831 resultados para modificación contratos
Resumo:
La situación que emergió a partir del año 2008, hizo resurgir la necesidad de indagar sobre la posibilidad jurídica y la necesidad social de revisar los pactos contractuales vigentes. Por tanto se pretendía deducir si la situación de crisis económica permitía excepciones al principio de la autonomía de la voluntad, y llegados a este punto determinar si era posible la aplicación de la clausula rebus sic stantibus, es decir, si era posible modificar el contenido contractual inicialmente querido y pactado por las partes. Esta tarea se vio incentivada por varios pronunciamientos del Tribunal Supremo, que en términos generales consideraron la clausula como aplicación normalizada, dejando atrás la concepción de regla peligrosa para el sistema contractual.
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Las partes pueden pactar cláusulas de modificación unilateral en los contratos de distribución, puesto que dicha facultad se encuentra fundamentada en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, por medio del cual las partes pueden elegir la manera y la figura mediante la cual van a desarrollar sus relaciones. Sin embargo, dicha facultad no es absoluta y tiene un límite en el orden público y las buenas costumbres. Particularmente en el contrato de distribución, por ser atípico, esta facultad presenta mayor relevancia pues al analizar sus elementos esenciales, no se puede acudir a la ley, sino que se debe acudir a la costumbre y a la práctica mercantil. Para analizar e interpretar la facultad de modificación unilateral, los tribunales arbitrales parten del principio de buena fe, a través del cual se analiza si el ejercicio de dicha facultad es abusivo, pues se ha establecido que este tipo de cláusulas no son en sí mismas abusivas. El análisis trazado se realiza de acuerdo con el del principio de la buena fe en las diferentes etapas de la negociación, debiendo estar presente a su vez durante toda la negociación y posteriormente durante su ejecución. Así, entonces, los árbitros analizan si la cláusula de modificación unilateral fue pactada, es decir que se revisa la validez de la misma y, en segundo lugar, se analiza si el ejercicio de la cláusula fue abusivo, es decir si conllevó a un abuso del derecho o a un abuso de la posición dominante en el contrato.
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Debido a la gran cantidad y diversidad de cuestiones que maneja el Estado por la vía de la función administrativa, la Administración Pública tiene la necesidad de realizar convenios y contratos que le permitan efectuar acciones tendientes a la consecución de sus fines, a través de relaciones con particulares. Considerando que las características diferenciadoras del derecho privado son el objeto y las prerrogativas especiales que posee la administración especialmente la modificación, esta investigación se desarrolla en tres capítulos: Capítulo I: Definición del contrato público y su modificación, los principios de inmutabilidad y mutabilidad y, la aplicación de los principios jurídicos que rigen el derecho administrativo desde el punto de vista de Cassagne. Capítulo II: La desigualdad jurídica que existe entre el Estado y el Particular, la modificación unilateral de los contratos de obra pública, prestación del servicio público y adquisición de bienes con sus consecuentes limitaciones y, la modificación unilateral de los contratos petroleros. Capítulo III: Formas de modificación de los contratos: órdenes de cambio, contratos complementarios, contratos adicionales, reajuste o revisión de precios, la renegociación y el otro sí. El estudio finiquita, con las conclusiones y recomendaciones derivadas de las legislaciones comparadas de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador y España.
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El capítulo VIII de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General trata sobre los procedimientos, requisitos y documentos a suscribir para la formalización de las modificaciones que en la ejecución del Contrato Administrativo deba realizarse, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual. Entre las causas principales para la modificación de los Contratos Administrativos, se encuentran entre otras, las producidas por fuerza mayor o caso fortuito, imprevistos de orden técnico, económico. Las cláusulas exorbitantes con que cuenta el Contrato Administrativo otorga a la Administración, entre otras, la potestad de modificar unilateralmente las condiciones del contrato, dar directivas a su contratista, declarar extinguido el contrato por sí y ante sí, imponer sanciones contractuales. Los documentos accesorios que los contratantes suscriben para dejar constancia de las modificaciones realizadas en el Contrato Administrativo principal, son los denominados contratos complementarios, órdenes de cambio y órdenes de trabajo, los cuales deben reunir ciertos procedimientos y requisitos normados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
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Resumen: Se realizó un análisis con el fin de evaluar la respuesta de los cerdos en la etapa de recría mediante índices productivos, frente a una modificación (disminución) del primer alimento suministrado en la recría, denominado pre-iniciador (fase 1). Se tomaron los datos poblacionales del criadero y en base a ello se realizaron gráficos comparativos de los parámetros productivos sobre el presupuesto anterior (sin modificación de la cantidad del alimento pre-iniciador) y al actual (con modificación de la cantidad del alimento pre-iniciador). En lo que corresponde al impacto económico se pudo observar una significativa reducción de costos en la modificación del presupuesto con respecto al anterior de un 1,11 % en lo que se refiere a la alimentación de la recría.
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Bajo los lineamientos del pensamiento liberal e individualista, propios del siglo XIX, la sujeción absoluta a lo pactado en los contratos era la forma por excelencia para satisfacer las exigencias de los cánones ideológicos de la época. El Código Civil de Vélez Sársfield no resultó ajeno a esa ideología e incorporó en sus disposiciones la máxima pacta sunt servanda en aras de garantizar la estabilidad y la fuerza de los contratos como presupuestos básicos de la seguridad jurídica y el desarrollo de las actividades económicas. Así, en materia contractual, la realización de la justicia se reducía, simplemente, al cumplimiento fiel del contrato, sin importar el grave perjuicio que debía soportar el contratante al momento de cumplir con la prestación debida en caso de que ésta se volviera excesivamente onerosa, por circunstancias extraordinarias e imprevisibles.
