Ciudadanías restringidas : Problematización de políticas públicas y estigmatización de las juventudes pobres en el marco de la sociedad de consumo

El mundo actual con su impronta neoliberal legitima (naturalizando la pérdida de protecciones y las desigualdades) nuevos modelos de ciudadanías restringidos (Svampa, 2005) cuyo sustento, a la vez, está dado por nuevas condiciones de acceso a bienes y servicios sociales básicos según la lógica de mercado. Estas últimas, también naturalizadas, responsabilizan a los sujetos en cuanto a las condiciones de posibilidad de acceso, no-acceso a tales bienes. Generando, además, nuevas necesidades que redefinen los límites de la inclusión/exclusión. En relación a dicha dicotomía, es a partir de la implementación del modelo neoliberal, que la cuestión social de la seguridad-inseguridad pasa a hegemonizar la relación entre Estado y sociedad. Ante esto, se establece una distinción entre ciudadanos- consumidores y no-ciudadanos-delincuentes-enemigos. (Daroqui, 2009) En este marco, se implementan, predominantemente, políticas públicas preventivas/de riesgo/de control desde la lógica estigmatizante de la ?minoridad?(los excluidos), financiadas por organismos internacionales. Así, desde una perspectiva de DD.HH., nos centraremos en el análisis de éstas políticas impulsadas en Latinoamérica y específicamente en Argentina; teniendo en cuenta que, las juventudes se han convertido en un colectivo en situación de vulnerabilidad social. Del mismo modo analizaremos y cuestionaremos el concepto de ciudadanía e intentaremos poner en discusión nuevos modos de entenderla

Ciudadanías restringidas : Problematización de políticas públicas y estigmatización de las juventudes pobres en el marco de la sociedad de consumo

El mundo actual con su impronta neoliberal legitima (naturalizando la pérdida de protecciones y las desigualdades) nuevos modelos de ciudadanías restringidos (Svampa, 2005) cuyo sustento, a la vez, está dado por nuevas condiciones de acceso a bienes y servicios sociales básicos según la lógica de mercado. Estas últimas, también naturalizadas, responsabilizan a los sujetos en cuanto a las condiciones de posibilidad de acceso, no-acceso a tales bienes. Generando, además, nuevas necesidades que redefinen los límites de la inclusión/exclusión. En relación a dicha dicotomía, es a partir de la implementación del modelo neoliberal, que la cuestión social de la seguridad-inseguridad pasa a hegemonizar la relación entre Estado y sociedad. Ante esto, se establece una distinción entre ciudadanos- consumidores y no-ciudadanos-delincuentes-enemigos. (Daroqui, 2009) En este marco, se implementan, predominantemente, políticas públicas preventivas/de riesgo/de control desde la lógica estigmatizante de la ?minoridad?(los excluidos), financiadas por organismos internacionales. Así, desde una perspectiva de DD.HH., nos centraremos en el análisis de éstas políticas impulsadas en Latinoamérica y específicamente en Argentina; teniendo en cuenta que, las juventudes se han convertido en un colectivo en situación de vulnerabilidad social. Del mismo modo analizaremos y cuestionaremos el concepto de ciudadanía e intentaremos poner en discusión nuevos modos de entenderla

Ciudadanías restringidas : Problematización de políticas públicas y estigmatización de las juventudes pobres en el marco de la sociedad de consumo

El mundo actual con su impronta neoliberal legitima (naturalizando la pérdida de protecciones y las desigualdades) nuevos modelos de ciudadanías restringidos (Svampa, 2005) cuyo sustento, a la vez, está dado por nuevas condiciones de acceso a bienes y servicios sociales básicos según la lógica de mercado. Estas últimas, también naturalizadas, responsabilizan a los sujetos en cuanto a las condiciones de posibilidad de acceso, no-acceso a tales bienes. Generando, además, nuevas necesidades que redefinen los límites de la inclusión/exclusión. En relación a dicha dicotomía, es a partir de la implementación del modelo neoliberal, que la cuestión social de la seguridad-inseguridad pasa a hegemonizar la relación entre Estado y sociedad. Ante esto, se establece una distinción entre ciudadanos- consumidores y no-ciudadanos-delincuentes-enemigos. (Daroqui, 2009) En este marco, se implementan, predominantemente, políticas públicas preventivas/de riesgo/de control desde la lógica estigmatizante de la ?minoridad?(los excluidos), financiadas por organismos internacionales. Así, desde una perspectiva de DD.HH., nos centraremos en el análisis de éstas políticas impulsadas en Latinoamérica y específicamente en Argentina; teniendo en cuenta que, las juventudes se han convertido en un colectivo en situación de vulnerabilidad social. Del mismo modo analizaremos y cuestionaremos el concepto de ciudadanía e intentaremos poner en discusión nuevos modos de entenderla

