Os operadores jurídicos e a negação dos direitos fundamentais no Brasil : uma perspectiva penal

Bibliografia

Régimen laboral de los docentes de universidades privadas argentinas. Bases y lineamientos para un modelo de regulación

Consideramos que existe una seria desarticulación y dispersión del sistema normativo que rige la relación laboral docente universitaria privada, principalmente por parte de los operadores jurídicos- empleadores y trabajadores docentes-. También percibimos que la reconstrucción que se hace para solucionar problemas prácticos en esta área del Derecho no exhibe respuestas satisfactorias a la especificidad de la relación laboral del docente universitario privado. En efecto, la docencia universitaria privada presenta nítidas diferencias jurídicas y fácticas con la docencia privada de los otros niveles (por lo cual aquélla no se halla regida por la ley 13.047 que rige a los docentes de los otros niveles). Pero también se diferencia con otras actividades laborales de distintas condiciones, influidas o no por el taylorismo-fordismo o toyotismo, y a la que la Ley de Contrato de Trabajo, que mayoritariamente se estima aplicable, no aprehende con precisión. También se diferencia en cuanto al régimen jurídico aplicable con la docencia universitaria estatal y quizás también en algunos elementos fácticos de la prestación laboral. Tales aspectos deficitarios pueden mejorar si se esclarece y reconstruye de modo integral el régimen jurídico laboral que los regula, según la legislación aplicable y las enseñanzas de la doctrina y la jurisprudencia al respecto. Procuraremos verificar cuáles son los principios y las normas que deberían regir la relación laboral docente universitaria privada argentina y su efectivo conocimiento y aplicación por parte de los inmediatos operadores jurídicos- empleadores y trabajadores docentes-. Si se detectan inadecuaciones normativas a la realidad que se trata y a la justicia social, lo que es altamente probable, se propiciará el dictado de normas de diferentes niveles de fuentes normativas para corregirlas.

El valor de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de la convención americana sobre derechos humanos.

El objeto de este estudio radica en la identificación y el análisis de los principales estándares de derechos humanos producidos por las casi tres décadas de la Corte Interamericana. Para lograr los objetivos, nosotros aplicaremos una metodología de tipo deductiva y de contenido comparatista, que posibilite sistematizar la jurisprudencia relevante sobre cada uno de los artículos que prescriben los derechos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Los resultados esperados, posibilitarían contar con una herramienta que pueda ser utilizada por docentes, operadores jurídicos, y la sociedad en general en el conocimiento como en la aplicación de denuncias o reclamos por violación a derechos humanos.

Avaluació i impacte de les respostes penals al fenomen de la violència de gènere a Catalunya (2007-2008)

La recerca vol fer una aproximació empírica a les respostes que des del sistema penal a Catalunya s’ofereix al fenomen de la violència de gènere. S’han explorat de forma transversal les diverses fonts estadístiques quantitatives dels diferents serveis, des del Consejo del Poder Judicial, el Departament d’Interior i el Departament de Justícia, fins a l’ Institut Català de les Dones en el període 2007-2008. Tanmateix s’ha elaborat una base de dades jurisprudencial amb totes les sentències dictades per les Audiències Provincials a Catalunya durant aquest període. L’avaluació qualitativa es realitza a partir de l’anàlisi dels programes d’intervenció existents, un focus group amb els operadors jurídics de la xarxa i l’anàlisi i buidat jurisprudencial.

La incidència de l’aprovació de la LO 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, a nivell institucional

L’obligació a partir de la LO 1/2004 de realitzar programes formatius en cas de suspensió o substitució d’una pena imposada per un delicte de violència de gènere ha suposat que els operadors jurídics, malgrat el recolzament majoritari a aquesta mesura, es mostrin en desacord amb l’obligatorietat i demanin més discrecionalitat.

Impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’Administració de justícia: modernització i eficiència

L’Administració de Justícia, com servei públic que ha de donar als ciutadans una eficaç resolució dels conflictes, ha de comptar per al correcte compliment de la seva funció institucional, amb una sèrie de mitjans, no tan sols personals i materials, sinó també tecnològics, que li permetin assegurar la consecució de les seves finalitats. Per tant, es precisa una Administració oberta i transparent, caracteritzada per l’efectivitat i per la seva proximitat al ciutadà. La introducció de les TIC en l’Administració de Justícia és un procés bastant recent i encara no tancat, si es compara amb la resta del sector públic, especialment d’altres àmbits de l’Administració molt més avançats en la incorporació de les TIC, com són el tributari i el de la Seguretat Social. No obstant això, avui en dia, on majors èxits s’han assolit en aquest camp en l’Administració de Justícia és en el de la seva utilització interna: informatització interna, gestió interna dels procediments, intranets, etc. Per això, on queda un llarg camí per recórrer encara és en el camp de les relacions telemàtiques entre Administració de Justícia i els operadors jurídics, però especialment amb els ciutadans. D’altra banda, el legislador és sensible cada vegada més a aquest tema i s’ha preocupat de regular determinats aspectes on les TIC incideixen en l’àmbit de la justícia: actuacions dels procuradors, advocats, notificacions telemàtiques, el valor del document electrònic en el procés judicial... Així queda reflectit, per exemple, a la Llei Orgànica del Poder Judicial o la Llei d’Enjudiciament Civil. No obstant això, de lege ferenda, seria convenient l’existència d’un marc normatiu únic regulador de l’aplicació de les TIC en la Justícia. Així mateix, també ha d’assenyalar-se que en el procés institucional d’introducció de les noves tecnologies en la Justícia alguns dels acords adoptats així com les previsions contingudes en la normativa aplicable, no deixen de ser en la majoria dels casos simplement programàtics.

