249 resultados para superado
Resumo:
Este estudo procura refletir sobre o novo quadro que se abriu ao direito com a desestruturação do projeto da modernidade societária. Tendo atingido o seu ponto mais elevado entre a Segunda guerra mundial e a queda do muro de Berlim, este projeto, realizado no quadro do Estado-nação, vinculou o indivíduo (societário) a uma rede de instituições e procurou determiná-lo, juridicamente, a partir de uma elaborada pirâmide normativa amiga da previsibilidade, da segurança e do futuro. O mundo das autonomias, da profusão estatutária, dos particularismos, de um complexo mosaico de fontes em concorrência, aquele mundo medieval ligado a um passado imemorial, a um tempo fechado sobre si próprio, é agora superado por um modelo social e jurídico de pendor monolítico, em que o presente, já liberto da vis atrativa do passado, vinculado aos valores da calculabilidade e da utilidade, se projeta no futuro. Pois bem, o fenómeno da globalização e a progressiva construção de uma sociedade e de um mercado globais não deixam de pôr em causa aquele projeto da edificação de uma sociedade integral dentro do território de cada Estado-nação. Hoje, as fronteiras, as estruturas fixas e a própria tradição, tudo é sacrificado no altar da instantaneidade, tudo se reduz ao “êxtase do presente”. Ora, como é cada vez mais evidente, esta “presença hipertrófica do presente” não é amiga da lei. Outras fontes do direito como os direitos do homem, a jurisprudência, a lex mercatória e o contrato parecem ser mais adequadas. Daí que se fale já de uma legalidade branda, de direito «flexível», de direito «líquido», de direito «solúvel», etc.
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Las exigencias de la globalización han expuesto la severa vulnerabilidad de los países caribeños, y por lo tanto, el fenómeno se ha convertido en el catalizador principal de un acelerado proceso hacia la integración regional para evitar la marginación de los estados pequeños caribeños en la escena internacional. Con el fin de fortalecer su presencia en el contexto global, los países miembros de la Caricom, han echado la vista atrás al decidir proceder con un proyecto que inicialmente surgió en 1989, pero por varias razones, lo más notable, las diferencias y pleitos entre las diferentes islas, había quedado estancado. El proyecto se radica en la creación de un Mercado y Economía Únicos, y pretende tener un papel casi estrictamente geopolítico, porque muchos optimistas se aferran al sueño de que unida, la región incrementará su capacidad de lidiar con los países poderosos e impresionarles sobre su naturaleza vulnerable para que por lo menos intenten suavizar sus leyes que son diseñadas de sofocar la economía caribeña. De particular importancia es la protección de las dos industrias principales que sostienen los estados pequeños de la región-el turismo y el sector offshore. La región ha percibido su carácter vulnerable y existe el consenso que la integración representa un paso decisivo para combatirlo, sin embargo, muchos aún creen que el establecimiento del Mercado y Economía Únicos de Caricom es una estrategia prematura debido al hecho que las islas de la región no han superado sus diferencias que a lo largo del siglo pasado han destrozado cualquier camino hacia la integración. El éxito del MEUC dependerá de la voluntad de los estados pequeños para cooperar plenamente al desechar sus antiguas diferencias por un bien común; y este representa el desafío más grande para la integración caribeña.
