989 resultados para Lógica jurídica


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[Tesis] (Doctor en Derecho) U.A.N.L.

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Consideraciones generales sobre la necesidad de iniciar, desde muy temprano, a los alumnos en el hábito de un razonar más sutil y problemático, más complejo que el de la llamada lógica tradicional, por ejemplo, en el ámbito de la lógica jurídica, lógica matemática o lógica física, y sobre la introducción de un sistema de axiomas y de una teoría científica en los estudios españoles.

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Fil: Yerga de Ysaguirre, M. C.. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Filosofía Argentina y Americana

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Fil: Pró, Diego F.. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Filosofía Argentina y Americana

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Fil: Machado Neto, A. L..

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Este texto es único, puesto que se centra en las trayectorias sociales de líderes indígenas de diferentes regiones del mundo, poniendo los actores sociales en el centro del análisis. Igualmente, el libro privilegia, de una manera novedosa, el método etnográfico y da cuenta, sin embargo, de procesos estructurales (la lógica jurídica, política y económica). Así, permite hacer una crítica, a través de la presentación de materiales empíricos muy ricos, de las aproximaciones clásicas en antropología de la problemática indígena. También da cuenta de investigaciones novedosas sobre objetos y terrenos de invitación interdisciplinarios, que permite la convergencia de varias disciplinas (antropología, historia, derecho, relaciones internacionales, sociología). Este texto logra reunir autores de muchas regiones del mundo alrededor de una misma problemática, y logra una aproximación teórica y metodológica al tema. Está dirigido a la comunidad académica nacional e internacional: internacionalistas, antropólogos sociales, politólogos sociales, y, en general, estudiosos de las cuestiones indígenas y raciales.

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En el presente trabajo de grado, se realiza un acopio, valoración y respectivo análisis de la jurisprudencia nacional, la doctrina especializada y la legislación vigente en Colombia en materia de Facultades Administrativas Discrecionales, con el propósito de determinar, si en nuestro ordenamiento existe diferencia de fondo en el tratamiento de la Discrecionalidad Técnica entre la jurisprudencia contencioso administrativa y la constitucional. Así mismo, se resalta que en un Estado Social de Derecho como el nuestro, es necesario que el quehacer administrativo se aproxime cada vez más a los ideales constitucionales de transparencia y justicia social, de forma tal que las decisiones que se adopten, estén siempre sujetas a los principios de legalidad y debido proceso, y en todo caso, propendan por la salvaguarda del bien común y el interés general.

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La Corte Constitucional colombiana, a través de la interpretación del texto de la carta política, ha hecho invaluables aportes al desarrollo del derecho en nuestro país. Sin embargo, este proceso de definir las palabras de la Constitución requiere la utilización de preferencias valorativas y esto, como es natural, implica un grave riesgo para la seguridad jurídica: ¿hasta dónde puede llegar el intérprete, ¿cuáles son los límites que debe respetar?. Este riesgo incrementa si tenemos en cuenta que buena parte de la doctrina constitucional colombiana contemporánea, llamada por algunos neoconstitucionalismo, ha creado una nueva jerga erudita impenetrable llena de metáforas sofisticadas, razonamientos abstrusos, argumentos con una gran carga emotiva y citas herméticas que, en cierta medida, le han permitido encubrir sus ideas y valoraciones y, de este modo, evitar que sean sensatamente escudriñadas. En un sistema como el colombiano, erigido sobre el principio de frenos y contrapesos entre los distintos poderes del Estado, si el poder político se ejerce a través de la justicia constitucional, en un lenguaje incomprensible y presentado como un argumento de última instancia, todo el equilibrio se viene abajo y, muy pronto, el derecho se convierte en el principal instrumento del despotismo., de Daniel Mendonca, es un libro perfectamente honesto que presenta sus ideas con absoluta claridad y ayuda a trazar los límites entre la discrecionalidad y la arbitrariedad de la interpretación constitucional.

