O direito penal tributário e os instrumentos de política criminal fiscal

O objetivo do presente trabalho consiste na análise crítica dos efeitos da política criminal fiscal brasileira sobre a proteção do bem jurídico protegido pelo Direito Penal Tributário, investigando se instrumentos de política criminal fiscal auxiliam na proteção do bem jurídico tutelado pelo Direito Penal Tributário. Para tanto, primeiramente, será analisada a criminalidade econômica, bem como os institutos básicos dos delitos tributários. Posteriormente, estudar-se-á o bem jurídico tutelado pelos delitos fiscais e de que forma os instrumentos de política criminal fiscal tem influenciado em sua proteção. O presente estudo é dividido em quatro capítulos. Os dois primeiros dedicados ao enquadramento metodológico do tema, sendo que nos três primeiros optou-se por pesquisar a visão de doutrinadores europeus, sobretudo espanhóis e portugueses, pelo fato de o Direito Penal Econômico apresentar destacado desenvolvimento naqueles países. Já no último capítulo, preferiu-se dar destaque à doutrina e jurisprudência locais, em função de os instrumentos de política criminal-fiscal estudados influenciar a realidade brasileira e não estrangeira. No primeiro capítulo será estudado o Direito Penal Econômico, ramo do Direito Penal que se ocupa da criminalidade econômica, apresentando as diversas teorias a respeito da conceituação dos delitos econômicos. Os delitos econômicos serão, ainda, contextualizados com o fenômeno da expansão/modernização do Direito Penal, apurando-se os efeitos desta espécie de criminalidade dentro de uma sociedade de risco, com todos os novos bens jurídicos dela característicos e passíveis de tutela por meio do Direito Penal. No segundo, analisado os contornos básicos do Direito Penal Tributário, diferenciando-o do Direito Tributário Penal e trazendo as diversas conceituações e classificações dos crimes tributários dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Em seguida, buscar-se-á responder à questão de pertencerem, ou não, os crimes tributários à seara do Direito Penal Econômico, na qualidade de delitos econômicos. Mais à frente, no terceiro capítulo, será investigado o bem jurídico penal protegido pelo Direito Penal Tributário e sua relação com os direitos humanos fundamentais e ao custeio das políticas sociais que o Brasil, como Estado Social e Democrático de Direito, se propôs a desenvolver. No capítulo quatro, finalmente, serão estudados os instrumentos de política criminal-fiscal utilizados no Direito Brasileiro (extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo sonegado, critérios de aferição dos crimes fiscais de bagatela, natureza jurídica do encerramento do procedimento administrativo fiscal e a não escolha da sonegação fiscal como antecedente da lavagem de dinheiro) e os efeitos que engendram na proteção do bem jurídico penal tutelado pelo Direito Penal Tributário, para, então, concluir o trabalho.

Propuestas de rediseño institucional para la elaboración y evaluación de la política criminal por parte del gobierno

Podría afirmarse que en los últimos años prácticamente todas las propuestas de reforma penal que han salido del despacho de un ministro de justicia se han centrado en el endurecimiento de la ley. Habiendo alcanzado ya los límites de la cadena perpetua, podría pensarse que esta dinámica puede estar llegando al final de un callejón que en la actualidad no tiene salida conocida para nuestros gobernantes. Sin embargo, aún queda recorrido en la línea actual: prisión perpetua no revisable, medidas de seguridad postdelictuales, penas infamantes, penas corporales, etc., y, además, la evolución de la política criminal comparada nos proporciona ejemplos de otros ámbitos a los que acudir para buscar nuevas formas de punición. A pesar de ello, la doctrina penal y criminológica no ha sido capaz de ofrecer alternativas convincentes para el poder político en esta reciente era punitivista que culmina con la reinstauración expresa de la cadena perpetua, lo que indica que tal vez haya que afrontar el futuro con una estrategia diferente. En el ámbito académico y profesional relacionados con la política criminal, ya se empiezan a ver indicios de esta nueva estrategia, como el papel jugado recientemente por algunos de ellos como grupo de presión experto. A mi juicio, a estas labores de presión externa han de añadirse otras que incidan, no solo en los contenidos de la política criminal, algo fundamental, sino también en el continente. En tal línea se enmarca este trabajo, en el que pretendo discutir en parte cómo se aborda la política criminal en nuestro país pero, sobre todo, cómo podría hacerse de una forma que, previsiblemente, pudiera dar unos resultados mejores. Mi objetivo es llegar en ello a cierto nivel de detalle, proponiendo quién debería hacerlo, cuándo y de qué manera. Defenderé la idoneidad que, en mi opinión, tienen los conocimientos relacionados con la evaluación para la mejora de la política criminal. Resulta cada vez más evidente que los aspectos jurídicos de la política criminal pueden beneficiarse profundamente de otros conocimientos y no es casualidad que, en nuestro país, algunos de los académicos interesados en esta materia hayan dado firmes pasos para adentrarse en disciplinas más o menos alejadas del Derecho, como la Economía, la Criminología o la Ciencia Política. Efectivamente, el estudio de las decisiones públicas que rigen la creación de políticas penales requiere de una aproximación holística, única forma de comprender las dinámicas que las condicionan. Se puede optar por atender aspectos específicos, como el estudio de los actores que participan en las políticas, por ejemplo, pero sin el conocimiento de otras fases previas y posteriores o de las competencias de los diferentes órganos e instituciones públicas que participan en el proceso, difícilmente se podrán interpretar correctamente los hallazgos. Este trabajo pretende contribuir a completar un mapa que nos permita a entender y manejar mejor las dinámicas que gobiernan la política criminal española, para lo cual propondré reformas específicas gracias a las cuales las instituciones de nuestro país estarían, creo, en una mejor posición para afrontar los retos de naturaleza criminal.

