A criminologia crítica e o direito penal mínimo: avanços e retrocessos

This paper presents the emergence of knowledge-criminals criminal character of oppositional discourses to biologists and to the ideals of social defense, denouncing the criminal policies of discriminatory bias that still permeate the administrative practices of conflict. To this end, we examine the precepts of Critical Criminology revolutionary scenario that emerged in the 60s. His propositions denounced emphatically that social control was exercised by class interests and that the criminal policies were a reflection of capitalist domination extended to the criminal area. Accordingly, the present knowledge of such criminology, whose critical analysis culminated in the drafting of an alternative program for the management of the crisis of contemporary legalcriminal: the minimum criminal law and its proposed alternative sentences.

A regulação penal da exclusão social no tráfigo de seres humanos

Pós-graduação em Direito - FCHS

A participação da vítima no processo penal

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O confisco sem condenação penal como medida de recuperação dos bens e valores instrumentos ou produtos da lavagem de ativos

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Desafios da dogmática penal frente aos crimes patrimoniais na realidade socioeconômica brasileira

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Princípio da insignificância em matéria penal: entre aceitação ampla e aplicação problemática

Este artigo busca analisar o princípio da insignificância em matéria penal, e refletir acerca da melhor forma de operacionalizá-lo dogmaticamente. Após uma introdução que trata brevemente do contexto do surgimento desse princípio, o texto apresenta as principais concepções utilizadas pela doutrina e pela jurisprudência nacionais para aplicá-lo, com o objetivo de refletir sobre as vantagens e desvantagens sistemáticas e político-criminais inscritas em cada uma delas. Nesse plano, o artigo problematiza a principal formulação defendida pela doutrina nacional - segundo a qual a insignificância constitui espécie de cláusula de exclusão da "tipicidade material" da conduta analisada -, sugerindo que essa concepção pode estar na base de sérios equívocos cometidos por nossos tribunais no momento de definir se uma conduta é ou não penalmente insignificante. Ao final, o texto aponta os contornos gerais de uma formulação dogmática mais adequada para esse princípio, visando suprir as diversas dificuldades advindas da adoção da concepção majoritária sobre a matéria no Brasil.

Desconsideração e consideração da pessoa jurídica no Direito Penal Ambiental: convergindo antíteses aparentes para a tutela penal do meio ambiente humano

A discussão da desconsideração da pessoa jurídica no âmbito do Direito Penal, em consonância à Lei n. 9.605/98, Lei dos Crimes Ambientais, pressupõe discutir, também, a própria consideração para efeitos penais.

La penalidad de la ebriedad en el código penal y en la praxis judicial bonaerense 1878-1888

La sanción del código penal en la provincia de Buenos Aires en el año 1877, fijó en el homicidio la penalidad y determinó las circunstancias del delito mediante la enumeración de los atenuantes y agravantes. El objetivo era contemplar todas las posibilidades del delito para reducir el "arbitrio judicial". Sin embargo, deteniéndonos en los cambios operados en cuanto a la ebriedad en la normativa legal y en la práctica judicial, se puede observar que la función del juez no se redujo únicamente a computar la pena según el delito. A su cargo quedó la apreciación de las pruebas y la interpretación legal. En este sentido, la ley dejó márgenes para considerar a la ebriedad como atenuante o no de la penalidad. Sin embargo, los jueces le negaron tal beneficio al imputado, lo cual marcó una ruptura con respecto al período anterior. Interpretación que estuvo determinada no por un cambio en la percepción sobre el efecto del alcohol como perturbador de la conciencia, sino por ciertos prejuicios que otorgaron una jerarquía y un valor a los motivos que pudieran cegar al trasgresor. Considerada aun como un vicio y no una patología, revelaron la condena a esta práctica social determinando que hechos ya no quedaban comprendidos como circunstancias atenuantes. En definitiva, la ebriedad posibilita apreciar el complejo proceso de codificación que consistió no únicamente en la aplicación literal de la ley sino también en la interpretación que de ella se hiciera.

La penalidad de la ebriedad en el código penal y en la praxis judicial bonaerense 1878-1888

