993 resultados para gestión asociaciones


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Duración (en horas): De 31 a 40 horas. Nivel educativo: Grado

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Ante la situación de la problemática observada sobre la falta de un modelo de gestión de riesgo que afecta la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las cooperativas reguladas por Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, y ante la respuesta de las principales causas que la originan. Se realizó la investigación, con el objeto de establecer si la falta del modelo de gestión de riesgos se debe a que no realiza una administración adecuadamente los mismos o no existen los controles idóneos para su mitigación de forma adecuada o prevista por las unidades de análisis. De igual manera el objetivo de la investigación es brindar los insumos o herramienta al oficial de cumplimiento del sector cooperativo objeto de estudio, con la finalidad de que éstas desarrollen el modelo de gestión de riesgos para la prevención del lavado de dinero y activos, de acuerdo con los procesos o plan anual de trabajo y la solicitud por parte de las autoridades competente INSAFOCOOP y la Superintendencia del Sistema Financiero. La indagación se desarrolló en base al enfoque hipotético deductivo, empleando un estudio de tipo descriptivo. La cual se estableció mediantes técnicas e instrumentos como la encuesta y entrevista recurrir a cuestionarios y la sistematización bibliográfica la cual permitió determinar las conclusiones siguientes: Aun cuando el oficial de cumplimiento, tenga la experiencia necesaria para realizar el trabajo de verificación y evaluación de los controles relacionados a la gestión de riesgos, no se aplica una metodología estándar para la gestión en este caso del delito de lavado de dinero y activos que podría impactar en las operaciones que realizan las asociaciones cooperativas de ahorro y crédito. A pesar de que no se le han solicitado a las autoridades competentes una aporte más efectivo en materia de lavado de dinero, las asociaciones no reciben capacitaciones para prevención y detección de operaciones sospechosas en la área antes mencionada, razón por la cual se hace referencia a que la experiencia que posee el personal de las unidades de análisis no es la adecuado a la hora de presentarse transacciones inusuales. No obstante a lo anterior, se concluye que el oficial de cumplimiento además que posee la experiencia y conocimiento en el área técnica y legal, se determinó que las causas principales de que no se cuente con un modelo de gestión de riesgos para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo adecuado, es que los estándares aplicados no está encaminados a establecer los principios y guías de diseño, implementación y mantenimiento de la gestión de riesgos. Partiendo de lo dicho anteriormente se recomienda que el oficial de cumplimiento del sector cooperativo implemente un modelo de gestión de riesgos idóneo con la metodología estándar más adecuada, y dispongan de la herramienta que les ayude a evaluar en las 5 etapas del sistema de gestión de riesgo de acuerdo a la normativa técnica y legal exigida por la INSAFOCOOP, de igual manera los procesos, controles de las asociaciones cooperativas y verificar si estos son los adecuados para salvaguardar los recursos y ejecutarlos de forma transparente.

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Estándar para Diagrama de Casos de Uso -- Estándares para el diseño de ingreso al sistema -- Diseño de pantalla estándar para interfaz generación de reportes -- Estándares para el diseño de mensajes en la aplicación -- Estándares para diseño de pantalla de principal -- Diagrama de interrelación especifica -- Diagrama de componentes de SIGAP—Diseño -- Diagrama de contexto-- Diseño de la base de datos --Modelo conceptual -- Modelo lógico -- Modelo físico -- Diccionario de datos --Diagrama de clases -- Diseño de la arquitectura del sistema -- Arquitectura de las aplicaciones Web --Arquitectura JAVA -- Modelo vista – Controlador -- Arquitectura SIGAP -- Estimación de costos de implementación del SIGAP

