765 resultados para Café - Aspectos económicos - Antioquia (Colombia)


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Fondo Margaritainés Restrepo

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Inmersos en un conflicto armado y guiados por un modelo político que busca aprovechar el boom minero en pro del desarrollo de Colombia, se han potencializado dinámicas ilegales donde los Actores Armados Ilegales (A.A.I), como ‘bandidos estacionarios’, se han ido adaptando a las nuevas dinámicas del mercado donde el lucro, la rentabilidad y la financiación son su objetivo central. En el departamento de Antioquia, esa situación data desde la formación de sus regiones, como son el caso del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño. Empero, lo novedoso en el conflicto armado, y que tiene relación directa con la minería aurífera es, la alta posibilidad que los A.A.I. estén viendo en esta actividad su principal fuente de financiación como consecuencia de dos hechos importantes: 1). El éxito que ha tenido la lucha contra el narcotráfico y por ende, contra los cultivos ilícitos. Y, 2) El elevado precio del oro en el mercado internacional puesto que, se estima que en los próximos años alcance entre $2.000 y $2.107 dólares la onza. En este orden de ideas, el lector encontrará como los actores armados ilegales actúan como bandidos estacionarios que ejerciendo la “minería criminal”, inciden en la política fiscal municipal a partir de la para-tributación o ‘impuesto de protección’, captación de regalías y el lavado de activos; donde el fin es financiar sus actividades criminales, afectando negativamente la política tributaria de los gobiernos municipales que se caracteriza por su baja capacidad de gestión.

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El Comercio Justo (CJ), también conocido como Comercio Equitativo, Alternativo o Solidario, se ha entendido como “una sociedad de comercio basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional”1 . Este movimiento surgió en los años sesenta, con el objetivo de “contribuir al desarrollo sustentable al ofrecer mejores condiciones comerciales a los productores y trabajadores marginales, especialmente en el Sur”2 . El CJ representa así una alternativa al sistema convencional de comercio internacional. Durante las últimas décadas, los intercambios comerciales internacionales se han multiplicado; “el volumen actual del comercio internacional es 14 veces mayor que el nivel registrado en 1950”3 . Esto se debe en parte a las negociaciones que se han dado en el seno de la Organización Mundial del Comercio, OMC, y de su predecesor, el GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), gracias a las cuales el comercio internacional se ha liberalizado progresivamente.

