Tributo a la calidad institucional. Un desafío para la sociología jurídica latinoamericana (Tema Central)

El principal desafío de América Latina consiste en encontrar el modo de afrontar la fragmentación social, el individualismo extremo y las inequidades oprobiosas en el marco del más absoluto respeto a las instituciones. El Estado aún tiene en sus manos dos herramientas formidables: la educación y el sistema tributario. La insistencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias contribuye decisivamente a formar una conciencia ciudadana, fundamento, a su vez, de una mayor calidad institucional. Y, en una suerte de causalidad circular, el correcto funcionamiento de las instituciones legitima el reclamo de cumplimiento de las obligaciones tributarias a un habitante que va, así, tomando creciente conciencia de los deberes y derechos emergentes de su condición de ciudadano. Para comprender el modo en que pueden darse estos procesos en la región, es preciso contar con una nueva disciplina: la sociología de las finanzas públicas.

La política fiscal ecuatoriana, a partir de la dolarización

La situación fiscal constituye uno de los principales problemas por los que atraviesa la economía ecuatoriana, el elevado déficit fiscal es enfrentado con medidas de carácter coyuntural, la insuficiente recaudación de ingresos es cubierta mediante un constante endeudamiento interno y externo o, a través del recorte del gasto público destinado a los sectores políticamente más débiles que, por principio deben ser los beneficiarios de la atención estatal. De esta forma parte de los desequilibrios económicos y sociales se atribuyen a este tipo de conducción de las finanzas públicas.” A partir de la dolarización, la política económica se sustenta fundamentalmente en la política fiscal, considerada instrumento principal con capacidad para mover la economía de un punto de equilibrio a otro, por lo que alcanzar su equilibrio constituye uno de los objetivos primordiales. Se señala que nuestro país, antes de entrar a la dolarización debió reunir condiciones mínimas como la inexistencia absoluta de déficit fiscal y la superación de problemas fiscales estructurales que a través del tiempo han afectado el proceso de ejecución presupuestaria, para lo cual era necesario la aplicación de correctivos que permitan reducir o eliminar estos desajustes. Los desafíos que enfrenta el país a partir de la dolarización, dependen por lo tanto de las reformas fiscales que se implementen, cuyo propósito debe ser, hacer viable y sostenido este proceso y mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población, buscando equidad y eficiencia en el manejo fiscal. El siguiente trabajo, en términos generales, plantea criterios básicos respecto al funcionamiento de la política fiscal bajo este nuevo esquema, al mismo tiempo a través del análisis de la dinámica fiscal se trata de ubicar las características y los problemas que enfrentaba el Presupuesto del Gobierno Central antes de la dolarización, así como determinar si a partir del año 2000 se han hecho esfuerzos que permitan superar esos inconvenientes, teniendo como propósito fundamental generar condiciones de bienestar en la población.

El juzgamiento del delito tributario

La falta de definición de las normas para juzgamiento de los delitos tributarios, ha producido conflictos de competencia, concretamente a partir de la vigencia de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas; y, posteriormente el problema toma mayores magnitudes con la aplicación del actual Código del Procedimiento Penal, publicado en el Registro Oficial No. S-360 /13 de enero de 2000) que empezó a regir a partir dell3 de julio del2001, con el cual el sistema procesal penal en nuestro país experimentó un cambio estructural al sustituirse el sistema inquisitivo por el acusatorio. Este cambio reestructuro también el juzgamiento de los delitos tributarios en donde se evidencia graves problemas de aplicación de las normas procesales. El presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal determinar cuales son los conflictos de competencia que se están presentando en el juzgamiento de los delitos tributarios. Además establecer cual es la normativa que debe aplicarse en el juzgamiento de esta clase de delitos, por los órganos de encargados de administrar justicia en materia penal tributaria, luego de la expedición del nuevo Código de Procedimiento Penal. En la presente investigación analizaré las principales reformas al Libro IV del Código Tributario con la Ley 99-24 y la resolución de la Corte Suprema, que estableció un giro en cuanto a la competencia y jurisdicción en materia penal tributaria, provocando con ello claras incoherencias con preceptos constitucionales, normas sobre la competencia en materia penal y sobre todo normas procesales respecto al juzgamiento de los delitos tributarios previstas en el Código Tributario. Otro de los temas analizados es la legalidad de la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia en contra de normas constitucionales que garantizan el debido proceso, el derecho a una justicia sin dilaciones, y otras discordancias normativas. Esta problemática se aborda en la investigación que pongo a consideración, en la que examinaré conceptos centrales referentes al delito tributario, naturaleza de las normas tributarias, la competencia en materia penal-tributaria, las normas previstas para el juzgamiento del delito tributario, análisis de jurisprudencia, resultados de encuestas y entrevistas realizadas, para luego proponer las conclusiones y recomendaciones respectivas.