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A partir de la reforma y codificación constitucional de 1998, realizado por la autoproclamada Asamblea Nacional Constituyente de 1997, se introdujo el principio de competencia en la Constitución ecuatoriana, determinando así la regulación de ciertas materias por ley orgánica, ciertas por ley ordinaria y ciertas por actos normativos con categoría normativa inferior a la ley. El mencionado principio de competencia tiene relevancia desde que ya no se aplica a rajatabla el principio de jerarquía que hasta antes de dicha codificación se utilizaba con mucha frecuencia cuando existían problemas de contradicciones normativas, ya que las normas jurídicas en general estaban perfectamente jerarquizadas, sin dar pábulo a confusiones sobre la aplicación de las normas. Evidentemente la Constitución ecuatoriana no determina expresamente la aplicación del principio de competencia, es más, en el artículo 272 de la Constitución se trata de jerarquizar el ámbito normativo, pero sucede que esto no es así, ya que no se puede interpretar la Constitución de manera absoluta y en contra de si misma. Es por lo dicho que en derecho constitucional existen mecanismos y métodos propios de interpretación constitucional como es el método tópico que en suma nos dice que a la constitución hay que interpretarla en función de los principios de unidad de la Constitución, concordancia práctica, corrección funcional, función integradora y fuerza normativa de la Constitución, que se explicarán ampliamente en el desarrollo de la tesis y mediante el cual llegaremos a la conclusión que la Constitución ecuatoriana determina claramente el principio de competencia. Es debido precisamente a este problema de interpretación de la Constitución, que en los actuales momentos, con este nuevo principio introducido en la constitución ecuatoriana, ha llevado a que el Congreso Nacional trate de regular mediante ley (sea esta orgánica u ordinaria) materias que la constitución ha asignado a otros órganos del Estado, lo que se traduce en una evidente arbitrariedad por parte del legislativo sobre potestades que la Constitución no le ha asignado, contrariando así el principio de legalidad consagrado en el artículo 119 de la Constitución que determina: “Las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias y lo funcionarios públicos no podrá ejercer otras atribuciones que las consignadas en la Constitución y la ley...”. La importancia de este tema desde el punto de vista académico es interesante desde que la aplicación del principio de competencia no es una invención ecuatoriana, es así que este principio de origen francés con la V República de 1958 es tomado en sistemas como el español, el chileno, el colombiano entre otros ya han determinado claramente la aplicación de este principio por sobre el principio clásico de jerarquía, determinando en su jurisprudencia que la creación y aplicación de la norma se la realiza en virtud de las competencias que la Constitución de cada país ha determinado a los órganos del poder público respectivos. Por último, la importancia social de este tema es evidente ya que el Congreso Nacional ecuatoriano utilizando un concepto ya superado, como es el de que la soberanía radica en ellos, pretende arbitrariamente regular materias que no le competen, provocando así una confusión en los operadores de la norma, como son la administración pública, los jueces y los administrados, utilizando el criterio de que una ley y mejor aun que una ley orgánica se aplica por sobre el resto del ordenamiento jurídico inferior en aplicación del principio de jerarquía y no del principio de competencia vigente a partir de la codificación y reforma constitucional de 1998.
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Se establecen los rasgos sustantivos y contradictorios de la Ciencia Ecuatoriana formal del presente siglo, que a más de no haber superado la fase artesanal, y denotar niveles de productividad muy bajos, se ha constituido como una actividad fuertemente ligada a paradigmas y parámetros tecnológicos foráneos, y a un modelo de inequidad social, de género y étnica. Se argumentan las razones históricas para la falta de un avance científico autocentrado y esa “desactualización estructural”. Se destaca la necesidad de establecer una especie de anti-agenda, a la luz de las demandas más importantes de nuestra sociedad misma. Ubicando la crítica epistemológica en el momento actual, se pone de relieve que el verdadero sentido de la globalización no es el de propender a que la vida se rija por el mercado que controlan los monopolios, el sentido más hondo de la globalización, aquel que tiene profundas implicaciones para la investigación y la ética científica es el de el nexo estrecho que existe entre lo que cada uno de nosotros hace, respecto al poco de equidad -o de inequidad que contribuimos a formar con nuestra acción cotidiana y de largo plazo.
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Este ensayo propone la línea de codicia para controlar el máximo nivel de consumo ética y económicamente aceptable, sobre el cual una redistribución parcial de los ingresos individuales puede eliminar la pobreza y restituir la economía hasta sus límites sustentables. El crecimiento económico actual permite superar varias veces las necesidades fundamentales de la población, sin embargo, la enorme inequidad social impide que al menos el 40% de la humanidad satisfaga sus necesidades humanas básicas, mientras que, el consumo suntuario absorbe una parte significativa del producto mundial y el tamaño de la economía ha superado la capacidad de reposición del planeta. La línea de codicia puede ser constante en un contexto histórico nacional definido, pero es variable a escalas temporales y regionales más amplias, su nivel es menor a mayor inequidad o pobreza, y a mayor actividad económica globalmente insustentable, finalmente, aumenta conforme la economía crece dentro de límites sustentables y equitativos.
