516 resultados para Rentas Ilegales
Resumo:
El fenómeno de la criminalidad en Medellín, como en otras ciudades, ofrece unas facetas nuevas; cambia, se transforma. Aunque no es una tarea sencilla, tenemos que buscar el análisis estructural de una economía criminal, pasando de la cuantificación de los homicidios a las articulaciones del crimen organizado. Nosotros desde la administración, los académicos, los expertos, los movimientos políticos, el sector privado y las organizaciones sociales estamos en la obligación de conocer a fondo este tema que ocupa un lugar prioritario en las agendas institucionales, para afrontarlo, para tratarlo en forma eficaz y oportuna. Esta investigación que contratamos con EAFIT buscará ofrecernos argumentos que pongan en evidencia la magnitud de este fenómeno, de manera que podamos intervenirlo con eficacia. Un aspecto de esta investigación llama muchísimo la atención: Desde la desarticulación del llamado cartel de Medellín a mediados de la década de 1990, no ha habido un seguimiento ni un análisis rigurosos de los cambios ocurridos, menos aún de los procesos de interconexiones que han hecho posible el narcotráfico como eje articulador de la violencia de la ciudad y otras formas delincuenciales, que han configurado nuevas modalidades de criminalidad organizada en Medellín. Esto nosdice la investigadora Ana María Jaramillo. Nos preocupa que el sector público y la academia hayan perdido de vista el papel que tuvo el narcotráfico en el fortalecimiento de los grupos paramilitares y guerrilleros, y la dinámica que el desorden creado por la guerra les imprimía a las economías y a nuevos agentes de crimen organizado. Para las autoridades públicas es indispensable y determinante desarrollar políticas públicas, gestión que depende del preciso y riguroso entendimiento del modus operandi de este fenómeno, y comprender y desarrollar estrategias encaminadas a intervenir las dificultades que surgen del fenómeno del narcotráfico, que nos sigue permeando, y de las dinámicas que se originan y se multiplican por fuera del marco normal. ¿Cuál es el objetivo final de este estudio? Acercarnos de forma analítica en el contexto de un mercado ilegal o criminal que degenera la actividad económica. Son tres las modalidades de transacción y captación de rentas ilegales en la ciudad: La ocupación ilegal de predios con fines de lucro, la monopolización criminal de mercados barriales y la trata de personas, a quienes se les explota con mendicidad. Pretendemos ir mucho más allá de las interconexiones entre la producción y comercialización de la cocaína y sus conexiones con el crimen organizado, lo cual nos llevará a reflexionar sobre el orden de las prioridades a la hora de explicar el fenómeno de la seguridad en la ciudad. Aceptamos que muchas veces pasan desapercibidas para las autoridades la forma de operar y de explotar el mercado, y otras formas delincuenciales que los conducen a diversificar e intentar controlar más aún el poder en la ciudad. Es evidente que los grupos criminales saben cómo diversificar sus formas de financiarse y entrecruzan economías formales e informales no ilegales para generar fronteras grises e indefinibles que no las permiten identificar. Es cierto que mediante esta clase de investigaciones alcanzamos a conocer las estructuras criminales. Pero lo más importante es que luego de conocer el análisis de las transacciones económicas, podamos llegar a toda la red: proveedores, comercializadores, reguladores, consumidores, y protectores. Tenemos que llegar, como dicen investigadores, a la forma como estos grupos criminales se camuflan en todos los negocios y en el mercado informal y hasta en el mercado formal: una diversificación que explica su crecimiento y fortalecimiento. Aquí veremos el contexto de seguridad de la ciudad, la delimitación de las modalidades y la metodología del mapa de los actores, como una herramienta que nos permitirá un análisis claro de los distintos escenarios de la economía criminal. Al final formularemos conclusiones y recomendaciones de política pública relacionadas con la seguridad, que nos llevarán a análisis y a plantear decisiones que serán motivo de debate en escenarios académicos nacionales e internacionales.