Control constitucional y políticas públicas: el rol de las y los jueces constitucionales frente a los derechos del Buen Vivir

La presente investigación tiene como propósito determinar el rol del juez en el control constitucional de las políticas públicas referentes a derechos del buen vivir o derechos económicos, sociales y culturales. Para ello se ha enmarcado la primera fase de este trabajo en el análisis del Estado de Derecho y su evolución al Estado Constitucional de Derechos y Justicia, la exigibilidad de los derechos económicos sociales y culturales, el derecho a la igualdad y no discriminación y el principio de no regresividad. En la segunda parte se desarrolla el contenido del buen vivir o sumak kawsay, la comparación entre los derechos económicos sociales y culturales reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los derechos del buen vivir de la Constitución ecuatoriana. Adicionalmente se analizan los mecanismos de planificación previstos en la Constitución para la consecución del Buen vivir y las garantías constitucionales útiles para la exigibilidad de dichos derechos. Finalmente se analiza, desde varias perspectivas, el rol del juez o jueza frente a políticas públicas de derechos del buen vivir o DESC que vulneren lo establecido en la Constitución. En este punto se examinan distintitas visiones: la visión tradicional, la visión activista y la visión intermedia que combina varios postulados de las dos anteriores.

Las políticas públicas deben ayudar a disminuir las diferencias regionales

Al desagregar territorialmente los indicadores socioeconómicos disponibles aparecen enormes diferencias entre los niveles de ingresos, pobreza e informalidad de las distintas localidades del interior del país. Este hecho nos alerta sobre la urgencia de incorporar una dimensión regional en el diseño de las políticas públicas y poner especial énfasis en el desarrollo de algunas de estas regiones. Con este objetivo en mente, en este número de Empleo y Desarrollo Social se discute la necesidad por una estrategia de descentralización que induzca una mejora continua de la gestión mediante un esquema de incentivos y los mecanismos de control apropiados

A intervenção judicial no âmbito das políticas públicas orientadas à concretização dos direitos fundamentais

O presente estudo se propõe a desvelar o espaço legítimo de controle de políticas públicas destinadas à concretização de direitos fundamentais pelo Poder Judiciário. Para tanto, inicialmente é apresentada uma teoria das políticas públicas, que compreende a busca de um conceito para a categoria e a apresentação de suas características e elementos mais relevantes. O estudo não prescinde da análise da teoria dos direitos fundamentais, em especial das questões atinentes à eficácia dos direitos ditos prestacionais, e também da chamada análise institucional, um campo de estudos recentemente reavivado nos Estados Unidos. Na segunda parte do trabalho, de natureza marcadamente propositiva, as políticas públicas são divididas segundo a sua natureza, e em seguida sugeridos diferentes níveis de controle jurídico. Para as políticas ligadas ao mínimo existencial, sustenta-se o controle por meio dos princípios da proibição da proteção insuficiente e vedação do retrocesso. Para as demais políticas públicas, o controle é analisado sob o prisma dos princípios da isonomia, eficiência e transparência. Após o estudo de questões incidentais, o trabalho segue para as modalidades de controle de políticas públicas, distinguindo-se entre o controle forte, em que a discricionariedade dos órgãos políticos é reduzida a zero, e o controle fraco, onde o Poder Judiciário apenas comprime o espaço de liberdade decisória.

