The Security Council and the Legitimacy of the Use of Force: Legal, Normative, and Social Aspects.

Tal i com estableix la Carta de les Nacions Unides, el Consell de Seguretat determina l’existència d’una amenaça a la pau, un trencament de la pau o un acte d’agressió i decideix les mesures que han de fer-se servir per restaurar la pau i seguretat internacionals, també l’ús de la força. L’objectiu d’aquest article és explorar la legitimitat d’aquest ús de la força. Amb aquest objectiu, el text parteix d’una definició centrada en les seves dimensions legal, normativa i social. En segon lloc, s’analitzarà com aquestes dimensions estan representades als debats del Consell de Seguretat de la guerra d’Irak de 2003, un dels usos de la força més controvertits i que més debat ha generat als darrers anys. Finalment, l’anàlisi proposat permet treure algunes conclusions sobre les bases canviants de la legitimitat de l’ús de la força.

Corte Penal Internacional cuestiones frente a legítima defensa y el delito de agresión

Concretamente, desde una perspectiva meramente académica, analizaremos la guerra contra Iraq y Afganistán por parte de los Estados Unidos, así como de los países que suscribieron Estatuto de Roma que apoyaron esta empresa militar, a fin de determinar si en cada una de las guerras se puede hablar de una conducta amparada por la causal eximente de responsabilidad, o por el contrario, existieron excesos en el ataque, y en consecuencia, los países que participaron cometieron un delito de agresión en contra de los países atacados.

Defensa de la gratuidad de la educación en Colombia: algunos argumentos constitucionales y de derecho internacional

Colombia es el único país de América Latina en el que la constitución y la ley permiten a las instituciones educativas estatales realizar cobros académicos en todos los grados escolares. La consecuencia de esto es que el Gobierno Nacional no se ha interesado por elaborar una política de gratuidad de la educación. Sin embargo, la Constitución tiene disposiciones que permiten integrar los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia al ordenamiento jurídico interno; allí, es donde está consagrada la gratuidad de la educación. Ésta es un imperativo jurídico que el Estado no puede desconocer. La Corte Constitucional ha protegido el acceso y la permanencia al sistema educativo con base en el Derecho Internacional pues cuando existe una disposición de derechos humanos que consagra un derecho, los argumentos de costo beneficio quedan excluidos, en especial si es un derecho universalmente reconocido. Nuestra tesis es que no hay ninguna razón para que el Estado restrinja el disfrute del derecho a la educación a través de cobros, especialmente porque la gratuidad de la educación primaria les permite a las personas acceder y permanecer en el sistema educativo y es un instrumento privilegiado para remover las barreras económicas que afectan el disfrute del derecho. La estructura del artículo es la siguiente: los dos primeros apartados se referirán a las obligaciones internacionales del Estado colombiano, el tercero hará énfasis en la jurisprudencia constitucional sobre la gratuidad de la educación y, finalmente, habrá una breve conclusión que planteará futuras líneas de trabajo. 

La legítima defensa [por] Hugo Martínez García

Tesis (Maestría en Ciencias Penales) U.A.N.L.

Papel de los sujetos atípicos del Derecho Internacional en la ejecución de labores humanitarias. estudio de caso: acompañamiento e intermediación del CICR en el proceso de liberación de secuestrados en Colombia por parte de las FARC-EP durante el periodo 2008-2010

Este trabajo de grado busca estudiar el papel del Comité Internacional de la Cruz Roja CICR en la ejecución de labores humanitarias referentes a su papel como intermediario neutral en los procesos de liberación de personas en poder de las FARC entre el 2008 y el 2010 en Colombia, teniendo en cuenta las regulaciones de DIH por las que se rige el CICR y sus implicaciones en el conflicto armado interno.

La imprescriptibilidad de la acción y la sanción disciplinaria por graves violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario

El artículo presenta un análisis respecto a la problemática de la imprescriptibilidad de la acción y la sanción disciplinarias por graves violaciones e infracciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, cometidos por servidores públicos, en especial, por miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En este estudio se abordará la regulación de la prescripción de la acción disciplinaria por estas graves conductas en los Regímenes Disciplinarios aplicables a la Fuerza Pública en los últimos treinta años y en el actual Código Único Disciplinario. Para esto se tendrá en cuenta las consecuencias de orden jurídico, político, social y económico, a nivel nacional e internacional, que puede ocasionar la declaratoria de prescripción, bien sea por la ineficiencia o el desinterés por parte de los agentes estatales en adelantar los respectivos procesos disciplinarios tendientes a evitar no sólo la impunidad en materia administrativa sancionadora, por la comisión de infracciones atroces, sino también ante la necesidad de preservar el buen nombre y la buena marcha de la administración, y a su vez, cumplir con los estándares internacionales trazados sobre la materia. Finalmente se propone una reforma legal extendiendo el término de prescripción de manera razonable, para preservar los derechos de las víctimas y los disciplinados y asegurar el cumplimiento eficaz de las obligaciones del Estado colombiano, para garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales sobre la materia, en defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. 