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Este libro se enmarca en el programa de investigación alrededor de la economía política de la periferia, que desde hace una década viene adelantando el CAP de la Universidad EAFIT. El resultado de este esfuerzo ha sido la colección de libros a la que pertenece este texto y que da cuenta de la pertinencia de estudios académicos en torno a las realidades periféricas de la ciudad y la región. Así pues, son seis volúmenes los que hacen parte de la colección: Economía Criminal en Antioquia: Narcotráfico, 2011 Informalidad e ilegalidad en la explotación del ORO y la MADERA en Antioquia, 2012 Economía criminal y poder político, 2013 Oro como fortuna. Instituciones, capital social y gobernanza de la minería aurífera colombiana, 2014 Nuevas modalidades de captación de rentas ilegales en Medellín, 2014 Territorio, crimen, comunidad. Heterogeneidad del homicidio en Medellín, 2015 Estos títulos aportan herramientas académicas que permiten abordar crítica y constructivamente los fenómenos que perfilan la realidad de la ciudad y el país. Además de describir y analizar los hechos, estamos convencidos de que la academia tiene la responsabilidad de señalar alternativas a los procesos de toma de decisiones.
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[ESP] En este trabajo se realiza un análisis del surgimiento de las rentas mínimas en la Unión Europea y el Estado español, para centrarnos en el caso del País Vasco, no solo porque es la realidad que mejor conocemos sino también porque representa la experiencia más avanzada en este territorio. En primer lugar, analizaremos la orientación de las políticas europeas en materia de garantía de rentas, así como su influencia en el modelo vasco. En segundo lugar, daremos cuenta de los niveles de protección proporcionados hoy día por la Renta de Garantía de Ingresos vasca así como del perfil de la población beneficiaria. Por último, realizamos una valoración crítica de algunas propuestas de revisión del sistema de garantía de rentas español, tanto por su significado intrínseco, como por su eventual repercusión en el sistema vasco de garantía de ingresos.
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Tesis (Maestría en Economía con Especialidad en Economía Industrial) U.A.N.L.
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UANL
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Colombia durante los últimos años ha intentado cambiar el estigma que tiene, en cuanto a su imagen internacional. Por lo tanto, el país ha tratado de explotar y potenciar las zonas que ha considerado con mayores fortalezas destacándose entre ellas la región de la costa, especialmente la ciudad de Cartagena, permitiéndose el fortalecimiento notable del sector del turismo en esta ciudad. En esa medida, este sector se ha preocupado por mantenerse en una competencia permanente en cuanto a la captación de turistas. Sin embargo, la ciudad de Cartagena se encuentra dentro de una dualidad enmarcada por la desigualdad social que ha polarizado su población. Abriendo paso a la generación actividades que se encuentran determinadas como indeseables. De acuerdo con lo anterior, podría hablarse de que en virtud del turismo se generan unas actividades, que no se encuentran propiamente bajo el marco de lo deseable como en el caso de la prostitución, la venta de estupefacientes y el comercio informal, que sumados a la mala planeación, se han convertido en los mayores problemas que atacan a esta ciudad.
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El presente escrito analiza el resultado de la cooperación internacional OIM y UNICEF con respecto a los procesos que se han llevado a cabo para lograr una desvinculación de la niñez de los grupos armados ilegales del país colombiano. Así mismo, la problemática de la niñez dentro del marco de la cooperación internacional será estudiada y analizada reconociendo los lineamientos establecidos por los diferentes convenios, protocolos, códigos y leyes que salvaguardan los derechos de la infancia y adolescencia en nuestro país.
