Análisis de la cooperación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) a los programas de desarrollo alternativo del gobierno de Colombia. Caso: Programa Familias Guardabosques, en el período 2003-2008

El uso de estupefacientes a nivel mundial desde hace más de medio siglo ha aumentado considerablemente a pesar de los esfuerzos intergubernamentales y de la Organización de las Naciones Unidas. Se han llevado a cabo esfuerzos conjuntos para dar solución a esta problemática, pero la situación cada día ha empeorado más, el incremento del consumo, trajo consigo problemas como el aumento de los cultivos ilícitos para la producción, el uso indiscriminado de sustancias químicas para elaborar drogas ilícitas, el aumento de grupos de narcotraficantes encargados de comercializar la droga a nivel mundial, así como redes de receptores que distribuyen los estupefacientes a todos los rincones del mundo. Como respuesta a esta problemática, se han buscado soluciones alternativas a la problemática de los cultivos ilícitos.

A Modest Proposal to Clarify the Status of Coca in the United Nations Conventions

The implementation of anti-drug policies that focus on illicit crops in the Andean countries faces many significant obstacles, one of which is the cultural clash it generates between the main stakeholders. On the one hand one finds the governments and agencies that attempt to implement crop substitution and eradication policies and on the other the peasant and natives communities that have traditionally grown and used coca or those peasants who have found in coca an instrument of power and political leverage that they never had before. The confrontation about coca eradication, alternative development and other anti-drug policies in coca growing areas transcends drug related issues and is part of a wider and deeper confrontation that reflects the long-term unsolved conflicts of the Andean societies. All Andean countries have stratified and fragmented societies in which peasants and Indians have been excluded from power. In Bolivia, Ecuador and Peru most peasants belong to native communities many of which have remained segregated from “white” society. The mixing of the races (mestizaje) in Colombia occurred early during the Conquest and Colony. Those of Indian descent became subservient to the Spanish and Creoles. The society that evolved was (and still is) highly hierarchical, authoritarian, and has subjacent racist values. The resulting political system has been exclusionary of large portions of the population. Among Indian communities coca has been used for millennia and its use has become an identity symbol of their resistance against what may be looked at as foreign invasion. “The Andean Indian chews coca because that way he affirms his identity as son and owner of the land that yesterday the Spaniard took away and today the landowner keeps away from him. To chew coca is to be Indian...and to quietly and obstinately challenge the contemporary lords that descend from the old encomenderos and the older conquistadors” (Vidart, 1991: 61, author’s translation). In Andean literature on illegal drugs as well as in seminars, colloquia and other meetings where drug policies are debated, complaints are frequently expressed about the treatment of coca in the same category as cocaine, heroin, morphine amphetamines and other “hard” drugs. The complainants assert that “coca is not cocaine” and that it is unfair to classify coca, a nature given plant which has been used for millennia in the Andes without significant negative effects on users, in the same category as man made psychotropic drugs. They also argue that coca has manifold social and religious meanings in indigenous cultures, that coca is sacred and that the requirement of the1961 Single Convention demanding that Bolivia and Peru completely eradicate coca within 25 years is limiting Indigenous communities in their freedom to practice their religions. In most debates about drug interdiction, the views of those who oppose that approach are not accepted as legitimate. Indeed, “prohibitionists” demonize drugs and those who oppose drug policies in Latin America frequently demonize the United States as the imperialist power that imposes them. This dual polarization is a main obstacle to establish a meaningful policy debate aimed at broadening the policy consensus necessary for successful policy implementation. This essay surveys the status of coca in the United Nations Conventions, explains why it is confusing, and how a few changes would eliminate some of the sources of conflict and help organize and control licit coca markets in the Andes. The current disorganized and weakly controlled legal coca market in Peru has been analyzed to demonstrate its deficiencies and to illustrate possible improvements in international drug control policies.