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El régimen tributario en el estado contemporáneo resulta trascendental para su propia
sobrevivencia, más en época de crisis como la que afrontamos, en la que las otras fuentes
de ingresos públicos, como los patrimoniales o los préstamos, se hacen cada vez más
escasos y difíciles de obtener.
Por su parte, la Constitución expedida por la Asamblea Constituyente y publicada en el
Registro oficial Nº 449 de 20 de octubre del 2008, pretende la configuración de un nuevo
Estado basado en principios de solidaridad, de equidad, de redistribución de la riqueza
entre todos los miembros de la sociedad ecuatoriana. En este contexto, resulta de gran
importancia analizar los cambios que en el régimen tributario ecuatoriano ha propuesto la
nueva Constitución, en particular en los artículos 300 y 301, que sin duda vienen a
complementar aquellos que, ya figuraban en la Constitución de 1998. Pero es en su
espíritu el verdadero cambio; pues, tales principios están vigentes en cada relación jurídica
y no solamente como una mera declaración sino como normas de aplicación directa a
través de su fuerza vinculante y, además, de inmediata aplicación.
Por otra parte, resulta trascendente para la materia tributaria, los cambios de varias
instituciones del Código Tributario, entre ellas y de manera especial al régimen penal
tributario, implementadas por la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador,
publicada en el Registro Oficial Nº 242 del 29 de diciembre del 2007. En ella, se ha
convertido al
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Desde fines del año pasado, ocho años de administración de la bonanza parecían sucumbir precipitadamente ante la obligada gestión de la austeridad. Esta vez todo hace pensar que la crisis económica no será como la de 2009, cuando un problemático semestre siguió a dos años de esplendoroso desafío a cualquier sombra de disciplina fiscal. Inmediatamente vino la recuperación. En ese entonces todavía quedaban reservas monetarias provenientes de los ahorros obligados por la ortodoxia neoliberal. A pesar de ambas cosas -tanto de las reservas remanentes como de la corta duración de la crisis-, el año 2009 se recuerda aún como el período de más baja popularidad en ocho años de gobierno: la valoración positiva de la gestión gubernamental llegó a casi el 50% de aprobación cuando el promedio en años posteriores ha superado el 70%.
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La elaboración del presente trabajo “El valor en riesgo condicional como herramienta en la gestión de riesgos del portafolio de renta fija de un fondo previsional ecuatoriano”, responde a la necesidad de entender como la aplicación de la metodología del valor en riesgo condicional en un portafolio de inversiones de un fondo previsional ecuatoriano, conformado por títulos de renta fija, contribuirá al control del riesgo de mercado. Se determinará la aplicabilidad práctica del uso del valor en riesgo condicional, en un portafolio de inversiones constituido por títulos de renta fija que se negocian en el mercado de valores, de un fondo previsional complementario ecuatoriano. Se analizará la evolución del índice de rendimiento de la Bolsa de Valores como medida del rendimiento del mercado de los títulos negociados en el mercado bursátil y se determinará un portafolio de inversiones de renta fija con títulos negociados en ese mercado. Por medio de la metodología paramétrica de varianzas y covarianzas se determinará el VaR y CVaR del portafolio y con la metodología no paramétrica de simulación histórica, se determinarán las ganancias y pérdidas diarias del portafolio y se estimará el VaR y CVaR de la distribución. Se proponen parámetros y políticas que permitan estimar el riesgo de mercado utilizando el CVaR como medida complementaria que cuantifica las pérdidas que se pueden encontrar en las colas de distribución. El CVaR se constituye en una medida que complementa al VaR ya que considera los valores que se encuentran en la cola de la distribución una vez superado el umbral del VaR. Finalmente, se recomienda utilizar el CVaR como medida para cuantificar las pérdidas que podría sufrir un portafolio de activos financieros, ya que incorpora en un solo valor la pérdida esperada y la pérdida media inesperada de un portafolio, constituyéndose en un mecanismo de alerta temprana para la toma de decisiones que disminuyan el impacto de la potencial pérdida del portafolio.
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O estudo propõe desenhar as linhas mestras do processo civil brasileiro no quadro do Estado de Direito Democrático, pós Constituição Federal de 1988. Na primeira parte, partindo da origem do direito processual constitucional brasileiro na Constituição Republicana de 1891 visa a abordar as mudanças ocorridas com a constitucionalização do processo, o que significa reconhecer que na formação e desenvolvimento do direito processual brasileiro atuaram forças paradoxais (recepção da judicial review, do direito norte-americano, e recepção do direito europeu-continental, no CPC de 1973) e que este paradoxo tende a ser superado pela virada paradigmática da racionalidade jurídica e das relações entre Direito e Política no marco do Estado Constitucional. Estabelece, como primeira mudança, a relação entre a racionalidade prática procedimental e a necessidade de resgate da pretensão de correção para a lógica jurídica. Dessa percepção decorre uma outra alteração profunda, na atuação do direito em juízo, apontando para a combinação entre o modelo normativo de democracia deliberativoprocedimental (HABERMAS) e o processo cooperativo (ALVARO DE OLIVEIRA) Na segunda parte do estudo, a tese coloca essas premissas frente aos necessários desenvolvimentos do direito processual pós Constituição de 1988. Analisa-se, criticamente, as seguintes atitudes fundamentais: a) a configuração e o conteúdo do direito processual constitucional na doutrina atual e sua adequação ao contraditório como “valor-fonte” do direito processual contemporâneo; b) as relações entre direito material e direito processual; c) a teoria das fontes do direito, apresentando a jurisprudência como fonte primária, em razão da recepção tardia e mitigada do stare decisis no direito brasileiro (súmulas vinculantes, decisões vinculantes em controle de constitucionalidade e jurisprudência dominante dos tribunais), bem como, da importância dos modelos judiciais na densificação dos conteúdos das normasprincípio e das cláusulas abertas. Com isso procura-se apontar para a dissolução dos antagonismos radicais entre as tradições do ocidente (common law e romano-germânica) e seus métodos: o Code-Based Legal System e o Judge-Made Law System. A Constituição resgata, assim, o papel de centro e fator de unidade no ordenamento jurídico brasileiro, também para o processo civil, comprometendo todo o ordenamento jurídico com a democratização das fontes de poder, inclusive o debate judicial.
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A Índia, com sua notável expansão econômica, cultura e filosofia milenares, é o tema desse trabalho, com dois objetivos: exemplificar diversos aspectos teóricos ligados ao crescimento econômico e aprofundar o estudo de um aspecto institucional pouco difundido na literatura, os impactos das filosofias religiosas. A princípio, são analisadas as reformas econômicas realizadas após a crise do balanço de pagamentos ocorrida em 1991. Diversos estudos teóricos são citados ao longo do texto para contextualizar o efeito das reformas no potencial de crescimento. O setor externo é analisado com profundidade, seguido pela desregulamentação no setor privado, principalmente na atividade industrial e no controle de preços. Estes dois setores foram conjuntamente responsáveis pelo grande salto de produtividade na economia (descrito pelos impactos na produtividade total dos fatores). Alguns aspectos de política monetária e fiscal também são analisados, mas com menor ênfase, visto que as reformas e resultados nesses setores são limitados. A seguir, apresenta-se análise sobre a filosofia Hindu, predominante no país. Introduz-se o tema com breve descrição dos aspectos filosóficos, para seguir com avaliação dos impactos econômicos resultantes. Max Weber e Amartya Sen contradizem-se sobre o sinal do impacto: Weber suportando que a magia hindu impediria o racionalismo; Sen argumentando que o próprio hinduísmo tem histórico de racionalismo heterodoxo, de contestação e criação. Para disseminar dúvidas apresenta-se um modelo econométrico, com base em convergência condicional: impactos diretos e indiretos não se mostram significantes. Levanta-se um debate e um alento a alguns países: um histórico institucional bastante desalentador ao desenvolvimento, baseado em uma filosofia religiosa controversa de nuances pós-vida, pode ser superado com algumas corretas reformas na economia.
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Partindo de uma avaliação sobre o contexto mundial de descentralização fiscal e de democratização em que o Brasil se encontrava no final do século XX, essa tese apresenta na primeira parte uma análise empírica para países em desenvolvimento evidenciando o condicionamento do tipo de regime de governo na relação entre descentralização fiscal e tamanho de governo. Estimações por system-GMM para países em desenvolvimento mostram que existe um nível de descentralização fiscal, entre 20% e 30%, que uma vez superado, resulta em democracias com tamanhos de governos menores do que as ditaduras. Esses resultado, que chama a atenção tanto para os governos locais, como para a influência da democracia no gasto público, estimulou a continuação da pesquisa na avaliação da eficiência dos gastos municipais no Brasil e sua relação com o voto. Assim, no segundo ensaio, são calculados indicadores de evolução da eficiência e da produtividade do gasto municipal (fatores de Malmquist) entre 2004 e 2008, para as áreas da saúde e educação. Os resultados da análise por fronteira estocástica mostram que tanto na educação, como na saúde, houve avanços na fronteira de produção (TFPC, em média, de 18.7%, na educação e de 14.2% na saúde) por avanços de mudança técnica (Technical Change - TC), ao invés de elevação da eficiência (Technical Efficiency Change – TEC). No último ensaio, os indicadores de eficiência e de produtividade são usados para testar a hipótese de que o eleitor municipal premia com o voto os prefeitos que melhoraram a eficiência do gasto da educação e/ou saúde em sua gestão. Os resultados não rejeitam a hipótese para a educação, mas rejeitam para a saúde. A fim de tratar prováveis erros de medida das variáveis de produtividade, as estimações são instrumentalizadas em regressões por dois estágios.
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Nos últimos anos o Brasil tem avançado no sentido de enfrentar as desigualdades raciais. Em 1995, o então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso reconheceu oficial e publicamente não apenas a existência da discriminação racial e do preconceito de cor no País, mas também a necessidade de se adotar medidas públicas e privadas para fazer face ao problema. Naquele mesmo ano foi criado o Grupo de Trabalho Interministerial, que teve por incumbência propor ações integradas de combate à discriminação racial e recomendar políticas para a consolidação da cidadania da população negra. Para encaminhar as ações relacionadas ao mercado de trabalho, foi criado em 1996, no âmbito do Ministério do Trabalho, o Grupo de Trabalho para a Eliminação da Discriminação no Emprego e na Ocupação, cuja missão foi definir programas de ações que visassem ao combate da discriminação no emprego e na ocupação. Desde então, temos presenciado uma maior permeabilidade do Estado às demandas e proposições dos movimentos sociais negros. Marcos nesta trajetória foram a criação da SEPPIR – Secretaria de Promoção da Igualdade racial, em 2003, a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, em 2010, e a aprovação, por unanimidade, do sistema de cotas para negros no ensino superior brasileiro, pelo Superior Tribunal Federal, em 2011. Essas, dentre outras, são conquistas inquestionáveis e que revelam que o País vive um período de inflexão no encaminhamento de soluções para os problemas raciais que o assolam. Mas, se por um lado essas conquistas representam grandes vitórias, especialmente quando analisadas sob uma perspectiva retroativa, visto que desde a abolição da escravatura nenhuma ação estatal havia sido direcionada à solução de desigualdades raciais, por outro, muito ainda temos que avançar. Um olhar prospectivo revelará que o fosso criado ao longo desses séculos não poderia ser superado em apenas 20 anos. Muita desigualdade racial ainda resta. E muito ainda resta a ser feito para o seu enfrentamento. Ao “mobilizar conhecimento para a resolução de problemas sociais relevantes” (FARAH, 2012) esta tese busca contribuir para o avanço das políticas de igualdade racial no País, particularmente daquelas voltadas para o mercado de trabalho. Ela se constitui em um estudo de caso do Programa de Promoção da Igualdade de Oportunidade para Todos, uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho, que teve por objetivo levar as organizações privadas a adotar ações afirmativas para o enfrentamento das desigualdades de gênero e raça nas relações de trabalho. Para a condução do estudo de caso único, empreendemos uma pesquisa qualitativa, adotando diversas técnicas de pesquisa, como a observação participante, conversas, entrevistas semiestruturadas e análise de documentos e outras materialidades, tendo o pós-construcionismo como sua perspectiva epistemológica (SPINK, 2005). Analisamos o Programa da Promoção da Igualdade de Oportunidade para Todos a partir das seguintes variáveis: sua concepção, implantação e primeiros resultados. Essa análise conduziu-nos a uma revisão da literatura nacional e estrangeira sobre a gestão da diversidade, e da literatura sobre desigualdade categórica durável. Os resultados deste estudo sugerem que, em que pesem as resistências enfrentadas para a sua implantação, o Programa já produziu efeitos positivos, embora também apontem seus limites e ajustes necessários para futuras políticas que visem à redução de desigualdade racial no mercado de trabalho no País.
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Como em países de tradição civil law, o sistema jurídico brasileiro consagra a lei como fonte primária e garantia do Estado de Direito. A hermenêutica, como teoria científica da arte de interpretar, impõe-se em nosso sistema como canal destinado a suprir as vaguezas e imprecisões da lei e resolver-lhe os conflitos normativos, pelos métodos e critérios tradicionais. A jurisprudência, entendida como um conjunto uniforme e constante de decisões sobre assuntos similares, tem um papel secundário, e as ideias de Direito e Justiça, nesse contexto, muito se aproximam da lei. Com a promulgação da Constituição democrática de 1988, e o renascimento do direito constitucional brasileiro, cujo marco filosófico é o pós-positivismo, o constituinte atribuiu normatividade aos princípios constitucionais. Mas não sistematizou as relações dos princípios entre si, e destes com regras igualmente positivadas na Constituição, fazendo emergir certas tensões principiológicas e também entre princípios e regras constitucionais. Superado o modelo positivista, que equiparava o Direito à lei, ganharam grande importância as discussões relacionadas à neutralidade do aplicador da norma, e os voluntarismos e personalismos praticados sob ideais subjetivos de justiça. Nesse novo contexto, a jurisprudência assume papel protagonista, e aproxima o modelo brasileiro das jurisdições do common law. Entretanto, a vinculação apenas extraordinária dos julgadores aos precedentes, que deita raízes no regime de livre convencimento, induz falta de uniformidade e de coerência dos julgados, acerca de questões jurídicas similares, comprometendo a estabilidade, gerando incerteza e insegurança jurídica, e por via de consequência, relevantes empecilhos ao planejamento empresarial e aos investimentos que dele dependem, o que tende a gerar prejuízos ao ambiente de negócios do País. Essa perspectiva tem o objetivo de demonstrar que o Direito, enquanto sistema harmônico de normas, requer limites claros, e que esses limites, em nosso sistema constitucional, significam precisamente a imposição de métodos que assegurem à sociedade pronunciamentos uniformes e coerentes por parte do aplicador da norma, mediante observância de precedentes adequadamente sopesados em direção à harmonia, segurança jurídica e previsibilidade.
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Natural nanoclays are of great interest particularly for the production of polymer-based nanocomposites. In this work, kaolinite clays from two natural deposits in the State of the Rio Grande do Norte and Paraiba were purified with thermal treatment and chemical treatments, and characterized. Front to the gotten data, had been proposals methodologies for elimination or reduction of coarse particle texts, oxide of iron and organic substance. These methodologies had consisted of the combination of operations with thermal treatments, carried through in electric oven, and acid chemical attacks with and hydrogen peroxide. The Analyzers Thermogravimetric was used to examine the thermal stability of the nanoclays. The analysis indicated weight losses at temperatures under 110 ºC and over the temperature range of 350 to 550 ºC. Based on the thermal analysis data, the samples were submitted to a thermal treatment at 500 °C, for 8 h, to remove organic components. The X-ray diffraction patterns indicated that thermal treatment under 500 °C affect the basic structure of kaolinite. The BET surface area measurements ranged from 32 to 38 m2/g for clay samples with thermal treatment and from 36 to 53 m2/g for chemically treated samples. Thus, although the thermal treatment increased the surface area, through the removal of organic components, the effect was not significant and chemical treatment is more efficient, not affect the basic structure of kaolinite, to improve particle dispersion. SEM analysis confirms that the clay is agglomerated forming micron-size particles