5 resultados para Países do Mercosul - Integração econômica

em Universidad de Alicante


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El 54,4% de la Superficie Agrícola Utilizada en la Unión Europea-27 se clasifica como Zona Desfavorecida. En estas áreas, los agricultores pueden ingresar de media un 27% menos por unidad de trabajo anual que aquellos que cultivan la tierra en zonas no desfavorecidas. Las directivas europeas, nacionales y autonómicas que se ocupan de una u otra manera de los espacios de cultivo en las “Zonas Desfavorecidas de Montaña”, en las “Zonas Desfavorecidas Intermedias” y en las “Zonas Afectadas por Dificultades Específicas”, y en las que la técnica del aterrazamiento suele estar presente, son bastante numerosas. Sin embargo, la eficacia de esas políticas ha sido muy desigual, dependiendo del diferente contexto ambiental, social y económico del país europeo que se estudie y, sobre todo, de la categoría a la que puedan acogerse las explotaciones agrícolas. Pero, además, el territorio europeo cuenta con una extensión de cultivos en “Áreas de Montaña”, también en general aterrazadas, que no han sido incluidas en las categorías citadas, cuyos agricultores no pueden beneficiarse de esas ayudas específicas, pese a afrontar los mismos problemas. España es el país más afectado de la Unión Europea, con un 16,19% de su área de montaña excluida, principalmente en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón. A partir de 2014, como consecuencia de las directrices que se deriven de la reforma de la Política Agrícola Común, estos territorios experimentarán un nuevo cambio. Entre ellos, se contempla la posibilidad de que los Estados Miembros puedan destinar mayores ayudas a las zonas desfavorecidas y elaborar subprogramas temáticos para las zonas de montaña. Por otro lado, se establecerá una nueva delimitación de “Zonas con Desventajas Naturales” (que sustituirá a las “Zonas Desfavorecidas Intermedias”), basada en ocho criterios biofísicos, con efectos a partir de 2018. Dado que los Estados Miembro deberán elaborar nuevos mapas con las zonas a delimitar, y que hasta el momento España es uno de los países que menor cuantía económica destina a estas zonas, presentamos una revisión de la problemática de estos territorios.

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Introducción: En este estudio se investigan los efectos de la crisis económica en los flujos migratorios internacionales. Específicamente, se realiza un análisis comparado sobre los comportamientos en la movilidad residencial de los principales grupos de residentes a partir de las Estadísticas de Variaciones Residenciales (EVR) de 2005 a 2010 en Alicante. Método: Se analizan los microdatos de las EVR para comparar las entradas y salidas de inmigrantes procedentes de los países que aglutinan a las personas que se trasladan orientadas por motivos más cercanos a la esfera del ocio que a la del trabajo, con el grupo de nacionalidades que concentra a la mayoría de los inmigrantes laborales que llegaron atraídos por las ofertas de empleo generadas con la expansión del sector inmobiliario. Resultados: Entre los años 2007 y 2009 se redujeron mucho las variaciones residenciales de entrada en la provincia Alicante desde el extranjero, mientras que se incrementaron las variaciones relacionadas con las salidas. Aunque existen diferencias en el balance de entradas y salidas según la zona de la provincia, la nacionalidad y la edad de los migrantes, la crisis parece asociarse con una tendencia a la reducción del número de residentes extranjeros en general. Discusión o Conclusión: Se concluye que la crisis no sólo ha generado un éxodo de los ciudadanos con menos recursos económicos, también ha provocado la salida masiva de aquellos otros inmigrantes cuya presencia en España se asocia con el consumo.

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En este artículo analizamos el desarrollo de empresa social en España e Italia en el marco de la crisis económica y social, en términos de difusión y marco jurídico. De esta manera, definimos los confines del “ecosistema” de la empresa social en los dos países e identificamos elementos comunes y especifidades. La hipótesis es que la empresa social representa una herramienta de generación de respuestas proactivas a la crisis, impulsando trayectorias de innovación económica y social, y contribuyendo a un modelo de desarrollo económica y socialmente sostenible. La innovación surge de la capacidad de las empresas sociales de generar respuestas innovativas a demandas emergentes, de su capacidad de crear al mismo tiempo valor social y económico, de satisfacer necesidades individuales y colectivas, de activar dinámicas de cambio de medio y largo plazo, de estimular dinámicas de emprendimiento, de empoderamiento y de valorización en el territorio. Sin embargo, el carácter innovador de la empresa social no surge simplemente de una empresarializacción del Tercer Sector tradicional, y mucho menos como consecuencia de la transferencia de servicios fundamentales del estado a asociaciones, cooperativas y empresas sociales, si con eso se persigue el simple objetivo de reducción de los gastos públicos. Al contrario, detrás de la retórica de la innovación social se puedan esconder proyectos de reducción de los gastos de servicios a través de la reducción de los salarios y de la cualidad de los servicios. El artículo, a partir de la comparación de la difusión del fenómeno y de las perspectivas de desarrollo en España y en Italia, termina con una reflexión crítica sobre las luces y sombras, los riesgos y las oportunidades, relacionados con la difusión de la empresa social, o sea, de la integración de la acción solidaria y la acción económica en prácticas que son al mismo tiempo empresariales y con finalidades sociales.

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El cambio climático está alterando el comportamiento de los ciclos hídricos en diferentes partes del planeta y amenaza con fuertes repercusiones en la vida de muchas especies, incluida la humana. Sobran evidencias de que el estilo de vida y las formas productivas de la sociedad actual, principalmente de los países desarrollados, están contribuyendo a acelerar el cambio climático, posiblemente hasta niveles que rebasarían la capacidad de asimilación de la biota del planeta. Ante las alarmantes evidencias del problema ambiental en general y del problema hídrico en particular se han iniciado gestiones encaminadas a disminuir en lo posible las causas humanas. Pero la distribución de responsabilidades todavía entraña serios inconvenientes tanto a nivel internacional, como regional y local; uno de los desafíos es determinar el valor económico de los recursos afectados, como referencia para establecer compensaciones, prioridades, planes de gestión y también contribuciones por parte de los mismos beneficiarios de los recursos hídricos. En el presente estudio se ha analizado la situación particular de riesgo para un páramo andino, el Parque Nacional Cajas, fuente de agua que, potabilizada por una empresa estatal, cubre los requerimientos de la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Con base en la teoría actual, el método de valor contingente resulta ser, si no el óptimo, uno de los más adecuados para estos casos. Mediante una muestra de familias usuarias del servicio y aplicando el modelo dicotómico de doble límite, se estableció en 3,44 USD el valor económico promedio asignado por las familias encuestadas. Los estadísticos de precisión dieron la razón en buena medida a las predicciones de Hanemann et al., y el valor resultante, comparado con el obtenido en otros países en desarrollo, presentó correlaciones altas con los PIB per cápita respectivos. Pese a haberse procedido canónicamente, en este estudio se planteó la hipótesis de que la DAP no mide el real valor económico del bien cuando se trata de un monopolio estatal, y se constató que el 91% de los encuestados, aunque con claras manifestaciones de disconformidad, finalmente se resignaron a pagar valores mayores al máximo DAP que declararon previamente, con lo cual se falsea este último como medida del valor económico, al menos en la perspectiva de la teoría utilitarista.

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Desde principios del año 2000, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ha estado implementando programas de recuperación económica para los retornados en algunos países que salen de conflictos. Sin embargo, sigue siendo incierto en qué medida estos programas de capacitación han sido fundamentales para la reintegración económica de los retornados.