1000 resultados para Grupos vulnerables
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Estudio de caso en el análisis de la situación afrontada por la población de Papúa Occidental durante el periodo de 1962-1969, época en la que la nueva República de Indonesia y Holanda se disputaban la soberanía sobre el territorio papuano. Dicha disputa tuvo lugar durante la época de Guerra Fría, lo que llevó a que Estados Unidos junto con sus aliados en la región y la Unión Soviética intervinieran en él. Finalmente, Estados Unidos teniendo en cuenta sus intereses favoreció a la República de Indonesia y obligó a Holanda firmar el Acuerdo de Nueva York, en el que se establecía que sería la Autoridad Ejecutiva Temporal de las Naciones Unidas quien administrara y preparara el territorio para un futuro Acto de Libre Elección. En cualquiera que fuese el panorama, las Naciones Unidas no cumplieron con lo establecido en el Acuerdo lo que llevó a que fueran condescendientes con todas las peticiones indonesias sin tener en cuenta los deseos y los derechos de la población papuana, violándose su derecho de auto-determinación de los pueblos.
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La propuesta consiste en el diseño de una estrategia para implementar diálogos interculturales a través de encuentros comunitarios entre grupos de población Indígenas Emberas y Wuonaan y Afrocolombianos vulnerables al desplazamiento interno. Desde una perspectiva teórica y práctica se plantean las premisas principales que relacionan factores de orden económico, ambiental, cultural, institucional, organizativo, político y de comunicación para contribuir en el restablecimiento de las condiciones de vida de estos grupos poblacionales vulnerables en sus territorios. El contexto socio político y cultural es el efecto del desplazamiento en la Costa Pacífica del Chocó manifestado en el deterioro de la biodiversidad y de los espacios de convivencias de los grupos socio culturales, obligándolos al abandono de sus formas tradicionales de vida y de sus posesiones familiares hacia un destino aún más incierto. La estrategia constituye una búsqueda de soluciones basada en el reconocimiento humano, sus diferencias, derechos y diversidad cultural, sus valores y prácticas como son la acumulación cultural entre grupos étnicos bajo riesgo de desplazamiento, las relaciones entre éstos y hacia los grupos de población que los recibe en su espacio territorial. Metodológicamente se realizaron iniciativas participativas desde el mismo territorio y con los protagonistas, líderes interesados en participar y crear espacios de diálogos para la conformación de estructuras organizativas capaces de liderar iniciativas de producción y comercialización en beneficio del interés colectivo. La implementación del diseño se realizará mediante un proyecto piloto con tres componentes sustantivos: fortalecimiento organizativo, restablecimiento de procesos de convivencia en el territorio y fortalecimiento empresarial que serán evaluados para la replicabilidad del modelo en otras zonas del Chocó con población en condición de desplazamiento.
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Incluye Bibliografía
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Describe la evolución de la primera experiencia de UNICEF en la movilidad social en Brasil que fué una campaña de Lactancia Materna Nacional
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Este documento resume los resultados conseguidos por Cáritas Española, Cruz Roja Española, Fundación ONCE y Fundación Secretariado Gitano en el Programa Operativo “Lucha contra la Discriminación” del Fondo Social Europeo entre los años 2000 y 2015. Durante estos años estas cuatro entidades han atendido a 850.000 personas vulnerables y en situación de exclusión y han conseguido empleo para 230.000. Además han promovido más de 1.000 iniciativas de creación de empresas y empleo autónomo. Todo ello ha sido posible gracias al apoyo del Gobierno Español, del efecto multiplicador de los recursos propios y del Fondo Social Europeo y a la creación de un entramado de apoyo con una amplia red de empresas e instituciones de todo tipo. Se trata de una iniciativa única en Europa que a lo largo de estos años ha recibido numerosos premios y reconocimientos y a la que la Comisión Europea ha reseñado en múltiples ocasiones como un ejemplo de buenas prácticas y de innovación social. La evaluación independiente de este programa, que ha movilizado casi 700 millones de Euros y que cuenta con un capital humano especializado de 1.600 profesionales y 29.000 voluntarios, ha demostrado que el empleo de estos recursos es una buena inversión social, pues por cada Euro invertido se produce un retorno de 1,4 Euros. Invertir en la inserción socio-laboral de los grupos vulnerables no solamente contribuye a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de aumentar el empleo y reducir la pobreza y exclusión social, sino que además contribuye a aumentar los ingresos públicos vía impuestos y cotizaciones sociales, supone un ahorro en el gasto social y contribuye a la dinamización de la economía. En el actual período de ejecución de 2014-2020, los Reglamentos exigen que el 20% de los recursos del FSE se dedique a personas vulnerables y en exclusión. La experiencia acumulada por estas cuatro entidades y su capacidad para dar respuesta a las necesidades de estos grupos, les sitúa como actores clave en la ejecución de las acciones del nuevo Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social.