La transformación del derecho penal argentino

Las últimas décadas de la Política Criminal en Argentina, al menos en lo que se ha plasmado de modo asistemático dentro de la codificación penal, se inscriben en el marco de discusión sobre la crisis del Derecho Penal. Como he señalado en otras oportunidades, resulta paradójico hablar de crisis penal cuando al mismo tiempo se describe su expansión1 constante2. Esa aparente contradicción, en verdad, lo que indica es la transformación del Derecho Penal3. Lo que ha ingresado en una crisis evidente es la comprensión del sistema penal a partir de ciertos criterios propios de la matriz ilustrada del mismo. Por lo demás, se han elaborado nuevas formas de comprensión del fenómeno punitivo que ya no responden a esos cánones originarios. Al respecto han mutado los fundamentos, fines, métodos científicos y estructuras de concreción legislativa de la reacción penal. Por eso, si bien resulta imposible dar cuenta precisa de los cambios suscitados en el Derecho Penal de la Argentina en estos últimos treinta y cinco años, si se atiende de manera sumaria y con cierto grado de discrecionalidad a algunos de esos aspectos, es factible brindar un panorama de lo que ha sucedido. A modo de introducción, cabe advertir que la Argentina no ha estado ajena, en buena medida, a las líneas que han motorizado las nuevas respuestas penales a nivel comparado, sobre todo en el área continental. La “metamorfosis” del orden penal no solo expresa aspectos vinculados a las decisiones legislativas, esto es, de Política Criminal, sino que integra además los cambios en la dogmática penal...

Análisis de las rupturas y continuidades estratégicas en sus ámbitos económico, social y político entre el bloque Élmer Cárdenas de las AUC (2002-2006) y la banda criminal los Urabeños (2006-2010) presentes en el Urabá chocoano

A partir de un análisis comparado, de orden cualitativo, se analiza la existencia de continuidades y rupturas estratégicas entre el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC y los Urabeños, con el fin de caracterizar a ambos actores armados. La investigación expone similitudes relevantes entre ambos grupos armados a fin de dilucidar la naturaleza, aun discutida, de las llamadas bandas criminales y su relación con los predecesores bloques paramilitares, además de la incidencia en las actividades económicas, la población civil y el poder político.

La relación entre el crimen organizado transnacional en la triple frontera y la politica exterior de seguridad de Brasil, Argentina y Paraguay entre 1996 y 2006

Esta monografía analiza la influencia del Crimen Organizado Transnacional en la Triple Frontera compartida por Argentina, Brasil y Paraguay y sus decisiones en Política Exterior durante 1996 y 2006. Se explica cómo el Crimen Organizado Transnacional y sus efectos en la gobernabilidad de los Estados pueden ser un motivo para el análisis de la situación como un Complejo de Seguridad Regional. A partir de la conceptualización de Seguridad Regional de Barry Buzan y Ole Waever y de Robert Stewart y Derrick Frazier, se avanza hacia el resultado de la investigación que permite exponer los factores que conllevaron a el surgimiento de un Complejo de Seguridad Regional entre Argentina, Brasil y Paraguay para diezmar los efectos del Crimen Organizado Transnacional en la Triple Frontera.