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Durante los últimos 35 años las drogas ilegales han constituido un factor significativo en el drama social colombiano. Hoy día es común atribuir a éstas la causalidad de muchos problemas del país y se han elaborado algunas explicaciones del desarrollo de dicha "industria" en Colombia, de las cuales se derivan recomendaciones de política, tanto las implementadas por los gobiernos como las recomendadas por los críticos. El Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito (Ceodd),(...) de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, ha encontrado que las explicaciones más comunes pueden clasificarse en tres grupos. El primero, incluye afirmaciones simples que atribuyen el desarrollo de las drogas ilegales a la pobreza, a la desigualdad, a las crisis económicas, a la corrupción o a la localización de Colombia a mitad de camino entre las plantaciones de coca de Bolivia y Perú con Estados Unidos. (...) En segundo lugar, se encuentran las razones basadas en modelos de criminalidad común, también llamados policivos, en los cuales las leyes surgen de procesos legitimados por la sociedad y quienes las violan son considerados personas con comportamientos desviados, que deben corregirse por medio de sanciones o restricciones. Siguiendo este enfoque, las políticas hacia las drogas tienen que ser represivas. En tercer lugar, están las respuestas basadas en la elevada rentabilidad de las drogas, generada por su ilegalidad, y por la existencia de una gran demanda internacional: por ejemplo, un kilo de cocaína en Colombia puede costar unos US$1.500 y cuando llega a los Estados Unidos se paga entre US$15.000 y US$18.000. Según estimaciones de las Naciones Unidas, en los últimos años la demanda mundial de cocaína ha estado alrededor de 800 toneladas. Este enfoque justifica la producción ilegal y quienes lo apoyan creen que el país produce drogas como resultado de un ‘choque externo’. Los que comulgan con esta posición consideran que Colombia, en los años sesenta, era una nación típica en términos de criminalidad, afectada por el surgimiento de una gran demanda externa de drogas que estimuló la producción de éstas. Este desarrollo constituye la causa principal de los graves problemas que enfrenta actualmente el país. Según esta explicación, la razón por la cual el país produce drogas radica en el exterior y la única solución es la legalización para acabar el ‘choque externo’. Desafortunadamente, quienes apoyan este modelo no explican por qué ese ‘choque externo’ afectó de manera tan grave a Colombia y no a otros países como Ecuador, Perú y Bolivia, donde no se desarrollaron grandes carteles de traficantes, o en Malasia, Indonesia y Taiwán, que en el pasado fueron grandes exportadores de coca. Sin embargo, la evidencia empírica encontrada por el Ceodd contradice los argumentos anteriores, pues ninguno explica por qué la producción y el tráfico de drogas ilegales están concentrados en pocos países. En el caso de la teoría policiva, la concentración se explicaría solamente si por razones genéticas una población fuera más proclive al crimen. Respecto a la producción justificada por la rentabilidad, ésta se explicaría si todos los países que pudieran producir coca, amapola, cocaína y heroína lo estuvieran haciendo. La coca puede crecer en unos 30 países, la amapola en 120 y la cocaína y la heroína se pueden refinar en cualquier parte del mundo. Por consiguiente, si la rentabilidad determinara la producción, Colombia sería sólo uno entre los muchos productores. De la misma forma, otras explicaciones como la pobreza, las crisis, la desigualdad y la corrupción fallan porque dichos problemas son endémicos en muchas sociedades que no producen o trafican drogas. La localización geográfica del país, por su parte, no explica por qué en Colombia surgieron las grandes organizaciones criminales. Además, cuando la diferencia entre los precios de exportación e importación es tan grande, como en el caso de la cocaína y de la heroína, los costos de transporte y la distancia son problemas menores. En ese caso lo que importa es reducir el riesgo y no la distancia. Ahora bien, si no hubiera demanda de drogas tampoco habría oferta y sin oferta no habría demanda. La teoría económica enseña que la demanda y la oferta son como las dos hojas de una tijera: ambas son necesarias para que haya un mercado. Para el Ceodd, estas afirmaciones son ciertas pero triviales e incompletas. La rentabilidad de las drogas es una condición necesaria, pero no suficiente para que en un país se cultive coca y se refine cocaína. Entonces, lo que se debe averiguar es por qué una condición necesaria, en el caso colombiano, se vuelve suficiente. Es claro que la gran demanda internacional es ilegal y que cuando un producto fácil de fabricar, que no requiere grandes destrezas o capital -como la cocaína o la heroína- es declarado ilegal a nivel mundial, su producción y tráfico tenderá a concentrarse en los países donde el imperio de la ley sea más débil y la sociedad más laxa frente a la ilegalidad. Es cierto que si la cocaína no fuera rentable no se produciría, pero Colombia no concentra la producción de cocaína porque sea rentable sino porque es ilegal, advierte el director del Ceodd, Francisco E. Thoumi.