A degradação ambiental de bacias hidrográficas urbanas e as políticas públicas no Município de São Gonçalo/RJ

No presente trabalho, buscou-se identificar os conflitos de interesses existentes nos três níveis do poder executivo que dificultam a gestão integrada de políticas públicas voltadas para a recuperação ambiental dos rios urbanos, considerando-se, como área de estudo, o Município de São Gonçalo (RJ). A pesquisa exploratória consistiu em revisão bibliográfica e trabalho empírico. No referencial teórico de análise, abordou-se a formação do Estado brasileiro, as políticas públicas e as relações de poder entre os agentes na tomada de decisão e na administração da coisa pública. Através de revisão na literatura, levantou--se o contexto histórico da ocupação e da degradação dos rios de São Gonçalo e da Baixada Fluminense, os planos e projetos para o setor de saneamento da região, bem como se empreendeu a compilação das normas legais pertinentes à gestão do território, aos recursos hídricos e ao saneamento. O trabalho de campo consistiu em levantamento de dados sobre a degradação das bacias hidrográficas no Município de São Gonçalo e das inter-relações existentes nas políticas públicas referentes à Região Hidrográfica da Bacia da Baía de Guanabara, onde o município em comento se insere. O estudo do caso evidenciou que a degradação dos rios urbanos é resultante, entre outros fatores, da falta de articulação das três esferas de governo, da descontinuidade das ações públicas, de interesses políticos e financeiros desarticulados das demandas socioambientais, da falta de infraestrutura técnica e financeira dos municípios, da pouca participação social no planejamento e tomada de decisões face às relações desiguais de poder, além da inconsistência e desarticulação dos planos e projetos governamentais, a exemplo dos planos diretores de uso ocupação do solo. Conclui-se ser fundamental o fortalecimento dos comitês de bacia e das instituições que os integram, possibilitando a articulação entre as políticas públicas municipais e as do governo estadual e federal, em relação às condicionantes ambientais, bem como ao uso do solo e ao saneamento. A solução dos problemas relativos aos rios urbanos só será possível através da gestão integrada e participativa, envolvendo efetivamente os diferentes setores usuários da bacia hidrográfica. O controle social das ações é imprescindível para manter a coerência, a efetividade, a eficácia e a continuidade dos planos, projetos e políticas do Estado. Assim, poderá ser contido o processo contínuo de degradação ambiental, em particular, dos recursos hídricos em bacias urbanas como acontece no Município de São Gonçalo e em diversos outros municípios brasileiros. Espera-se que esse estudo contribua para o aprimoramento do conhecimento e de soluções no que concerne à morte iminente dos rios urbanos do país.

Prueba de inmigración y márgenes legales del desencuentro. Políticas públicas, prácticas sociales y construcción de la persona

La redacción de las directrices y los procedimientos administrativos que hacen virtualmente posible la inmigración, contribuye a construir no sólo los itinerarios sino también el imaginario social sobre la alteridad. El principal objetivo del artículo es poner de relieve –mediante el análisis discursivo de las Hojas informativas publicadas en la WEB del Ministerio de Empleo y Seguridad Social- cómo la construcción social del emigrante/inmigrante y el proyecto migratorio topan con unas representaciones y envites, instituidos y refrendados  en y por la propia formulación de la reglamentación, pero no del todo explícitos. Entendiendo el texto como una acción que genera otras acciones, se examinan las consecuencias que tiene sobre la practica social de los inmigrantes. En suma, se trata  de vislumbrar los elementos (terminología, fórmulas, esquemas y prácticas inducidas) que van constituyendo al inmigrante como agente social subordinado a micro-procesos y relaciones que se le escapan en gran parte (en contra de las apariencias que parecieran sugerir lo contrario) y van marcando su propia capacidad de acción. En conclusión y retomando la distinción entre principio de diferencia y principio de indiferencia sugerida por Foucault, se muestra que mientras el primero rige las clausulas generales, el segundo articula las específicas.

Lectura teórica sobre la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas para combatir la trata de personas en Colombia

Este documento pretende a partir de preceptos feministas y de perspectivas provenientes de la administración pública y de la ciencia política, explicar la acción estatal a través de políticas o programas, legislaciones al más alto nivel que buscan reducir la trata de personas en Colombia, lo cual permite indagar sobre la inclusión de la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas.