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El proceso de desarrollo en El Salvador ha significado la transformación de las instituciones del Estado, debido a la descentralización de sus funciones, que traslada responsabilidades a los gobiernos municipales de llevar los servicios básicos a la población. En este marco se plantea, la necesidad de que los ciudadanos participen activamente en coordinación con las autoridades municipales; sin embargo, se considera que para que esta participación sea efectiva se debe capacitar a los líderes comunales, en aquellos aspectos identificados en el diagnóstico que se presenta en esta tesis, como son: la gestión y administración de proyectos, el liderazgo y la administración en general. El objetivo de esta tesis, es el Diseño de un Plan de Capacitación en el Área de Gestión y Administración de Proyectos para las Asociaciones Comunales del Distrito Número Cinco del Municipio de San Salvador, para que ellas puedan desarrollar sus funciones dentro de su área geográfica de una manera eficiente y que sirva de apoyo a las autoridades. La elaboración de este plan, está basada en los resultados de la investigación realizada, tanto a nivel teórico como de campo, es decir, que se ha aprovechado la experiencia de las personas directamente vinculadas al tema en estudio. La importancia del instrumento diseñado radica en que en la actualidad se carece de un Plan de Capacitación en Gestión y Administración de Proyectos, y los eventos de capacitación que tanto la Alcaldía Municipal de San Salvador como las Organizaciones no Gubernamentales llevan a cabo, no dan la cobertura suficiente. La investigación demostró que las actividades de capacitación, que se realizan no obedecen a una planificación, lo que permite afirmar que el diseño de un plan de capacitación contribuirá a aprovechar de mejor forma los esfuerzos que se realicen. El plan de capacitación que se ha diseñado obedece a las necesidades identificadas en el diagnóstico y se desarrolla a través de tres programas específicos, que se consideran son los necesarios para aumentar la eficiencia en la gestión y administración de proyectos. En este proceso se pretende integrar la participación de las autoridades municipales, de las ONG´s y de las Asociaciones Comunales a fin de facilitar la obtención de los recursos para su realización. La implementación del plan de capacitación es una alternativa para la formación de líderes comunales que puedan contribuir al desarrollo de sus comunidades y al desarrollo local en general, a través de una eficiente gestión y administración de sus proyectos.

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[ES] Tras dos décadas dedicadas a la promoción de los espacios rurales las Asociaciones de Desarrollo Rural de Gipuzkoa se han convertido en el vehículo prioritario para el progreso de este tipo de espacios. Su trayectoria ha estado marcada por toda una sucesión de programas con objetivos diversos y directrices políticas y presupuestarias diferentes. Como consecuencia se ha creado un modelo de dinamización rural centrado en la comarca y caracterizado por la diversidad de acciones que aborda y por su capacidad para incorporar nuevos campos, por su alto grado de implicación en la coordinación, ejecución e incluso gestión de servicios y por su capacidad de incorporar actores al desarrollo de los espacios rurales. A pesar de lo acertado del modelo éste aún tiene asignaturas pendientes, especialmente su dependencia de la decisiones políticas que en cada momento se toman y como consecuencia su falta de autonomía, la excesiva ligazón que aún presenta con el que fue el objeto inicial de estas Asociaciones, la realización de infraestructuras y especialmente el estrépito fracaso que ha tenido su pretensión de incorporar a otras instituciones y departamentos además de los propiamente agrarios.

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El presente trabajo realiza un análisis de las Asociaciones Estratégicas de la Unión Europea. Se tratan de un instrumento de política exterior de la Unión, para hacer frente al nuevo orden mundial. Por ello, el trabajo presenta el sistema internacional actual al que se enfrenta la Unión, analiza las Asociaciones Estratégicas (características, funciones y límites) y realiza un breve análisis de los 10 socios estratégicos con quienes se han establecido dichas asociaciones. El trabajo está redactado en castellano.

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Durante los últimos años las demandas comerciales y sociales sobre aspectos ambientales, higiene y seguridad laboral, inocuidad de alimentos, trazabilidad, buenas prácticas agrícolas, gestión de calidad de procesos y responsabilidad social empresaria, han empezado a tomar una importancia cada vez mayor a ser tenidos en cuenta para las empresas agropecuarias extensivas. Situación que años atrás solo se veía contemplado a nivel industrial, producciones intensivas y/o forestales. Esto ha llevado a instituciones, profesionales y productores a capacitarse y entender nuevos procesos en pos de satisfacer esa demanda. Por su parte, la asociación argentina de productores en siembra directa (Aapresid) ha desarrollado un sistema de gestión de calidad aplicable a las explotaciones agropecuarias extensivas, denominado Agricultura Certificada®. (AC), los objetivos que persigue AC son: Brindar herramientas para una gestión agronómica profesional; a través del registro ordenado de información y el análisis de indicadores de calidad edáfica y de eficiencia. Mostrar al resto de la sociedad como son los procesos de producción de alimentos y su impacto sobre el ambiente; permitiendo capturar el valor de la externalidad positiva que la AC ejerce sobre el mismo. Este sistema de gestión se implementará en un establecimiento agrícola-ganadero en el partido de Tres Arroyos, en el sudeste bonaerense