Variantes del concepto de renta en los países miembros de la CAN

El concepto de renta ha presentado en todo momento de la historia tributaria un análisis variado no sólo producto del Derecho, sino a su entendimiento han concurrido diversas ciencias, como actores; en las primeras constan la Economía, Finanzas Públicas, Contabilidad; y en los segundos doctrinarios, juristas, empíricos e incluso personas sin experiencia previa en la materia. El Impuesto a la Renta, corazón de un sistema tributario, impuesto dominante de los restantes tributos, desde épocas pasadas como en la actualidad, se debate en avances y retrocesos, experimentos y fuertes críticas; razones impostergables para que en la presente temática se lo examine de manera rigurosa en busca de su concepción, argumentación y aplicación en cada uno de los países miembros de la Comunidad Andina (CAN). En vista de los objetivos planteados, hemos desarrollado una investigación en torno al Impuesto a la Renta dentro del ámbito andino como a nivel internacional cuando el caso nos lo ha sido permitido. Esto para cumplir con la basta temática que tuvimos la suerte de desarrollar. Partimos del análisis de las principales tipologías conceptuales de renta, acto siguiente se nos permite escrutar sobre el Impuesto a la Renta en su aplicación tanto en personas y sociedades, con las posibles rentas no clásicas: ganancias de capital, dividendos, regalías, intereses, loterías, hallazgos (caso ecuatoriano) y luego examinar el funcionamiento del impuesto en escala postfrontera para descubrir su interacción en las restantes soberanías andinas, ya sea desde un régimen o sistema tributario y también su acción en el CDI. En consecuencia, sus conclusiones develan cómo el impuesto se regula según las conveniencias administrativas o políticas y no se observa como principal columna vertebral de un conjunto tributario.

Análisis de la "Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social" y la incidencia del impuesto

La “Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social” aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en el Registro Oficial Suplemento 847 del 10 de diciembre de 2012, es el objeto principal de esta investigación. La forma en la que fue planteada, el proceso seguido hasta su aprobación, y la esencia misma de la Ley, dejan dudas respecto de la constitucionalidad de la norma. Para el análisis ha sido necesario referirse tanto a los principios constitucionales como a los principios legales y a aquellos comunes a la generalidad del Derecho, previo a un análisis de la protección jurídicoconstitucional del contribuyente. Se hace referencia a dos fuentes del Derecho, la Constitución y los Acuerdos Internacionales, específicamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los mismos que consagran el principio de igualdad ante la ley y no discriminación de personas, grupos o comunidades, que es aplicable en cualquier situación jurídica. El principio de igualdad, es en nuestra constitución, un principio de aplicación de los derechos fundamentales, y por tanto antecede a la igualdad tributaria, en cuanto exige una actitud de los poderes públicos contra la discriminación y un imperativo de su actuación para el legislativo. El trabajo incluye una visión del sistema económico político y social imperante antes de la reforma legal; un examen de la Ley y las diferentes facetas de la carga tributaria y de las sanciones previstas; un análisis de las finanzas públicas, del gasto social y de los efectos de la Ley en la economía, así como la incidencia de los impuestos; y, un estudio sobre el papel del sistema financiero en la economía y el marco de regulación y control al que está sujeto. Al final se ensaya una perspectiva sobre la economía para el 2014, advirtiéndose las señales que inquietan al inversionista y los riesgos sistémicos sobre los cuales las autoridades de control deben tomar atención especial. Se realiza un breve análisis sobre hechos subsecuentes, como la aprobación del Código Monetario y Financiero por parte de la Asamblea Nacional. Tanto en el campo del Derecho, como en el de la Economía, se recurre a criterios de destacados expertos que han enriquecido la investigación.