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El objetivo del proyecto consiste en desarrollar una investigación sobre derechos humanos y migración internacional en Córdoba. Específicamente, se pretende analizar y reflexionar sobre los derechos humanos de los migrantes consagrados a nivel internacional y local, sobre el efectivo goce y/o vulneración de derechos en comunidades migrantes residentes en Córdoba y el Gran Córdoba (paraguaya, boliviana, otras), y sobre los canales y mecanismos de protección y tutela existentes y disponibles, esto último en orden a elaborar y presentar un aporte propositivo específico. El problema central que motiva la investigación es la vulneración fáctica de derechos que experimentan integrantes de comunidades migrantes en nuestro entorno (derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la propiedad, a la identidad personal, a la diversidad cultural, a la educación, al acceso a la justicia, a la seguridad social, al trabajo digno, a la transferencia de ingresos, a la integridad física, a la protección policial, otros), y contempla el desarrollo de los siguientes componentes (y productos de mismo): 1) Desarrollo de una investigación-publicación sobre derechos humanos y migración internacional en Córdoba con enfoque teórico-práctico (derechos consagrados a nivel internacional, nacional y provincial -adecuación normativa-; goce de derechos, principales vulneraciones; canales y mecanismos de protección y tutela existentes y/o disponibles para las comunidades migrantes; 2) Diseño y presentación de propuestas de acción efectivas para la tutela de derechos humanos de integrantes de comunidades migrantes seleccionadas; 3) Conformación e implementación de una red interinstitucional local entre actores públicos y privados vinculados y/o interesados en la temática, y reforzadas sus capacidades institucionales. Se prevé un abordaje técnico-jurídico, una interacción directa con los sujetos de derecho (migrantes), el refuerzo de relaciones interinstitucionales que contribuyan a generar un cambio social positivo, y la instrumentación de un esquema reflexión-acción, basado en generar conocimientos y propuestas de mejora e intervención social en beneficio de grupos vulnerables de nuestro medio. A partir de lo expuesto, se aspira a contribuir a la generación de información científica sobre la temática, y reforzar el papel de nuestra Universidad y de sociedad civil en la promoción y la defensa de los derechos humanos de los migrantes, en orden a su tutela efectiva y la inclusión social.
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El cáncer de mama es uno de los diagnósticos oncológicos más frecuentes y con altas tasas de mortalidad en mujeres a nivel mundial, en específico con mayor incidencia en países del este de Europa, Asia y Latinoamérica. Su impacto trasciende el aspecto físico y afectando igualmente el área social y psicológica de estas mujeres, generando estados afectivos disfuncionales (depresión, ansiedad, estrés postraumático, conductas suicidas) que afectan su calidad de vida. La literatura reporta que el suicidio en pacientes con cáncer es 2 veces mayor que en la población general, reconociendo dentro de los grupos vulnerables a los pacientes con cáncer de mama. Objetivo: realizar una revisión de la literatura científica producida entre 2002 – 2012, sobre los factores de riesgo de suicidio en mujeres con cáncer de mama. Método: se revisaron 121 artículos científicos obtenidos en bases de datos especializadas. Resultados: En efecto, estas mujeres tienen factores de riesgo para el suicidio (raza, comorbilidad médica y psiquiátrica, miedo a la recidiva, estadios avanzados de la enfermedad, alteraciones en la imagen corporal, cambios en el rol social y efectos secundarios de los tratamientos oncológicos). Conclusiones: durante el curso de la enfermedad se presentan diversos factores biopsicosociales que pueden conducir a la ideación o a la intención suicida. Por lo anterior, es necesario incorporar en la atención psicológica de las mujeres con cáncer de mama la evaluación y la intervención de la conducta suicida y continuar profundizando en el estudio de este fenómeno cuyos efectos son deletéreos para el bienestar del paciente oncológico.
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El documento estudia los cambios en los niveles de desempleo para el grupo de grupo de jóvenes europeos de 15 a 24 años y su respuesta a la crisis financiera (2007-2008). El estudio hace una recolección de información desde el año 2000 hasta el año 2012 teniendo en cuenta la crisis financiera iniciada en (2007-2008). Si bien la crisis financiera no solo ha impactado los niveles de desempleo globales; si no que ha afectado de manera particular a grupos vulnerables de la sociedad.Por tal razón se ha escogido el grupo de jóvenes europeos de 15-24 años de países miembros de la Unión Europea para contrastar los efectos generados a partir de la crisis financiera (2007-2008).
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Uno de los grupos sensibles al tema de Derechos Humanos dentro de una sociedad son las personas privadas de la libertad, puesto que se encuentran a la disposición del personal administrativo de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, que si carecen de políticas claras respecto a los derechos de las personas, pueden poner en riesgo su bienestar. La persona privada de la libertad o como se les conoce popularmente “preso”, independientemente de las causas por las cuales está recluido, es un ser humano, que por ende tiene dignidad y, además, debe ser respetado como sujeto de derecho. Para este tipo de grupos vulnerables, se ha venido desarrollando a nivel internacional unos instrumentos que velan por el respeto de los Derechos Humanos y la dignidad de quienes están recluidos en las cárceles, para que así el cumplimiento de cada una de las penas desempeñe el propósito de resocialización y reincorporación a la sociedad, y no genere mas violencia y resentimiento en las personas recluidas, por las malas condiciones en las que habitan.
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Encuesta de satisfacción para beneficiarios del proyecto Comedores Comunitarios
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El perfil epidemiológico de un municipio es importante porque describe todos los factores que influyen directa o indirectamente en el proceso de salud-enfermedad de una población. Además se convierte en una valiosa herramienta para la formulación de los Planes Territoriales de Salud y la identificación de acciones prioritarias en grupos vulnerables. El último perfil radicado en la oficina de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, es del año 2003, por ello es apremiante su actualización y posterior evaluación.
Derechos humanos de la población desplazada en Colombia. Evaluación de sus mecanismos de protección.
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El desplazamiento forzado es uno de los fenómenos más dolorosos y críticos de la historia reciente a nivel mundial e interno. En respuesta a estas circunstancias han emanado de la comunidad internacional y de los Estados afectados diversas normativas y sistemas de atención, todavía en construcción, que pretenden dar respuesta efectiva a las adversas circunstancias de la población que es víctima de este flagelo. El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.
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Resumen tomado de la publicación