El estado colombiano frente a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario: transformaciones, crisis y reacción de las instituciones internacionales y organizaciones no gubernamentales durante el periodo presidencial del Dr. Álvaro Uribe Vélez (2002-2005)

El conflicto armado1 colombiano, se ha caracterizado por su duración y por ser uno de los pocos conflictos que se ha manejado internamente por más de cuarenta años. Desafortunadamente, el fortalecimiento desmedido de los grupos terroristas en los últimos años financiados, por dineros provenientes del secuestro, la extorsión y el narcotráfico, entre otros y las constantes violaciones a los DDHH e infracciones al DIH que se manifiestan en ataques indiscriminados a poblaciones; infraestructura vial, energética y eléctrica; amenazas de muerte, toma de secuestrados, desplazamientos forzados y desapariciones; entre otros métodos de terrorismo indiscriminado, han hecho que la Fuerza Pública colombiana2, en pro de la seguridad y el bienestar de sus habitantes, deba reaccionar a las agresiones del terrorismo, tal como hace mención el capítulo primero.

Derecho internacional de los derechos humanos: manifestaciones, violaciones y respuestas actuales.

Si bien la temática de los Derechos Humanos, de su necesario respeto e instrumentos de tutela existentes constituye un área de estudio cada vez más desarrollada, y que posee autonomía científica respeto al Derecho Internacional y a los derechos internos o nacionales, también es cierto que la mayor visibilidad y conciencia de éstos trae aparejada una diversidad y multiplicidad de manifestaciones y conculcaciones, tanto en derechos de primera, segunda y tercera generación, que exige una actualización constante. En avance de las tecnologías y de la globalización, si bien contribuyen a poder monitorear el respeto de los Derecho Humanos en distintas y en ocasiones remotas partes del mundo, también posibilita nuevas vulneraciones (derecho a la intimidad, derecho al medioambiente, derecho al debido proceso, sólo por citar algunos variados ejemplos). Un reflejo de lo expresado lo constituye la evolución de la jurisprudencia en los últimos años en la materia, tanto internacional como de cada una de las jurisdicciones nacionales. Paralelamente, cada vez con mayor intensidad se han multiplicado los regímenes especiales que regulan la actividad de los Estados en determinadas áreas de sus relaciones internacionales, y tratan directa o indirectamente aspectos vinculados a los Derechos Humanos (integración regional, medioambiente e incluso comercio e inversiones por citar algunas de estas áreas). Asimismo, la vulneración de los Derechos Humanos ha adquirido en la actualidad diversas manifestaciones en distintos sectores o materias específicas y en casos concretos que merecen ser analizados (uso de la fuerza armada, seguridad nacional, medioambiente, integración regional, también a modo ejemplificativo). En este contexto, el proyecto pretende abordar la temática de los Derechos Humanos desde una perspectiva actual y diferente, pues hace eje en tratar, mediante la elaboración de una obra colectiva elaborada por reconocidos especialistas nacionales y extranjeros, aspectos vinculados a la evolución actual de los Derechos Humanos (últimos 5 años), tanto las nuevas manifestaciones (expresiones, desarrollos), como las novedosas violaciones (vulneraciones concretas) y respuestas frente a las mismas (regulaciones, decisiones judiciales, organismos, tribunales).

El crimen de persecución en derecho internacional público

Una investigación llevada a cabo en 2002-2003, relativa a las aportaciones de la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) al desarrollo del Derecho internacional penal material, puso de manifiesto ciertas dificultades a la hora de delimitar el contenido del crimen contra la humanidad consistente en la persecución por motivos políticos, raciales y religiosos. Así parecía desprenderse del esfuerzo del TPIY por establecer pautas y criterios generales para su aplicación que, sin embargo, debía constantemente revisar y modificar. Ello prueba que las definiciones existentes resultan ser excesivamente casuísticas y/o abiertas para proporcionar la seguridad jurídica que todo sistema penal requiere. Para identificar el origen de tales dificultades, se estimó que su inclusión dentro de los crímenes contra la humanidad ofrecía un interesante criterio de comparación, en la medida en que todos los comportamientos que integran esta categoría deberían presentar una serie de rasgos comunes que justificara su criminalización cuando fueran cometidos como parte de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil, con conocimiento de dicho ataque (es decir, en el contexto propio de los crímenes contra la humanidad). A partir de este análisis, se llegó a la principal conclusión de que los problemas de definición y aplicación parecen deberse a la configuración de la persecución como un crimen discriminatorio, orientado a garantizar que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos sin discriminación, de manera que el bien jurídico protegido por el crimen es el principio de no discriminación. Ello dota a la persecución de una configuración compleja que la aproxima más al genocidio que al resto de crímenes contra la humanidad, puesto que estos buscan proteger determinados derechos humanos (y no principios, como el de no discriminación).

