Una mirada al papel del precedente judicial y su aplicación por parte de los jueces administrativos y de la administración pública. estudio del propósito de las sentencias de unificación jurisprudencial y del mecanismo de extensión de jurisprudencia, consagrados en la ley 1437 de 2011.

El Ordenamiento jurídico colombiano desde sus inicios se ha enmarcado en la familia jurídica Romano Germánica, donde la Jurisprudencia ocupa un papel secundario en el momento de tomar decisiones por parte de los jueces, fungiendo como un instrumento meramente auxiliar, totalmente opacado por la ley. Sin embargo, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, con la creación de la Corte Constitucional junto al valor vinculante que se ha dado a sus decisiones, el tradicional sistema de fuentes ha presentado una evolución que lo aproxima al uso de instituciones, como el precedente judicial, que parecían exclusivas del Common Law. De esta manera, lo novedoso del problema de investigación es que la discusión sobre la alteración de la jerarquía de las fuentes del derecho, se aborda desde una perspectiva teórica, pero desarrolla puntualmente, mecanismos como las sentencias de unificación y la extensión de jurisprudencia, que posiblemente dan alcance al concepto de precedente judicial en el Contencioso Administrativo en la práctica.

Transformaciones y evolución de las fuentes del derecho administrativo colombiano a partir de los tratados de integración

Esta tesis producto del trabajo de investigación se planteo sobre las bases de un derecho administrativo interno creado para resolver los problemas suscitados al interior del Estado en consonancia con los postulados constitucionales, teniendo en cuenta el artículo 4° en que se establece la supremacía de la Constitución y los artículo 9°, 93, 94 y 224 al 227 que ordenan el desarrollo del derecho de integración en el marco de los países Latinoamericanos y del Caribe, por lo que surge la imperiosa necesidad de armonizar el derecho de la integración con el ordenamiento jurídico nacional y en especial con el derecho administrativo quien deberá recepcionar el mencionado ordenamiento supraestatal, alterando las tradicionales concepciones de las fuentes de este derecho interno. Por lo tanto, desde la perspectiva del derecho administrativo comprendido como un derecho legislado que regula las relaciones entre el Estado y los particulares en el que prevalece el “principio de legalidad” de los actos administrativos, se puede intuir que constituye un problema jurídico los impactos derivados de los tratados de integración, donde nos preguntamos sí las categorías de fuentes actuales del derecho administrativo son las adecuadas para abordar la recepción de estas disposiciones Por lo que al explorara las incidencias en el derecho administrativo con ocasión de la recepción del derecho de integración con particular énfasis en la Comunidad Andina, identificamos que uno de los rasgos más distintivos del ordenamiento jurídico andino, como el de otros esquemas de integración, proviene del discutido concepto de supranacionalidad. Dentro de la teoría jurídica contemporánea la comprensión de este término trae una novísima concepción que al mismo tiempo es respetuosa de la soberanía interna de los Estados miembros, la cual permite el surgimiento del nuevo ente común donde es posible la distribución de competencias en la reglamentación de ciertos ámbitos entre autoridades multilaterales y nacionales, conservando su propia autonomía. Este concepto ha permitido que en el ordenamiento comunitario andino, a semejanza de lo que acontece en el derecho interno de los Estados, exista un sistema de control de las normas jurídicas garantizado por una jurisdicción contenciosa-administrativa ejercida a través del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Lo que en definitiva incide en el derecho administrativo interno al encontramos frente a ordenamientos independientes, como lo son los del derecho de integración, en los que se producen, aplican y ejecutan normas según las reglas de juego adoptadas para ese efecto por los Estados miembros, que dependerán del marco del proceso de integración y su armonización con las normas internas. Es por ello, que en el resultado final de esta tesis se constata la aparición de nuevas fuentes de legalidad, donde ya no sólo se contemplará la ley y la jurisprudencia, ésta última posicionada con el devenir del tiempo debido a su pertinencia, como lo podemos contrastar con la expedición del Nuevo Código de Procedimiento Contencioso Administrativo (L. 1437/11) que aún no ha entrado en vigencia, en donde se resalta la importancia del Precedente Judicial a partir de las sentencias de unificación del Consejo de Estado. Pero más allá, de este nuevo reconocimiento legislativo, el sistema de fuentes establecido se verá alterado en su jerarquía con el derecho que nace con ocasión de los tratados de integración, lo que aún no se refleja en este nuevo Código, el cual no prevé la aplicación de las nuevas fuentes de legalidad.