La dignidad humana en el proceso salud-enfermedad

En el presente trabajo se hace un cuestionamiento sobre la crisis de la práctica médica actual y del paradigma científico tradicional, denominado en la segunda mitad del siglo XX como Modelo Biomédico y Tecnológico, el cual desde esa época, y hasta la actualidad, rige la medicina, las prácticas en salud y el ejercicio profesional médico. Este modelo ha devenido en una crisis y la forma de asumir la salud y la enfermedad ha tenido serías consecuencias en la praxis médica, con efectos en la “eticidad”, en el deber-ser del médico y en la atención en salud de las comunidades. Asimismo, se hace una propuesta de un paradigma humano en el proceso salud-enfermedad, categoría de gran avance en el campo sanitario pues integra la relación dialéctica entre la salud y la enfermedad –que va más allá de lo biológico– y en la cual se entiende también la muerte como parte de la vida. Este modelo debe estar basado en la vida, la dignidad humana, la salud como derecho conexo a la vida y los derechos humanos, y no en la enfermedad. Igualmente, el objetivo de este compromiso es invitar a los médicos, a los profesionales encargados de los asuntos sanitarios, a los operadores jurídicos y administradores de justicia y los ciudadanos en general, a reflexionar sobre los cambios en el ejercicio médico actual. Se pretende que los conceptos fundamentados por Kant, como la dignidad, el respeto, la autonomía y la libertad, puedan circular en la práctica médica, para salvaguardar los derechos fundamentales de la persona humana y, con ello, la medicina como una profesión.

Análisis sistemático de la responsabilidad patrimonial del estado legislador

el presente trabajo pretende, predominantemente,analizar la problemática de la falta de sistematización de la responsabilidad del Estado y dentro de ello, en forma específica, del legislador, a efectos de formular un modelo de organización lógica y coherente entre los distintos elementos que la componen, para facilitar a los operadores jurídicos su labor técnica de hermenéutica y de aplicación.

Funciones y límites del principio de legalidad administrativa

En este trabajo se investigan los usos que los operadores jurídicos ecuatorianos hacen del llamado principio de legalidad administrativa, para, luego de una confrontación con los presupuestos teóricos que lo fundamentan y de la evaluación de su correspondencia, plantear las reformulaciones teóricas pertinentes.

Reflexiones de una jurista en crisis (Artículos Varios)

A partir de una visión positiva y constructiva del término crisis la autora nos introduce a su reflexión respecto al Derecho y a la función de los juristas como investigadores, operadores jurídicos e intermediadores entre la realidad social y la jurídica. La autora analiza, además, la importancia de buscar coherencia entre el Derecho estudiado, el explicado, el aplicado, y las necesidades de la sociedad actual. Se realiza una invitación al jurista para que sea un mediador social, con voluntad de incidir en la sociedad, para ello se da cuenta del cambio de visión del Derecho que pasa por un Derecho de la uniformidad, típico del Estado liberal, a un Derecho de la diversidad, que repara en distintos sujetos y actividades. Se señalan las razones que alejan al Derecho actual de los postulados tradicionales en los que asientan los juristas, concibiéndolo como un derecho de realidades problematizadas que reclaman una solución de conjunto, dentro de la globalización que da las características especiales a la realidad actual.

Sobre la indeterminación del Derecho y la Ley constitucional: El término "nacionalidades" como concepto jurídico indeterminado (Artículos Varios)

A partir de la idea de que un ordenamiento jurídico no debe prescindir del análisis de su lenguaje, el autor reflexiona desde la teoría juridica en torno a la vaguedad y ambigüedad de las expresiones del lenguaje, con el fin de analizar ciertos aspectos de la indeterminación de los textos jurídicos) Enumera algunas de las causas que la producen, y trata de aproximarse a aquellos presupuestos desde los cuales los operadores jurídicos se enfrentan a la problemática que se plantea cuando aplican e interpretan el Derecho o cuando lo desarrollan legislativamente. Se afronta la indeterminación en la Ley constitucional, haciendo mención especial al término ""nacionalidades"" del art. 2 de la Ley fundamental española, con objeto de tener en cuenta en este supuesto concreto algunas de las consecuencias que conlleva observar conceptos ""indeterminados"" en cualquier Ley constitucional, así como a los diversos razonamientos -direcciones doctrinales- acerca de cómo se ha producido su aplicación casuística. Trae a colación, y de una manera critica, la solución clásica que aporta al respecto la teoria de los conceptos juridicos indeterminados.