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Una de las mayores deficiencias que se puede encontrar en muchas de las sentencias dictadas por los administradores de justicia, es su falta de fundamentación que, en la práctica, puede ocasionar serios inconvenientes, ya que se estaría vulnerando varios principios constitucionales. Por ello, con este trabajo se aspira abordar a la motivación de las decisiones judiciales, como un tema de actualidad jurídica, determinando los parámetros, contenidos, características, una comparación con otros sistemas procesales, así como, la forma mediante la cual los órganos de la Función Judicial, especialmente, las Salas de lo Civil y de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia (hoy Corte Nacional), deberían fundamentar sus resoluciones. Para el efecto, se han desarrollado tres capítulos. El primero, relativo a nociones previas sobre las providencias judiciales y la obligatoriedad o no de ser motivadas. El segundo capítulo analiza los elementos claves de la motivación, desde su concepto y fin, su alcance constitucional, las distintas formas de motivar, las venjajas y desventajas, y sus requisitos. Se explica, además, lo que hemos denominado criterios de verdad y validez como fundamentos de la motivación, en el que resaltan los principios lógicos de la sentencia, y la relación entre la verdad material y la validez formal (razonamiento sólido) que en un ejercicio práctico de lógica jurídica, intenta aportar con elementos para una motivación debida. El tercer capítulo contiene un análisis de derecho comparado de la motivación judicial en los sistemas de los países de la familia romano germánica, con los del common law. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones sostenidas a lo largo de la investigación.

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Si bien los redactores de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías no establecieron de manera expresa los métodos para adelantar la operación hermenéutica de este instrumento, sí previeron algunos principios que, en líneas generales, configuran un “sistema autónomo de interpretación” –acorde con las exigencias de su naturaleza internacional–, que se traduce en una operación de lógica jurídica que tiene por objeto determinar el alcance y sentido de los términos utilizados por la Convención y de los contratos que suscriban las partes. Este trabajo procura examinar el carácter internacional de la Convención, la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación, y la de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional. En la segunda parte se analizan los criterios previstos en la Convención para la interpretación específica de las declaraciones y los actos realizados por las partes.

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Código Orgánico Tributario establece que de identificar a través de actos de administración tributaria firmes o ejecutoriados indicios de la existencia de un delito tributario, la Fiscalía General del Estado debe dar inicio a la Instrucción Fiscal correspondiente. Del mandato legal se establece primero que es el acto administrativo el que otorgaría a la Fiscalía General del Estado los indicios suficientes para dar inicio a una Instrucción Fiscal, que conforme el Código de Procedimiento Penal debe cumplir con ciertos requisitos previo su inicio, estableciendo además que para prevenir de su conocimiento la Fiscalía, estos actos administrativos deben encontrarse firmes o ejecutoriados y en el caso de haber sido impugnados en sede judicial, existir una sentencia ejecutoriada. Por lo expuesto, en el presente estudio se analizan los alcances jurídicos de los actos administrativos tributarios en el proceso penal, así como las funciones especificas que la Constitución y la Ley otorgan a la Fiscalía General del Estado para el conocimiento y ejercicio de la acción penal pública, estableciendo conclusiones respecto de los problemas planteados y propuestas de reformas al Código Orgánico Tributario que generen armonía y lógica jurídica.

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Nesse estudo busco apresentar uma perspectiva além da retórica “a favor” ou “contra” o Júri. A partir da minha pesquisa de campo no Foro de Porto Alegre, trabalho com a hipótese de que apesar de ser pautado como instrumento amplamente democrático e participativo, e que abra um espaço para o sentimento de justiça do leigo, o Tribunal do Júri é estruturado de tal forma a deixar relativamente pouco espaço a qualquer lógica que não seja a do sistema institucional legal. Desse modo, os jurados, que deveriam representar a perspectiva leiga, acabam reproduzindo e reforçando a lógica jurídica. Uma lógica que, por sinal, longe de pender pela absolvição, parece pesar contra o réu. Examino a hierarquia do campo jurídico, buscando, numa visão de dentro para fora, perceber qual a noção de justiça dos jurados e como o fato de existir jurados veteranos interfere no resultado dos julgamentos. Não se trata de encontrar um culpado pelo fato de a lógica do sistema se impor aos jurados leigos, posto que tal situação decorre mais da composição de forças que está presente no campo jurídico, do que da perpetuação na função de jurado. Entretanto, percebe-se que essa longevidade submete os leigos a uma super exposição à hierarquia vigente no Júri, favorecendo, nas palavras de Pierre Bourdieu, a “adesão dos profanos” à lógica jurídica.

