Guía sobre estrategias de Responsabilidad Social Corporativa y Discapacidad (RSC-D) para las Administraciones y resto del Sector Público

El CERMI, tras la publicación de distintos trabajos y una trayectoria ya de unos cuantos años de interés en la RSC participando, entre otras cosas, en el proyecto de la Fundación Bequal, que seguramente es el futuro de la RSC y la discapacidad, para completar esos trabajos se plantea cómo implantar medidas de RSC Discapacidad en las administraciones públicas. Esta es una guía que pretende ayudar a las administraciones públicas a incluir la discapacidad en su gestión. En esta guía se trabaja con seis líneas de actuación, la primera tiene que ver con el buen gobierno, con la adopción de códigos éticos, no solo adoptarlo sino que sea conocido por la gente, comprensible y aplicable y para eso es importante tener un comité de seguimiento, con un canal de denuncias que sea perfectamente confidencial para que la gente no tenga ningún reparo en denunciar. La segunda línea de actuación es la adhesión a iniciativas de RSC, por los beneficios claros que eso aporta. La tercera línea tiene que ver con el acceso al empleo, desde las cuotas de reserva hasta los protocolos de acogida y todo el desarrollo en igualdad de condiciones de una carrera profesional y del trabajo de personas con discapacidad. La cuarta línea es la contratación pública socialmente responsable, que tiene que ver con la inclusión de cláusulas sociales y con el traslado a la cadena de suministros de la responsabilidad social del cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley por parte de las empresas, para nosotros sería una política social de incalculable valor. La quinta línea, la atención a los ciudadanos y la sexta línea, las memorias e informes de lo que hacen y aquí también propone que en la medida de lo posible adopten el modelo GRI, con el que la Fundación ONCE, en colaboración con el CERMI, ha pactado para incluir indicadores de discapacidad.

Sociedad civil, inclusión social y sector fundacional en España

Frente a visiones, muchas de ellas en proceso de revisión en estos momentos, que privilegiaban el papel de los poderes públicos y singularmente del Estado, como expresión prominente de todos ellos, en la gestión y decisión de los asuntos públicos y en la dirección casi en exclusiva de la vida en comunidad, han ido surgiendo otros enfoques de pensamiento y de análisis social que sin negar la relevancia de lo público estatal, señalan el creciente protagonismo de la sociedad civil. Comienza a hablarse de corresponsabilidad entre los gobiernos y las instancias civiles y cívicas, cuyo auge podría denotar una mayor calidad de las sociedades democráticas. La sociedad civil, término a veces difuso de tan amplio, parece estar llamada a detentar más peso político y a asumir para sí, desencadenando espirales inéditas en los procesos sociales, responsabilidades en los grandes asuntos de interés para la comunidad. Bienes sociales como el de la inclusión de grupos ciudadanos en situación de vulnerabilidad, sería el caso de las personas con discapacidad y sus familias, son un campo abonado para el desempeño de la sociedad civil, considerada la debilidad del Estado para dar satisfacción a sus necesidades de ejercicio efectivo de derechos y acceso al bienestar. Dentro de la sociedad civil articulada, la contribución de un sector tan cualificado como el de las fundaciones, es también especialmente significativo. Las cuestiones anteriores son examinadas en esta obra colectiva, cuyos vectores de análisis vienen definidos por la sociedad civil, la inclusión social y el sector fundacional. Una aportación bibliográfica de mérito, resultado de la contribución de personas especialistas en los respectivos ámbitos de examen, que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación Derecho y Discapacidad han querido publicar para reconocer la trayectoria vital comprometida y fecunda de Carlos Álvarez, dirigente cívico que ha proyectado su rico caudal de mejora y reforma sociales a través de ese dispositivo tan valioso que es la fórmula fundacional.