Análisis de los factores políticos y económicos en las dinámicas del desplazamiento forzado en La Macarena-Meta (2006-2010)

El desplazamiento forzado ha sido una situación que se ha venido evidenciado en la zona de La Macarena debido no solo al conflicto armado, sino a factores políticos y económicos, entendiéndose el primero como la falta de presencia estatal que ha conllevado a que grupos armados al margen de la ley se asienten en la zona y a su vez ha permitido que la económica ilegal cobre fuerza, esta última analizada en la investigación como un factor económico generador del desplazamiento. A raíz de esta situación en el año 2008 se implementa el Plan de Consolidación Integral de La Macarena (PCIM), con el fin de solventar los problemas de esta parte del país, sin embargo para esta monografía el factor político, el factor económico y la implementación del PCIM influyeron en el aumento del desplazamiento forzado en la Macarena-Meta. Periodo 2006-2010.

Incidencia de los actores armados ilegales en la tributación minera de los municipios auríferos de Antioquia 2007 - I. 2012

Inmersos en un conflicto armado y guiados por un modelo político que busca aprovechar el boom minero en pro del desarrollo de Colombia, se han potencializado dinámicas ilegales donde los Actores Armados Ilegales (A.A.I), como ‘bandidos estacionarios’, se han ido adaptando a las nuevas dinámicas del mercado donde el lucro, la rentabilidad y la financiación son su objetivo central. En el departamento de Antioquia, esa situación data desde la formación de sus regiones, como son el caso del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño. Empero, lo novedoso en el conflicto armado, y que tiene relación directa con la minería aurífera es, la alta posibilidad que los A.A.I. estén viendo en esta actividad su principal fuente de financiación como consecuencia de dos hechos importantes: 1). El éxito que ha tenido la lucha contra el narcotráfico y por ende, contra los cultivos ilícitos. Y, 2) El elevado precio del oro en el mercado internacional puesto que, se estima que en los próximos años alcance entre $2.000 y $2.107 dólares la onza. En este orden de ideas, el lector encontrará como los actores armados ilegales actúan como bandidos estacionarios que ejerciendo la “minería criminal”, inciden en la política fiscal municipal a partir de la para-tributación o ‘impuesto de protección’, captación de regalías y el lavado de activos; donde el fin es financiar sus actividades criminales, afectando negativamente la política tributaria de los gobiernos municipales que se caracteriza por su baja capacidad de gestión.

Conflict-induced poverty: Evidence from Colombia

En Colombia, la pobreza y el conflicto están estrechamente relacionados. Este estudio usa medidas de disuasión del gobierno como instrumentos de varias variables específicas de conflicto para estimar el impacto del conflicto sobre la pobreza en Colombia. Usando datos del censo a nivel municipal para el año 2005, evalúo el efecto sobre la incidencia urbana y rural del recientemente-desarrollado Índice de Pobreza Multidimensional. Los resultados sugieren que el conflicto aumenta significativamente la pobreza rural. Esto es consistente con el hecho que la mayor parte del conflicto en Colombia ocurre en las áreas rurales. También evalúo el efecto rezagado del conflicto en la pobreza para concluir que éste dura por al menos tres años pero que decae en el tiempo. Finalmente, pruebo que mis resultados son robustos a una batería de especificaciones adicionales, incluyendo una versión modificada de mi variable dependiente y el uso de una base alternativa de conflicto.

Análisis de la influencia del conflicto interno armado sobre el territorio perteneciente a la comunidad indígena Wiwa, que habita en la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el periodo 2002-2006

Este Estudio de Caso cruza las variables de conflicto interno armado en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, y territorio indígena Wiwa, con el fin de mostrar la influencia que llegó a tener el conflicto en todos los ámbitos de la vida individual y sobre todo grupal de los Wiwa, quienes presentan una especial relación con el territorio; la afectación fue tan grande que los llevó a ser considerados pueblo indígena en vía de extinción. La investigación está centrada en el primer periodo del ex-Presidente Álvaro Uribe, cuatrienio en el cual los actores armados del conflicto (FARC, AUC, Fuerzas Militares y de Policía) aumentaron su accionar, sobre todo por lo estratégico que resulta tener dominio territorial en la Sierra, ya que esta zona del país perteneciente ancestralmente a los cuatro pueblos indígenas serranos, sirve como zona de resguardo de grupos armados, tiene suelos aptos para la ganadería, el cultivo de banano, palma, pero también para los cultivos ilícitos, la salida al mar permite el tráfico de armas y drogas, además de poseer muchas fuentes hídricas. Se muestra entonces el conflicto de intereses entre los mismos grupos armados, y el de los grupos armados con los Wiwa, quienes denunciaron el desprecio absoluto por su cultura y su pensamiento territorial. Además de ello se evidencia como mediante actos de terror y violencia se violaron los derechos humanos y se infringió el derecho internacional humanitario.