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Desde 1988, como parte de las medidas adoptadas por la Política Agraria Común (PAC) de la UE, se ha aplicado la retirada de tierras de la producción, diseñada inicialmente como una medida con carácter estabilizador estructural. El tema de retirada de tierras es de vigente actualidad, pues la UE ha optado por el sistema, como una medida coyuntural y voluntaria, a partir de 1992, para limitar los excedentes de producción agrícola. En los cuatro años de aplicación del régimen plurianual de 1988, de retiradas de tierras de la producción, en España, la Comunidad de Aragall es la que ha presentado mayor número de solicitudes para retirar superficies de la producción (41,7% del total seguida por Castilla­ Leal (21,1 %) y Castilla-Mancha (18,5 %). El principal destino solicitado para las 41 592 ha de tierras retiradas de la producción, por los productores en Aragón, fue el barbecho, es decir el sistema tradicional de producción (cereal-barbecho), dada la carencia de acciones que vincularán el programa de retirada de tierras con otras alternativas. tales como los programas de reforestación o siembra de cultivos no alimenticios. La superficie retirada de la producción representó el 4,93 % de la superficie de cereales en Aragón, y está muy por debajo de la media de los países con mayor superficie retirada, como son Holanda, Italia y Alemania con un 16,79 %, 12,75% y 7,85% respectivamente, con respecto a la superficie de cereales, sin embargo es semejante a la media comunitaria (4,39 %) y superior a la media española (0,86 %). Las provincias de Huesca (21 966 ha) y Zaragoza (11 491 ha), presentaron mayor número de solicitudes de hectáreas acogidas, 53 % y 42 % respectivamente. Hay que tener en cuenta que, en ambas provincias, se siembra el 81 %de los cereales de Aragón y que en la provincia de Truel solo se aplicó la medida en dos de sus seis comarcas . La superficie retirada correspondió a la vez al 23 % del total de la superficie de las 795 explotaciones acogidas a la medida. A pesar de ser la Comunidad Autónoma con el mayor porcentaje de solicitudes para retirar tierras, no se acogieron las tierras en regadío más productivas (solo el 18% del área total retirada, 3.389 ha), mientras que las tierras menos productivas o de secano, y por lo tanto con mayor riesgo de pérdidas económicas durante la cosecha, representaron el 92% de la superficie retirada (38 203 ha), de las cuales el 38 % (14 362 ha) correspondió a zonas desfavorecidas y el 62 % (23 841 ha) a zonas de secano no desfavorecidas. Una de las causas de esta situación fue la baja cuantía de las ayudas destinadas a la retirada de tierras, de tal manera que solo resultó atractivo para los productores con explotaciones situadas en zonas marginales. En 1992 a través de las declaraciones efectuadas por los agricultores aragoneses, para la petición de pagos compensatorios, en la aplicación de las nuevas medidas establecidas por la PAC, se ha visto reflejada la información referente al total del superficie retirada en el programa quinquenal de 1988, hasta la campaña agrícola 1992/93. Para el caso de Aragón los agricultores declararon un total de 30 579 ha de barbecho (28 016 ha en cultivos de secano y 2 562 ha en cultivo de regadío) pertenecientes al programa de retirada de tierras de 1988, muy por debajo de las superficies correspondientes a las solicitudes aprobadas (41 592 ha). Con la reforma de la PAC de 1992, se prevé una disminución progresiva y •severa de los precios de intervención de los cultivos herbáceos, con el fin de aproximarlos a los precios mundiales, para compensar las pérdidas de renta por parte de los agricultores se ha establecido un conjunto de ayudas. Estas ayudas tienen diferentes modalidades dependiendo de la consideración de pequeño o mediano y gran agricultor (con un límite entre ambos grupos de 92 t de producción). Los agricultores cuyas explotaciones ‘superan las 92 t de producción están sujetos a la condición de retirar como mínimo un 15% o un 20% de la superficie de cultivos, según escojan el sistema rotacional o no, respectivamente, y hasta un máximo voluntario del 50% de la superficie de cultivos herbáceos a partir de 1994. La superficie basa regional para los cultivos herbáceos de secano, exceptuando el maíz, aprobada por la UE para Aragón, ha sido de 724 000 hectáreas. Esta superficie ha sido superada en un 0,8% en Aragón, para la campaña 1992/93. A la vez el Estado español ha legislado sobre los barbechos tradicionales que se practican en los cultivos de secano, estableciendo índices comarcales, para así evitar que los productores abandonen esta práctica para incrementar las superficies subvenciónales. Hay que destacar el alto porcentaje (57 % sobre la superficie de cereales) que representan los tres tipos de barbechos existentes (barbecho tradicional y barbechos por retirada de tierras, de 1988 y 1992) en los secanos aragoneses, determinando primordialmente por el barbecho tradicional. El 15% de la superficie de tierras retiradas en el sistema rotacional en Aragon, establecida por la Reforma de la PAC en 1992, ha sido de 73 732 ha, por lo que el 78% de la superficie de cereales de secano corresponde a explotaciones con una producción superior a 92 t por lo que con ambos sistemas de retiradas de tierras, se obtendrá prácticamente resultados iguales en Jo referente a la disminución de la producción. Se realiza también un análisis económico de la variación de los ingresos del agricultor, según se acoja o no a la condición de pequeño agricultor, tal como define el programa de retirada de tierras, en el contexto de la PAC de 1992, mediante el cálculo de la superficie umbral. Es decir, la superficie bajo la cual se obtiene el mismo margen bruto por unidad de superficie para los dos sistemas (simplificado y general) de declaración de ayudas y pagos y pagos compensatorios. A efectos de cálculo se utiliza el margen bruto resultante de la diferencia, entre los ingresos obtenidos por el valor de la producción y las ayudas y pagos compensatorios, menos los costos directos pagados en los cultivos de secano en Aragón, considerando que este margen bruto es el que determina la posición competitiva del productor frente al mercado. Para las explotaciones cuyas superficies sean inferiores a la superficie umbral, se obtienen un mayor margen bruto por unidad de superficie realizando la declaración de ayudas en el sistema simplificado que en el sistema general. Una explotación con las características definidas como la una explotación tipo de la comunidad de Aragón (rendimiento medio 1 953 kg/ha), rendimiento regional de referencia 1,8 t/ha y costos medios directos pagados por hectárea de cultivo, con un 75% de cebada y un 25 % de teigo, de 33 275 pts/ha), que siembre cereales de secano, no es rentable retirar tierras de la producción -acogerse al sistema general- para recibir a cambio los pagos y ayudas compensatorios a la producción, cuando la superficie de cultivo no excede las 52,95 ha,49,84 ha y 50,33 ha en las campañas de siembra 1992/93 a 1994/95, respectivamente. Una explotación en la que supera las 92 t de producción, cuando se incrementa el margen bruto por unidad de superficie y disminuyen los rendimientos de referencia regionales, es menos rentable retirar tierras de la producción para recibir las ayudas establecidas por la PAC, a medida que se incrementa la superficie de cultivo de la explotación.