Espacio sociosanitario inclusivo. Documento de posición del CERMI Estatal en materia sociosanitaria

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado este documento de posición política y técnica del sector social de la discapacidad con un conjunto de orientaciones y parámetros para construir un espacio sociosanitario inclusivo con las personas con discapacidad. Con este documento, desde la plataforma representativa de la discapacidad, se pretende incidir en el debate político que mantienen la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para la creación de un espacio sociosanitario, cuya definición no puede quedar únicamente en manos de los gestores públicos, sino que ha de abrirse a la participación activa de la sociedad civil. Las personas con discapacidad junto con las personas mayores son dos de los sectores sociales más directamente afectados por la construcción de este ámbito sociosanitario, ya que acumulan necesidades intensas de atención y apoyos sociales y sanitarios, que han de ser prestados de un modo coherente y armónico. El espacio sociosanitario no puede ser una mera superposición de respuestas separadas, sanitarias por un lado y sociales por otro, y ha de incorporar como factor clave el carácter inclusivo de la discapacidad, de modo que se dirija a promover la autonomía personal y la vida independiente y asegure la libertad de decisión y de configuración de los apoyos.

Capaces de todo. Universidad y discapacidad. II Estudio sobre el grado de inclusión del sistema universitario español respecto de la realidad de la discapacidad

¿Pueden las personas con discapacidad estudiar o trabajar en las universidades del Estado en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía?. Para contestar a esta pregunta, la Fundación Universia y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) realizaron en 2012 una encuesta dirigida a los centros de educación superior, que se ha vuelto a llevar a cabo en 2014 con una novedad importante: un cuestionario adicional que recoge las opiniones del alumnado con discapacidad. En esta segunda edición del estudio han participado 59 universidades (11 más que en la primera), y 426 alumnas y alumnos.

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que, en 2014, las personas con discapacidad que cursaban estudios universitarios en las universidades señaladas suponían el 1,3% del alumnado de los títulos de grado, el 1,2% de los de posgrado y el 0,6% de los de doctorado. No obstante, las universidades señalaban dificultades para cifrar el volumen de esta población y sus características, en buena parte porque el alumnado no comunicaba su discapacidad (un 60% decía no utilizar los servicios de apoyo). El perfil de miembro de la comunidad universitaria con discapacidad es el de un hombre con discapacidad física matriculado en una carrera del área de ciencias sociales y jurídicas, salvo en el caso del doctorado, donde predominan las mujeres con discapacidad física que optan por estudios de artes y humanidades. En cuanto al personal docente e investigador, y el personal de administración y servicios, la proporción de personas con discapacidad era del 0,6% y el 1,7%, respectivamente, y a este respecto, cabe señalar que el 31% de las universidades declaraban aplicar medidas de discriminación positiva para favorecer su incorporación a las plantillas. En lo que respecta a la formación del profesorado en materia de discapacidad, el 37% de las universidades afirmaban que esta materia estaba incluida de forma transversal en sus programas formativos.

Protección Social: Seguridad Social y Discapacidad

Adolfo Jiménez Fernández ha tenido un papel decisivo en el diseño de la protección social en Europa e Iberoamérica, al haber participado en hitos tan relevantes como la Ley de Medidas Urgentes para la Racionalización de la Estructura y de la Acción Protectora de la Seguridad Social (Ley 26/1985), la reforma de la estructura financiera y de la Seguridad Social de 1989, o la configuración del Pacto de Toledo (1995) o del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social (2007). El libro que aquí se presenta es un homenaje a su trayectoria profesional en este terreno. A lo largo de sus 22 capítulos, especialistas de diversos ámbitos repasan la configuración y la historia reciente de las políticas sociales en general y del sistema de Seguridad Social en particular.

El asociacionismo responsable. Guía de recomendaciones para implantar políticas de responsabilidad social corporativa en el movimiento asociativo de la discapacidad

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se ha consolidado como una de las tendencias fundamentales en la gestión de todo tipo de organizaciones. El compromiso con las personas, con la sociedad y el entorno busca un modo de añadir valor y el beneficio de todas las partes implicadas, también en el movimiento organizado de las personas con discapacidad y sus familias. En este sentido, el CERMI, a través de su Comisión de RSC/Discapacidad, pone a disposición de todas sus entidades miembro un conjunto de recomendaciones para que, de forma progresiva, estas se impregnen de una cultura ética y responsable, en la que el fin último sea dar una respuesta eficaz y ajustada a las necesidades y expectativas de nuestro grupo de interés principal: las personas con discapacidad y sus familias y que al tiempo sirva para proporcionar una mayor legitimidad, sostenibilidad y trasparencia a nuestras organizaciones.