Gobierno y gobernancia de los territorios, sectorialidad y territorialidad de las políticas públicas

El hecho de que, desde la Constitución de 1991, normas y sentencias tiendan en considerar que los ejecutivos locales (alcaldes, gobernadores) deben ser unos agentes regidores que practican el gobierno del territorio y la “descentralización controlada” más que unos actores gobernantes, defensores de la gobernancia de sus territorios, plantea la cuestión de saber por qué y cómo aquéllos pueden combinar este doble rol. La mayor parte de la respuesta se encuentra en el examen simultáneo de la lógica de regulación de las políticas pública (Muller, 1997 y 2002) y de las condiciones de su implementación en el territorio o “despliegue territorial” (Medellín, 2003).La territorialidad de una política pública se refiere, según Muller, a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica territorial u horizontal (regulación de un territorio geográfico en una dialéctica centro-periferia), mientras la sectorialidad se refiere a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica sectorial o vertical (regulación de la reproducción de un sector determinado verticalmente en una dialéctica global-sectorial). A cada lógica de regulación de las políticas públicas le corresponde una manera de gobernar un territorio: el gobierno del territorio para la sectorialidad y la gobernancia de los territorios para la territorialidad.Al contrario del caso francés en el cual la construcción del Estado marca el fin de una lógica de territorialidad (la “territorialidad tradicional”), el Estado colombiano es un Estado endémico, un Estado fragmentado confrontado a la lucha por el control territorial y el temor a la fractura de la unidad territorial (Navas, 2003). Su capacidad parcial por cubrir todo el territorio y actuar sobre él (su “territorialidad parcial” según Medellín) afecta su gobernabilidad y el despliegue territorial de las políticas públicas, sometido a negociaciones inciertas, cercanas a la temática de la gobernancia.Por ello, la gobernabilidad en Colombia sólo es posible mediante políticas públicas híbridas, hijas del “matrimonio indisoluble de la sectorialidad y de la territorialidad”, de la “secterritorialidad”, que combina en proporción variable lógica sectorial (o sectorialidad, que implica centralización) y lógica territorial (o territorialidad, que implica descentralización), gracias a un modo de gobierno híbrido, la “gobiernancia” del territorio, ésta es una “dosificación” compleja entre gobier-no y gobernancia. Es, entonces, posible determinar el grado de territorialidad y de sectorialidad de una política pública en un momento dado y clasificar las políticas públicas según su grado de territorialidad y de sectorialidad, es decir, según la importancia relativa de sus lógicas de regulación.Si el periodo que empieza al iniciar los años setenta, y que termina al iniciar los años ochenta es un periodo en el cual domina primordialmente la sectorialidad y se asegura la gobernabilidad recurriendo casi exclusivamente al gobierno del territorio a través del despliegue territorial separado de cada sector, el periodo que va de 1984 a la época actual, caracterizado por la “descentralización controlada”, señala un cambio parcial de lógica de regulación de las políticas públicas a través del recurrir parcial a la lógica de territorialidad como respuesta a alguna crisis de sectorialidad.Como bien lo muestra el análisis y la evaluación de las políticas públicas de vivienda de interés social, ordenamiento y desarrollo del territorio municipal, educación y acueducto y alcantarillado, la gobernabilidad en este secundo periodo está asegurada, entonces, sólo gracias a la gobiernancia en los territorios o combinación entre el gobierno del territorio y la gobernancia de los territorios, es decir, gracias a un modo de gobierno híbrido que les permite a los ejecutivos locales conciliar su inclinación por la gobernancia de sus territorios y sus obligaciones en cuanto al gobierno del territorio y ser, al mismo tiempo, actores gobernantes y agentes regidores.-----Since the 1991 Constitution, most rulings and sentences tend to consider that individuals in charge of the local executive power (mayors, governors) should be some sort of tuling aldermen responsible for their particular territories and their “controlled decentralization” instead of actual governing actors, advocates and defenders of the governance of their territories. This fact raises the questions of why and how they can possibly play this double role. The bulk of the answer to this question can be found by examining both the logic behind public policies (Muller) and the conditions in whixh these are implemented in each territory, or “territorial deployment” (Medellìn).According to Muller, the territoriality of a particular public policy refers to a situation whereby the prevailing logic is territorial or horizontal (regulation of a geographical territory follows a center-periphery scheme), whereas its sectoriality refers to a situation whereby the prevailing logic is sectorial or vertical (regulation of a sector’s reproduction is vertically determined by a global-sectorial scheme). For each regulation logic behind public policies there is a corresponding way of governing a particular territory: governing the territory for the sake of sectoriality, and governing it for the sake of territoriality.As opposed to the French case, whereby the construction of the State signals the purposes of a territorial logic (“traditional territoriality”), the Colombian State is na endemic one, a fragmented State struggling for territorial control and in fear of the fragmentation of territorial unity (Navas). Its limited capacity to cover the whole territory and to act on it (its “limited or partial territoriality”, according to Medellín) affects governability as well as the deployment of public policies, which is frequently subject to uncertain negotiations related to the problem of governance.That es why governability in Colombia is only possible through hybrid public policies, which are in turn the result of the “indissoluble marriage between sectoriality and territoriality”, the result of a sort of “secterritoriality” which combines in various proportions a sectorial logic (or sectoriallity, which implies centralization) and a territorial logic (or territoriallity, which implies decentralization), all due to a hybrid form of governmen, or “governance” of the territory, a complex and variable dosage of both government and governance. Keeping this in mind, it is possible to establish the degree of territoriality and sectoriality of a public policy at a particular time, and to classify public policies according to their degree of territoriality and/or sectoriality, that is, according to the relative importance of the logics behind their regulation.From the early 70s to the early 80s, sectoriality prevailed and governability was guaranteed almost exclusively through the separate territorial deployment of each sector, then, from 1984 to the present, “controlled decentralization” has shown partial changes in the regulation logic behind public policies by resorting, at least in part, to a logic of territoriality in response to some sort of sectorriality crisis.As can be clearly seen after analyzing and evaluatin public policies in matters such as statesubsidized housing, municipal land development and legislation, education, water and sewage services, governability during this second period can only be guaranteed by governance in the territories or by a combination of both, government in the territory and governance in the territories. In other words, governability is possible thanks to a type of hybrid government that allows those in charge of exercising local executive power to reconcile their bias towards the governance of their teritories and their duties vis-àvis the government of the territory, but capable of being, at the same time, governing actors and ruling agents, active modern-day aldermen.

