefits to legislators who support him. In equilibrium, large majority of legislators vote for the first-period proposal because a ote in favor maintains the chance for membership in the minimum winning coalition in the future. The model thus generates situations in which egislators approve policies by large majorities, or even unanimously, that enefit few, or even none, of them. The results are robust: some institutional arrangements, such as super-majority rules or sequential voting, imit but do not eliminate the agenda setter's power to exploit the legislature, and other institutions such as secret voting do not limit his power.
Resumo:
Amb l'aprovació del programa de Tampere el 1999 la Unió Europea (UE) va començar a articular una política d'immigració cap a l'exterior, sent prioritaris els països veïns d'Europa oriental en l'establiment de l'agenda en qüestions migratòries. El contingut d'aquesta agenda inclou normes aprovades bilateralment entre la Unió i els països veïns, normes que emanen de règims internacionals i fins i tot normes pròpies del patrimoni de la Unió. Aquest Working Paper analitza sintèticament l'agenda en matèria d'immigració entre la UE i els països veïns d'Europa oriental en funció del tipus de normes que es disposen a adoptar. Per això, s'han d'observar tres subsectors de la política d'immigració (immigració irregular, immigració regular i asil) per a cada un dels tres països de l'àrea amb els que la cooperació ha estat més intensa (Rússia, Ucraïna i Moldàvia). Prova d'això és l'entrada en vigor de sengles acords de readmissió i facilitació de visats entre la UE i aquests països. L'objectiu d'aquest article és elaborar un retrat matisat de l'agenda d'immigració més ambiciosa que la UE ha dissenyat cap a l'exterior.
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El estudio revisa la evolución de los instrumentos de la acción exterior de la CE/UE hacia Ucrania desde la independencia de este país, en diciembre de 1991. Las principales conclusiones del estudio son: 1) Ucrania ha ido ascendiendo de manera lineal en la agenda de política exterior de la Unión. 2) La prioridad que ha guiado la acción exterior hacia Ucrania ha sido el mantenimiento de la estabilidad en este país para evitar las externalidades negativas que su desestabilización podría comportar para la seguridad de la Unión. 3) Aunque el interés securitario ha sido fundamental a lo largo de todo el período analizado, la agenda de seguridad de la UE se ha ampliado considerablemente. 3) La política de la UE hacia Ucrania se ha guiado más por la reacción ante los acontecimientos en el contexto europeo e internacional que por un diseño o estrategia clara hacia este país. 4) La política de vecindad intenta paliar este déficit de estrategia.
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Durante el primer semestre de 2002, España ejerció la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, por tercera vez. Las relaciones exteriores de la Unión son cada vez más complejas y amplias. España afrontó esta Presidencia con una agenda, en la que sumaba sus tradicionales áreas de influencia a la gestión continuista de la política exterior de la Unión. En este sentido, el Observatorio de Política Exterior Europea del Institut Universitari d’Estudis Europeus, que se presenta como un grupo de investigadores cuyo principal interés es el análisis de la dimensión exterior de la UE, hace balance en este Quadern de las prioridades y resultados efectivos del programa de la Presidencia.
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Para muchos tipos de investigación en ciencias sociales existe la necesidad deobtener información sobre la opinión pública. Internet puede ayudar a satisfacer esta necesidad porque es una fuente de información fácilmente accesible. Este trabajo pretende establecer una metodología de análisis completa y coherente y para ellodesarrolla un análisis de las herramientas, métodos y teorías utilizadas en el análisis de la opinión pública en Internet. Ya que la idea de opinión pública en que me baso sefundamenta en la organización temática de la misma, analizo las teorías clásicas de laagenda-setting y de la tematización. Sin embargo, la característica complejidad de lasociedad actual y la fragmentación de la agenda pública hacen necesario estudiar elnuevo sistema comunicativo desde perspectivas menos deterministas. La teoría de redes complejas permite analizar los fenómenos de emergencia temática y autoorganización desde una perspectiva más amplia que tiene en cuenta los numerosos factores que determinan el funcionamiento del sistema comunicativo actual
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L'objecte d'aquesta recerca és analitzar en quina mesura la nova presidència permanent del Consell Europeu establerta pel Tractat de Lisboa ha transformat la funció presidencial i ha comportat un canvi qualitatiu en el funcionament del Consell Europeu, així com en el seu procés de presa de decisions. Les conclusions de l'estudi apunten a que el canvi en el sistema presidencia ha comportat un increment en l'eficàcia del Consell Europeu alhora que ha provocat una concentració de nous poders en la presidència gràcies a l'ús dels mecanismes d'establiment i control de l'agenda.
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El cuidado es una actividad indispensable en todos los hogares para la reproducción social y el bienestar en la vida diaria de las personas. La economía del cuidado hace referencia al espacio de actividades, bienes y servicios necesarios para la reproducción cotidiana de los individuos, siendo de suma importancia para el desarrollo económico de los países y el bienestar de sus poblaciones. Sin embargo, sigue siendo subvalorada por las sociedades y gobiernos de todo el mundo. El trabajo de cuidados o doméstico remunerado alcanza índices bajísimos de salarios mínimos, precarias condiciones laborales o se realiza desde la economía informal. El trabajo doméstico no remunerado es concebido por la sociedad como improductivo y vinculado a la mujer por razones de habilidades naturales de clara concepción machista. El resultado es la marginación de la mujer en las sociedades que la impide o le resta posibilidades de acceder a formación, empleo digno, ser parte de la esfera pública e incluso al sufragio.
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This paper models a legislature in which the same agenda setter serves for two periods, showing how he can exploit a legislature (completely) in the first period by promising future benefits to legislators who support him. In equilibrium, a large majority of legislators vote for the first-period proposal because they thereby maintain the chance of belonging to the minimum winning coalition in the future. Legislators may therefore approve policies by large majorities, or even unanimously, that benefit few, or even none, of them. The results are robust; but institutional arrangements (such as entitlements) can reduce the agenda setter's power by reducing his discretion to reward and punish legislators, and rules (such as sequential voting) can increase a legislator's ability to resist exploitation. Keywords: Legislative bargaining, distributive politics, agenda-setting, proposal power. JEL C72, D72, D78.
Resumo:
En nuestra sociedad la imagen que los ciudadanos tenemos de la política está fuertemente condicionada por cómo esta aparece en los medios de comunicación y, en particular, en los noticiarios televisivos. Este artículo, fruto de un proyecto de investigación I+D+I financiado por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, analiza las noticias de temática política de ocho canales de televisión en España con el objetivo de comprobar cuál es la presencia de la política en los noticiarios, qué imagen se construye de la política en ellos. Además, propone una nueva metodología para establecer la calidad de las informaciones políticas en los noticiarios televisivos en España a través de la definición de los endo- y exo- equilibrios de los contenidos políticos de los noticiarios. Las principales conclusiones del artículo son que los noticiarios que construyen una imagen más equilibrada de la política son los de Televisión Española y Cuatro, mientras que los que construyen una imagen más desequilibrada son los de la Sexta y Canal 9. El porcentaje de noticias dedicadas a la política no depende ni de la titularidad (pública-privada), ni del ámbito de cobertura (estatal-autonómica) del canal. En cambio, sí podemos encontrar una relación en la suma de las noticias de política (political issues) y las de gobernanza (policy issues).