226 resultados para Drogadicción en Medellín


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Este artículo de investigación científica y tecnológica estudia la percepción de seguridad en el uso de puentes peatonales, empleando un enfoque sustentado en dos campos principales: el microeconómico y el psicológico. El trabajo hace la estimación simultánea de un modelo híbrido de elección y variables latentes con datos de una encuesta de preferencias declaradas, encontrando mejor ajuste que un modelo mixto de referencia, lo que indica que la percepción de seguridad determina el comportamiento de los peatones cuando se enfrentan a la decisión de usar o no un puente peatonal. Se encontró que el sexo, la edad y el nivel de estudios son atributos que inciden en la percepción de seguridad. El modelo calibrado sugiere varias estrategias para aumentar el uso de puentes peatonales que son discutidas, encontrando que el uso de barreras ocasiona una pérdida de utilidad, en los peatones, que debería ser estudiada como extensión del presente trabajo.

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En este artículo de reflexión, se analiza el diseño actual de las políticas ambientales en Colombia, las cuales se han centrado principalmente en el aprovechamiento de los recursos naturales como fuentes de materiales y energía para generar crecimiento económico. En este sentido, es evidente que la preocupación colectiva por el manejo de la oferta ambiental, como base para el desarrollo sostenible establecido en la Constitución, no ha logrado implementarse de forma efectiva, principalmente por el enfoque reactivo y coercitivo de las políticas y normativas vigentes, aunadas a un escaso fomento para la transformación del estilo de vida consumista nacional, situación que ha generado un efecto rebote incrementando los niveles de uso y consumo de los recursos naturales (especialmente de los denominados no renovables) y limitado la eficiencia energética; por ejemplo, esto puede observarse en el sector minero-energético nacional. Considerando que existe una preocupación global por la sostenibilidad, es necesario que el diseño de las políticas ambientales nacionales se aleje del optimismo económico y tecnológico del modelo económico vigente e incorpore, de forma cierta en sus políticas, estrategias que permitan equilibrar las relaciones de oferta y demanda de los servicios ambientales que sustentan el desarrollo nacional, alentando, al tiempo, el consumo responsable de la población colombiana, además de atender las iniciativas comunitarias de regulación e inclusión social en el manejo de los bienes y servicios ambientales para generar procesos de sostenibilidad fuerte.

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El documento asume que el ejercicio de la ciudadanía plena, enun contexto globalizado, debe partir de consideraciones políticas,culturales y económicas antes que de un reconocimiento legal. Seentiende que la ciudadanía global, como un vehículo planetario,puede ser ostentada por personas individuales y por gruposidentitarios, como las mujeres, de manera que se llega a concebirel movimiento social de mujeres como el Estado en Red de Castells.Sin embargo, se aprecia que este ejercicio ciudadano no puedeser pleno, sin la existencia de unos tribunales internacionales dejusticia que garanticen los derechos implícitos en el concepto deciudadanía, que en el caso concreto de la Corte Interamericana havenido moldeando el ejercicio de la ciudadanía global a partir delestablecimiento de unos estándares jurisprudenciales en materiade derechos humanos de las mujeres, aplicables en cada uno de losEstados que han reconocido la competencia de la Corte Regional.

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En este artículo se aborda el tema de la minería en zonas excluibles, por medio de una revisión bibliográfica de la legislación vigente, y se ejemplifican dos casos icono que se han presentado en Colombia en relación con la minería de oro en áreas de protección: el Parque Nacional Yaigojé-Apaporis y el Páramo de Santurbán. En ambos casos se evidencia la falta de coordinación entre las autoridades mineras y ambientales, y el vacío legislativo especialmente en la fase exploratoria, que, además de causar serios impactos ambientales y vulnerar los derechos de minorías étnicas y la población en general, crea inseguridad normativa y grandes costos a las empresas mineras. En un primer momento se describe el panorama jurídico que rige la explotación minera en Colombia, seguido de un contexto técnico del ciclo minero y de las implicaciones desde el punto de vista jurídico de este tipo de explotaciones en áreas protegidas. Luego, se presenta una cronología de los estudios de caso de la minería en un área protegida del sistema de Parques Nacionales y otra de carácter regional, concluyendo que la falta de coordinación entre instituciones deja al sector en un limbo jurídico.