Empirismo e sua relação com o direito: precedente e súmula vinculante

Esse trabalho de conclusão de curso se propõe a relacionar Empirismo e direito. Para isso se faz necessário considerar que a concepção empírica (conhecimento como fruto da experiência) é corrente no sistema jurídico da Common Law, sendo o Empirismo responsável também pela matriz epistemológica que originou o Realismo Jurídico. Considerando que o sistema jurídico pátrio é o da Civil Law, buscou-se realizar uma comparação - através de suas características principais - entre os dois institutos de efeito vinculante de nosso país. Em ambos os sistemas os aludidos institutos são oriundos de decisões dos Tribunais Superiores, por esta razão o trabalho tem como objetivo principal constatar se as Súmulas Vinculantes representam uma versão nacional dos Precedentes norte-americanos. A hipótese criada não foi ratificada dado que verificou-se a impossibilidade de comparação literal entre os institutos. Afinal as distinções superam as semelhanças.

A ascensão de aspectos do common law no sistema processual civil brasileiro: uma crítica à aplicação da jurisprudência e à doutrina dos precedentes judiciais

Pós-graduação em Direito - FCHS

Gay Parenthood and the Revolution of the Modern Family: An Examination of the Unique Barriers Confronting Gay Adoptive Parents

Abstract: In recent decades, the structure of the American family has been revolutionized to incorporate families of diverse and unconventional compositions. Gay and lesbian couples have undoubtedly played a crucial role in this revolution by establishing families through the tool of adoption. Eleven adoptive parents from the state of Connecticut were interviewed to better conceptualize the unique barriers gay couples encounter in the process adoption. Both the scholarly research and the interview data illustrate that although gay couples face enormous legal barriers, the majority of their hardship comes through social interactions. As a result, the cultural myths and legal restrictions that create social hardships for gay adoptive parents forge a vicious and discriminatory cycle of marginalization that American legal history illustrates is best remedied through judicial intervention at the Supreme Court level. While judicial intervention, alone, cannot change the reality of gay parenthood, I argue that past judicial precedent illustrates that such change can serve as a tool of individual, political, and legal validation for the gay community for obtaining equal rights.

Legal Change: Integrating Selective Litigation, Judicial Preferences, and Precedent

The claim that the common law displays an economic logic is a centerpiece of the positive economic theory of law. A key question in this literature is whether this outcome is due to the conscious efforts of judges, or the result of invisible hand processes. This paper develops a model in which to two effects combine to determine the direction of legal change. The main conclusions are, first, that judicial bias can prevent the law from evolving toward efficiency if the fraction of judges biased against the efficient rule is large enough; and second, that precedent affects the rate of legal change but not its direction.

The Constitutional-Judicial Control of the Legislative and Executive Powers in Central and Eastern European Countries