Derechos y garantías de los contribuyentes frente a la facultad sancionadora de la administración tributaria

En el presente trabajo se analiza la relación que existe entre la Administración Tributaria y los contribuyentes en el marco de la gestión de tributos y particularmente en el ejercicio de la facultad sancionadora a cargo de ésta. Relación que debe desarrollarse dentro de un equilibrio entre las prerrogativas de la Administración y los derechos y garantías de los contribuyentes, relación que necesariamente debe estar encuadrada dentro del marco de la legalidad. Si bien es cierto la facultad otorgada a la Administración Tributaria para que pueda juzgar y sancionar el cometimiento de infracciones tributarias de carácter administrativo, se encuentra conferida mediante ley, así como con las reformas introducidas por la Ley para las Finanzas Públicas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 181 de 30 de abril de 1999, a efecto de que pueda ejercer métodos de control referentes a la aplicación de los tributos, así como a la prevención de los posibles ilícitos tributarios, y su sanción posterior cuando se ha establecido su cometimiento, es deber de la Administración al aplicar la ley, asegurar este equilibrio, procurando hacer valer sus prerrogativas sin que estas lleguen a vulnerar los derechos de los contribuyentes.

Emprendedores y régimen tributario: perspectivas de la adecuación de incentivos óptimos para el fomento al emprendimiento en Ecuador

El presente trabajo hace una mirada sobre el Régimen Tributario, desde una perspectiva de adecuación de incentivos fiscales óptimos para el fomento del emprendimiento en el Ecuador. En base a la normativa y reglamentaciones vigentes en el país, tales como el Código Tributario, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas entre otros. A través de un estudio descriptivo basado en material documental y trabajo de análisis utilizando el método Exegético se logró determinar cuáles son las políticas del Estado de promoción al emprendimiento, sobre los incentivos tributarios, su naturaleza y clasificación, para establecer los lineamientos que permitan realizar una propuesta de reforma al Régimen Tributario de incentivos tributarios al emprendimiento en el Ecuador. El trabajo está orientado a plantear desde una perspectiva técnica los lineamientos de un régimen de incentivos tributarios que incidan favorablemente en el impulso y desarrollo del emprendimiento en el Ecuador. Así como también determinar el rol de los incentivos en la economía basada en el emprendimiento El análisis sobre la incidencia de los incentivos tributarios con el Código de la Producción Comercio e Inversiones a la par de la productividad y competitividad se enfoca en la diversificación de los sectores productivos mediante la innovación y fortalecimiento de emprendimientos. Las formas y maneras de producción alrededor de los cambios ocurridos en el contexto de nuestro país, en cuanto a generación de valor agregado, industrialización selectiva de importaciones y desarrollo de industrias estratégicas, precisan mayor fortalecimiento del sector productivo. Con los datos recogidos mediante la investigación se procedió a desarrollar una propuesta sobre incentivos tributarios para el fomento del emprendimiento en el Ecuador, en busca de que la economía sea desarrollada y que su producción sea competitiva hacia el resto del mundo, y como consecuencia se pueda mejorar la calidad de vida de sus habitantes y llegar a cumplir así con los fines del Estado establecidos en la Constitución.

El rol de los ingresos tributarios en el manejo de la deuda pública y su incidencia en la estabilidad presupuestaria en Ecuador