Evaluación del uso de plaguicidas en la actividad agrícola del departamento de Putumay

El objetivo fue identificar los plaguicidas empleados por agricultores del Putumayo, evaluando el cumplimiento de las disposiciones legales sobre manejo de éstos y las medidas de protección personal. Metodología: estudio observacional descriptivo de campo, en zonas de cultivos ilícitos. Resultados: se evaluaron 490 sujetos, de los cuales se identificaron como expuestos a plaguicidas el 25,9%. La distribución por edad de los expuestos a plaguicidas fue: 1-10 años (19,7%), 10-18 (18,1%), 18-35 (33,9%), 35-55 (23,6%) y más de 55 años (4,7%). La mayoría de productos reportados son categoría toxicológica I. De las 109 personas que realizan labores de formulación, el 95,4% utilizan un método manual sin guantes. De los 115 sujetos que hacen aplicación, 76,5% utilizan bomba de espalda y 23,5% bomba estacionaria. El 97,6% de expuestos no emplea elementos de protección personal. Los envases vacíos son dispuestos de manera inadecuada. En los últimos seis meses se han presentado 198 contactos accidentales en 72 individuos. Conclusiones: es preocupante encontrar el uso inadecuado de insecticidas y herbicidas tóxicos y el desconocimiento de la normatividad vigente. Es recomendable que entidades académicas, entes gubernamentales e industria de agroquímicos emprendan esfuerzos para cumplir a cabalidad su función de educación, control y vigilancia sobre el uso de plaguicidas, sin importar si el producto cultivado es lícito o ilícito.

Régimen político y límites de la democracia en regiones afectadas por conflicto armado y cultivos ilícitos: el caso del Catatumbo

Este artículo se basa en una investigación realizada en tres municipios de la región del Catatumbo (Norte de Santander, Colombia); analiza las disfunciones en el arreglo institucional, derivadas de la presencia de grupos armados ilegales activos y de cultivos ilícitos; señala las afectaciones que se presentan en el régimen político y en el ejercicio de la democracia; y plantea los problemas que deben afrontar los gobiernos locales para dar cumplimiento a su mandato.El artículo propone que la acción del Estado en esta región se ve afectada por fuertes fallas de legitimidad, eficiencia y eficacia, las cuales generan limitaciones críticas a la gobernabilidad del territorio. Dichas fallas tienen que ver con la supresión del pacto social y con la inoperancia de la democracia en su versión mínima. Se concluye que en los municipios estudiados, las fallas de Estado disminuyen radicalmente los costos de transacción de los grupos armados ilegales para acceder al control del territorio y establecerse como agencias de protección en competencia con el Estado. Además, conducen al establecimiento de un círculo de afectación perverso en el que el aumento de los costos de inversión pública necesarios para la corrección de dichas fallas hace que a su vez disminuya el interés de los actores del ámbito político para solucionarlas, generando una trampa crónica de reducción de la gobernabilidad en la escala regional.-----This article is based on research carried out in three municipalities of the Catatumbo (North Santander department, Colombia) region, and analyzes institutional arrangement dysfunctions that arise from active illegal armed groups and illicit crops, pointing out the effects on the political regime and the exercise of democracy and stating the problems that must be faced by local governments in order to perform their mandate.The article suggests that Government action in this region has been affected by deep failures in legitimacy, efficiency, and effectiveness, which generated critical limitations to governability in that territory. Such failures are related to the factual suppression of the social contract and to the ineffectiveness of a democracy in its least representation. It concludes that in the municipalities under examination, Government failures strongly reduce the settlement costs for illegal armed groups to access territory control and to establish as protection agents in competition with the State. They also lead towards the establishment of a vicious affectation cycle where the cost increase of the public investment required to correct such failures in turn reduces political actors’ interest in solving them, thus creating a chronic trap that reduces governability in the regional level.