El alcance del principio de legalidad en el sistema administrativo ecuatoriano a la luz de la Constitución del 2008

El presente trabajo académico se propone auscultar el alcance del principio de legalidad en el sistema administrativo ecuatoriano a la luz de la Constitución de 2008. Para el efecto, se remonta a los antecedentes que precedieron la implantación del Estado Constitucional de Derechos y Justicia y los componentes que han pretendido modular su fisonomía. Profundiza sobre el principio de aplicación directa de las garantías fundamentales y la obligación de los jueces y funcionarios públicos de garantizar su vigencia. En el segundo capítulo, se aborda el principio de legalidad y su proyección en la doctrina, el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia, poniéndose énfasis en el estudio de las potestades administrativas y las notas características que las clasifican en regladas o discrecionales, así como sus formas de control. Como colofón a este capítulo, se explora la vinculación de dicho principio, con los del debido proceso y seguridad jurídica. El tercer capítulo encara el conflicto entre los principios constitucionales de legalidad y aplicación directa de la Norma Fundamental, así como la facultad de los operadores jurídicos de ponderar su vigencia. Se detiene en el análisis del surgimiento irremediable de la pugna entre la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional por la convivencia de jurisdicciones y la facultad revisora del máximo órgano de control constitucional. Del mismo modo se proponen mecanismos para armonizar la aplicación de ambos principios en el marco de las competencias de los operadores jurídicos, llegando a su desenlace mediante planteamiento de conclusiones.

La aplicación directa de las normas constitucionales: una mirada en los países miembros de la Comunidad Andina

Esta tesis se propone estudiar la aplicación directa de la Constitución, responder si todas las normas constitucionales son inmediatamente aplicables, estudiar el funcionamiento del proceso de aplicación directa de las normas constitucionales en los países de la comunidad andina, y exponer quién tiene la facultad de aplicar directamente, cuándo la tiene, mediante qué acto ejerce tal facultad y cómo la ejerce. El contenido está dirigido a desarrollar las consideraciones de una Constitución como norma jurídica, sus implicaciones y consecuencias. Analizar el tipo de normas constitucionales que residen en toda Constitución y la respectiva diferenciación de ese tipo de normas (principios y reglas). Describir los derroteros para alcanzar la aplicación directa con la finalidad de identificar las dificultades que supone la aplicación de normas constitucionales. Identificar la eficacia jurídica de las normas constitucionales para extraer elementos que definan hasta dónde uno u otro operador jurídico está capacitado de aplicar directamente la Constitución. Este desarrollo está dirigido a construir las conclusiones sobre la aplicación directa de la Constitución, con el fin de definir la interacción en el proceso de aplicación directa de la totalidad de operadores jurídicos de modo que puedan ser ordenados mediante una clasificación original al efecto. Finalmente la tesis incluye un estudio de las Constituciones de los países miembros de la comunidad andina, para identificar el funcionamiento del proceso de aplicación directa y el rol de los operadores jurídicos de esos países.

Deber judicial de resolución y casos difíciles (Tema Central)

Resolver por parte de los operadores jurídicos y en los casos en los que el derecho aplicable es indeterminado, con mecanismos y técnicas que son asimismo imprecisas, genera ciertas consecuencias: en estos supuestos los jueces no cuentan con criterios nítidos que guíen su toma de decisiones. dado que la extensión de lo indeterminado es indeterminada, la indeterminación es ineliminable no solo del contenido de las reglas jurídicas sino también de los recursos y mecanismos interpretativos del derecho. Así sucede en los “casos difíciles”, en los que el “deber de resolución” que impone a los jueces el Estado de derecho deviene impreciso y de realización incierta.

Argumentación jurídica en materia tributaria

Reflexión marco acerca de si el Positivismo –bajo el supuesto de que se haya concretado en nuestro medio-2 y el Constitucionalismo son realmente contradictorios e imposibles de combinar; luego se reflexiona sobre la llamada constitucionalización de las ramas especializadas del Derecho, en donde se destaca la peculiar situación del ordenamiento jurídico tributario frente a la Constitución; se analiza acerca de la aparente novedad que en los tiempos que corren en nuestro país posee la argumentación jurídica. Trata sobre la importancia y connotación que posee la tarea argumentativa. Hace alusión a quienes a juicio del autor constituyen el conjunto de operadores jurídicos, quienes son los llamados a argumentar en orden a decidir en los casos concretos asignados para su resolución. Mas adelante, describe los presupuestos necesarios para ejecutar un adecuado ejercicio argumentativo en el ámbito tributario, que será, al mismo tiempo, útil para defender la Constitución y los derechos de los ciudadanos, entre ellos, al debido proceso, a la igualdad, a la tutela efectiva, a la seguridad jurídica, en aras de concretar la justicia. Como penúltimo punto, da cuenta de una tipología básica de la argumentación, evidenciada por los expertos en diferentes latitudes del planeta. Al final, cierra con conclusiones a las que se ha arribado.