El presente trabajo de investigación tiene como eje trascendental de su contenido los ingresos tributarios y su rol en las fases de la deuda pública, como componentes vinculados de la actividad financiera del Estado; la realidad financiera del Estado ecuatoriano introduce al estudio del presupuesto y la planificación nacional para vislumbrar el manejo de la deuda pública atendiendo muy especialmente a los principios de equilibrio, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El contenido de esta investigación convergen el análisis de la relación de los ingresos tributarios y la deuda pública en la estabilidad presupuestaria, por lo que el determinar la organización constitucional, legal de la planificación y su orientación ha sido de vital importancia, sobre todo si se intenta realizar un diagnóstico de la situación de los ingresos tributarios y el manejo de la deuda pública en Ecuador desde el año 2007 a la luz del equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera. Entre los métodos empleados está el dogmático que posibilitó el estudio de la actividad financiera desde la perspectiva del Derecho Financiero; el método sistemático me permitió proceder a realizar una reunión racional de los componentes de la actividad financiera del Estado y sus más importantes instrumentos. El método sincrético posibilitó el desarrollo armonioso del contenido con enfoques desarrollados desde las teorías de las finanzas públicas y la doctrina del Derecho financiero. La investigación me llevó a concluir que los recursos públicos son los medios a través de los cuales el Estado puede proveerse de ingresos, entre los cuales se reconocieron los recursos del crédito público y los recursos tributarios, es así que los ingresos tributarios son los componentes de mayor importancia en la actividad financiera pública, pues determinan la elasticidad del gasto y del endeudamiento. El ciclo de la deuda pública está conformado de tres fases: la del crédito, empréstito y de deuda pública propiamente dicha; en estas fases los ingresos tributarios tienen un rol que varía al tratarse de un crédito contraído con un acreedor nacional o un extranjero y que genera una deuda interna o externa respectivamente. Los componentes de las finanzas públicas están reflejados en el presupuesto general del Estado que a su vez está sujeto en Ecuador a la planificación nacional, conocida como Plan Nacional del Buen Vivir que encierra un conjunto ordenado de directrices y objetivos.

Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2008

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Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2012: las políticas ante las adversidades de la economía internacional

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La sostenibilidad del desarrollo en América Latina y el Caribe: desafíos y oportunidades

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Tributación en América Latina: en busca de una nueva agenda de reformas

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Panorama de la gestión pública

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El papel de la política tributaria frente a la crisis global: consecuencias y perspectivas

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El financiamiento para el desarrollo y los países de renta media: nuevos desafíos