El juez constitucional: un actor regulador de las políticas públicas. El caso de la descentralización en Colombia

El juez constitucional es motivo de apasionados debates tanto por quienes defienden su actividad en tanto expresión constitucional de la democracia como por quienes lo atacan por poner en peligro la separación tradicional de los poderes públicos. Sin embargo una nueva dimensión de su actividad emerge en medio de la re definición de los conceptos jurídicos y políticos que fundan la noción del Estado. Las políticas Públicas hasta hace muy poco eran competencia exclusiva de la administración sin embargo el juez constitucional ha ido consolid?ndose como un actor capaz de determinar sus contornos desarrollando un concepto amplio de gobernanza que va más allá de la idea de gobierno y de gobernabilidad. Entonces esta investigación está orientada a presentar tanto a juristas politólogos y administradores el proceso mediante el cual el sistema jurídico constitucional regula el sistema de políticas públicas y en este caso la política territorial para buscar demostrar cómo una nueva dimensión del control constitucional se consolida dentro de una nueva idea Estado y de democracia.

La influencia del crimen organizado transnacional en el proceso de formulación de políticas públicas. Estudio de caso: Argentina 2001-2013

Este estudio de caso analiza la influencia del Crimen Organizado Transnacional en la formulación de Políticas Públicas de seguridad en Argentina entre 2001 y 2013. En contraste con otros estudios, se considera que la relación de estos dos fenómenos debe recoger aspectos fundamentales de un enfoque de seguridad integral y multidimensional. En el caso de Argentina, durante 2001 el Crimen Organizado Transnacional ocupó el primer lugar en la agenda pública, lo cual derivó en una serie de acciones públicas llevadas a cabo por los distintos gobiernos. Sin embargo, los casos de Santa Fe en 2012 y Córdoba en 2013 demostraron la debilidad institucional en la formulación de Políticas Públicas de este país. Por lo tanto, este trabajo pretende demostrar con los casos anteriormente mencionados que debilidades estatales como la corrupción estatal y la indiferencia ciudadana son obstáculos para la formulación de políticas públicas.