This project looked at the nature, contents, methods, means and legal and political effects of the influence that constitutional courts exercise upon the legislative and executive powers in the newly established democracies of Central and Eastern Europe. The basic hypothesis was that these courts work to provide a limitation of political power within the framework of the principal constitutional values and that they force the legislature and executive to exercise their powers and duties in strict accordance with the constitution. Following a study of the documentary sources, including primarily the relevant constitutional and statutory provisions and decisions of constitutional courts, Mr. Cvetkovski prepared a questionnaire on various aspects of the topics researched and sent it to the respective constitutional courts. A series of direct interviews with court officials in six of the ten countries then served to clarify a large number of questions relating to differences in procedures etc. that arose from the questionnaires. As a final stage, the findings were compared with those described in recent publications on constitutional control in general and in Central and Eastern Europe in particular. The study began by considering the constitutional and political environment of the constitutional courts' activities in controlling legislative and executive powers, which in all countries studied are based on the principles of the rule of law and the separation of powers. All courts are separate bodies with special status in terms of constitutional law and are independent of other political and judicial institutions. The range of matters within their jurisdiction is set by the constitution of the country in question but in all cases can be exercised only with the framework of procedural rules. This gives considerable significance to the question of who sets these rules and different countries have dealt with it in different ways. In some there is a special constitutional law with the same legal force as the constitution itself (Croatia), the majority of countries allow for regulation by an ordinary law, Macedonia gives the court the autonomy to create and change its own rules of procedure, while in Hungary the parliament fixes the rules on procedure at the suggestion of the constitutional court. The question of the appointment of constitutional judges was also considered and of the mechanisms for ensuring their impartiality and immunity. In the area of the courts' scope for providing normative control, considerable differences were found between the different countries. In some cases the courts' jurisdiction is limited to the normative acts of the respective parliaments, and there is generally no provision for challenging unconstitutional omissions by legislation and the executive. There are, however, some situations in which they may indirectly evaluate the constitutionality of legislative omissions, as when the constitution contains provision for a time limit on enacting legislation, when the parliament has made an omission in drafting a law which violates the constitutional provisions, or when a law grants favours to certain groups while excluding others, thereby violating the equal protection clause of the constitution. The control of constitutionality of normative acts can be either preventive or repressive, depending on whether it is implemented before or after the promulgation of the law or other enactment being challenged. In most countries in the region the constitutional courts provide only repressive control, although in Hungary and Poland the courts are competent to perform both preventive and repressive norm control, while in Romania the court's jurisdiction is limited to preventive norm control. Most countries are wary of vesting constitutional courts with preventive norm control because of the danger of their becoming too involved in the day-to-day political debate, but Mr. Cvetkovski points out certain advantages of such control. If combined with a short time limit it can provide early clarification of a constitutional issue, secondly it avoids the problems arising if a law that has been in force for some years is declared to be unconstitutional, and thirdly it may help preserve the prestige of the legislation. Its disadvantages include the difficulty of ascertaining the actual and potential consequences of a norm without the empirical experience of the administration and enforcement of the law, the desirability of a certain distance from the day-to-day arguments surrounding the political process of legislation, the possible effects of changing social and economic conditions, and the danger of placing obstacles in the way of rapid reactions to acute situations. In the case of repressive norm control, this can be either abstract or concrete. The former is initiated by the supreme state organs in order to protect abstract constitutional order and the latter is initiated by ordinary courts, administrative authorities or by individuals. Constitutional courts cannot directly oblige the legislature and executive to pass a new law and this remains a matter of legislative and executive political responsibility. In the case of Poland, the parliament even has the power to dismiss a constitutional court decision by a special majority of votes, which means that the last word lies with the legislature. As the current constitutions of Central and Eastern European countries are newly adopted and differ significantly from the previous ones, the courts' interpretative functions should ensure a degree of unification in the application of the constitution. Some countries (Bulgaria, Hungary, Poland, Slovakia and Russia) provide for the constitutional courts' decisions to have a binding role on the constitutions. While their decisions inevitably have an influence on the actions of public bodies, they do not set criteria for political behaviour, which depends rather on the overall political culture and traditions of the society. All constitutions except that of Belarus, provide for the courts to have jurisdiction over conflicts arising from the distribution of responsibilities between different organs and levels in the country, as well for impeachment procedures against the head of state, and for determining the constitutionality of political parties (except in Belarus, Hungary, Russia and Slovakia). All the constitutions studied guarantee individual rights and freedoms and most courts have jurisdiction over complaints of violation of these rights by the constitution. All courts also have some jurisdiction over international agreements and treaties, either directly (Belarus, Bulgaria and Hungary) before the treaty is ratified, or indirectly (Croatia, Czech Republic, Macedonia, Romania, Russia and Yugoslavia). In each country the question of who may initiate proceedings of norm control is of central importance and is usually regulated by the constitution itself. There are three main possibilities: statutory organs, normal courts and private individuals and the limitations on each of these is discussed in the report. Most courts are limited in their rights to institute ex officio a full-scale review of a point of law, and such rights as they do have rarely been used. In most countries courts' decisions do not have any binding force but must be approved by parliament or impose on parliament the obligation to bring the relevant law into conformity within a certain period. As a result, the courts' position is generally weaker than in other countries in Europe, with parliament remaining the supreme body. In the case of preventive norm control a finding of unconstitutionality may act to suspend the law and or to refer it back to the legislature, where in countries such as Romania it may even be overturned by a two-thirds majority. In repressive norm control a finding of unconstitutionality generally serves to take the relevant law out of legal force from the day of publication of the decision or from another date fixed by the court. If the law is annulled retrospectively this may or may not bring decisions of criminal courts under review, depending on the provisions laid down in the relevant constitution. In cases relating to conflicts of competencies the courts' decisions tend to be declaratory and so have a binding effect inter partes. In the case of a review of an individual act, decisions generally become effective primarily inter partes but is the individual act has been based on an unconstitutional generally binding normative act of the legislature or executive, the findings has quasi-legal effect as it automatically initiates special proceedings in which the law or other regulation is to be annulled or abrogated with effect erga omnes. This wards off further application of the law and thus further violations of individual constitutional rights, but also discourages further constitutional complaints against the same law. Thus the success of one individual's complaint extends to everyone else whose rights have equally been or might have been violated by the respective law. As the body whose act is repealed is obliged to adopt another act and in doing so is bound by the legal position of the constitutional court on the violation of constitutionally guaranteed freedoms and rights of the complainant, in this situation the decision of the constitutional court has the force of a precedent.