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O estudo propõe desenhar as linhas mestras do processo civil brasileiro no quadro do Estado de Direito Democrático, pós Constituição Federal de 1988. Na primeira parte, partindo da origem do direito processual constitucional brasileiro na Constituição Republicana de 1891 visa a abordar as mudanças ocorridas com a constitucionalização do processo, o que significa reconhecer que na formação e desenvolvimento do direito processual brasileiro atuaram forças paradoxais (recepção da judicial review, do direito norte-americano, e recepção do direito europeu-continental, no CPC de 1973) e que este paradoxo tende a ser superado pela virada paradigmática da racionalidade jurídica e das relações entre Direito e Política no marco do Estado Constitucional. Estabelece, como primeira mudança, a relação entre a racionalidade prática procedimental e a necessidade de resgate da pretensão de correção para a lógica jurídica. Dessa percepção decorre uma outra alteração profunda, na atuação do direito em juízo, apontando para a combinação entre o modelo normativo de democracia deliberativoprocedimental (HABERMAS) e o processo cooperativo (ALVARO DE OLIVEIRA) Na segunda parte do estudo, a tese coloca essas premissas frente aos necessários desenvolvimentos do direito processual pós Constituição de 1988. Analisa-se, criticamente, as seguintes atitudes fundamentais: a) a configuração e o conteúdo do direito processual constitucional na doutrina atual e sua adequação ao contraditório como “valor-fonte” do direito processual contemporâneo; b) as relações entre direito material e direito processual; c) a teoria das fontes do direito, apresentando a jurisprudência como fonte primária, em razão da recepção tardia e mitigada do stare decisis no direito brasileiro (súmulas vinculantes, decisões vinculantes em controle de constitucionalidade e jurisprudência dominante dos tribunais), bem como, da importância dos modelos judiciais na densificação dos conteúdos das normasprincípio e das cláusulas abertas. Com isso procura-se apontar para a dissolução dos antagonismos radicais entre as tradições do ocidente (common law e romano-germânica) e seus métodos: o Code-Based Legal System e o Judge-Made Law System. A Constituição resgata, assim, o papel de centro e fator de unidade no ordenamento jurídico brasileiro, também para o processo civil, comprometendo todo o ordenamento jurídico com a democratização das fontes de poder, inclusive o debate judicial.

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O presente trabalho tem como principal foco analisar os conflitos fundiários urbanos na Região Metropolitana de Belém (RMB) no período de 1990-2002 a partir da argumentação e utilização concreta da força policial como uma chave possível para o entendimento da luta pela construção da cidadania na Amazônia. O uso da força policial e o discurso legitimador são produtos dos embates entre as forças políticas e sociais pela posse imobiliária urbana, entre eles o Poder Público que, como agente de gestão sobre o direito de moradia, enfrenta as pressões sociais dos diversos sujeitos envolvidos na luta pela posse de terras, entre eles os ocupantes ou posseiros, os quais, muito embora sejam vulneráveis à ação de força policial, constroem suas estratégias de luta e permanência nas áreas ocupadas, desafiando o poder público, a polícia e o judiciário na luta pelo direito à casa própria. Buscamos também compreender, a partir desse enfoque, as ações motivadoras do conflito como as formas de acesso à casa própria, através das políticas habitacionais e de financiamento realizadas pela COHAB e Caixa Econômica Federal, empresas públicas, que acabam por se tornarem agentes dificultadores do acesso à casa própria quando agem como organismos financeiros e imobiliários voltados exclusivamente ao lucro e em atender a lógica do mercado habitacional, na realização do lucro. A busca do lucro e a utilização de força na posse de terras, em Belém, se coaduna perfeitamente à lógica jurídica: a idéia de um campo de força, de um habitus jurídico, que esconde as lógicas excludentes e demonstra uma visão de direito e da justiça que estão acima de conflitos e de interesses pessoais. O que se observa na análise dos processos possessórios é o cumprimento de um ordenamento jurídico ultrapassado socialmente, gerando e aprofundando, consequentemente, os conflitos pela posse do solo urbano para fins imobiliários pela população de baixa renda em Belém e, por isso, provoca a intensificação de conflitos e de atos violentos na luta pela posse de imóveis urbanos na Região Metropolitana de Belém.

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This article aims to contextualize the educational affirmative action policies for ethnic racial groups in Brazilian legal system, present the main philosophical fundamentals that support these educational policies and discuss the validity of those fundamentals. In the legal context, the principle of substantive equality and the fundamental objectives of the Federative Republic of Brazil, positivised in the Constitution of 1988, as well as the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, allow the implementation of these policies. The philosophical fundamentals presented in this article are the thesis of compensatory justice and the thesis of distributive justice. The thesis of distributive justice has been refuted by logical legal arguments and by analysis of the right to higher education positivised in the Constitution. The thesis of compensatory justice has been considered a valid argument to support affirmative action policies, due to historical facts and sociological factors existing in the Brazilian context. It is concluded that the affirmative action policies for ethnic racial groups should be part of the Brazilian social policies, but these affirmative action policies should not invade the context of higher education, since the intended purposes are unrelated to this.