Deberes de solidaridad y posición de garante: examen del problema en la legítima defensa

La legítima defensa, com a causa de justificació que permet l’ús de la violència entre individus per la defensa de la pròpia vida i béns, és el reflex de la conceptualització filosòfica de la societat i dels principis en el cuals es funda. Partint de la premissa que la societat és una exigència natural dels individus, els principis que s'adeqüen a ella, així com a una correcta fonamentació de la legítima defensa, són els de responsabilitat i solidaritat. El primer com a contrapartida de la llibertat individual per a organitzar la pròpia esfera, el segon com a conseqüència dels vincles que existeixen entre els individus i que fan possible l'existència objectiva de la comunitat. Ambdós principis fonamenten, ordenen i limiten els conflictes propis de la legítima defensa. La seva estructura típica és la d'un subjecte que agredeix il•legítimament a un altre, originant-se per a aquest últim un dret a la defensa que, d'una banda, està limitada per deures de solidaritat i, per una altra, ha de ser tolerada per l'agressor en la mesura de la seva responsabilitat. Les variacions en aquesta estructura tenen el seu origen en raons institucionals, com és la pertinença a un vincle familiar, i també a raons organitzatives, per la qual s'imposa un deure de respondre per la pròpia conducta quan es lesionen interessos aliens. Partint d'aquest esquema, la mesura que cadascun dels subjectes pot actuar en la defensa dels seus interessos ve determinada per la confluència relativa dels següents factors: en primer lloc, el grau de responsabilitat de l'agressor (tipus subjectiu/culpabilitat) pel conflicte li imposa diferents nivells de tolerància respecte a l'acció defensiva, al mateix temps que influïx en el tipus de solidaritat (mínima o reforçada) que se li exigeix a l'agredit en l'exercici de la seva defensa; d'altra banda, l'existència de deures de solidaritat reforçats o posicions de garantia amb rellevància en el conflicte introduïx noves conseqüències en l'estructura. Per tant, les diferents tipologies del conflicte defensiu es solucionen mitjançant l'aplicació d'ambdós principis i amb la següent lògica: a major responsabilitat de l'agressor pel conflicte, menor serà la solidaritat exigida a l'agredit en la defensa dels seus interessos. L'objectiu és, en definitiva, garantir la defensa dels béns atacats al mateix temps que es tracta de retornar a la situació conforme a dret a uns subjectes que, excepcionalment, resolen un conflicte jurídic mitjançant la violència privada.

Empresas militares y de seguridad y el derecho internacional humanitario

Este es el objeto de la presente investigación: analizar de qué manera y hasta qué punto el fenómeno EMSP queda cubierto y le son aplicables las normas de derecho internacional humanitario. Para ello, dividimos el trabajo en tres grandes partes. La primera, de carácter introductorio, hace un repaso sobre el fenómeno clásico del mercenarismo y cómo la respuesta que le ha dado el derecho internacional no solo ha sido tardía, sino que no resulta de excesiva utilidad para los modernos contratistas privados. En la segunda parte abordamos el origen, proliferación y funciones de las empresas militares y de seguridad privadas, así como las diferencias que las caracterizan en comparación con el mercenarismo clásico. Asimismo, tratamos de dilucidar cuál debería ser el estatuto jurídico de estas personas en el contexto de su participación en conflictos armados, cuestión que no tiene una respuesta clara y que seguramente se encuentra entre los más claros argumentos a favor de una regulación ad hoc del fenómeno. Finalmente, el segundo capítulo se cierra con un breve análisis de las distintas iniciativas de regulación a las que hemos hecho referencia en el párrafo anterior. La tercera parte del estudio analiza de forma pormenorizada los principios y normas de derecho internacional humanitario que se ven afectadas por la presencia y participación de EMSP en conflictos armados. Tomando como base normativa el derecho humanitario consuetudinario que ha sido identificado por el CICR (Henckaerts y Doswald Beck 2007), y teniendo en cuenta tanto la práctica conocida como las propuestas regulatorias mencionadas, este capítulo identifica los grados de exigibilidad de las principales normas de derecho humanitario a las EMSP. Terminamos con las pertinentes conclusiones, de las que se va a desprender un deber genérico de respeto del derecho internacional humanitario tanto por la empresa como por sus empleados; un principio que solo se exceptúa en aquellas normas de derecho humanitario que solo corresponde aplicar al estado soberano en tanto que tal y que cabe matizar en algunas otras. Observaremos sin embargo que la inmensa mayoría de los principios y normas de derecho internacional humanitario son perfectamente aplicables y deberían ser exigibles a las EMSP y sus empleados.

Las empresas militares y de seguridad privadas ante el derecho internacional de los derechos humanos: su actuación en el conflicto iraquí

La externalización mediante actores privados del uso de la fuerza en conflictos internos e internacionales es un fenómeno creciente que el artículo analiza desde la perspectiva de sus repercusiones en el respeto de las normas internacionales de protección de los derechos humanos y tomando como caso de estudio en conflicto en Irak.

Nuevo enfoque de la legalización en el Derecho Internacional Privado y su aplicación en nuestro país (Apostille)

Tesis ( Maestría en Derecho Internacional privado) U.A.N.L.