572 resultados para CONFLICTO ARMADO - GUATEMALA - 1994 - 2004
Resumo:
Escenario desde el cual se adelantarán las reflexiones posteriores sobre el postconflicto. Este escenario hipotético se enmarca dentro de una solución negociada, que lleva a los actores a la adopción de un acuerdo de paz, bajo condiciones especificas
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Desde el inicio de su primera gestión presidencial, en el año 2002, el presidente Álvaro Uribe Vélez convirtió el concepto de Seguridad Democrática en un término recurrente para invocar una política de seguridad que legitimara la acción del Estado contra las principales amenazas identificadas por los colombianos: el terrorismo (condensado en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC - EP) y el narcotráfico. La presente investigación tiene como objetivo discutir si este discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez que privilegia, entre los años 2002 y 2004, una política del miedo, fue una estrategia de marketing del miedo o fue una estrategia de profundización democrática.
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La categorización jurídica de los mal llamados “falsos positivos” en Colombia es un tema controversial: en algunas ocasiones se habla de ejecuciones extrajudiciales, otras veces de homicidio en persona protegida y en otros casos de desapariciones forzadas, dependiendo de la institución que juzgue los casos. Ahora bien, al no existir unidad de criterios en la categorización jurídica de los “falsos positivos”, se hace imprescindible la integración de conceptos en torno a entender dichos hechos ilícitos inequívocamente como tales, toda vez que esto permitiría generar seguridad jurídica al interior del derecho administrativo colombiano. Precisamente, en lo a referente a la responsabilidad extracontractual del Estado. De igual manera, el concepto de reparación adoptado en los estamentos de Derecho Administrativo Colombiano, no siempre coincide con los estándares delineados por el Sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, lo cual repercute de manera negativa en el tratamiento dado a las víctimas de los “falsos positivos” que encuadran en la categoría de desapariciones forzadas, lo que hace necesario el estudio detallado de las decisiones propias de cada sistema y compararlas, para buscar un mejoramiento de los estándares nacionales de reparación. Para dar un aporte teórico importante, esta investigación partirá del análisis sistemático de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y después inspeccionará los elementos fácticos y la reparación de los “falsos positivos”, determinando el grado de aplicación que se ha dado del sistema interamericano en los fallos proferidos por el Consejo de Estado.
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This article considers the opportunities of civilians to peacefully resist violent conflicts or civil wars. The argument developed here is based on a field-based research on the peace community San José de Apartadó in Colombia. The analytical and theoretical framework, which delimits the use of the term ‘resistance’ in this article, builds on the conceptual considerations of Hollander and Einwohner (2004) and on the theoretical concept of ‘rightful resistance’ developed by O’Brien (1996). Beginning with a conflict-analytical classification of the case study, we will describe the long-term socio-historical processes and the organizational experiences of the civilian population, which favoured the emergence of this resistance initiative. The analytical approach to the dimensions and aims of the resistance of this peace community leads to the differentiation of O`Brian’s concept of ‘rightful resistance’.
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El interés de este Estudio de Caso, tiene como objetivo analizar la incidencia de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la Política de Seguridad Ciudadana y Convivencia de Bogotá (PSCCB) durante el periodo 2004 – 2013. Se identifica y analiza, cómo se incluyó un programa para desmovilizados en la Política de Seguridad Ciudadana y Convivencia; además de la reconfiguración de las estructuras del crimen organizado tras dicha desmovilización. Lo anterior, para explicar el aumento de los delitos de alto impacto y la percepción de inseguridad en la capital durante este periodo de tiempo.
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"El conflicto es una expresión de la heterogeneidad de las colectividades humanas. En tanto que manifestación natural de las comunidades, debe ser entendido como una de las formas que asume la diversidad y complejidad de una sociedad con múltiples intereses, expectativas, demandas y problemas de los distintos grupos que la conforman.1 Siguiendo a Bajoit, podemos afirmar que “el conflicto evidencia la desigualdad de que son víctimas ciertos miembros de la sociedad, y que resultan de sus intercambios con otra categoría social, definida como adversaria. Esta evidencia de la desigualdad no lleva, sin embargo, a excluir al adversario ni a suprimir la relación: ella apunta por el contrario a mejorarla, a hacerla más soportable, a redefinirla sobre nuevas bases. Recíprocamente, la categoría social adversaria, que se beneficia de la desigualdad, no puede o no desea optar por una estrategia de exclusión y se ve obligada a entrar en un intercambio conflictual.”"
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En Bojayá, Colombia, la música ha posibilitado la visualización, reparación y construcción de memoria histórica de las víctimas de la masacre de 2002 aprovechando dos elementos: La comunicación y el arte. La comunicación, el acceso a mecanismos informativos y de participación son elementos sobre los cuales se basa las estructuras democráticas contemporáneas; mientras que las expresiones artísticas se configuran como herramientas que posibilitan el acceso de la ciudadanía al escenario político. En un escenario con posibilidades limitadas, el arte aparece como una alternativa en un contexto donde las herramientas institucionales han resultado insuficientes. A partir del análisis de las expresiones musicales de los sobrevivientes y el uso de planteamientos de Jürgen Habermas, Juan Rueda, Elizabeth Jelin, entre otros, se analizan los procesos comunicativos de la música que dan lugar a la creación de memoria histórica.
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El desplazamiento forzado es causado única y exclusivamente por el conflicto social y armado que vive Colombia además de ser considerado propiamente como un fenómeno de orden demográfico, sociológico y político. El desplazamiento por la violencia en Colombia ha aumentado de manera acelerada en los últimos años haciéndose evidente una crisis humanitaria de grandes proporciones en donde las victimas se ven obligadas a irse de sus territorios de origen en busca de protección. Bogotá se ha convertido en el destino de gran parte de la población que se encuentra actualmente en condiciones de desplazamiento, debido a la violencia y al conflicto armado que se vive en la mayoría del territorio colombiano. Cada vez mas las personas que migran de sus lugares de origen para poner a salvo sus vidas y las de sus familias ven en la capital una alternativa para protegerse de las amenazas y también para iniciar una nueva vida. Lo que dio lugar a que a partir de la Ley 387 de 1997 se han implementado políticas públicas en Bogotá para lograr atender de manera adecuada a las víctimas de esta problemática. El fenómeno del desplazamiento ha demostrado ser un problema que necesita la atención prioritaria, por los Gobiernos Nacionales y territoriales con la cooperación internacional para la estabilización socioeconómica que le permita a la víctimas un sostenimiento propio para dejar de depender de enfoques asistencialistas. Es por eso, que esta monografía estudia en concreto cual ha sido la asistencia de los organismos internacionales (ACNUR-OIM-CICR y Consejo Noruego) frente a la problemática del desplazamiento forzado en Bogotá y verificar si la respuesta de estos cuatro organismos internacionales a esta situación ha sido efectiva y han logrado promover la dignidad humana y el bienestar de la población desplazada.
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Esta monografía intenta explicar cuáles son los logros y cuales las dificultades de la aplicación del convenio de Ottawa a partir de comparar su caso con el de Angola con quien comparte semejanzas.
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El conflicto mexicano presenta un escenario diferente al estudiado en Irlanda del Norte y en la antigua Yugoslavia. Esto se debe a que en el caso mexicano, al igual que en el peruano, no se ha llevado a cabo un proceso de paz con ninguno de los actores que protagonizan el conflicto, el cual comenzó en 1994 tras el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (de ahora en adelante, EZLN) en el estado de Chiapas. Hasta la actualidad, el Estado mexicano no reconoce la existencia de un conflicto armado en este estado sureño, por lo que califica como violencia interétnica lo que sucede en diferentes municipios del mismo. En esta ocasión el objeto de estudio son los grupos paramilitares que actúan en Chiapas desde mediados de la década de los noventa, lo cual va en consonancia con los anteriores documentos de investigación (BI No. 33, 34 y 35), en los que se trabajaron los casos de Irlanda del Norte, la antigua Yugoslavia y Perú.
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La incapacidad de la Misión de la Unión Africana en Sudan (AMIS) para pacificar Darfur, permitió que el conflicto avanzara sin que se tomasen medidas realmente efectivas, lo cual evidenció problemas estructurales de la Unión Africana que no permiten cumplir plenamente con los propósitos de la integración, principalmente con el de convertirse en garante de paz y seguridad. Como resultado, su efectividad empezó a ser cuestionada y se perdió la confianza en las misiones posteriores, al mismo tiempo que se vio afectada su imagen en medio del proceso de consolidación como la organización internacional más representativa del continente africano.
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Este trabajo de grado busca estudiar el papel del Comité Internacional de la Cruz Roja CICR en la ejecución de labores humanitarias referentes a su papel como intermediario neutral en los procesos de liberación de personas en poder de las FARC entre el 2008 y el 2010 en Colombia, teniendo en cuenta las regulaciones de DIH por las que se rige el CICR y sus implicaciones en el conflicto armado interno.
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El desarrollo social de un departamento está determinado por factores tanto internos como externos. Sin embargo, la existencia de recursos no renovables con gran valor, en algunos casos representan el núcleo de grandes problemas sociales en estos departamentos.
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El análisis de la política exterior de EE.UU hacia Colombia en el tema de las drogas ilícitas, revela en qué consiste el prohibicionismo y cuáles han sido sus resultados en Colombia y los países vecinos.
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El objeto de este trabajo de investigación fue estudiar cómo ha operado el derecho administrativo disciplinario frente a un tema muy específico, las “infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario”, conducta consagrada como falta disciplinaria gravísima en el numeral 7° de la Ley 734 de 2002. Sin embargo, con el fin de delimitar el objeto de investigación, el estudio se redujo a la conducta específica de “homicidio en persona protegida” por el derecho internacional humanitario y para delimitarlo aún más, se estudió concretamente esa conducta respecto de la “población civil”.La elaboración de la investigación conllevó un estudio preliminar de los conceptos generales del DIH así como un estudio general de las principales instituciones del derecho administrativo disciplinario, partiendo de disposiciones constitucionales y legales e incluyendo los principales pronunciamientos de la Corte Constitucional y de la doctrina especializada. Esta primera etapa sirvió de punto de partida para posteriormente proceder con el estudio de casos y de esa manera verificar si los fundamentos de las decisiones disciplinarias corresponden con la explicación teórica que ha sido expuesta.