Controle judicial da política de assistência farmacêutica: direito, ciência e técnica

Para identificar mecanismos de compatibilização entre a lei e as normas técnicas, foram considerados o conceito de saúde e as características do Estado Democrático de Direito. Tomando-se o exemplo brasileiro das normas da política de assistência farmacêutica, concluiu-se que racionalidade jurídica impõe verificar se sua elaboração obedeceu ao requisito constitucional que exige a "participação da comunidade", instaurando um controle democrático e judicial.

Um enfoque sanitário sobre a demanda judicial de medicamentos

No Brasil, apesar dos avanços da assistência farmacêutica, permanecem falhas na garantia do acesso dos cidadãos aos medicamentos pelo Estado. Nos últimos anos, vem crescendo a reivindicação de medicamentos por parte do cidadão via sistema judiciário. Os objetos dessas solicitações são tanto os medicamentos em falta na rede pública como aqueles ainda não incorporados pelo Sistema Único de Saúde. Este fenômeno pode ser analisado sob diferentes perspectivas, inclusive a sanitária, entendida aqui como os desfechos sobre a saúde dos indivíduos que demandam estes medicamentos. O presente texto busca discutir as principais características das demandas judiciais frente aos seguintes aspectos: o uso racional de medicamentos, o uso de evidências científicas para a indicação terapêutica proposta e o quanto as demandas se justificam diante do conceito de acesso adotado pelo campo da assistência farmacêutica. Ponderações podem ser feitas no sentido de minimizar os riscos à saúde dos demandantes de medicamentos por via judicial, sobretudo quando o objeto da ação são medicamentos não pertencentes às listas de fornecimento público, ou com uso off label, ou desprovidos de registro no país. Considera-se que o Judiciário, a partir do fornecimento de medicamentos, busca garantir a saúde dos demandantes, e assim a dignidade da pessoa humana. Cabe ressaltar que este objetivo só será atingido quando a garantia da saúde estiver associada aos aspectos que certificam a segurança do paciente, inclusive no uso de medicamentos.

Traditional healers as tuberculosis treatment supervisors: precedent and potential

SETTING: Hlabisa, South Africa. OBJECTIVE: To determine precedent and potential for traditional healers to act as tuberculosis (TB) treatment supervisors. METHODS: Literature review to describe precedent for the involvement of traditional healers in TB treatment supervision. Interviews with 100 TB patients to determine use of healers and their acceptability as supervisors. Interviews with 24 healers in the project sub-district to determine willingness to act as supervisors. RESULTS: Despite extensive literature on the interaction between traditional healers and conventional health services, including descriptions of traditional understandings of TB, no published work was identified that reported supervision of TB patients by traditional healers. Of 100 patients interviewed, only 10% had used a healer as the first health provider for their illness, but 40% had attended a healer at some time prior to diagnosis. Although only 4% believe healers can cure TB, 84% would consider choosing a healer as a treatment supervisor. Of the 24 healers, 15 (63%) distinguished between two types of diagnosis made among patients with. symptoms suggestive of TB: TB and idliso. Idliso is poisoning or bewitching, and is said to be best cured by healers, while TB is infectious and cannot be cured by healers. Most healers (88%) reported having referred patients with possible TB to hospital in the past; all were keen to negotiate collaboration with health services, and 92% were willing to act as treatment supervisors. CONCLUSIONS: While there is little reported precedent for traditional healers to interact formally with tuberculosis treatment services, the potential for collaboration seems to be high, at least in our setting.

Doing Courts Justice? Studying Judicial Politics in Latin America

The past decade has brought an unprecedented boom in the study of courts as political actors in Latin America. We examine the extraordinary diversity of academic research on judicial politics in the region, identifying the key questions, findings, and theoretical debates in the literature, highlighting important conceptual disjunctions, and critiquing the research methods scholars of judicial politics in Latin America have employed in their work. We close by suggesting new avenues of inquiry to help advance the collective effort to understand the roles courts play in Latin American politics.

Projeto visita virtual e videoconfer??ncia judicial

Este projeto nasceu de uma parceria entre o Departamento Penitenci??rio Nacional e a Defensoria P??blica da Uni??o (DPU). Apresenta duas importantes vertentes no ??mbito da execu????o penal. A primeira relaciona-se ao direito de manuten????o dos v??nculos afetivos dos presidi??rios, possibilitando o contato deles com seus familiares e amigos; e a segunda refere-se ?? realiza????o de audi??ncias judiciais por videoconfer??ncia. Desde a implanta????o do Projeto Visita Virtual e Videoconfer??ncia Judicial, em maio de 2010, 509 presos participaram da visita virtual e puderam conversar e visualizar seus familiares e amigos por meio desse recurso, conferindo, assim, um resultado extremamente satisfat??rio, visto que h?? pelo menos um ano n??o recebiam visitas. De mar??o de 2011 at?? julho deste ano, foram realizadas 160 videoconfer??ncias