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2006

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2003

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2009

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En 1970 Colombia no era conocida por su producción de coca o drogas ilegales, y Afganistán era y había sido por mucho tiempo un productor menor de opio. De hecho, “en Afganistán el opio no había sido una cosecha ‘tradicional’ y antes de los años noventa solamente se había cultivado en pocos lugares de ese país. A diferencia de la mayoría de los países de la región, Afganistán tenía una ‘cultura de opio’ débil. Por consiguiente, el consumo de opio hasta hace poco ha sido relativamente bajo” (UNODC, 2002: 87-88). En esa época, ninguno de estos dos países era un productor importante de coca u opio, o un actor importante en los mercados internacionales de drogas ilícitas. Hoy, sin embargo, son los países dominantes en las dos ramas de origen vegetal más importantes de la industria ilegal: cocacocaína y amapola-opio-heroína. Así, Afganistán y Colombia producen respectivamente más del 70% de la heroína y la cocaína ilícitas en el mundo.

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Esta investigación analiza las metas del plan Visión Colombia II Centenario: 2019 para establecer su viabilidad fiscal y el impacto económico sobre las finanzas de la nación a corto y largo plazo. El análisis de las políticas encaminadas a la consecución de estas metas permite determinar el alcance basado en el gasto público como principal elemento del Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto de la Nación. Es de gran importancia para la Ciencia Política mantener un análisis profundo y continuo sobre las estrategias de desarrollo implementadas por los gobiernos a corto y largo plazo, a partir de esto se puede aportar en el desarrollo de políticas públicas que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

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El interés del estudio de investigación se basó en recolectar datos de exposición ocupacional a plaguicidas ditiocarbamatos en el sector floricultor. Objetivo: Determinar los niveles de exposición a fungicidas ditiocarbamatos y su relación con las condiciones laborales de los trabajadores del sector floricultor en la Sabana de Bogotá D.C. (Cundinamarca) y Rionegro (Antioquia), Colombia, durante el año 2011. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio de corte transversal, en 358 trabajadores de un total de 3700 empleados de 27 empresas del sector floricultor, 12 ubicadas en la Sabana de Bogotá (Cundinamarca) y 3 en Rionegro (Antioquia). Se recoleto información sobre condiciones de trabajo y antecedentes de exposición de la población y se determinaron los niveles de exposición a fungicidas ditiocarbamatos en muestra en orina mediante método Montesano. Conclusiones: Este estudio describe la forma como se utilizan y los niveles de exposición a fungicidas ditiocarbamatos ETU, en el sector floricultor en Colombia. Se dan recomendaciones para mejorar los tiempos de re-ingreso al cultivo según la categoría toxicológica de los productos.

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Este artículo presenta una primera propuesta de determinación de subsidios y contribuciones de tarifas de servicios públicos domiciliarios – SPD para la Capital colombiana, que no parta de una clasificación de grupos (estratos socioeconómicos). A partir de un ejercicio exploratorio, se diseña un esquema de pagos del servicio de acueducto a partir del avalúo catastral del inmueble en que habita cada hogar. El ejercicio establece el pago por unidad de consumo de agua, de manera que cada hogar en Bogotá destine una misma proporción de su gasto total al gasto en el servicio de acueducto y garantiza que el total de pagos cubran los costos de provisión del servicio.

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Analizar desde la óptica económica cómo se contempla la rentabilidad y financiación de la enseñanza. Bibliografía. Abogamos por estructuras más funcionales que jerárquicas, que supriman con celeridad la burocratización que pesa sobre nuestro Sistema Educativo: traerá consigo la posibilidad de bajar costos e incentivar la pasividad del personal que lo anima, elevará el nivel de productividad global. Preconizamos el sistema de préstamos como ayuda a los estudiantes universitarios y el sistema de subvención a todos los Centros de EGB, BUP y FP.

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Se analiza los efectos redistributivos de la intervención pública a través de la financiación de la educación universitaria en España. Se abordan las distintas justificaciones para la intervención del sector público en la financiación de la educación superior y la forma en que se articula el gasto público destinado a las universidades en España y en algunos paises de la OCDE. Se evalua la capacidad redistributiva conseguida por el actual sistema de financiación de las universidades públicas españolas a través de un estudio de incidencia personal y espacial de los gastos destinados a la enseñanza universitaria por las distintas administraciones públicas en la última década. Se estudian los aspectos económicos en terminos de equidad y eficiencia de los escenarios alternativos de financiación con el objeto de proponer posibles líneas de reforma del sisitema vigente. El estudio empírico comienza explicando la elección del gasto como indicador de la posición económica, el hogar como unidad de análisis y el costo monetario para valorar los servicios públicos. Se analiza el nivel de prograsividad y los efectos redistributivos del gasto público basándose en el índice de desigualdad de Gini y la curva de Lorenz asociada al mismo. La hipótesis comunmente aceptada de que el sistema actual resulta escasamente eficiente justificándose por el mayor grado de distribución asociado a su funcionamiento, no parece contrastarse en esta investigación. Se ha demostrado que el sistema no genera efectos redistributivos positivos de forma que se abre un margen para introducir medidas que conduzcan a la equidad manteniendo los objetivos de eficiencia, gestión y control.