Las leyes sobre vagancia : Control policial y práctica judicial en el ocaso de la frontera (Tandil 1872-1881)

A fines de la década de 1870, el gobierno provincial, con el objeto de lograr mayor control social sobre la población rural, implementó una reestructuración policial en la campaña bonaerense. La misma tenía por objetivo afianzar la propiedad privada y contribuir al mercado de trabajo, asimismo perseguía un fuerte interés en satisfacer la necesidad del estado de hombres en plena etapa de expansión de la frontera. La presión reclutadora del estado se reflejará en un aumento de detenidos por vagancia, dado que las leyes de represión de la vagancia del Código Rural permitían su penalización al servicio de las armas. El Código Rural sancionado en 1865 estipulaba dos normas procesales a cumplir en los acusados: formación de un sumario y constitución de un jury para su juzgamiento. Disposiciones que raramente se pusieron en práctica por los jueces de paz desde que esta legislación entró en vigencia. Será a fines de la década de 1870 cuando el gobierno exigirá más firmemente no solo la persecución de la vagancia sino también la aplicación de estas normas procesales en los acusados. Aún así, el análisis de la práctica judicial revelará que continuará existiendo una constante manipulación normativa sobre la base de dos valores que se intentaban afianzar, el trabajo y la propiedad. En los perjudiciales que atentaran contra estos dos valores, será en quienes se manipulará la normativa sancionada y se canalizará la presión reclutadora.

Voces y miradas. Agentes sociales indígenas en el entramado judicial : Ciudad y campaña de Buenos Aires en el período tardocolonial

Este trabajo se ocupa de examinar el accionar de los agentes sociales indígenas atrapados en el entramado judicial, ya sea en calidad de damnificados o sospechados de un delito, en la campaña y a ciudad de Buenos Aires hacia fines del período colonial. El objetivo es indagar en la configuración y resolución de los conflictos que involucren a indígenas, observando tanto su posicionamiento como el de los agentes judiciales, eclesiásticos o particulares con cierto poder en el ámbito local que se encuentren involucrados en estas causas. Este análisis nos facilitará la entrada al entretejido social de la época, proporcionándonos claves para comprenderlo, a la vez que develará una diversidad de voces y miradas implicadas en el proceso de configuración y judicialización de los delitos

La penalidad de la ebriedad en el código penal y en la praxis judicial bonaerense 1878-1888

La sanción del código penal en la provincia de Buenos Aires en el año 1877, fijó en el homicidio la penalidad y determinó las circunstancias del delito mediante la enumeración de los atenuantes y agravantes. El objetivo era contemplar todas las posibilidades del delito para reducir el "arbitrio judicial". Sin embargo, deteniéndonos en los cambios operados en cuanto a la ebriedad en la normativa legal y en la práctica judicial, se puede observar que la función del juez no se redujo únicamente a computar la pena según el delito. A su cargo quedó la apreciación de las pruebas y la interpretación legal. En este sentido, la ley dejó márgenes para considerar a la ebriedad como atenuante o no de la penalidad. Sin embargo, los jueces le negaron tal beneficio al imputado, lo cual marcó una ruptura con respecto al período anterior. Interpretación que estuvo determinada no por un cambio en la percepción sobre el efecto del alcohol como perturbador de la conciencia, sino por ciertos prejuicios que otorgaron una jerarquía y un valor a los motivos que pudieran cegar al trasgresor. Considerada aun como un vicio y no una patología, revelaron la condena a esta práctica social determinando que hechos ya no quedaban comprendidos como circunstancias atenuantes. En definitiva, la ebriedad posibilita apreciar el complejo proceso de codificación que consistió no únicamente en la aplicación literal de la ley sino también en la interpretación que de ella se hiciera.

Quien puede querer, quiso? El consentimiento sexual como problema en el tratamiento judicial de los delitos sexuales, Bs. As. 1863-1921

En los últimos años, los delitos sexuales se han convertido en objeto de preocupación para la sociedad; esto se vio reforzado por las nuevas formas de pensar y vivir las relaciones humanas inter e intra-género-s y especialmente las elecciones sexuales. En este trabajo propongo volver a poner en debate algunas cuestiones que hacen al problema de la definición jurídico-social y a la comprensión del "consentimiento" en el contexto específico de los expedientes seguidos por delitos sexuales en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, entre 1863 y 1921, teniendo en cuenta la importancia que este concepto tiene para la definición de los delitos sexuales como tales. También se tomarán en cuenta algunos escritos de la época que permiten conocer la circulación de ideas en el ámbito específico del derecho y la medicina legal. Al mismo tiempo, pretendo poner en tensión las ideas sociales y culturales que aparezcan reflejadas en las fuentes respecto de qué es, cómo se otorga y cuándo puede hablarse de un efectivo consentimiento, así como de su contrario. Poniendo en juego las subjetividades propias de los participantes en el proceso. Resaltando la centralidad de esta cuestión en el mismo tanto para la definición de una víctima como para la caracterización de los acusados