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La trata de personas es una acción ilegal presente en todomundo, incluso en Brasil. El Protocolo de las Naciones Unidascontra la Trata de Personas fue ratificado por Brasil en 2004. Apesar de esto, aún la evolución normativa del país no ha sidosignificativa. Este artículo busca analizar la protección normativaexistente y futura a las víctimas, especialmente extranjeras, detrata de personas en Brasil. Así, inicialmente se presenta lo que secomprende como trata de personas, con base en el Protocolo delas Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata depersonas, especialmente mujeres y niños, y son apuntadas algunasconsideraciones sobre la realidad de la trata de personas en elmundo y en Brasil. En la secuencia son presentadas las medidasde protección a las víctimas, y previstas en el Protocolo de lasNaciones Unidas. Por último, son enumeradas y analizadas lasacciones normativas existentes y los proyectos de ley que puedencambiar esta realidad. La conclusión del estudio indica que Brasilaún tiene una débil protección para las víctimas extranjeras detrata de personas, pero hay una perspectiva optimista de mejoríacon los proyectos de ley que tramitan en el Congreso Nacional.

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El artículo que se presenta a continuación da cuenta de cómo ha funcionado el principio de proporcionalidad en Colombia en el control de constitucionalidad de las declaratorias de los estados de excepción, a través de la evaluación de seis (6) casos de excepcionalidad a partir de 1991, cuatro (4) de ellos referidosa estados de conmoción interior, y dos (2) referidos a emergencias sociales. Se utilizó una metodología cualitativa que permitió describir la forma como la Corte Constitucional aplicaba o no el principio de proporcionalidad para hacer el examen de dichas excepcionalidades, dando cuenta de una matriz de análisis que describe los puntos clave de dicho principio, a saber: a) laexistencia de una crisis coyuntural y no de un daño estructural en cualquiera de los estados de excepción declarados; b) la no suspensión de los derechos humanos ni de las libertades fundamentales de las personas a quienes van dirigidas las medidas incluidas en este; c) la no interrupción del normal funcionamiento de las ramas del poder público; d) el ejercicio de las facultades solo para enfrentar eficazmente la anormalidad; la relación estricta entrecausa y anormalidad, y, en este sentido, la dirección de los decretos única y exclusivamente a conjurar las causas que dan origen a la excepcionalidad; e) la duración definida de los estados de excepción (Cifuentes, 2002), para concluir que la Corte Constitucional, en su aplicación del principio de proporcionalidad, no ha realizado un juicio exhaustivo de los requisitos que este incorpora, de tal forma que ha permitido una perpetuación del poder presidencial y un gobierno con poca separación de poderes.

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El presente trabajo pretende poner en tensión el concepto tradicional de la inadmisión, analizando el uso que se le ha dado respecto de los recursos en los sistemas procesales español y chileno. A partir del empleo en estos, que excede un control meramente procesal, se propone entender la inadmisión como una técnica multipropósito que solo se caracteriza por el momento en que se hace el juicio y no por su contenido.

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El artículo aborda el dilema de la justicia transicional desde la perspectiva del derecho constitucional vigente en Colombia. El propósito es presentar cómo dicho marco constitucional puede responder a la aplicación de la justicia transicional, en especial en relación con el problema de la responsabilidad penal de quienes cometieron atrocidades durante el conflicto armado, dentro de un proceso de diálogo y negociación. En otras palabras, el presente escrito está enfocado en presentar cuáles son los mecanismos previstos en la Constitución colombiana para resolver la tensión generada entre el derecho a la paz y a la justicia en un proceso transicional, cómo deben ser interpretados y cuáles son las implicaciones de sus usos.

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El siguiente articulo tiene por objetivo las bases epistemologicas que fundamentan la regulación estatal en el ambito de la economia libre de mercado a partir de las ideas del Laissez-faire compartidas por la escuela de Viena.

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El establecimiento de los medios idóneos para asegurar la eficacia práctica de las decisiones judiciales es una exigencia del buen funcionamiento de la Administración de Justicia. En ello juega un rol esencial la tutela cautelar. Durante los últimos años, tanto la doctrina como varios de los ordenamientos jurídicos de Europa y Latinoamérica han avanzado en la construcción de amplios y sólidos regímenes cautelares en el proceso administrativo, superando la visión tradicional del contencioso que limitaba la tutela cautelar a una única medida posible: la suspensión de la ejecución de los actos administrativos. Sin embargo, ello no ocurre así en Cuba, cuyo derecho procesal continúa descansando en la técnica de suspensión del acto y en la exacerbación del privilegio de autotutela ejecutiva de la Administración. El presente trabajo se propone demostrar la necesidad de creación de un nuevo régimen de tutela cautelar en el contencioso administrativo cubano, que sea capaz de garantizar una justicia administrativa eficaz en su misión de proteger los derechos de los ciudadanos y del interés general frente a cualquier comportamiento de la Administración Pública que los vulnere.

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Este ensayo pretende discutir los modos de subjetivación propuestos por Michel Foucault y los derechos humanos. Tomando esas implicaciones Faucaultianas del cuidado de sí mismo y de una estilización de la existencia de la constitución en nuestras vidas, es posible substituir el llamado a lo universal y lo esencial por formas más disonantes de subjetivación, significativamente más singulares. Este ensayo se enfocó en un referencial bibliográfico que contempla obras de Foucault y obras sobre el autor, sobre derechos humanos, sin perder de vista las implicaciones practicas y las experiencias del campo jurídico. Sin embargo, la percepción de las insuficiencias de la teoría tradicional de los derechos humanos de encarar las diferencias de la subjetividad y de promover la autonomía y la emancipación de los sujetos, evidencia el motivo por el cual buscamos elementos nuevos de la subjetividad en la filosofía de Foucault y en una teoría critica de los derechos humanos..

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El presente trabajo tiene por objeto el análisis de la figura delderecho al olvido en Internet. Esta figura será analizada, desdesus orígenes, como meras solicitudes de tutelas de derechospresentadas ante las agencias de protección de datos de los paíseseuropeos, hasta su aplicación actual, configurado tal derecho comoun derecho cuasi-fundamental, enmarcado dentro de la esferadel derecho fundamental a la protección de datos. También, seráobjeto de análisis la labor desarrollada por la Agencia Españolade Protección de Datos, que fue la primera Agencia Europea quedecidió condenar a los motores de búsqueda por el mal tratamientode datos producido en su funcionamiento. Fruto de su labor,estos casos llegaron a la Audiencia Nacional, la cual realizó unabrillantísima, desde un punto de vista técnico, cuestión prejudicial,acerca de la actitud de los motores de búsqueda en relación conel establecimiento del derecho al olvido.

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A partir de la pregunta de investigación ¿Cuál es la política pública de planeación urbana de la ciudad de Medellín? el artículo presenta la denominada jerarquía normativa urbana especial como parte del referencial que ha dado y sigue dando lugar a la citada política pública. Para ello, inicialmente se reseña la figura de política pública dentro de la cual se definen las categorías de referencial de política y flujo decisional, propuestas en el modelo de análisis de Pierre Muller, desde las cuales se legitima la naturaleza pública de una política y se diferencia de la política de Estado o de gobierno. Seguidamente se abordan los componentes que conforman la jerarquía normativa urbana especial, comenzando por los desarrollados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia; posteriormente los propuestos por la doctrina, frente a la cual se plantea la modificación de su esquema a partir de la derogación del artículo 7 de la Ley 388 de 1997, la actual composición de la función administrativa urbana desde la dispersión de competencias territoriales conferidas por ley, y el anacrónico rol de las áreas metropolitanas en materia urbana.

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La celebración de acuerdos ejecutivos constituye una práctica fuertemente arraigada en la política internacional de los Estados Unidos. En el desarrollo teórico sobre el tema, la jurisprudencia de la Corte Suprema de ese país ha desempeñado un papel significativo al contribuir al esclarecimiento de algunos aspectos complejos de esta clase de convenios. Precisamente, este aporte se propone, como objetivo, examinar algunas instancias relevantes en la evolución de la jurisprudencia del alto tribunal referente a los acuerdos en forma simplificada. El recorrido por el tema permite advertir que la construcción teórica de los acuerdos ejecutivos en el escenario normativo estadounidense constituye un proceso dinámico expuesto a una frecuente renovación de sus criterios centrales.

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En América Latina diversos escándalos de corrupción y malversaciónde recursos públicos están minando la confianza de la ciudadaníaen las instituciones democráticas, en todos los países de la región.La impunidad existente en casos de corrupción y la falta deaccountability dejan en duda a la democracia y la legitimidad delas instituciones. El presente artículo tiene por objetivo analizar,primero, la importancia del fortalecimiento del accountability enAmérica Latina para mejorar la calidad de la democracia en la regiónpara, después, analizar específicamente el caso de Argentina,buscando identificar cuáles son los vacíos dentro del ordenamientojurídico que generan grandes riesgos de corrupción y evaluar cómosería posible mejorar esta situación.