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Resumen basado en la publicación

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Si bien la gestión de la Calidad siempre ha estado presente en nuestro entorno, no es hasta la aparición de la famosa normativa ISO 9000 que su impacto se ha incluso popularizado, tanto a escala nacional como internacional. En la actualidad, cuando las empresas y organizaciones de nuestro país se plantean nuevos retos (modelos de gestión de la calidad total como el EFQM, nuevos estándares de gestión como la ISO 14000, estándares de soporte como la ISO 10000, …), en este artículo nos preguntamos si la ISO 9000 seguirá siendo válida en esta nueva era

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En la vida democrática moderna la participación ha adquirido una importancia fundamental. La idea de la participación indirecta y del papel inactivo de las personas y de las comunidades mostró su carácter insuficiente para resolver las complejidades de los asuntos contemporáneos y las necesidades de las naciones. Los cambios que se han dado en los últimos tiempos proponen un Estado que se relaciona de manera más directa con el ciudadano, con el cual toma además las decisiones a través de procedimientos de incidencia real y eficiente. La participación pasa a ocupar un puesto muy importante en la gestión del Estado, no solo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, sino también con la cogestión, el seguimiento y la evaluación de las mismas. Sin embargo, no basta con que el derecho a la participación sea reconocido: también se hace necesario el establecimiento de escenarios para su ejercicio como una obligación por parte del Estado. La participación es el cimiento del Estado y de la democracia; un deber y un derecho que se sustenta en el principio de solidaridad y en la unión de las comunidades en pos de un objetivo o de la integración de todas las personas en la construcción de un mejor país. El derecho a la participación es un derecho de primera generación correspondiente a los derechos civiles y políticos. En temas ambientales, una regla importante para orientar la actividad del Estado es la incidencia ciudadana en todos los ámbitos, desde las acciones de ordenamiento ambiental hasta las que tienen que ver con la investigación, con programas de control y protección de recursos, en el otorgamiento de licencias y permisos ambientales y en la planeación ambiental, entre otros. De esto se ha tenido conciencia desde la expedición del Código de Recursos Naturales en 1974, cuando se señaló que la actividad del Estado debería inducir a un manejo participativo, por cuanto se postula como regla de administración que debe promoverse la formación de asociaciones y de grupos cívicos para lograr la protección de los recursos naturales renovables y su utilización adecuada, con base en el estudio de las relaciones de la comunidad con tales recursos. Un componente importante para generar gobernabilidad es la participación de los diferentes actores sociales,1 la cual permite además una gestión ambiental planificada y evita la utilización de espacios judiciales para la defensa del derecho a gozar de un medio ambiente sano y para garantizar la inclusión en los programas, proyectos y decisiones en la materia. No obstante la importancia de esta fi gura, hoy se encuentran dificultades en su accionar, como la falta de educación, la ignorancia (se cree que solo se participa a través del voto) o el desconocimiento de los diferentes espacios y mecanismos de participación. Las posibilidades de intervención o manipulación que se presentan en muchos casos en el ejercicio de la participación, hacen que hoy exista desconfianza en la utilización de estos instrumentos y en las autoridades. Hoy se presenta el fenómeno del desencanto y la decepción en el ejercicio de la participación que obedece al fracaso y a la injerencia de intereses privados. Por esta razón, la participación termina viéndose como una demagogia dado que se ha legislado mucho al respeto pero no se han ejercido estos mecanismos o cuando se hace, terminan las comunidades por encontrar otros intereses en las decisiones finales. En materia ambiental, en Colombia en las últimas décadas se han establecido diferentes mecanismos y espacios de participación a través de los cuales se busca hacer realizar el derecho a gozar de un medio ambiente y garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarles. Sin embargo, los altos costos y los escasos resultados evidencian una deficiencia en su implementación lo cual incentiva el uso de mecanismos como las acciones populares. Después de la Constitución Política de 1991, que promovió los derechos ambientales y la democracia participativa, de la institucionalización del sector público encargado de estas materias con la creación del hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la reorganización del Sistema Nacional Ambiental a través de la Ley 99 de 1993, es necesario ver qué ha pasado con el principio según el cual la acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. La Universidad del Rosario, a través de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental, viene trabajando en desarrollo del principio de participación ambiental a través de diferentes proyectos, en especial sobre los temas que tienen que ver con los mecanismos de tipo administrativo y judicial, mediante los cuales es posible hacerse parte en procesos como el de otorgamiento de una licencia o un permiso ambiental. Este documento