Derechos humanos y discapacidad. Informe España 2013

Con la entrada en vigor de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, CDPD), el CERMI asumió las funciones de organismo independiente para el seguimiento de la aplicación de la Convención en España1. En el marco de estas funciones se elabora el sexto Informe de Derechos Humanos de España, correspondiente al año 2013. El informe se configura principalmente como una herramienta de divulgación de las situaciones de discriminación que todavía sufren las mujeres y los hombres con discapacidad, con el objetivo de sensibilizar a los grupos de interés a través de la denuncia y reivindicación de los derechos que consagra la CDPD. Las fuentes de conocimiento son varias, principalmente: las consultas y denuncias recibidas en el propio CERMI como organismo independiente de seguimiento; las acciones emprendidas como consecuencia del trabajo propio de la Entidad; las personas y entidades colaboradoras, tanto del movimiento asociativo como pertenecientes a los distintos ámbitos jurídicos; y las noticias publicadas en prensa o difundidas en redes sociales que han originado una investigación por parte del CERMI.

Discapacidad y sistemas alternativos de resolución de conflictos

Este estudio persigue varios objetivos dentro de su finalidad principal de apoyar y orientar a operadores de gestión y resolución de conflictos para que puedan implementar intervenciones efectivas e inclusivas de las personas con discapacidad. En primer lugar, pretende difundir entre las personas con discapacidad y sus familias, la utilidad de los sistemas alternativos de resolución de conflictos como cauces adicionales y válidos para el reconocimiento y ejercicio de sus derechos. Desde la resolución de conflictos se pueden realizar muchas acciones encaminadas a la inclusión, la capacitación y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. En segundo lugar, persigue que los contenidos de este trabajo respondan a un guión que recoja y refleje la nueva concepción de la persona con discapacidad derivada del “modelo social” que la considera sujeto activo de derechos, capaz de decidir por sí misma, y que insta a que la sociedad deba asumir una nueva forma de relacionarse con esta población, eliminando los obstáculos del entorno, propiciando de este modo el acceso y la inclusión activa en el sistema general de la sociedad. En tercer lugar, aspira a que los operadores de gestión y resolución de conflictos conozcan las condiciones que deben darse para que las personas con discapacidad puedan participar activamente en cualquier práctica de resolución de conflictos y, de acuerdo a ello, desplieguen intervenciones con carácter inclusivo que procuren la igualdad de oportunidades y la potenciación de su capacidad en la toma de decisiones.

El régimen jurídico internacional de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad

La presente monografía ofrece una perspectiva inédita sobre la igualdad jurídica de las personas con discapacidad atendiendo a dos elementos primordiales. En primer lugar, porque se trata de un estudio de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) que se puede enmarcar claramente en el contexto del Derecho Internacional Público, y más específicamente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En segundo lugar, porque se trata de un trabajo que se centra en un aspecto de suma importancia y complejidad como es el artículo 12 de la CDPD, dedicado a la igual capacidad jurídica.

La percepción social de las personas con discapacidad en el Eurobarómetro

Esta investigación se enmarca dentro del programa Por Talento de la Fundación ONCE, como Organismo Intermedio durante el período de programación 2007-2013 del Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación, cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE). El objetivo principal consiste en desarrollar una investigación sobre la percepción que sobre las personas con discapacidad se tiene en el Eurobarómetro, con el fin de reorientar y/o potenciar, si así fuese necesario, las actividades de sensibilización y difusión, así como instrumento para la inclusión de indicadores sobre discapacidad de los futuros fondos estructurales. Las acciones a desarrollar serían las siguientes: 1. Análisis de las opciones que ofrece el Eurobarómetro en la actualidad para incorporar en la encuesta un módulo sobre la opinión de los europeos acerca de la inclusión social por medio del empleo de las personas con discapacidad. 2. Elaboración del módulo de encuesta, de acuerdo con las directrices del Eurobarómetro y explotación de resultados, y de un informe de donde y a quién presentar dichos resultados.