La sanción del código penal en la provincia de Buenos Aires en el año 1877, fijó en el homicidio la penalidad y determinó las circunstancias del delito mediante la enumeración de los atenuantes y agravantes. El objetivo era contemplar todas las posibilidades del delito para reducir el "arbitrio judicial". Sin embargo, deteniéndonos en los cambios operados en cuanto a la ebriedad en la normativa legal y en la práctica judicial, se puede observar que la función del juez no se redujo únicamente a computar la pena según el delito. A su cargo quedó la apreciación de las pruebas y la interpretación legal. En este sentido, la ley dejó márgenes para considerar a la ebriedad como atenuante o no de la penalidad. Sin embargo, los jueces le negaron tal beneficio al imputado, lo cual marcó una ruptura con respecto al período anterior. Interpretación que estuvo determinada no por un cambio en la percepción sobre el efecto del alcohol como perturbador de la conciencia, sino por ciertos prejuicios que otorgaron una jerarquía y un valor a los motivos que pudieran cegar al trasgresor. Considerada aun como un vicio y no una patología, revelaron la condena a esta práctica social determinando que hechos ya no quedaban comprendidos como circunstancias atenuantes. En definitiva, la ebriedad posibilita apreciar el complejo proceso de codificación que consistió no únicamente en la aplicación literal de la ley sino también en la interpretación que de ella se hiciera.

La penalidad de la ebriedad en el código penal y en la praxis judicial bonaerense 1878-1888

La sanción del código penal en la provincia de Buenos Aires en el año 1877, fijó en el homicidio la penalidad y determinó las circunstancias del delito mediante la enumeración de los atenuantes y agravantes. El objetivo era contemplar todas las posibilidades del delito para reducir el "arbitrio judicial". Sin embargo, deteniéndonos en los cambios operados en cuanto a la ebriedad en la normativa legal y en la práctica judicial, se puede observar que la función del juez no se redujo únicamente a computar la pena según el delito. A su cargo quedó la apreciación de las pruebas y la interpretación legal. En este sentido, la ley dejó márgenes para considerar a la ebriedad como atenuante o no de la penalidad. Sin embargo, los jueces le negaron tal beneficio al imputado, lo cual marcó una ruptura con respecto al período anterior. Interpretación que estuvo determinada no por un cambio en la percepción sobre el efecto del alcohol como perturbador de la conciencia, sino por ciertos prejuicios que otorgaron una jerarquía y un valor a los motivos que pudieran cegar al trasgresor. Considerada aun como un vicio y no una patología, revelaron la condena a esta práctica social determinando que hechos ya no quedaban comprendidos como circunstancias atenuantes. En definitiva, la ebriedad posibilita apreciar el complejo proceso de codificación que consistió no únicamente en la aplicación literal de la ley sino también en la interpretación que de ella se hiciera.

O princípio da ofensividade como complemento necessário à regra da legalidade penal no Estado Democrático de Direito

As ideias políticas e filosóficas que influenciaram a criação da regra da legalidade penal e do princípio da ofensividade têm origem no Iluminismo. Principalmente durante a Idade Média e o Antigo Regime, confundia-se crime com pecado e as pessoas podiam ser punidas por mero capricho do soberano, sem que existisse lei. As arbitrariedades eram gritantes. A finalidade de ambas as teorias surgidas no período da Ilustração, portanto ao pregarem que era necessária a existência de lei prévia para que alguém fosse punido (regra da legalidade) e que o crime pressupunha uma lesão a direito ou bem jurídico de terceiro (princípio da ofensividade) , era a mesma: limitar o poder punitivo. No entanto, a regra da legalidade penal foi muito mais absorvida pelo discurso dogmático-jurídico do que o princípio da ofensividade, sendo oportuno, pois, analisar as razões pelas quais isso ocorreu. Algumas delas serão analisadas neste estudo como, por exemplo, a ausência de previsão explícita desse princípio nas Constituições, a suposta incompatibilidade desse princípio com a separação de poderes e com a própria regra da legalidade penal e a insegurança jurídica que a aplicação de princípios poderia gerar. Além disso, há um fator político de destaque: a consolidação da burguesia exigia a imposição de limites formais ao poder estatal, mas não limites materiais. Outro fator importante foi o advento do positivismo criminológico, no final do século XIX, que, ao confundir crime com doença, retornou ao paradigma do direito penal do autor que havia vigorado na Idade Média. Finalmente, para demonstrar o que impediu a consolidação do princípio da ofensividade especificamente no Brasil, será analisada a influência da doutrina europeia na dogmática nacional.

Política y criminalidad en el «nuevo Estado» franquista. La criminalización del «enemigo» en el Derecho penal de posguerra

La consolidación del «nuevo Estado» franquista conllevó la elaboración de una doctrina y una legislación penal que permitiera reprimir a los enemigos políticos de la dictadura, así como conseguir el control de la sociedad. Este estudio analiza la criminalización de la desviación social durante la posguerra. La criminalización es la selección de un grupo de personas, a las que el poder del Estado somete mediante la coacción punitiva de sus acciones. En este proceso de «construcción social» del delito, destacó la categorización del «otro» como un enemigo peligroso y dañino moral y socialmente, también en la justicia común en España.