Increasing popular participation in the treaty-making process : the legislative process of Section 190 of the 2007 Constitution of Thailand

Historically, the authority to conclude international treaties was exclusively exercised by administrative bodies (or the chief of state). However, recent studies pointed out that the present legislative bodies have come to play a more active role through ratification or the review of treaties in European and American countries. Harrington (2005) studied judicial reform in British dominions and criticized the past executive-dominant treaty-making process as a “democratic deficit” due to a fear that under this system the nation might be bound by international agreements for which a consensus had not been obtained. These studies indicated that people’s participation in the treaty-making process has increased on a global basis, but neither of them provides sufficient descriptive evidence regarding why and how such procedures were established. The present paper therefore attempts to solve these questions by analyzing the legislative and political process of the treaty-making procedure reform in Thailand’s 2007 constitution as a case study.

Reconhecimento, mensuração e evidenciação do passivo judicial trabalhista

A má avaliação do passivo judicial pode impactar de modo negativo as disponibilidades financeiras da organização, com consequencias para sua liquidez e para a continuidade das atividades operacionais. O presente trabalho teve como objetivo verificar se o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação do Passivo Judicial Trabalhista atendem aos pressupostos da literatura contábil e do direito natural, no que toca ao conceito de fair value. No contexto metodológico, apresentou-se o arcabouço teórico-jurídico do reconhecimento, da mensuração e da evidenciação. Em seguida, dentre as empresas listadas nos segmentos Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado da BM&FBovespa foram selecionadas, para a amostra, as 40 empresas com maior quantidade de ações em tramitação no TST. Foram analisadas as Notas Explicativas dessas companhias e verificou-se que, a maior parte não divulga informações alusivas à origem do passivo judicial trabalhista, à forma de mensuração das provisões, à quantidade de ações e ao cronograma de desembolsos. Assim, as práticas adotadas por tais empresas não estão em conformidade plena com os pressupostos da literatura contábil e do direito natural pois as determinações contábeis (CPC 25) tem sido observadas em sua forma menos ampla. Também foi constatado que há possibilidade de melhoria no processo de reconhecimento, mensuração e evidenciação eis que há boas práticas, pontuais, nas companhias examinadas que podem ser generalizadas para as demais.

Reforma del estado como mecanismo de control en democracia delegativa: caso reforma judicial Ecuador 2007-2014

The object of this doctoral thesis is the analysis of the political and administrative purpose that is given to the reform process of a vital sector of State powers within the framework of delegate democracy, such as the administration of Justice. The object is also to analyze if State reform in a diminished or non-liberal surrounding increase or improve conditions of democracy in a given situation, based on the constitutional “what should be”, or if what occurs is a process of “seizure” of the functions of State, which becomes an institutional risk. Finally, we will examine the real and effective existence of a horizontal accountability process through the use of institutional resources, which would evidence the existence of an incomplete model of democracy. This analysis implies the relationship between two institutions within public administration: State Reform, as an act of change in State structure in order to improve qualitatively the outcomes and outputs of public policies, and in sum, to make the system work better. This, as it will be examined later, is the case of Latin America as a response of the State to three processes in crisis: fiscal, as in government intervention or in the form of bureaucratic administration. In that scheme of things, this thesis examines the present state of the art in public administration science of this process to prove that in delegate democracy, this type of instruments disregard the constitutive elements of democracy and serve, especially in critical areas of the administration, allowing for Power to dismiss Law. This research seeks to contribute towards an area seldom analyzed regarding public administration doctrine under the light of the theory of law, which is the connection between previous conditions or principal inputs of an execution process of a democracy and, on the other hand, regarding the effects of introducing a reform within models of a changing democracy and new concepts of the rule of law. While reviewing writings regarding State reform, it is clear that no approximations have been previously made in reference to prior conditions of the political system in order to begin operating a reform which respects fundamental rights as an object of this procedure. Furthermore, no analysis has been found regarding structural change of strategic areas in State services as to the effect caused on democratic exercise and the outcome in an open society...