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Estudo sobre alternativas à fixação de limites mínimos para a celebração de convênios e contratos de repasse fixados no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, com as modificações do Decreto nº 7.594, de 31 de outubro de 2011.
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Investiga se o crescimento da despesa com terceirização de mão-de-obra na Câmara dos Deputados poderia ser consequência do aumento do número de servidores ativos em cargos de nível superior. Apresenta dados sobre os quantitativos e as despesas envolvendo os contratos de terceirização de mão-de-obra no órgão supracitado, analisando sua evolução nos últimos dez anos. Sugere que o aumento contínuo da mão-de-obra terceirizada pode ter sido consequência da diminuição do número de servidores ativos ocupantes de cargos de nível médio.
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A outorga e renovação de concessão, permissão ou autorização de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens é um conjunto de decisões políticas do Poder Público que está no cerne da questão ou da problematização da comunicação no Brasil. O modelo adotado no Brasil desde cedo concentrou o poder concedente no Executivo Federal. Além de não haver uma forte accountability institucional, a população não é consultada durante o processo e não há mecanismos estabelecidos de fiscalização e controle social sobre o serviço prestado. Esse estudo tem por finalidade oferecer elementos para que se fortaleça a accountability, notadamente a social, para o exame das concessões à luz dos capítulos da comunicação na Constituição Federal. Levanta-se, como hipótese, a possibilidade de que seja falsa a dicotomia participação social versus liberdade de manifestação e de imprensa. A excessiva centralização ou a falta de participação social na outorga e renovação conduz a uma associação entre o poder concedente e os concessionários, permissionários e autorizados na radiodifusão. Os mecanismos de accountability multiplicar-se-iam com o que é chamado aqui de popularização do poder concedente e do poder concedido. E desses mecanismos poderia se servir o poder público ao examinar a eficiência e a eficácia dos "proprietários" da radiodifusão.
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[ES] A pesar de que los economistas han dedicado enorme esfuerzo a examinar la racionalidad de los contratos en agricultura, pocos estudios se han llevado a cabo en viticultura. Sin embargo, se observan diferencias contractuales en la producción de uva y vino. En el presente trabajo se analizan las estructuras contractuales actualmente utilizadas en varias regiones vitivinícolas. Independientemente de las características inherentes en los contratos, se obtiene que estos mecanismos permiten a las bodegas articular sus requisitos con respecto a la calidad de las uvas producidas por los agricultores.
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A demanda por bens e serviços de tecnologia da informação no setor público é crescente. Assim sendo, a boa gestão dos contratos de compra de tais bens e serviços é fundamental para a evolução do setor público brasileiro. O presente trabalho teve como objetivo propor um conjunto de atribuições do gestor de contrato na fase de execução contratual, considerando o contexto da Câmara dos Deputados. Para tanto, realizou-se uma análise e classificação das atribuições formais do fiscal de contrato. Tais atribuições estão estabelecidas na Portaria 119/2006 da Câmara dos Deputados, e foram classificadas em atividades de gestão ou fiscalização, justificando-se o motivo da escolha. Constatou-se que algumas atividades a cargo do fiscal de contrato são, na verdade, responsabilidade do gestor de contrato. Adicionalmente, essa classificação definiu um conjunto de responsabilidades do gestor de contrato. Este conjunto foi complementado incluindo-se atividades citadas na legislação e literatura. Concluiu-se também que a ausência de formalização do papel de gestor de contrato na Câmara está em desacordo com a legislação mais recente e literatura.
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Aborda o convênio, em sentido amplo, na forma conceituada pelo Decreto nº 6.170/07, com foco na fase de prestação de contas das transferências voluntárias da Administração Pública Federal para os órgãos e entidades de Estados, do Distrito Federal e de Municípios e para entidades particulares sem fins lucrativos, por meio de convênios e contratos de repasse. A pesquisa identifica e analisa os principais conceitos relacionados a esses institutos, bem como o exame dos demais atos que antecedem a prestação de contas: autorização, formalização, execução e controle. O objetivo geral do trabalho é avaliar a segurança e eficácia dos procedimentos e exames da prestação de contas dos convênios e contratos de repasses. São objetivos específicos: a) identificar técnicas de auditoria, procedimentos e boas práticas adotadas por outros órgãos de controle interno que possam ser aproveitados para aperfeiçoar o exame das prestações de contas, no âmbito da Câmara dos Deputados, de forma a tornar os trabalhos mais céleres e eficientes e b) sugerir aperfeiçoamento na legislação interna da Câmara dos Deputados e do Governo Federal sobre a matéria. O trabalho descreve as principais características dos dois institutos, as diferenças e semelhanças do convênio em relação aos demais ajustes. Aborda a forma de seleção dos convenentes ou contratados, as exigências para celebração dos ajustes, a formalização, o objeto, o plano de trabalho, a contrapartida, as cláusulas obrigatórias e exorbitantes, a vigência, as obrigações dos partícipes, a execução, a rescisão, a fiscalização e o exame da prestação de contas. A resposta à questão da pesquisa foi buscada junto a outros órgãos de Controle Interno e permite concluir que é possível aperfeiçoar os exames da auditoria de prestação de contas de convênios e contratos de repasse, tornando-os mais céleres e eficientes, sem perda de qualidade. Ao final sugerem-se aperfeiçoamentos na legislação interna da Câmara dos Deputados e do Governo Federal.
Resumo:
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010, Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011 e Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
Resumo:
Lei 8666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal; Lei 10520, de 17 de julho de 2002, Decreto 5450, de 31 de maio de 2005, Lei 12232, de 29 de abril de 2010, Lei 12462, de 4 de agosto de 2011 e Decreto 7892, de 23 de janeiro de 2013 e legislações correlatas.