contiene los resultados del proyecto de investigación financiado por el Fondo Institucional de la Universidad del Rosario, cuyo objetivo general es realizar una evaluación al ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para el otorgamiento de licencias ambientales en Colombia. Para ello se analizó el esquema conceptual y la caracterización constitucional, legal, política, social y cultural del derecho a la participación ambiental en Colombia; se señaló la naturaleza jurídica y los efectos de los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, para de esta forma poder analizarlos dentro de los procedimientos administrativos. Adicionalmente, con este proyecto, cuyos resultados se presentan a continuación, se pretende determinar cuáles eran los espacios de participación dentro de los procesos administrativos para el otorgamiento de una licencia ambiental y así establecer la posibilidad de emplearlos y su capacidad de incidencia en las decisiones ambientales. A través de este documento se podrá identificar el impacto de la participación en la gestión ambiental y la situación de este ejercicio en Colombia. El estudio realizado permite además establecer cuáles son los aciertos y las dificultades que se han presentado en el desarrollo de estos mecanismos y proponer medidas o retos para lograr en Colombia una cultura participativa en materia ambiental. En este punto, y previo a la exposición de resultados, es preciso anotar que la totalidad del análisis que se realiza a continuación tiene como base información oficial suministrada por parte de las instituciones ambientales estatales correspondientes y que los documentos de soporte se encuentran debidamente archivados y disponibles en la Línea de Investigación para cualquier tipo de verificación. Los estudiantes que hacen parte de la Línea de Investigación han venido apoyando el proceso de recopilación y análisis de información. Este trabajo ha consistido en acceder directamente a algunos de los expedientes de estudio en las autoridades ambientales, tomar copias de la información relevante y diligenciar las guías de sistematización y análisis de los documentos. La metodología utilizada tiene como objetivo principal identificar las situaciones que tienen que ver con el ejercicio de los mecanismos de participación que hemos venido presentando y efectuar un análisis de las principales confrontaciones o problemáticas que se presentan entre la sociedad civil, las autoridades y los dueños de los proyectos por la ejecución de estos proyectos. Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. El primero tiene que ver con los antecedentes y la contextualización en el ámbito jurídico nacional e internacional de la participación, desde las primeras formas de participación hasta lo acontecido en los últimos años en materia constitucional y legislativa. El segundo capítulo hace referencia a las clases, tipos, niveles, mecanismos y espacios de la participación, incluyendo de manera específica aspectos reglamentarios y jurisprudenciales. El tercer capítulo, de manera específica, se adentra en el análisis y conceptualización de la participación en materia ambiental. Aquí se hace referencia a la participación ambiental en el marco del derecho comparado y se establece el panorama, los elementos y espacios de incidencia de las comunidades en la gestión ambiental. En el cuarto capítulo se estudia el ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para las actuaciones administrativas, donde tienen competencia las autoridades ambientales, en especial la participación en el otorgamiento de licencias ambientales. Con este documento se pretende contribuir a la divulgación y al conocimiento de los diferentes mecanismos de participación ambiental, esperando que este sirva a las comunidades y a las autoridades ambientales para tomar los correctivos necesarios que permitan la concreción de espacios en los procedimientos y en la incidencia en la toma de decisiones ambientales. Si bien es cierto que la Constitución Política de 1991 estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales que les incumben a las comunidades o a las personas en general, podemos ver como resultado de este proyecto de investigación que los espacios y mecanismos de participación no son suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad en general. Tampoco son promovidos por las autoridades ambientales. Evidencia de esta problemática se encuentra en los continuos conflictos o confrontaciones que se presentan cuando una empresa, o incluso el Estado, desea realizar un proyecto y encuentra oposición por parte de las comunidades que carecen del conocimiento de los mismos o que conociéndolos de fondo, no son tenidos en cuenta. Se encuentra en muchos casos escasa información y divulgación de los proyectos y de los programas de desarrollo que propone el gobierno nacional, o también que muchos de estos proyectos no atienden las necesidades e intereses de las comunidades que habitan el área de influencia de los mismos y además que sus reclamos no son escuchados en el proceso de toma de decisiones. Hoy el reto está en buscar solución para que se dé una verdadera participación, a través de programas que permitan difundir entre las comunidades el conocimiento de la democracia participativa y promover el fortalecimiento de la sociedad civil y de sus organizaciones para que la participación sea eficaz y permita construir de manera colectiva a un mejor país. La consigna debe ser: “Yo participo. Tú participas. Todos decidimos”.