The European Court of Justice and process-oriented review. Research Paper in Law, 01/2012

Structuralism is a theory of U.S. constitutional adjudication according to which courts should seek to improve the decision-making process of the political branches of government so as to render it more democratic.1 In words of John Hart Ely, courts should exercise their judicial-review powers as a ‘representation-reinforcing’ mechanism.2 Structuralism advocates that courts must eliminate the elements of the political decision-making process that are at odds with the structure set out by the authors of the U.S. Constitution. The advantage of this approach, U.S. scholars posit, lies in the fact that it does not require courts to second-guess the policy decisions adopted by the political branches of government. Instead, they limit themselves to enforcing the constitutional structure within which those decisions must be adopted. Of course, this theory of constitutional adjudication, like all theories, has its shortcomings. For example, detractors of structuralism argue that it is difficult, if not impossible, to draw the dividing line between ‘substantive’ and ‘structural’ matters.3 In particular, they claim that, when identifying the ‘structure’ set out by the authors of the U.S. Constitution, courts necessarily base their determinations not on purely structural principles, but on a set of substantive values, evaluating concepts such as democracy, liberty and equality. 4 Without claiming that structuralism should be embraced by the ECJ as the leading theory of judicial review, the purpose of my contribution is to explore how recent case-law reveals that the ECJ has also striven to develop guiding principles which aim to improve the way in which the political institutions of the EU adopt their decisions. In those cases, the ECJ decided not to second-guess the appropriateness of the policy choices made by the EU legislator. Instead, it preferred to examine whether, in reaching an outcome, the EU political institutions had followed the procedural steps mandated by the authors of the Treaties. Stated simply, I argue that judicial deference in relation to ‘substantive outcomes’ has been counterbalanced by a strict ‘process review’. To that effect, I would like to discuss three recent rulings of the ECJ, delivered after the entry into force of the Treaty of Lisbon, where an EU policy measure was challenged indirectly, i.e. via the preliminary reference procedure, namely Vodafone, Volker und Markus Schecke and Test-Achats.5 Whilst in the former case the ECJ ruled that the questions raised by the referring court disclosed no factor of such a kind as to affect the validity of the challenged act, in the latter cases the challenged provisions of an EU act were declared invalid.

Global Solutions, Local Damages: A Critical Study in Judicial Councils in Central and Eastern Europe. Research Paper in Law 07/2013

This article examines why, how, and with what results have judicial councils spread under the influence of European institutions throughout Central and Eastern Europe in the course of the last twenty years. It first traces back how the judicial councils, themselves just one possible form of administration of courts, have emerged as the recommended universal solution Europe-wide and internationally. Second, it discusses how has this model been exported under the patronage of European and international institutions to transition countries in Central and Eastern Europe. Assessing, thirdly, the reality of the functioning of such new judicial councils in these countries, in particular in Slovakia and Hungary, with the Czech Republic without a judicial council providing a counter-example, it is suggested that their impact on further judicial and legal transition has been either questionable or outright disastrous. This brings, eventually, into question the legitimacy as well as the bare reasonableness of the entire process of European/international standards setting and their later marketing or in reality rather imposition onto the countries in transition.

Judicial Selection, Lay Participation, and Judicial Culture in the Czech Republic: A Study in a Central European (Non)Transformation. College of Europe Research Paper in Law 03/2014

Introduction. The idea that “merit” should be the guiding principle of judicial selections is a universal principle, unlikely to be contested in whatever legal system. What differs considerably across legal cultures, however, is the way in which “merit” is defined. For deeper cultural and historical reasons, the current definition of “merit” in the process of judicial selections in the Czech Republic, at least in the way it is implemented in the institutional settings, is an odd mongrel. The old technocratic Austrian judicial heritage has in some aspects merged with, in others was altered or destroyed, by the Communist past. After 1989, some aspects of the judicial organisation were amended, with the most problematic elements removed. Furthermore, several old as well as new provisions relating to the judiciary were struck down by the Constitutional Court. However, apart from these rather haphazard interventions, there has been neither a sustained discussion as to how a new judicial architecture and system of judicial appointments ought to look like nor much of broader, conceptual reform in this regard. Thus, some twenty five years after the Velvet Revolution of 1989, the guiding principles for judicial selection and appointments are still a debate to be had.

Reasons withheld and insufficient reasoning as due process violations: two cases before the ECHR

Two very different cases decided by the European Court of Human Rights illustrate how the non-availability of sufficient reasons, for pre-trial judicial decisions in one case, and for a decision in a civil and administrative matter in the other, can lead to due process violations in terms of Articles 5 or 6 of the Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms.

