Bogotá no tiene mar pero tiene playa: el vallenato y sus intérpretes costeños en Bogotá

La Playa es un sector de la ciudad de Bogotá, donde se encuentra la oferta de músicos informales más grande de Colombia: mariachis, tríos de cuerda y grupos vallenatos. En esta investigación, se analiza la migración de músicos vallenatos provenientes del Caribe colombiano a este sector de la capital del país; se examina el trabajo de estos músicos en La Playa; y se revisa el proceso de consolidación del vallenato como música nacional.

El tránsito hacia la paz: de las herramientas nacionales a las locales. Estrategias de la transición en cinco países y en tres ciudades colombianas

La obra se encuentra dividida en dos partes. En la primera se analizan las medidas de justicia transicional que han tomado cinco países (Argentina, El Salvador, Irlanda del Norte, Perú y República Democrática del Congo) a nivel local. El análisis se hace teniendo como marco de referencia el tipo de conflicto que los mencionados países han padecido y los modelos transicionales nacionales y su importancia para el caso colombiano. En la segunda se analizan tres experiencias lideradas por los alcaldes de la administración 2004- 2007 en los municipios de San Carlos, Marquetalia y Samaniego en Colombia. Al abordar en forma detallada el contexto histórico de la violencia en cada país y las dinámicas del conflicto, este texto permite entender mejor el tipo de modelo y medidas transicionales que se adoptaron a nivel nacional, así como su influencia y relevancia en los programas emprendidos a nivel local.

La actividad carbonífera y su incidencia en las necesidades básicas humanas. Una aproximación al fenómeno de violencia estructural en el municipio de Albania, Guajira.

La presente investigación tiene como objetivo, determinar la manera a partir de la cual, las posibles consecuencias de la actividad carbonífera en el complejo minero de El Cerrejón, sobre las necesidades básicas humanas de la población del municipio de Albania Guajira, pueden ser consideradas como un fenómeno de violencia estructural.

Oportunidades de participación laboral en la localidad de bosa para jóvenes entre los 18 y 24 años desplazados por el conflicto armado, una revisión documental

Se realiza una revisión documental sobre la problemática del conflicto armado y el fenómeno de desplazamiento, específicamente en la Localidad de Bosa, ya que es una de las que más recibe población desplazada de otras regiones del País. Se realiza la revisión documental en bases de datos como Ebsco, Proquest y Scopus, incluyendo combinaciones tales como: "Occupational Therapy" and "youth" and "Forced displacement" or "refugees" and "employment inclusion". Se espera determinar los programas de vinculación y formación laboral de jóvenes en situación de desplazamiento. Se encuentra que esta población aún carece de apoyo por parte de instancias gubernamentales y de perfiles ocupacionales que encaminen los intereses y habilidades de esta población hacia el desempeño de roles productivos y educativos propios de su condición de jóvenes.

Señor presidente no creo en vos; señor policía no temo de voz. Represión estatal y paramilitar y prácticas juveniles en los barrios Alameda, Brisas, Anita y Almendros

El estudio sobre la juventud y su relación con prácticas realizadas en los espacios públicos, especialmente la calle, ha tenido un renovado interés durante las últimas décadas. Estos debates se han vuelto relevantes en cuanto que los jóvenes parecen ocupar un lugar primordial en las escenas cotidianas de violencia, en particular los jóvenes de sectores populares. A través de un proceso etnográfico de carácter sistemático y sostenido en el tiempo identifico y explico las distintas interacciones de los jóvenes en los espacios públicos de cuatro barrios populares, centrando el análisis en las distintas formas de negociación con los actores armados, especialmente con la policía y el paramilitarismo. Lo que argumento es que hacer presencia en los espacios públicos, especialmente en la calle, termina por constituir en una opción de vida a través de los cuales fomentan una beligerancia social y política de resistencia pero ante todo como método que les permite proponer alternativas de existencia, por demás no violentas, frente a la violencia generalizada de la policía y el paramilitarismo. El problema radica en que muchas de las expresiones de algunos jóvenes terminan por reproducir los mecanismos de violencia del que son víctimas, aspecto que es identificado, por quienes acuden a la violencia, como una forma de reclamar un lugar en la comunidad, a permitirse ser reconocidos y escuchados y a sobrevivir en medio de una simultaneidad de violencias que cotidianamente los atropella y les vulnera los derechos. La violencia de estos jóvenes es una forma de no permitir que las esperanzas se diluyan, aunque paradójicamente también les puede quitar la vida

Visiones del desarrollo: un estudio del bajo Atrato 2006-2014

La región del Pacífico colombiano se ha identificado de varias maneras, dentro de las cuales el subdesarrollo ha sido la más representativa, para ello, el crecimiento económico se caracterizó como la respuesta, pero con el tiempo las poblaciones afrodescendientes han comenzado a ver grandes ventajas en el desarrollo comunitario para su economía. El presente trabajo de investigación busca exponer las visiones de desarrollo económico ejecutadas por el gobierno y el de las poblaciones afrodescendientes en el bajo Atrato. Planteado a través de un enfoque cualitativo y del análisis de fuentes secundarias, esta investigación se presenta como una posibilidad para la academia, al dar un paso más en el análisis de las visiones económicas de la población afrodescendiente ubicada en el bajo Atrato.

Serie de Documentos. Facultad de Jurisprudencia N° 73. El sujeto jurídico indígena de la política pública para personas víctimas del conflicto armado ubicadas en Bogotá

Los indígenas como sujeto jurídico para el reconocimiento de derechos étnicos han sido definidos desde el paradigma del multiculturalismo liberal, basado en características esencialistas de la identidad, como el vínculo con el territorio ancestral rural, el uso de la lengua nativa, y la organización colectiva y comunitaria. Sin embargo, el conflicto armado colombiano ha generado el desplazamiento forzado de gran parte de esta población i1, en su mayoría hacia áreas urbanas y metropolitanas, donde son inaplicables las características que eran tenidas en cuenta para el reconocimiento y la garantía de sus derechos. La ausencia de un sujeto jurídico étnico que responda a las condiciones de un indígena desterritorializado víctima de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado que solicita atención individual, se convierte en un obstáculo para la garantía de sus derechos étnicos en la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado, porque las medidas afirmativas y el enfoque diferencial étnico, obligación del ejecutivo, queda a la discrecionalidad de las decisiones administrativas, poniendo en riesgo la garantía del derecho a la identidad cultural y, por lo tanto, a la diversidad étnica y cultural de la nación.

Entendiendo un programa de reparación: reconstrucción del proceso de creación e implementación de familias en su tierra – FEST– El caso del municipio de La Palma, Cundinamarca

A partir de la reconstrucción del proceso de creación e implementación del programa presidencial para la reparación a población desplazada Familias En Su Tierra, se exploran las dificultades y retos que enfrenta la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Derechos humanos de la población desplazada en Colombia. Evaluación de sus mecanismos de protección.

El desplazamiento forzado es uno de los fenómenos más dolorosos y críticos de la historia reciente a nivel mundial e interno. En respuesta a estas circunstancias han emanado de la comunidad internacional y de los Estados afectados diversas normativas y sistemas de atención, todavía en construcción, que pretenden dar respuesta efectiva a las adversas circunstancias de la población que es víctima de este flagelo. El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.

El movimiento de derechos humanos en Colombia

En Colombia, los movimientos sociales buscan recuperar el espacio público y el de la ciudadanía, en un contexto donde el Estado bipartidista es débil a la vez que excluyente, donde los conflictos sociales se han desbordado y la violencia ha llegado a límites insospechados. Parte de estos movimientos sociales, el movimiento de los Derechos Humanos enfrenta diversos obstáculos: conflicto armado interno, paramilitarismo, impunidad, desplazamiento forzado, que dificultan el desarrollo de su labor.

Plan Colombia, conflicto armado y migraciones forzadas

Colombia es el epicentro de una situación humanitaria y de derechos humanos crítica como consecuencia de un conflicto armado anacrónico que persiste sin solución militar posible, pero que continúa sin salida política y negociada a la vista. Las migraciones forzadas, que se expresan en desplazados internos, refugiados y formas de movilidad asociadas a la crisis económica, van más allá de las fronteras y representan una expansión de las consecuencias de una guerra irregular en territorios de países vecinos. Este artículo se limita a describir los cambios políticos que siguieron a la ruptura del proceso de paz, a ofrecer otra lectura del Plan Colombia y sus consecuencias específicas en el campo humanitario, a visibilizar las migraciones forzadas y el refugio y a proponer alternativa de acción conjunta y concertada en la región.

Los solicitantes del reconocimiento a la condición de refugiado en Venezuela

Debido a la agudización del conflicto colombiano, a partir del año 1999 se evidenció una mayor movilización de personas que huían de la violencia desde Colombia hacia Venezuela, en especial hacia tres estados fronterizos: Zulia, Apure y Táchira. Como consecuencia, en Venezuela existen 1875 personas solicitantes de la condición de refugiados, y la situación en la que se han mantenido los solicitantes, algunos desde 1999, se ha caracterizado por una tolerancia de estadía por parte del Estado venezolano pero sin ningún reconocimiento de su condición y sin la posibilidad de ejercer derechos tales como personalidad jurídica, trabajo, asilo, recurso efectivo, entre otros.

Los Principios Jurídicos que ordenan la aplicación de la Ley en materia de refugio venezolana y el procedimiento de elegibilidad adoptado

El contenido de protección dispuesto, tanto en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, como en el Protocolo de 1967, deja a los países partes, la obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para la implementación y garantía del goce y ejercicio del derecho, dentro de cada una de sus jurisdicciones, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, lo que implica la promulgación de leyes o reglamentos, la creación del (los) órgano (s) administrativos competentes para recibir, estudiar y decidir las solicitudes de reconocimiento del estatuto y el respeto al ejercicio de recursos tanto administrativos, como jurisdiccionales en protección del derecho. En este sentido, el ordenamiento jurídico venezolano, consagró en su Constitución nacional el derecho al refugio o asilo en su artículo 69 y estableció mediante la Promulgación de la Ley Orgánica sobre refugio y asilo los mecanismos estatales para dar aplicación a sus contenidos, mediante la creación, de la instancia administrativa competente para decidir las solicitudes de reconocimiento del estatuto de refugiado (a), denominada “Comisión Nacional para los Refugiados”, así como, el procedimiento para la determinación de la condición de refugiado (a).

Situación de los refugiados

El desplazamiento de la población colombiana hacia otros lugares al interior de su país o la búsqueda de refugio en otros Estados, ya no es un fenómeno colateral del conflicto que vive Colombia, sino una estrategia del mismo, según lo afirma un estudio realizado por CODHES en el cual se anota que el mayor éxodo hacia fuera del país se registra hacia el Ecuador.

Situación laboral de los solicitantes de refugio en la ciudad de Ibarra a partir de la implementación del Plan Colombia

El deterioro del conflicto colombiano se agudiza en los últimos años, con la aplicación del Plan Colombia que inicia en 1999 y en el régimen presidencial de Álvaro Uribe Vélez, acentuando el problema de violencia y generando una grave crisis humanitaria y de derechos humanos para millones de colombianos y colombianas, que se ven obligados a hacer desplazamientos internos y a atravesar las fronteras buscando “protección internacional” en los países vecinos y otros del mundo. En el caso ecuatoriano, desde enero del 2000 hasta mayo del 2003 han solicitado refugio alrededor de diecisiete mil colombianos/as. Este incremento masivo del número de solicitantes de refugio rebasó las posibilidades de respuesta de las instituciones como el ACNUR y la Oficina de Derechos Humanos-Refugio de la Cancillería, lo que ha provocado una gran vulnerabilidad a los derechos de los solicitantes de refugio en el Ecuador.