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Resumen de los autores. Simposio del X Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa

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El presente documento se basa en el estudio de tres asociaciones que hacen parte del sector del reciclaje: Ecoalianza, Asociación de recicladores de Suba y Centro de reciclaje la Alquería, con la finalidad de conocer los efectos de la aplicación del Programa Basura Cero cuyo principal objetivo además de reestructurar el modelo de operación con las empresas privadas y cambiar el esquema tarifario y financiero, es el de institucionalizar la actividad del reciclaje en la ciudad; es decir, crear una política de reciclaje inclusivo en respuesta al artículo 275 del 2011 por decreto de la corte constitucional. A lo largo del documento, se describe la situación actual de las tres asociaciones teniendo en cuenta la legislación nacional y distrital de la ciudad de Bogotá en materia de reciclaje y los efectos que ésta ha tenido en el desarrollo del modelo de negocio. Adicionalmente y para complementar dicha investigación, se realizó un análisis DOFA, con el fin de conocer las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tienen estas asociaciones como modelo de negocio. Finalmente, se incluyó una herramienta, que le permite a las asociaciones de recicladores llevar un control detallado de sus movimientos financieros como soporte y mecanismo de evaluación de la gestión de sus recursos. Se pretende adicionalmente examinar la percepción del negocio en materia legal, organizacional y financiera, al igual que sintetizar los alcances y limitaciones que tiene el modelo de negocio con respecto a la política pública

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El Estado como institución político-jurídica, así como las estructuras de poder y organización social, han sufrido grandes transformaciones en el mundo contemporáneo, producto de discusiones y tendencias como la globalización, la reconfiguración de la legitimidad de las instituciones burocráticas, el establecimiento de estándares, políticas y prácticas de calidad internacional, el impacto de las crisis de la hacienda pública, entre otros factores que influenciaron la creciente intervención de los particulares y sus mecanismos de regulación en la gestión de los asuntos públicos. El Estado Colombiano no ha sido ajeno a tales situaciones, y la creciente injerencia del sector privado en lo público, se ha visto representada en la expedición del régimen legal de las Asociaciones Público Privadas (Ley 1508 de 2012), en virtud del cual los particulares estructuran, ejecutan y desarrollan proyectos conjugando el ánimo de lucro con la promoción del interés general. De conformidad con lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo sistematizar y analizar las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con el régimen de las Asociaciones Público Privadas, así como abordar reflexiones sobre la transformación del Estado y el papel de los particulares en el ámbito de lo público.

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Esta guía pretende ayudar a profundizar en el proceso de ambientalización de las asociaciones y a fortalecer el compromiso por la sostenibilidad de la ciudad. En ella se puede encontrar información, consejos y orientaciones prácticas que pueden ser de utilidad para mejorar la eficiencia energética, el tratamiento de los residuos o la gestión de los recursos naturales. Se trata de conseguir, con la particiàción de todos, una ciudad que gestione más eficientemente los recursos y que reduzca su impacto ambiental global.