Ateliê biográfico de formação profissional: prática socioeducativa em Escola Judicial

In recent decades, debates have intensified about (auto) biographical narratives as devices of socio-educational practices, aligned to the educational setting of the XXI century which have stimulated a new educational perspective woven with epistemological and methodological training throughout life. Towards that scenario, the continued training in Judicial School has occupied important space for constitutional effectiveness and, on the other hand, has grown the demands of expanding knowledge and enhancing training practices, in turn, judicial practices. The aim is to analyze the reflective Group through "Professional Training biographical Workshop" with Bailiffs such as socio-educational practices in socio Judicial School, in the city of Natal /RN. It has highlighted the questions that guided this study: 1. What paths of experiences and knowledge shared by the Law Officials, Federal Appraisers in "Professional Training biographical Workshop" as reflective Group? 2. How is organized the reflective Group as practice in socio-professional training setting? 3. What contributions narratives of themselves bring to the bailiff in reflective Group on Judicial School? The theoretical assumptions are supported in the lifelong training in methodological and epistemological dimension of (auto) biographical knowledge (JOSSO, 2008, 2010, 2012; PINEAU, 2005, 2006; DOMINICÉ, 2010; DELORY-MOMBERGER, 2006, 2008; FREIRE, 1987, 1996, 2001; PASSEGGI, 2008; 2010; 2011; 2012). In 2009, 09 (nine) civil servants in post of Federal Appraiser Justice Official, law graduates participated in this research through eight (08) "Biographical Workshops of Professional Training", consisting of biographical practices and scenarios, enabling oral and written narratives about a memory that has meaning, relationship and tessituras between files, facts and feelings that reveal the perception of self and other, as well as mobilize and weave the training process. The experiences of speaking, writing and reading were constituted of spaces that facilitating the reconstruction of the trajectory of training and career awareness-making, helping to re-signify labor relations and lead to their own professional design. From this study, the reflective properties of groups have emerged, consisting of Reflexivity, Experience, Historicity, Reversibility, dialog and formability processes, with paths to social and educational practices in which professionals identify the meaning and significance of self and of the profession that are exercising. The expectation is to continue with the spirit of research to emerge from the participants responses to training practices in Judicial School, aligned with the new knowledge of understanding the human being, not only an object of his work, but also a social subject, co-participant in the process of re-signifying life and work in a permanent way.

Observations on the Athenian judicial procedure on the subject of Lysias XXIII

It is thought that Lysias’ speech XXIII, Against Pancleon, was delivered in a paragraphe or ‘counter-indictment process’, called antigraphe in an initial phase. However a review of these concepts and, in general, of some aspects of Athenian judicial procedure has allowed us to conclude that the mentioned speech was made by the plaintiff, client of the logographer, against the defendant in a ‘action for false testimony’, dike pseudomartyrion.

Imagens da imparcialidade entre o discurso constitucional e a prática judicial

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Direito, Programa de Pós-Graduação em Direito, 2016.

Understanding the Impact of the Property Tax Appeal Process on Assessment Uniformity: Procedures, Structures, and Outcomes

Property taxes serve as a vital revenue source for local governments. The revenues derived from the property tax function as the primary funding source for a variety of critical local public service systems. Property tax appeal systems serve as quasi-administrative-judicial mechanisms intended to assure the public that property tax assessments are correct, fair, and equitable. Despite these important functions, there is a paucity of empirical research related to property tax appeal systems. This study contributes to property tax literature by identifying who participates in the property tax appeal process and examining their motivations for participation. In addition, the study sought to determine whether patterns of use and success in appeal systems affected the distribution of the tax burden. Data were collected by means of a survey distributed to single-family property owners from two Florida counties. In addition, state and county documents were analyzed to determine appeal patterns and examine the impact on assessment uniformity, over a three-year period. The survey data provided contextual evidence that single-family property owners are not as troubled by property taxes as they are by the conduct of local government officials. The analyses of the decision to appeal indicated that more expensive properties and properties excluded from initial uniformity analyses were more likely to be appealed, while properties with homestead exemptions were less likely to be appealed. The value change analyses indicated that appeals are clustered in certain geographical areas; however, these areas do not always experience a greater percentage of the value changes. Interestingly, professional representation did not increase the probability of obtaining a reduction in value. Other relationships between the variables were discovered, but often with weak predictive ability. Findings from the assessment uniformity analyses were also interesting. The results indicated that the appeals mechanisms in both counties improved assessment uniformity. On average, appealed properties exhibited greater horizontal and vertical inequities, as compared to non-appealed properties, prior to the appeals process. After, the appeal process was completed; the indicators of horizontal and vertical equity were largely improved. However, there were some indications of regressivity in the final year of the study.