La reforma judicial en el contexto de la reforma del estado peruano

La Constitución de 1993, en forma implícita ha determinado que el Poder Judicial (PJ), Ministerio Público (MP), Tribunal Constitucional (TC), Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Academia de la Magistratura (AMAG) y Jurado Nacional de Elecciones (JNE) formen parte de un Sistema de impartición de Justicia. Sistema que en las actuales circunstancias, producto a actos de corrupción generalizado que encontraron una salida de escape con la captura del Vocal Supremo Provisional Eduardo Palacios Villar, ha generado un debate en el Congreso de la República , Corte Suprema de la República y el Ejecutivo para establecer los mecanismos necesarios para una nueva reforma judicial. Sin embargo cuando se aborda la problemática de la reforma judicial, sólo se considera al PJ y en menor medida al MP, sin considerar que parte de la problemática del sector responde a las acciones de otras instituciones. Por ejemplo, la provisionalidad de los magistrados se debe en gran medida a la acción directa del CNM, la cual no ha nombrado magistrados en plazas de tanta importancia como es la Corte Suprema de la República y la Fiscalía Suprema. Adicional a la provisionalidad, es posible considerar otros factores como la lentitud procesal, la excesiva carga procesal, elevados niveles de corrupción en todos los ámbitos y una magistratura que no genera confiabilidad por emitir fallos contradictorios (que llegan a cuestionar inclusive la misma capacidad intelectual de los mismos magistrados) o ajenos a una predictibilidad mediana; lo cual en conjunto genera un nivel de aprobación que no supera el 15% de aceptación. Sin embargo uno de los grandes problemas que enfrenta una eventual reforma del SIJ es la estructura de la carrera de la magistratura, la cual según nuestra propia constitución y leyes orgánicas del PJ y MP es de régimen abierto, lo cual genera inconvenientes en una estructura de desarrollo socio económico nacional. Por ello es necesario que la reforma judicial que se pretenda iniciar aborde la reforma de las leyes orgánicas del PJ, MP, y CNM para efectos de definir los marcos generales de una carrera pública en la magistratura, que permita la operatividad de funciones en las instituciones y no genere los vacíos y provisionalidad existentes en la actualidad.

Prácticas constitucionales y discrecionalidad judicial (Tema Central)

En este trabajo se pretende demostrar que las diferencias en las prácticas de control judicial constitucional en Colombia y en el Ecuador, responden, más que a factores jurídico-positivos, a factores extra-normativos, relacionados con decisiones políticas de los jueces constitucionales. Es decir, se pretende mostrar que frente a constituciones políticas y frente a normatividades muy próximas, que establecen un sistema de control similar, las prácticas son sustancialmente diferentes, con un alcance totalmente distinto.

La defensa judicial de la Constitución en el constitucionalismo colombiano. Balances y perspectivas después de dos décadas (Tema Central)

Este artículo pretende explicar el auge que, en Colombia, ha tenido la defensa judicial de la Constitución. Para tal efecto, se hace una breve caracterización del constitucionalismo colombiano, identificando y explicando ocho de sus rasgos: la existencia de una historia y de una tradición de control constitucional, la defensa de la Constitución como asunto público, la Carta Política como norma invasiva de la vida social, económica y política del país, la desconcentración del control constitucional, la construcción permanente y progresiva del constitucionalismo por vía judicial, el diálogo con otros sistemas constitucionales, la existencia de una identidad constitucional, y la continuidad relativa con el sistema y la tradición jurídica. Con fundamento en esta caracterización, se obtendrán algunas conclusiones sobre la defensa judicial de la Constitución.