Un criterio comúnmente utilizado para clasificar países -empleado, inclusive, por los países donantes del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)- es el que se basa en el ingreso per cápita como el principal factor para definir los grupos. Esta clasificación se relaciona con la idea de que los países deberían asumir la responsabilidad de su propio desarrollo luego de alcanzar un cierto nivel de ingresos (proceso denominado "graduación"). Sin embargo, el uso de límites arbitrarios de ingresos para definir categorías acarrea muchas consecuencias importantes. En primer lugar -sobre todo en el caso de los países que están cerca de la línea divisoria entre un grupo y otro-, la "graduación" se puede alcanzar simplemente debido a modificaciones marginales en las condiciones económicas, pero puede provocar cambios mayores en el área de la asistencia para el desarrollo, como la suma recibida por este concepto y las condiciones -la mayor o menor concesionalidad- en que esta se entrega. En segundo lugar, el proceso de ascender a una categoría de ingresos superior no es lineal, y muchas veces los países retroceden al estado anterior. Esto demuestra una vez más que el cambio de categoría puede no ser el resultado de transformaciones fundamentales en la realidad del desarrollo de los países, sino solo reflejar modificaciones marginales en las condiciones económicas. Finalmente, lo más importante es que el uso de límites de ingresos conduce a agrupar los países de un modo que no captura la compleja naturaleza del desarrollo y la diversidad de situaciones que existen en cada grupo y en cada miembro de esos grupos. En particular, los países de renta media considerados como un grupo constituyen un pilar fundamental de la economía mundial; representan una gran proporción de la actividad económica y el comercio, y son el hogar de la mayoría de la población del mundo y de la mayoría de los pobres del mundo. No obstante, si se observa más detenidamente a este grupo, llama la atención la heterogeneidad existente entre los países que lo componen. Al agrupar a los países según el nivel de ingresos, no se toma en cuenta el amplio rango de capacidades y necesidades diferentes que existen entre los países de renta media. En América Latina y el Caribe, casi el 90% de los países pertenecen a la categoría de renta media. Las diferencias de un país a otro se presentan en un amplio rango de variables, no solo relacionadas con el tamaño y la situación de la economía, sino también con la situación social y las condiciones estructurales vinculadas al potencial de desarrollo y al desempeño productivo. Sin embargo, los países donantes y los organismos multilaterales rara vez toman en cuenta esta amplia diversidad de capacidades y necesidades al establecer prioridades para la asignación de asistencia oficial para el desarrollo (AOD). La lógica seguida en las últimas décadas fue canalizar la mayor parte de la asistencia hacia los países de más bajos ingresos, incluidos los clasificados como países menos desarrollados, en detrimento de los países de renta media. Se presume que, dado que estos últimos tienen un ingreso medio más elevado, sus necesidades deben de ser menores. Para una región de renta media como América Latina y el Caribe, esto ha implicado que su participación en los flujos de asistencia para el desarrollo cayera desde un monto ya bajo (9%) en 1990 a uno todavía inferior (7%) en 2009, en contraste con África y Asia, que reciben la mayor proporción (un 37% y un 30%, respectivamente). Si bien es esperable que el sistema de cooperación internacional se centre en nivelar el campo de juego de las economías de bajos ingresos y reducir la brecha del desarrollo con respecto a los países más avanzados, su mandato no debería limitarse a este objetivo. El sistema de cooperación internacional debería buscar una respuesta integral y amplia para el problema del desarrollo que no solo se oriente a las necesidades de los países de bajos ingresos, sino que también considere las diversas necesidades y vulnerabilidades presentes en los países de renta media. Para que esto sea posible, es fundamental tener un conocimiento integral, en cada caso, de las áreas que presentan mayor necesidad y son más vulnerables, e identificar las principales brechas entre las necesidades y las posibilidades, de modo que la asistencia para el desarrollo pueda asignarse adecuadamente. Un paso crucial en esta dirección sería la revisión de los métodos utilizados para clasificar países y la sustitución de los criterios actuales (basados en los ingresos) por nuevos indicadores que sean más adecuados para esta clasificación. Estos nuevos indicadores deberían ser capaces de captar la naturaleza multifacética del problema del desarrollo y, por lo tanto, permitir la formación de grupos de países menos heterogéneos entre sí. Más específicamente, los indicadores deberían reflejar los desafíos estructurales y las áreas vulnerables existentes en los países de renta media y que no son captados por el criterio del ingreso per cápita. En el caso de los países de renta media de América Latina y el Caribe, estos desafíos de largo plazo y áreas vulnerables pueden resumirse en lo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó como brechas clave que deben cerrarse para evitar caer en la "trampa de la renta media" y avanzar hacia un proceso de desarrollo sostenible y dinámico que tenga como eje central la equidad (CEPAL, 2010a). Estas son: la brecha del financiamiento, la brecha de la desigualdad y la protección social, la brecha del capital humano y la brecha de la productividad y la inversión. Además de elaborar mejores criterios para la asignación de AOD, la comunidad internacional debe persistir en la tarea de aumentar los recursos disponibles para el financiamiento para el desarrollo. El nivel actual de financiamiento otorgado a los países en desarrollo por medio de la AOD es claramente insuficiente y, por lo tanto, en ocasiones se aumenta la asistencia a ciertos países o regiones a expensas de otros -como los países de renta media- que también tienen importantes necesidades. A pesar de los esfuerzos por parte de los países donantes para elevar el monto de AOD, los niveles de asistencia en 2010 alcanzaron un promedio de apenas un 0,32% de su ingreso nacional bruto (INB), muy por debajo de la meta del 0,7% acordada internacionalmente. Asimismo, las finanzas públicas de muchos donantes se deterioraron sustancialmente como consecuencia de la crisis mundial, lo que hace menos probable el incremento de los niveles de asistencia. Dado que el escenario posterior a la crisis ha agregado nuevas áreas de vulnerabilidad a las que tradicionalmente enfrentan ciertos países en desarrollo, persistirá la tensión entre la escasez de recursos y las grandes necesidades. Por estos motivos, es de vital importancia que la comunidad internacional aúne sus fuerzas para encontrar formas innovadoras de movilizar recursos para el desarrollo que sean adicionales, y no sustitutos, de los flujos de AOD. Los países del norte y del sur se han unido en diferentes ocasiones para elaborar mecanismos de financiación innovadora para el desarrollo. Las propuestas abarcan desde impuestos globales específicos hasta mecanismos para facilitar las donaciones voluntarias privadas de un individuo a otro. Algunas de las propuestas ya se están llevando a cabo, y los resultados son alentadores. No obstante, aún queda mucho por hacer, por lo que la comunidad internacional debería emprender una seria labor en este sentido.