Reexamining the Role of Incarceration and Stigma in Criminal Law

One of the ways by which the legal system has responded to different sets of problems is the blurring of the traditional boundaries of criminal law, both procedural and substantive. This study aims to explore under what conditions does this trend lead to the improvement of society's welfare by focusing on two distinguishing sanctions in criminal law, incarceration and social stigma. In analyzing how incarceration affects the incentive to an individual to violate a legal standard, we considered the crucial role of the time constraint. This aspect has not been fully explored in the literature on law and economics, especially with respect to the analysis of the beneficiality of imposing either a fine or a prison term. We observed that that when individuals are heterogeneous with respect to wealth and wage income, and when the level of activity can be considered a normal good, only the middle wage and middle income groups can be adequately deterred by a fixed fines alone regime. The existing literature only considers the case of the very poor, deemed as judgment proof. However, since imprisonment is a socially costly way to deprive individuals of their time, other alternatives may be sought such as the imposition of discriminatory monetary fine, partial incapacitation and other alternative sanctions. According to traditional legal theory, the reason why criminal law is obeyed is not mainly due to the monetary sanctions but to the stigma arising from the community’s moral condemnation that accompanies conviction or merely suspicion. However, it is not sufficiently clear whether social stigma always accompanies a criminal conviction. We addressed this issue by identifying the circumstances wherein a criminal conviction carries an additional social stigma. Our results show that social stigma is seen to accompany a conviction under the following conditions: first, when the law coincides with the society's social norms; and second, when the prohibited act provides information on an unobservable attribute or trait of an individual -- crucial in establishing or maintaining social relationships beyond mere economic relationships. Thus, even if the social planner does not impose the social sanction directly, the impact of social stigma can still be influenced by the probability of conviction and the level of the monetary fine imposed as well as the varying degree of correlation between the legal standard violated and the social traits or attributes of the individual. In this respect, criminal law serves as an institution that facilitates cognitive efficiency in the process of imposing the social sanction to the extent that the rest of society is boundedly rational and use judgment heuristics. Paradoxically, using criminal law in order to invoke stigma for the violation of a legal standard may also serve to undermine its strength. To sum, the results of our analysis reveal that the scope of criminal law is narrow both for the purposes of deterrence and cognitive efficiency. While there are certain conditions where the enforcement of criminal law may lead to an increase in social welfare, particularly with respect to incarceration and stigma, we have also identified the channels through which they could affect behavior. Since such mechanisms can be replicated in less costly ways, society should first try or seek to employ these legal institutions before turning to criminal law as a last resort.

Política criminal, debido proceso y trámite del procedimiento sumario en El Salvador

Política criminal, su influencia en el diseño del procedimiento sumario en El Salvador – Respeto del debido proceso en el trámite del procedimiento sumario en El Salvador – Tramite del procedimiento sumario.

Sexuality in a criminal justice curriculum : a study of student conceptualisations of gay identity

Heteronormative discourses provide the most common lens through which sexuality is understood within university curricula. This means that sexuality is discussed in terms of categories of identity, with heterosexuality accorded primacy while all 'others' are indeed 'othered'. This article draws on research carried out by the authors in a core first year university ethics class, in which a fictional text was introduced with the intention of unpacking these discourses. An ethnographic study was undertaken where both students and teachers engaged in discussions over, and personal written reflections on, the textual content. In reporting the results of that study this article uses a post-structural framework to identify how classroom and textual discourses might be used to break down socially constructed categories of sexuality and students' conceptualisations of non-heterosexual behaviour. It was found that engaging in discussion in the context of the fictional text allowed some students to begin to recognise their own heteronormative views and engage in an informed critique of them.

Termination of a minor’s pregnancy : critical issues for consent and the criminal law

The recent Supreme Court decision of Queensland v B [2008] 2 Qd R 562 has significant implications for the law that governs consent and abortions. The judgment purports to extend the ratio of Secretary, Department of Health and Community Services (NT) v JWB and SMB (1991) 175 CLR 218 (Marion’s Case) and impose a requirement of court approval for terminations of pregnancy for minors who are not Gillick-competent. This article argues against the imposition of this requirement on the ground that such an approach is an unjustifiable extension of the reasoning in Marion’s Case. The decision, which is the first judicial consideration in Queensland of the position of medical terminations, also reveals systemic problems with the criminal law in that State. In concluding that the traditional legal excuse for abortions will not apply to those which are performed medically, Queensland v B provides further support for calls to reform this area of law.

The Criminal Codes : Commentary and Materials

This edition has been substantially revised to increase overall clarity and to ensure a balanced examination of the criminal law in the 'Code' states, Queensland and Western Australia. The work has been brought up-to-date in all areas and provides valuable comment on the recent wide-reaching reforms to the law of homicide in Western Australia. Significant developments in both states discussed in this edition include: The abolition of wilful murder and infanticide, and the new definition of murder (WA); The introduction of the new offence of unlawful assault causing death (WA); The abolition of provocation to murder (WA), and whether this excuse still has a part to play (Qld); The reformulation of the excuse of self-defence, and the introduction of excessive self-defence (WA); The creation of offences for drink spiking (Qld and WA); and Current and proposed sentencing considerations (Qld and WA). Fundamental principles of the criminal law are illustrated throughout the book by selected extracts from the Codes and case law, while additional materials foster critical reflection on the law and the need for reform.

Butterworths Questions and Answers : Criminal Law in Queensland and Western Australia

Criminal Law in Queensland and Western Australia is a new title in the Butterworths Questions and Answers (BQA) series, focusing on the criminal law in the main code states – Queensland and WA.

Withholding and withdrawing life-sustaining treatment : criminal responsibility for established medical practice?

The law recognises the right of a competent adult to refuse medical treatment even if this will lead to death. Guardianship and other legislation also facilitates the making of decisions to withhold or withdraw life-sustaining treatment in certain circumstances. Despite this apparent endorsement that such decisions can be lawful, doubts have been raised in Queensland about whether decisions to withhold or withdraw life-sustaining treatment would contravene the criminal law, and particularly the duty imposed by the Criminal Code (Qld) to provide the “necessaries of life”. This article considers this tension in the law and examines various arguments that might allow for such decisions to be made lawfully. It ultimately concludes, however, that criminal responsibility may still arise and so reform is needed.