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Resumen tomado de la publicación. Incluye gráficos y tablas de datos
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En 1970 Colombia no era conocida por su producción de coca o drogas ilegales, y Afganistán era y había sido por mucho tiempo un productor menor de opio. De hecho, “en Afganistán el opio no había sido una cosecha ‘tradicional’ y antes de los años noventa solamente se había cultivado en pocos lugares de ese país. A diferencia de la mayoría de los países de la región, Afganistán tenía una ‘cultura de opio’ débil. Por consiguiente, el consumo de opio hasta hace poco ha sido relativamente bajo” (UNODC, 2002: 87-88). En esa época, ninguno de estos dos países era un productor importante de coca u opio, o un actor importante en los mercados internacionales de drogas ilícitas. Hoy, sin embargo, son los países dominantes en las dos ramas de origen vegetal más importantes de la industria ilegal: cocacocaína y amapola-opio-heroína. Así, Afganistán y Colombia producen respectivamente más del 70% de la heroína y la cocaína ilícitas en el mundo.
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Inmersos en un conflicto armado y guiados por un modelo político que busca aprovechar el boom minero en pro del desarrollo de Colombia, se han potencializado dinámicas ilegales donde los Actores Armados Ilegales (A.A.I), como ‘bandidos estacionarios’, se han ido adaptando a las nuevas dinámicas del mercado donde el lucro, la rentabilidad y la financiación son su objetivo central. En el departamento de Antioquia, esa situación data desde la formación de sus regiones, como son el caso del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño. Empero, lo novedoso en el conflicto armado, y que tiene relación directa con la minería aurífera es, la alta posibilidad que los A.A.I. estén viendo en esta actividad su principal fuente de financiación como consecuencia de dos hechos importantes: 1). El éxito que ha tenido la lucha contra el narcotráfico y por ende, contra los cultivos ilícitos. Y, 2) El elevado precio del oro en el mercado internacional puesto que, se estima que en los próximos años alcance entre $2.000 y $2.107 dólares la onza. En este orden de ideas, el lector encontrará como los actores armados ilegales actúan como bandidos estacionarios que ejerciendo la “minería criminal”, inciden en la política fiscal municipal a partir de la para-tributación o ‘impuesto de protección’, captación de regalías y el lavado de activos; donde el fin es financiar sus actividades criminales, afectando negativamente la política tributaria de los gobiernos municipales que se caracteriza por su baja capacidad de gestión.
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La presente monografía analiza el proceso de génesis de la política pública distrital para la reintegración de excombatientes en Bogotá, así como los momentos de cambio de dicha política durante las administraciones de los alcaldes Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno. Para este fin, esta monografía recurre a enfoques teóricos del policy change, incluyendo el “Enfoque de Corrientes Múltiples” de John Kingdon, el modelo de formación de la agenda desarrollado por Charles Elder y Roger Cobb, y la “Teoría del Equilibrio Puntuado” de Frank Baumgartner y Bryan Jones. Con base en entrevistas semi-estructuradas a funcionarios de los programas distritales de atención a los desmovilizados y fuentes secundarias, la presente investigación describe las acciones emprendidas por las diferentes administraciones en el periodo 2003-2013 y analiza los cambios que la política experimentó en sus instrumentos de intervención. Así, las acciones iniciales que hacían énfasis en el desmovilizado y su núcleo familiar con el propósito de fortalecer el tejido social, dieron paso a acciones enfocadas principalmente en la reintegración económica de los desmovilizados. Un análisis crítico del proceso de formación de esta política pública y sus principales cambios constituye no solo una contribución empírica a la extensa literatura sobre policy change, sino que provee lecciones para futuros procesos de reintegración de excombatientes en contextos urbanos.
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Esta investigación toma como marco general la Política de Reintegración Social y económica de personas y grupos alzados en armas en Colombia, en donde tras el estudio de las trayectorias en el conflicto de un grupo de 9 excombatientes, se aborda la relación existente entre los beneficios otorgados por dicha política y aquello que facilitó y motivó el ingreso, la permanencia y desmovilización de los grupos armados. Se presenta una caracterización e interpretación conceptual de las denominadas trayectorias en el conflicto, son establecidas relaciones y diferencias entre las organizaciones ilegales FARC y las AUC, se revisan las percepciones que frente a los beneficios del programa de reintegración tienen excombatientes y profesionales de la entidad que lidera dicho proceso y a partir de ello, es argumentada la incidencia que sobre el éxito de esta política tienen las características individuales y particulares, tanto de los excombatientes como de las organizaciones armadas ilegales.