Ejecución de sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: necesidad de la implementación de un Sistema Jurídico Procesal en Ecuador para su cumplimiento integral

Nuestro particular interés por el desarrollo científico jurídico del Derecho Procesal ha representado un interesante desafío en generar un planteamiento académico mediante el cual, a partir de su naturaleza adjetiva y transversal, logremos establecer puntos de conexión con otras ramas del Derecho de esencia sustantiva, que en el mediano y largo plazo, garanticen su aplicabilidad y efectividad. Este desafío, desde nuestro punto de vista, demanda un mayor esfuerzo cuando la aplicabilidad y efectividad de las normas procesales depende en gran medida de la naturaleza de los derechos subjetivos que procuramos proteger y garantizar, en particular cuando aquellos derechosson los derechos humanos. La presente investigación tiene como principal propósito establecer una línea jurídica de análisis sobre la posibilidad de conexión entre el Derecho Procesal y el Derecho de los Derechos Humanos mediante el desarrollo y estudio del rol que cumple la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de su función jurisdiccional con la emisión de sentencias por violaciones de derechos humanos y el nivel de receptividad y ejecutabilidad que el Estado ecuatoriano ha conferido a dichas sentenciascomo expresión del derecho procesal internacional. En las siguientes líneas, desarrollaremos los mecanismos que el Estado ecuatoriano ha implementado en su ordenamiento jurídico interno para garantizar la ejecutabilidad de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana, en particular mediante la competencia conferida al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos de coordinar la ejecución de obligaciones internacionales provenientes de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos y con la incorporación de la acción constitucional por incumplimiento de sentencias internacionales. Finalmente, nuestro trabajo concluirá con el desarrollo de una propuesta normativa de reforma de la acción constitucional por incumplimiento, en armonía con los conceptos jurídicos, tanto sustantivos como procesales, desarrollados en los capítulos precedentes

Tutela judicial efectiva en la ejecución de sentencias expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Ecuador

Este trabajo investiga sobre la ejecución de las sentencias dictadas en contra del Ecuador por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, configurado como un mecanismo supletorio al que se recurre si los órganos, instituciones y poderes de un Estado no cumplen su función de garantizar la vigencia de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), cuya jurisdicción es reconocida por el Ecuador. Se estudia los contenidos de la tutela judicial efectiva entre los cuales se encuentra la ejecución de la sentencia y los obstáculos que se presentan en el momento de ejecutar la sentencia, buscando de esta manera responder la siguiente pregunta ¿Qué mecanismos procesales existen para obligar al Estado a cumplir las sentencias? De esta manera se busca conocer si la falta de ejecución de la sentencia total o parcial constituye vulneración al derecho de tutela judicial efectiva por parte del Estado ecuatoriano, afectando nuevamente a las víctimas o sus familiares, ya que al no ejecutarse la sentencia tampoco se procede a la reparación integral.

Los orígenes jurídicos del sistema político imperial español y su influencia en las Américas (Estudios)

Este ensayo examina la naturaleza jurídica y política del imperio español en América y sus orígenes medievales. Con el fin de ofrecer un nuevo enfoque para estudiar la relación entre España y sus posesiones americanas, este trabajo propone una revisión de la tradición jurídica española. El estudio de la evolución de los conceptos de soberanía, representación y jurisdicción permite dilucidar los elementos constitutivos de las relaciones entre las diversas entidades políticas como mecanismo de comprensión del desarrollo de la cultura política de América Latina. De acuerdo a las características del sistema jurídico político en la época virreinal, la dispensación de la justicia y la práctica judicial constituyeron el eje de las relaciones entre la autoridad imperial y sus periferias. El artículo sostiene que la práctica judicial estuvo llena de sentido político y se convirtió en un medio de inclusión y representación.

La aplicación del procedimiento abreviado en la Unidad de Flagrancia de Quito; eficacia judicial vs derecho a la no autoinculpación

La crisis del sistema penal y la recurrente crítica respecto al retardo en la sustanciación de juicios penales, ha obligado a que paulatinamente se brinde preferencia a todo mecanismo dirigido a obtener una solución rápida a los conflictos penales. Una vez que inició su operatividad la Unidad de Flagrancia en la ciudad de Quito, el 29 de octubre de 2012, se incrementaron considerablemente el número de audiencias para calificación de delitos flagrantes y se produjo una vertiginosa resolución de causas penales mediante la aplicación del procedimiento abreviado. Si bien es cierto, el procesado gracias a su confesión obtiene una disminución de la pena fruto del acuerdo con el fiscal y éste último queda exento de producir prueba en un juicio oral, público y contradictorio; no es menos cierto que en la aplicación del procedimiento abreviado se produce una tensión entre el principio de eficacia judicial y el derecho fundamental a la no autoinculpación. El propósito de esta investigación es evidenciar la aplicación del procedimiento abreviado en la nueva Unidad de Flagrancia de Quito, y para ello se analizará su realidad desde la perspectiva de la eficacia judicial y el derecho a la no autoinculpación.

La Contraloría General del Estado como sujeto procesal en el sistema acusatorio ecuatoriano

Al tema relativo a los sujetos procesales en el sistema procesal acusatorio que mantiene en la actualidad la República del Ecuador, resulta imperioso ponerlo sobre la palestra de investigación, especialmente por las consecuencias jurídicas que, en este caso tiene, la presencia de la Contraloría General del Estado, como una de estas partes, sin obtener tal calidad. Precisamente, el alcance de la presente investigación está destinado a establecer –sobre la base de disposiciones constituciones y legales, y los valiosos aportes doctrinales nacionales y extranjeros– cuáles son las personas naturales o jurídicas que pueden ser consideradas como partes procesales; sin embargo, en el ámbito nacional, las limitaciones están marcadas por la inoperante actuación de ciertos magistrados de la antigua Corte Suprema de Justicia que, sin considerar esas disposiciones constituciones y legales –mucho menos los aportes doctrinales– dieron un status especial a la Contraloría General del Estado, con una simple resolución, que inclusive reformó tácitamente el Código de Procedimiento Penal de entonces, además que se la atribuyó funciones que le correspondían a la Función Legislativa. Por lo que queda anotado, el tema es absolutamente justificado dentro de una actualidad jurídica que requiere una respuesta adecuada y oportuna de las diferentes instancias, especialmente de la Función Judicial –tal como lo dejamos planteado en la investigación–, y que se comprobó que la actuaciones pasadas están siendo corregidas. Por ello, la idea que se mantuvo como hipótesis –y que se deja planteada para los lectores– es que el órgano de control no puede ser considerado como parte procesal en el sistema procesal penal ecuatoriano. La presente investigación, a través de un análisis jurídico-crítico, pretende establecer una realidad jurídica que debe ser aplicada de forma inmediata, para buscar una adecuada aplicación de la justicia.

O sistema penal brasileiro e a prescrição: violação ao dever de proteção no estado democrático de direito

Cuida a presente dissertação do tema Prescrição Penal, enfrentado na perspectiva do dever de proteção que incumbe ao Estado proporcionar aos membros da sociedade. No Estado Democrático de Direito, é dever estatal e, portanto, do Poder Judiciário, conferir a devida eficiência ao Direito Penal, para que possa desenvolver com plenitude sua missão fundamental de proteção social. São examinadas a função do Direito Penal e as tendências de ampliação de sua intervenção, tais como manifestadas nos sistemas penais europeus. Sustenta-se que há, ao lado do direito fundamental do réu de ver-se julgado em prazo razoável, um direito fundamental da sociedade de obter o resultado deste julgamento em prazo que não torne inócua a tutela penal dos bens jurídicos que a incriminação da conduta almeja salvaguardar. A prescrição penal, resultante da demora na persecução penal, conforme dados levantados de julgados do Tribunal Regional Federal da 4a Região, refletindo, portanto, uma realidade da Justiça Federal da 4a Região na esfera criminal, alcança percentuais significativos em relação aos casos julgados, merecendo, portanto, especial atenção dos operadores do direito e, principalmente, da administração da justiça federal. A partir dessa constatação, desenvolve-se um esboço crítico do fenômeno prescritivo, com análise de suas idiossincrasias e conseqüências negativas: a impunidade, a seletividade da justiça penal, a violação do princípio isonômico e, com particular relevo, a insuficiência na proteção e garantia de direitos fundamentais diante das ameaças e lesões decorrentes de condutas criminosas. Por fim, são sugeridas reformas legislativas e mudanças de postura do Poder Judiciário em relação ao processo penal. Destaca- se: o aumento dos prazos prescricionais, sobretudo para a prescrição da pena, o fim da prescrição retroativa e a criação de instrumentos tecnológicos de controle do tempo no processo.

O Sistema de Comunicação Digital (SICODI) como instrumento para efetivação do teletrabalho na fiscalização a cargo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

The acts of public administration personnel are of great importance and various laws have been passed in attempt to limit the related expenses. The management of Public administration personnel is based on the principle of efficiency. The TCE/RJ (State of Rio de Janeiro/Audit Court) digital communication system is expected through telework to facilitate its auditing duties in compliance with the terms of the Federal and State constitutions. The TCE/RJ, the superior judicial body of auditing, has done more than just reduce costs and use flextime; it applies telework as an instrument to optimize public service through SICODI digital certification to maximize the resources applied to this constitutional act with greater efficiency for effective auditing. The focus of the first part of this study is to evaluate the tasks of positions that forward the TCE/RJ objectives and the profile characteristics of employees of the inspection area on personnel performance beginning with defined concepts and purposes. Questionnaires for auditors and technicians of the area were approved for this specific purpose to analyze the duties of positions and employee profiles. The second part of this study evaluates the TCE/RJ digital communication system according to theoretical reference and ISO/IEC Standard No. 9126-1, observing three dimensions: the content, usability and functionality. The results obtained, with the use of qualitative methods complemented by quantitative analysis, were positive for the implementation of telework in the inspection of personnel performance in relation to the analysts and technicians involved in this type of auditing as well as in relation to the TCE/RJ digital communication system.

O Sistema De Comunicação Digital (Sicodi) Como Instrumento Para Efetivação Do Teletrabalho Na Fiscalização A Cargo Do Tribunal De Contas Do Estado Do Rio De Janeiro

The acts of public administration personnel are of great importance and various laws have been passed in attempt to limit the related expenses. The management of Public administration personnel is based on the principle of efficiency. The TCE/RJ (State of Rio de Janeiro/Audit Court) digital communication system is expected through telework to facilitate its auditing duties in compliance with the terms of the Federal and State constitutions. The TCE/RJ, the superior judicial body of auditing, has done more than just reduce costs and use flextime; it applies telework as an instrument to optimize public service through SICODI digital certification to maximize the resources applied to this constitutional act with greater efficiency for effective auditing. The focus of the first part of this study is to evaluate the tasks of positions that forward the TCE/RJ objectives and the profile characteristics of employees of the inspection area on personnel performance beginning with defined concepts and purposes. Questionnaires for auditors and technicians of the area were approved for this specific purpose to analyze the duties of positions and employee profiles. The second part of this study evaluates the TCE/RJ digital communication system according to theoretical reference and ISO/IEC Standard No. 9126-1, observing three dimensions: the content, usability and functionality. The results obtained, with the use of qualitative methods complemented by quantitative analysis, were positive for the implementation of telework in the inspection of personnel performance in relation to the analysts and technicians involved in this type of auditing as well as in relation to the TCE/RJ digital communication system.

Estudo das empresas concordatárias e alterações no sistema falimentar brasileiro

Análise e crítica das alterações propostas à legislação falimentar brasileira tendo como base o estudo empírico de empresas brasileiras que entraram em concordata no período de 1992 a 2002. Identificação das principais características das empresas que pedem concordata (principalmente quanto a sua lucratividade) e também das empresas que conseguem se recuperar e uso das mesmas como base para uma análise crítica do projeto da nova legislação falimentar, bem como apresentação de sugestões que visem aumentar as taxas de recuperação de empresas em dificuldades financeiras. Comparação das alterações propostas com a legislação norte americana atual (Chapter 11), que é reconhecidamente mais eficiente na recuperação de empresas em dificuldades.

A gestão do poder judiciário uma análise do sistema de mensuração de desempenho do judiciário brasileiro

Esta dissertação traz uma análise do atual sistema de mensuração de desempenho do Poder Judiciário brasileiro, mais especificamente no tocante ao processo que visa à disseminação e a incorporação da prática da mensuração na cultura organizacional das unidades judiciárias de todo o país. Após análise bibliográfica e documental, é tomada a experiência de mensuração do desempenho judiciário dos países europeus como referência comparativa ao sistema brasileiro, bem como são consideradas percepções de gestores deste sistema com relação a seus entendimentos acerca da gestão e mensuração de desempenho no Judiciário, aos esforços políticos e administrativos adotados, ao possível futuro do sistema, dentre outras. Uma vez que esta representa uma primeira experiência no sentido da adoção da mensuração de desempenho judiciário enquanto política nacional, o estudo também discute a natureza de problemas estruturais e organizacionais a serem trabalhados no Judiciário brasileiro visando à prática da mensuração, além da necessidade de uma padronização em processos administrativos ligados a esta prática nas heterogêneas organizações judiciárias brasileiras.

Jurisdição constitucional e o sistema político-representativo : uma análise do papel do Supremo Tribunal Federal para a consolidação da democracia

As Constituições surgiram como um instrumento apto a constituir e legitimar o governo vinculado à vontade soberana do povo. Atualmente, as Constituições são também garantidoras de direitos políticos, sociais, econômicos, culturais e difusos. A proposta constitucionalista é fundada na ideia de supremacia da Constituição e, deste ideal, decorre o controle de constitucionalidade das leis. Após meados do século XX, o controle de constitucionalidade foi expressamente incorporado a diversos ordenamentos jurídicos. Existe, no entanto, uma forte objeção democrática ao controle judicial de constitucionalidade, sob o argumento de que os juízes não são eleitos pelo voto popular e, por isso, não poderiam controlar normas editadas por aqueles a quem o povo delegou o exercício do poder político. Nesse debate, é possível identificar três posições: uma mais radical, que defende o self restraint judicial, e outras duas que defendem a legitimação da jurisdição constitucional pelo procedimento (para preservar a integridade do processo democrático) ou pela substância (para assegurar direitos morais dos indivíduos, voltados para o bem-estar coletivo). Apesar de tal discussão, a possibilidade de controle judicial de constitucionalidade está positivada no ordenamento jurídico brasileiro desde a Constituição de 1891. Nos termos da Constituição de 1988, a tarefa de “guardião da Constituição” cabe ao Supremo Tribunal Federal, que a realiza tanto por meio de controle concentrado ou quando analisa, em última instância, questões constitucionais levantadas em sede de controle difuso. Cumpre observar que o STF não se distancia da sua função de proteger a Constituição, mesmo quando exerce outras funções que lhe foram conferidas pelo texto constitucional. A partir do estudo de decisões do STF proferidas em casos difíceis relacionados ao sistema político-representativo, o presente trabalho visa a perquirir como o STF compreende seu papel institucional na definição de questões políticas e, em que medida, a jurisdição constitucional contribui para o amadurecimento do regime democrático brasileiro.

Implantação de sistema de gestão na vara da infância e juventude de Porto Velho

Crianças e adolescentes necessitam de proteção integral e prioridade na implementação de seus direitos fundamentais individuais. A demora na tramitação dos processos judiciais constitui um grave problema da Justiça. A eficiência do Poder Judiciário em distribuir justiça está condicionada à prestação jurisdicional rápida, à efetividade do processo. As transformações sociais, econômicas, tecnológicas têm operado muitas mudanças na rotina dos Tribunais. