30 resultados para DIR-MCFC


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Desde el primer número de Empleo y Desarrollo Social (junio 2006) hemos estado señalando con particular énfasis que la masividad del empleo informal es el principal obstáculo que impide al país convertir el crecimiento económico en progreso social. Pero también hemos alertado que algunas de las políticas públicas que apuntan a mejorar la situación de los trabajadores del sector formal no resultan eficaces a la hora de promover el progreso de los que trabajan en la informalidad y muchas veces pueden tener un impacto regresivo sobre la distribución del ingreso. A partir de estas evidencias, en este informe se examina la evolución del ingreso de los hogares pobres y la vinculación entre el empleo informal y la distribución del ingreso

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Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares que el INDEC ha vuelto a publicar recientemente revelan que en la Argentina hay 4,4 millones de personas con empleos informales de mala calidad y 1 millón de desempleados. Esta evidencia demuestra que a pesar del crecimiento económico y de las medidas implementadas en los últimos años, los problemas laborales continúan sin resolverse. La devaluación del año 2002 indujo una importante generación de empleos sustentada en la erosión del salario real, pero este modelo se ha agotado. Ahora es necesario implementar una fuerte modernización de las instituciones laborales, con énfasis en un régimen especial para las microempresas que concentran un alto porcentaje del empleo privado no registrado y operan con una lógica de “trabajo – trabajo”

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Al desagregar territorialmente los indicadores socioeconómicos disponibles aparecen enormes diferencias entre los niveles de ingresos, pobreza e informalidad de las distintas localidades del interior del país. Este hecho nos alerta sobre la urgencia de incorporar una dimensión regional en el diseño de las políticas públicas y poner especial énfasis en el desarrollo de algunas de estas regiones. Con este objetivo en mente, en este número de Empleo y Desarrollo Social se discute la necesidad por una estrategia de descentralización que induzca una mejora continua de la gestión mediante un esquema de incentivos y los mecanismos de control apropiados

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Desde el año 2003 el país viene experimentado un sostenido crecimiento económico, lo que se ha visto reflejado en un aumento del empleo y una notable disminución de la pobreza. No obstante, diferentes analistas consideran que por estos días el proceso de recuperación de la pobreza se habría detenido o inclusive revertido, como resultado de los generalizados aumentos en los precios. Los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) están fuertemente cuestionados, por lo que no es posible obtener un diagnóstico de la situación en base a esta información. En este número de Empleo y Desarrollo Social presentamos una estimación alternativa sobre la incidencia actual de la pobreza y examinamos la estrecha relación que existe entre pobreza, inflación e informalidad

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La Asignación Universal por Hijo es la política de protección social que reúne los mayores consensos. Sin embargo, para que sea efectiva ella debe articularse con acciones institucionales que apunten al cuidado de la primera infancia. Por un lado, porque el combate a la pobreza requiere de la activación laboral de todos los integrantes de los hogares pobres en edad activa y, por otro lado, porque es fundamental mejorar la atención y la estimulación temprana de los niños en situación de vulnerabilidad. En el presente número de Empleo y Desarrollo Social se ofrecen algunas ideas para institucionalizar un sistema de cuidados para la primera infancia que beneficie en forma particular a las familias en situación de pobreza

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Los problemas de la pobreza en la Argentina requieren de nuevas y decididas acciones. En el presente informe se analizan las ventajas y desventajas de los programas de transferencias de ingresos y se concluye que es posible obtener impactos más sustanciales con una estrategia focalizada. También se presentan algunos lineamientos básicos para una efectiva implementación de un programa de este tipo, enfrentando de manera directa los problemas de clientelismo y las deficiencias de gestión que existen en la actualidad

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La Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) se puso en vigencia en el 1996 con el objetivo de incentivar la prevención de accidentes, mejorar la protección de los trabajadores y eliminar distorsiones del mercado del trabajo que favorecían el empleo en negro. Habiendo transcurrido 14 años se registran algunos logros significativos, como la caída en la cantidad de siniestros, pero en los últimos años ha habido un creciente aumento de la litigiosidad, en parte motivado por la falta de actualización de aspectos claves contemplados en la propia ley. Para no volver al regresivo sistema vigente antes de la reforma y erradicar la litigiosidad espuria, es necesario recomponer rápidamente las reglas básicas de funcionamiento del sistema

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Con el agotamiento de la licuación de salarios se desaceleró la generación de empleo en Argentina, un fenómeno que -aunque coincidente- ha sido independiente de la crisis económica mundial. Las perspectivas del mercado laboral para 2009 exhiben una clara tendencia al deterioro en la calidad de los empleos, por lo que el empleo informal podría llegar al 40% a fin de año. En este contexto, aumenta la pertinencia de propuestas para mejorar el ambiente de negocios, incentivar el registro de las pequeñas empresas y fortalecer los programas sociales para eliminar la pobreza

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Este trabajo argumenta la necesidad de un enfoque alternativo para el estudio de los gobernadores en la política nacional argentina a partir de la observación del rol asignado a estos actores subnacionales en la literatura existente. La intención principal de este trabajo es plantear una serie de reflexiones para luego introducir una nueva mirada sobre el tema. Para ello, se revisan los principales argumentos desarrollados por los diferentes autores que analizan la influencia de los gobernadores sobre la variable disciplina partidaria en el Congreso Nacional, como la vía de influencia más explorada por la literatura. Si bien estos estudios presentan un abordaje específico, constituyen un buen punto de partida para abordar la influencia de los gobernadores en la política nacional como una temática más amplia y con entidad propia. La línea de investigación alternativa planteada a partir del presente artículo dirá que los gobernadores en la Argentina pueden ser reconocidos como actores de veto para la política nacional, y que este poder de veto deriva en parte de la existencia de intereses específicos de los gobernadores y de las decisiones tomadas a nivel nacional que afectan a las provincias.

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La última década se caracterizó por un alto crecimiento económico acompañado de un inédito aumento de la presión impositiva. Aunque el Estado cuenta ahora con muchos más recursos que en el pasado, los avances sociales fueron magros y la pobreza se mantiene en niveles elevados. Uno de los factores que explica este fracaso es la inadecuada política de subsidios. La prioridad en la asignación de los fondos públicos debería ser el desarrollo de capacidades en los sectores más vulnerables para que ellos puedan ser gestores de su propio progreso.

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Argentina destina a la asistencia social alrededor de un 2,3% del PIB, una magnitud de recursos que permitiría cerrar la actual brecha de la pobreza. En este número de Empleo y Desarrollo se analiza porqué esto no ha ocurrido en los hechos y se propone una reformulación de la estrategia asistencial que otorgue mayor protagonismo a los gobiernos locales y a las instituciones de la sociedad civil

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La informalidad laboral es un fenómeno profundamente arraigado en nuestro país, con derivaciones económicas, sociales y éticas muy negativas. Para reducir su incidencia es necesario generar un contexto de alto crecimiento económico, mejorar sustancialmente la formación de la fuerza de trabajo y ejecutar controles con mayor eficacia. Pero, lo que es tanto o más importante aún, se requieren instituciones laborales más amigables con las microempresas. La fuerte concentración de la informalidad laboral en pequeñas unidades productivas en las que predomina una relación trabajo-trabajo sugiere que la posibilidad de establecer un estatuto laboral especial para estas microempresas sería un paso fundamental para incrementar la formalidad en el mercado laboral. En este número de Empleo y Desarrollo Social se presentan algunos lineamientos básicos para el diseño de este estatuto

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El Índice de Ingresos de Hogares Pobres (IIHP) que elabora la Universidad Católica Argentina sigue mostrando que los ingresos de estas familias aún no consiguen recuperar los niveles que tenían en 2001 (ver Recuadro 1). A pesar de la mejora del 0.4% en términos reales durante el mes de agosto, el índice representa el 96,3% de su nivel promedio de 2001, lo que se explica principalmente por el débil crecimiento de los salarios en el sector de trabajadores no registrados. En vistas de este fenómeno, en Empleo y Desarrollo Social No. 2 propusimos que el salario mínimo fuera no imponible para la determinación de las cargas sociales en las pequeñas empresas. Esta medida tendría un costo fiscal aceptable y promovería un proceso de “blanqueo” de los trabajadores no registrados. En este número complementamos la propuesta anterior con algunas sugerencias que promueven la formalización de las pequeñas empresas

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El principal factor que condiciona a la recomposición social en Argentina es la informalidad laboral. Entre los determinantes de este fenómeno se encuentran las complejidades administrativas que surgen de las regulaciones impositivas, laborales y de la seguridad social. Los datos disponibles indican que Argentina es uno de los países en los que le resulta más difícil a las empresas cumplir con los requerimientos legales y administrativos que impone el Estado. A partir de estas evidencias, en este número de Empleo y Desarrollo se propone que para disminuir la informalidad resulta imprescindible avanzar hacia un entorno regulatorio e impositivo más simple y “amigable” para las pequeñas empresas

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El hambre es un problema real que afecta a millones de habitantes de nuestro país y tiene graves consecuencias sobre los niños y adolescentes. Sin embargo, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU, Argentina produce comida suficiente para alimentar a 442 millones de personas. Es evidente que no se trata de un problema de disponibilidad de alimentos, sino de falta de acceso a éstos por parte de los sectores más pobres de la población. En este número de Empleo y Desarrollo Social examinamos la información disponible sobre esta problemática y las actividades de los Bancos de Alimentos. Estas acciones de la sociedad deben ser reforzadas con un apoyo más decidido del Estado