Documentos de Investigación. Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales N° 48. Situación actual de las políticas públicas para la reconciliación y la construcción de paz en Colombia: una aproximación desde las entidades territoriales

En este segundo documento de trabajo elaborado por el Semillero de Políticas Públicas se ha desarrollado un ejercicio de investigación formativa que tuvo dos propósitos fundamentales: a) entender el asunto de la reconciliación en Colombia como un fenómeno complejo que puede y debe ser abordado desde distintos frentes de política pública, y b) reconocer el esfuerzo que están haciendo algunos municipios en Colombia para lograr resultados concretos de reconciliación. En esta medida, hemos basado nuestro análisis en el trabajo previo de la Comisión de Conciliación Nacional, que elaboró en el año 2010 un Acuerdo Nacional para la Reconciliación y la Paz en Colombia. Según la entidad, “a través de conversatorios, foros públicos regionales, divulgación en medios y foros virtuales, se construyó de manera consensuada un Acuerdo de Mínimos por la Paz y la Reconciliación, que cuenta con la participación de prácticamente, todos los sectores de la sociedad, del ámbito público y privado; de la sociedad civil, la academia y el gobierno; de organizaciones de origen nacional como internacional” (Comisión de Conciliación Nacional, 2016, Consulta electrónica).

El homosexual en tiempos del sida: imaginarios, subjetividades y políticas públicas en Cartagena de Indias 1981-1989

En este trabajo se hace un análisis de los primeros años del VIH/Sida en Cartagena (Colombia) y la manera en que esta se constituyó en una nueva forma de control sobre el cuerpo y la sexualidad, en especial sobre la homosexualidad masculina. A través de la revisión de la prensa de la década de 1980 evidenciamos las fuertes representaciones e imaginarios que vincularon al Sida con la homosexualidad, y la manera en que esto generó nuevas formas de discriminación y exclusión para este grupo poblacional, toda vez que se estableció la heterosexualidad como la única posibilidad de protegerse de la avanzada del VIH/Sida. Con las entrevistas realizadas a hombres homosexuales que vivieron este periodo, se pudo conocer el impacto de estas representaciones e imaginarios en sus subjetividades. El testimonio de las personas de carne y hueso que vivieron estos años revelan que el andamiaje mediático sobre el Sida se naturalizó y llegó a hacer parte de la cotidianidad; el estigma y el miedo que rondaba a los hombres homosexuales en los 80’s hizo que el ocultamiento y la vergüenza fuera la primera respuesta ante el boom mediático del Sida. Solamente muchos años después estos hombres tomarían la palabra, llevando la problemática del Sida a la esfera de lo público y desde una perspectiva de derechos en la ciudad.

Propuesta de lineamientos generales y políticas públicas que permitan la creación de un régimen jurídico apropiado para la prestación de servicios convergentes en el Ecuador

Los sectores de las telecomunicaciones y de la radiodifusión y televisión en el Ecuador, se encuentran regulados y controlados a través de dos normas jurídicas distintas, cuya naturaleza responde a las particularidades propias de cada una de estas actividades. Esto ha ocasionado que la regulación de estos servicios se encuentre sometida a diferentes organismos de regulación, que los derechos y obligaciones que los proveedores deben ejercer y cumplir sea disímil y muchas veces contradictoria entre sí, que su prestación sea autorizada a través de diferentes instrumentos jurídicos de jerarquía y naturaleza distinta, que el acceso, interconexión e interoperabilidad de la red, sea para el caso de telecomunicaciones obligatoria, mientras que para el caso de las redes de radiodifusión y televisión se encuentren restringida. Esta realidad no ha permitido el desarrollo adecuado, dinámico y acorde a la actual situación tecnológica y de mercado, de una regulación que fomente el aparecimiento de servicios convergentes de voz, datos y video; realidad que se presenta día a día en la industria de telecomunicaciones. En razón de lo cual, en la presente tesis, se ha planteado la necesidad de reformular los lineamientos generales y las políticas públicas existentes en los sectores involucrados para viabilizar el aparecimiento, regulación y control de los servicios convergentes de voz, datos y video. Con este objeto se ha formulado una propuesta jurídica – regulatoria que busca reformular los lineamientos generales y las políticas públicas existentes, con el propósito de que estos abonen al desarrollo y provisión de los servicios convergentes. Pero es evidente que a más de la reformulación de los lineamientos ya existentes es necesario el fortalecimiento de la institucionalidad del sector, de sus actores y de la normativa marco que regula la prestación de los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión.