1000 resultados para contratación pública responsable


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El actual debate sobre la reforma laboral pendiente en España se centra demasiado en el abaratamiento del despido o las modalidades de contratación como únicas formas de flexibilizar el mercado de trabajo. Este tipo de propuestas, además, choca con la percepción de una fuerte pérdida de seguridad de los trabajadores. En este trabajo nos planteamos cómo conciliar una mayor flexibilidad del mercado laboral sin una pérdida de la seguridad de los trabajadores. Para hacerlo revisamos qué sugiere la teoría, con qué evidencia empírica contamos y cuáles son las experiencias internacionales de las que podemos aprender para así poder hacer planteamientos serios de reformas laborales basados en evidencias y no en ocurrencias. Finalmente proponemos una línea de trabajo de la reforma del mercado de trabajo que no renuncia ni a la mejora de la flexibilidad ni a asegurar el empleo de los trabajadores.

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Se analiza la importancia de la vida íntima de las personas y de los alumnos, así como el papel de la escuela y de la sociedad en la formación de la espiritualidad de cada uno. La escuela no es la única responsable pero toma medidas de educación para la salud y para la paz.

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Que dentro de la misión de la Universidad, está la de formar profesionales que sirvan a la cosa pública, de manera ética, responsable y eficiente, acorde con los fines del Estado. Creación Especialización en Gerencia Pública y Control Fiscal.

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Este trabajo busca realizar una aproximación general a los conceptos de salud, prestación pública del servicio de salud y de derechos fundamentales. Es especialmente necesario estudiar a profundidad lo expuesto legal, jurisprudencial y doctrinalmente sobre el Derecho a la Salud; sus principios, elementos y alcance, los cuales son en sí mismo el fundamento de la prestación de los servicios de salud. A su vez, se revisará lo relativo a la responsabilidad del Estado en la prestación de servicios de salud, teniendo en cuenta que esta responsabilidad es uno de los fines esenciales del Estado consignado en los artículos 2 y 49 de la Constitución Política de Colombia. Así mismo, en virtud del artículo 90 de la Carta Fundamental, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables cau-sados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En tal sentido es importante conocer los escenarios en los cuales las acciones u omisiones de funcionarios y entidades estatales pueden derivar en el incumplimiento de esta obligación. En consecuencia, se analizarán los elementos de la responsabilidad Estatal que se pueden tipificar como causas de incumplimiento en la prestación de los servicios de salud, tales como la falla en el servicio, la falla presunta en el servicio y el daño antijurídico. Es importante recalcar que la responsabilidad del Estado debe ir mucho más allá de la simple doctrina; es necesario que se garantice la aplicación de los recursos y medios para asegurar el cumplimiento, ya que se trata de la preservación de derechos fundamentales y más aún de aquellos relacionados con la preservación de la vida y dignidad de las personas. En tal sentido, se indagarán los compromisos del Estado tales como el deber de regulación y los deberes de inspección, vigilancia y control de los prestadores de servicios de salud. Una vez revisado lo anterior, se discutirán las problemáticas actuales que tienen lugar en la prestación de los servicios de salud y por ende en la garantía del derecho a la salud, con el fin de identificar las situaciones de vulneración de derechos fundamentales del paciente.

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En el presente proyecto se realizaron cuatro capítulos que corresponden a unos objetivos específicos; en el primer capítulo, se abordó un estudio analítico del origen, definición, características y naturaleza de las multas contractuales y de las cláusulas penales en el derecho privado, el objetivo fijado era establecer un marco teórico que fundamente los capítulos siguientes. Posteriormente, en el segundo capítulo, se realizó una identificación y evaluación del tratamiento que la legislación ha dado a las multas contractuales y cláusulas penales. En el tercer capítulo, se analizó un caso práctico donde se evidencia la dificultad en la aplicación de estas figuras por la Administración Pública, resaltada por la escasa e imprecisa legislación al respecto. Finalmente, en el último capítulo, se enumeraron y desarrollaron la problemática e interrogantes detectados a lo largo del proyecto, con la idea de establecer soluciones a los vacíos o incongruencias encontradas.

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Análisis de la implementación de la política pública Sexualidad sin indiferencia, en lo referente a nacimiento adolescente, proporcionando conceptos de política pública, sus fases y haciendo un análisis retrospectivo de la implementación

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La responsabilidad disciplinaria no se puede ser entendida como la existencia de dolo o culpa en la actuación del funcionario público sino como el juicio de exigibilidad en el cual el juez disciplinario debe establecer si el deber funcional era exigible en las específicas circunstancias del caso, dependiendo de los requisitos necesarios para el ejercicio del cargo de representante legal de una Entidad estatal y dados los conocimientos requeridos para la ejecución del deber funcional.

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Una constante de los Estados en nuestro tiempo parece ser el habitual esfuerzo por modernizar su quehacer, en búsqueda de mejores estrategias en el cumplimiento de sus fines. La reforma del Estado se ha convertido en el tema central de la agenda política mundial. El origen de este proceso tuvo lugar cuando el modelo de Estado montado por los países desarrollados en la posguerra, propulsor de una era de prosperidad sin precedentes en el capitalismo, entró en crisis hacia fines de la década de 1970. La preocupación por los medios a través de los cuales el Estado actúa ha generado una política de mejora de la gestión pública que se hace presente en los diferentes campos de acción del poder público. Ante este reto de fortalecimiento de la gestión son diversos los obstáculos que la política estatal encuentra a su paso; la escasez de recursos, la multiplicidad de funciones que se le confían al Estado frente al reducido número de funcionarios que pueden cumplirlas en condiciones de idoneidad, los altos índices de corrupción, la falta de colaboración de la sociedad civil, entre otros.

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Conforme nuestra Constitución Política, más exactamente en su artículo 116 , se desprende que por regla general, la función de Administrar Justicia se encuentra confiada a la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales, los Jueces y la justicia penal militar. El Congreso también ejerce determinadas funciones judiciales.

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El trabajo pretende constituir un aporte más, a la discusión sobre el concepto de servicio público y su papel dentro de la contratación estatal. De esta manera, no solo se hará mención a la jurisprudencia y las normas más importantes, sino que se trascribirán para que el lector pueda analizarlas y tener una posición jurídica propia.

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Este manual resume de forma breve y a modo de tablas los conceptos básicos necesarios para la Contratación de Obras Públicas con la Administración. Estos conocimientos son imprescindibles para los Ingenieros de Caminos desde el punto de vista del Proyecto y del de la obra. La estructura del manual es la de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 18 de mayo de 1995. La obra se divide en tres partes y cada una de ellas consta de cinco subapartados formados por, las Disposiciones Generales y particulares de cada caso y la descripción de los distintos procesos de la Contratación, en general y para cada tipo de Contrato que son: la Preparación, la Adjudicación, la Ejecución y la Extinción.

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En este trabajo se propone la teoría de los convenios de la administración, bajo la concepción de que esta figura –el convenio de la administración- constituye un género que además de ser un instrumento negocial diferente del contrato administrativo6, involucra dos grandes tipos

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El objetivo es reducir en un 25% el índice de embarazo anual de 34% en adolescentes con edades entre 15 y 19 años residentes en este sector en un periodo de 2 años, con criterios de eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos y de solidaridad en cuanto al apoyo de una vida académica.

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El proceso licitatorio está sometido a la ley y encaminado al cumplimiento de las finalidades que le asigna el ordenamiento jurídico circunstancias que han de tener en cuenta todas las entidades contratantes con la finalidad de evitar irregularidades