41 resultados para Devaluación monetaria


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Las políticas de Ajuste Estructural han sido la base de la política económica costarricense en los últimos 10 años, por lo cual, han tenido gran incidencia en el análisis de los procesos y relaciones de cualquier sector productivo. En este contexto, los efectos ambientales de los últimos años, están decididamente influenciados por estas políticas, pues aunque, los programas de Ajuste no tienen como propósito direccionar aspectos ambientales, al modificar algunos precios relativos, pueden propiciar un cambio en el patrón de uso de un recurso, y es así como, tienen un efecto directo o indirecto sobre el ambiente

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Desde hace casi un siglo, el pensamiento burgués deja de responder a los contenidos de cualquier crítica a la sociedad burguesa, para pasar cada vez más a respuestas metodológicas. Esto inicialmente se aprecia con los primeros artículos de Max Weber a comienzos del siglo, y alcanza su cúspide durante la guerra fría sobre todo con la importancia que se asigna a la metodología de Popper. La crítica marxista hablaba de la ciencia burguesa, manteniendo la posición de que el pensamiento burgués es un pensamiento científico. La sociedad burguesa contesta con una totalización de la metodología, y sostiene que la crítica marxista y, por tanto, todo pensamiento marxista, no es ciencia. Donde el pensamiento marxista mantenía cierto puente de diálogo y de respeto mutuo en la discusión, el pensamiento burgués interrumpió el diálogo, declarando que las posiciones de sus críticos - y no solamente de sus críticos marxistas - no eran siquiera científicos.

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En la actualidad, la población mundial ha adquirido mayor conciencia sobre la importancia de los bosques y su relación con la calidad de vida de las personas. A pesar de lo anterior, la tala indiscriminada continúa y se siguen realizando proyectos que afectan la flora y la fauna de las selvas, sobre todo, en los países menos desarrollados que explotan estos recursos como materia prima.En Costa Rica se ha tratado de mantener cierto control sobre los bosques. Por ejemplo, el 16 de abril de 1996 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, la Ley Forestal No.7575. Dicha Ley dispone una serie de medidas para la conservación de las áreas de protección y de reserva forestal. En el primer caso, se estipulan las distancias requeridas para la protección de las nacientes permanentes, las riberas de ríos, las quebradas o arroyos, las riberas de los lagos y los embalses naturales, las áreas de recarga acuífera y otros. En estas áreas, por ejemplo, no se podrá realizar ningún tipo de construcción ni autorizarse la tala de árboles.

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Al considerar necesario incorporar a los grupos económicos en el gran proyecto de alcanzar metas de desarrollo sostenible, que surge como un nuevo paradigma al tomarse en consciencia por parte de los organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas, de la necesidad de hacer un planteamiento de desarrollo económico diferente al convencional que considera aspectos ambientales y de equidad social, se admite por primera vez que la explotación de los recursos naturales y su transformación en materia prima y fuente energética, tiene límites, los cuales deben ser considerados en cualquier planteamiento serio de desarrollo económico.Es así como surge la tesis de los impuestos verdes como una opción que permita a los gobiernos incidir tanto en el mercado como en el sector industrial y en los hábitos de los consumidores.

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De acuerdo al proyecto de Análisis Comparativo de Riesgos (ACR) y solicitado por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, que estudia llevar a cabo acciones en la región, Costa Rica obtiene el mayor puntaje en contaminación del aire.El Consejo de Seguridad Vial, en 1986, intentó controlar la contaminación vehicular pero sin éxito, aunque desde abril de 1982 ya se había elaborado el decreto No. 13470-T para realizar legalmente esa labor. Aun, la anterior ley de Tránsito de 1976 multaba los excesos a los límites máximos de contaminación en su art. 111-g. Por ejemplo el índice de opacidad que se estableció desde 1976 es un estándar de emisión establecido en 50 UH (UnidadesHartridge, densidad del humo) para los autobuses y demás vehículos a diesel, es la misma norma que rige en el reglamento recién publicado.

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Desde el arribo de los europeos, la minería ha jugado un rol decisivo en la estructuración social, económica y espacial de nuestros países, y comparte con otras actividades económicas el papel de generar dinámicas de marginación social, miseria y destrucción ambiental.Hoy, quinientos años después del encuentro de dos mundos, si bien la minería históricamente ha sido un polo de acumulación de riqueza para las estructuras coloniales primero, y las compañías extranjeras después, para nuestras naciones y sus economías ha representado un legado de destrucción ambiental y de desestructuración de las economías indígenas y campesinas, dejando tras de sí estelas de miseria y desolación.

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En los últimos años la política monetaria en Costa Rica ha descansado fundamentalmente en las Operaciones de Mercado Abierto (OMA) y el Encaje Mínimo Legal (EML). Sin embargo, en razón de la naturaleza y magnitud de las pérdidas que enfrenta el BCCR, existe un alto grado de inflexibilidad en el uso de ambos instrumentos.A pesar de que en el plano internacional la tendencia es a reducir o eliminar del todo los requisitos de encaje, este instrumento sigue siendo ampliamente utilizado en Costa Rica. No obstante, con la nueva Ley Orgánica del BCCR (Ley 7558) vigente a partir del 27 de noviembre de 1995 se modifica la aplicación y cobertura del encaje mínimo legal. En efecto, se reducirán las tasas y modo de empleo de tal instrumento, contando el BCCR con 4 años a partir de la aprobación de su nueva Ley Orgánica para reducir el encaje mínimo legal hasta un 15%, porcentaje a ser aplicado a todos los tipos de depósitos. Por otra parte, la cobertura del encaje se extenderá no solo a todas las captaciones del público que impliquen intermediación financiera, tales como: los OPAB, fideicomisos, comisiones de confianza, sino a otros intermediarios que anteriormente no estaban regulados.

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En el debate nacional sobre temas públicos de actualidad, destaca en los últimos meses la gran controversia que se ha generado en torno a los orígenes, causas, magnitud y consecuencias de la deuda pública interna. Y como este tema se vincula estrechamente con nuestras concepciones sobre el Estado y el papel de éste en la economía y en la sociedad, es sumamente difícil que nuestras opiniones al respecto se puedan liberar enteramente de prejuicios y estereotipos ideológicos, lo mismo que de determinados intereses materiales concretos. Todos tendemos a acercarnos a los problemas que analizamos con ciertas ideas preconcebidas, limitando nuestro entendimiento a lo que nos es familiar y habitual, condicionados por nuestro ambiente, por los intereses que nos afectan, por la experiencia previa sobre el tema, y por todo tipo de circunstancias en que nos desenvolvemos. Por este motivo, es de crucial importancia que los grandes problemas nacionales se filtren a través de un amplio y democrático debate público, que además debe ser adecuadamente conducido.

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El proyecto de Reforma Constitucional llamado de las Garantías Económicas, pretende ser una solución frente a un problema -el fiscal- que captura un gran interés en la opinión pública de Costa Rica. Se sustenta en una serie de ideas preconcebidas habituales en esta materia, la mayor de las cuales es la incorrecta suposición de que este problema fiscal es el más importante en la economía costarricense. Como propuesta de solución tiene el atractivo de la simplicidad, aparte fundarse en una opción ideológica que rechaza la participación activa del Estado, y la cual es predominante en influyentes sectores de la sociedad de Costa Rica. En ese sentido, su aprobación -particularmente en su versión original o en la sustentada por el Partido Unidad- impondría una severa limitación al accionar del Estado, la cual operaría a priori como mandato constitucional superior. Ello tendría la consecuencia antidemocrática de forzar a la aplicación de una reforma del Estado de la que estaría ausente todo mecanismo de concertación social, y en la cual habrían sido omitidos a priori temas fundamentales como el de la regresividad de la estructura tributaria, el de la desvinculación de esta con relación a la estructura productiva y el de la no correspondencia entre la organización y funcionamiento del Estado y las necesidades y demandas de los grupos sociales de nivel medio y bajo. Por los limitados márgenes de maniobra en que históricamente se ha movido la política fiscal, sus consecuencias para esta no serían muy significativos, pero en cambio sí lo sería para el cumplimiento del papel que es indispensable que el Estado asuma en el desarrollo social y económico. Por lo anterior y, además, por sus ligámenes no explícitos con las propuestas para una política monetaria liberalizante y desreguladora, las Garantías constituirían un paso adelante de decisiva importancia hacia la plena vigencia de los mecanimos del "libre" mercado como organizadores fundamentales del orden social y hacia la plena transnacionalización de la economía costarricense.

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Introducción La puesta en marcha de una política de desarrollo rural por parte de la Unión Europea fue, en buena medida, la consecuencia de la coincidencia,  a finales de la década de los ochenta, de dos factores. Por un lado, la crisis de la Política Agraria Común (PAC) “clásica” y la necesidad de reorientar las medidas y recursos financieros de la misma, lo que llevó a prestar una creciente atención al “mundo rural”, en detrimento de la “modernización agraria” y, por lo tanto, a “ruralizar” una parte del PAC. De otro lado, la creciente atención ´prestada a la llamada “cohecion económica y social” en un momento en que la Unión se había ampliado (España y Portugal entraron en 1986), la integración se estaba reforzando (el “mercado único”para 1992) y se estaba en vísperas de la unificación monetaria. En este contexto, los territorios rurales debían ser objeto de atención, pues muchos de ellos continuaban perdiendo población y presentaban estructuras productivas poco diversificadas.

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En la década de los ochenta se evidenciaron, con gran fuerza, cambios de uso del suelo en el Valle de Talamanca; se presentó una presentó una especie de período de transición de una agricultura de policultivo a una monocultivo, lo cual tuvo repercusiones en la economía, la sociedad y en la cultura indígena; estos cambios fueron marcado por la apertura de ese espacio, propiciada por el proceso de las exploraciones petroleras que llevó a cabo la Refinadora Costarricense de Petróleo entre 1980 y 1985.  Al abrirse el espacio talamanqueño el cual estuvo relativamente aislado, quedó comunicado con el resto del país y se estableció una economía monetaria desconocida en este territorio; se inició un nuevo tipo de ordenamiento y utilización del suelo.  La agricultura se enrumbó hacia el mercado nacional, transformándose a sí misma: de una producción de autoconsumo basada en el policultivo, pasó a una producción de mercado de un solo producto, el plátano (Musa paradisiaca), el cual se ha perfilado como el nuevo producto (monopólico) comercial por excelencia.