Publicness of goods and violent conflict : evidence from Colombia

How the degree of publicness of goods affect violent conflict? Based on the theoretical model in Esteban and Ray (2001) we find that the effect of the degree of publicness depends on the group size. When the group is small (large), the degree of publicness increases (decreases) the likelihood of conflict. This opens an empirical question that we tackle using microdata from the Colombian conflict at the municipality level. We use three goods with different publicness degree to identify the sign of the effect of publicness on conflict. These goods are coca crops (private good), road density (public good subject to congestion) and average education quality (a purer public good). After dealing with endogeneity issues using an IV approach, we find that the degree of publicness reduces the likelihood of both paramilitary and guerrilla attacks. Moreover, coca production exacerbates conflict and the provision of both public goods mitigates conflict. These results are robust to size, geographical, and welfare controls. Policies that improve public goods provision will help to fight the onset of conflict.

La narcotización del activismo guerrillero de las FARC y el ELN, 1998-2012

El artículo que se presenta tiene como propósito plantear hasta qué punto, durante los últimos años, con motivo de las políticas de seguridad, especialmente, de Andrés Pastrana (1998- 2002) y Álvaro Uribe (2002-2010), las guerrillas de las FARC y del ELN han experimentado un importante proceso de transformación. Lo anterior, por el cambio en las dinámicas espaciales del conflicto armado, que ha tendido a concentrarse en enclaves periféricos, de índole fronteriza, pero, sobre todo, caracterizados por una mayor dependencia de las finanzas provenientes del cultivo ilícito. Esto termina por desnaturalizar a las guerrillas y favorecer la posibilidad de entender las nuevas dinámicas de la violencia en Colombia así como las opciones reales de superación del conflicto.

Screening for drugs in oral fluid : illicit drug use and drug driving in a sample of urban and regional Queensland motorists

Police services in a number of Australian states and overseas jurisdictions have begun to implement or consider random road-side drug testing of drivers. This paper outlines research conducted to provide an estimate of the extent of drug driving in a sample of Queensland drivers in regional, rural and metropolitan areas. Oral fluid samples were collected from 2657 Queensland motorists and screened for illicit substances including cannabis (delta 9 tetrahydrocannibinol [THC]), amphetamines, ecstasy, and cocaine. Overall, 3.8% of the sample (n = 101) screened positive for at least one illicit substance, although multiple drugs were identified in a sample of 23 respondents. The most common drugs detected in oral fluid were ecstasy (n = 53), and cannabis (n = 46) followed by amphetamines (n = 23). A key finding was that cannabis was confirmed as the most common self-reported drug combined with driving and that individuals who tested positive to any drug through oral fluid analysis were also more likely to report the highest frequency of drug driving. Furthermore, a comparison between drug vs. drink driving detection rates for one region of the study, revealed a higher detection rate for drug driving (3.8%) vs. drink driving (0.8%). This research provides evidence that drug driving is relatively prevalent on Queensland roads, and may in fact be more common than drink driving. This paper will further outline the study findings’ and present possible directions for future drug driving research.

Safeguarding rural Australia : addressing masculinity and violence in rural settings. Data report No. 4 - Risky behaviour - misuse of alcohol, illicit drugs, firearms use and abuse, other risky behaviour

This report focuses on our examination of extant data which have been sourced with respect to personally and socially risky behaviour associated with males living in regional and remote Australia . The AIHW (2008: PHE 97:89) defines personally risky behaviour, on the one hand, as working, swimming, boating, driving or operating hazardous machinery while intoxicated with alcohol or an illicit drug. Socially risky behaviour, on the other hand, is defined as creating a public disturbance, damaging property, stealing or verbally or physically abusing someone while intoxicated with alcohol or an illicit drug. Additional commentary resulting from exploration, examination and analyses of secondary data is published online in complementary reports in this series.