A admissibilidade jurídico-penal do crime de burla por omissão

O estudo da problemática da admissibilidade jurídico-penal do crime de burla por omissão, enquadrando-se na órbitra dos crimes comissivos por omissão, impõe, a título de questão prévia, a análise do conteúdo e alcance da cláusula de equiparação da omissão à acção, ínsita no art. 10.º do C.P, e, bem assim, a indagação do seu fundamento e da sua compatibilidade com o princípio jurídico-constitucional da legalidade das normas incriminadoras e suas exigências de determinação típica decorrentes dos princípios nullum crimen sine (prævia) lege e nulla poena sine (prævia) lege., matéria a que nos debruçaremos na Parte I da presente dissertação e que deverá ser essencialmente entendida à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da necessidade de um equilíbrio entre a certeza e a segurança jurídicas com a tutela de determinados bens-jurídicos fundamentais, enquanto pilares essenciais de qualquer Estado de Direito Democrático. Na parte II, tentaremos determinar o significado e alcance da conduta enganosa e astuciosa do crime de burla, previsto e punido pelo n.º 1 do art.º 217.º do C.P., desbravando, antes de mais, a sua evolução normativa até aos tempos hodiernos, após o que definiremos a estrutura normativa do tipo. Buscaremos, de seguida, uma aproximação ao conceito de engano e a determinação das formas e modalidades que a conduta enganosa e astuciosa poderá assumir: Exigirá a conduta típica uma mise-en-scène perpetrada pelo agente ou poderá bastar-se com uma mera mentira? Alcançada a sua (possível) determinação, estaremos já em condições de nos debruçarmos sobre a problemática da admissibilidade jurídico-penal da burla por omissão, altura em que, sob uma perspectiva crítica e acompanhada da análise igualmente crítica de casos, avançaremos com argumentos favoráveis e contrários a essa admissibilidade, sem, naturalmente, deixarmos de auscultar a tendência de entendimento da nossa Jurisprudência.

With or without you...judging politically in the field of Area of Freedom, Security and Justice? Research Papers in Law, 3/2007

From the Introduction. The study of the European Court of Justice’s (ECJ) case law of the regarding the Area of Freedom Security and Justice (AFSJ) is fascinating in many ways.1 First, almost the totality of the relevant case law is extremely recent, thereby marking the first ‘foundational’ steps in this field of law. This is the result of the fact that the AFSJ was set up by the Treaty of Amsterdam in 1997 and only entered into force in May 1999.2 Second, as the AFSJ is a new field of EU competence, it sets afresh all the fundamental questions – both political and legal – triggered by European integration, namely in terms of: a) distribution of powers between the Union and its member states, b) attribution of competences between the various EU Institutions, c) direct effect and supremacy of EU rules, d) scope of competence of the ECJ, and e) measure of the protection given to fundamental rights. The above questions beg for answers which should take into account both the extremely sensible fields of law upon which the AFSJ is anchored, and the EU’s highly inconvenient three-pillar institutional framework.3 Third, and as a consequence of the above, the vast majority of the ECJ’s judgments relating to the AFSJ are a) delivered by the Full Court or, at least, the Grand Chamber, b) with the intervention of great many member states and c) often obscure in content. This is due to the fact that the Court is called upon to set the foundational rules in a new field of EU law, often trying to accommodate divergent considerations, not all of which are strictly legal.4 Fourth, the case law of the Court relating to the AFSJ, touches upon a vast variety of topics which are not necessarily related to one another. This is why it is essential to limit the scope of this study. The content of, and steering for, the AFSJ were given by the Tampere European Council, in October 1999. According to the Tampere Conclusions, the AFSJ should consist of four key elements: a) a common immigration and asylum policy, b) judicial cooperation in both civil and penal matters, c) action against criminality and d) external action of the EU in all the above fields. Moreover, the AFSJ is to a large extent based on the Schengen acquis. The latter has been ‘communautarised’5 by the Treaty of Amsterdam and further ‘ventilated’ between the first and third pillars by decisions 1999/435 and 1999/436.6 Judicial cooperation in civil matters, mainly by means of international conventions (such as the Rome Convention of 1981 on the law applicable to contractual obligations) and regulations (such as (EC) 44/20017 and (EC) 1348/20008) also form part of the AFSJ. However, the relevant case law of the ECJ will not be examined in the present contribution.9 Similarly, the judgments of the Court delivered in the course of Article 226 EC proceedings against member states, will be omitted.10 Even after setting aside the above case law and notwithstanding the fact that the AFSJ only dates as far back as May 1999, the judgments of the ECJ are numerous. A simple (if not simplistic) categorisation may be between, on the one hand, judgments which concern the institutional setting of the AFSJ (para. 2) and, on the other, judgments which are related to some substantive AFSJ policy (para. 3).

Cuestiones juridicas de derecho penal en los fueros comun y militar,

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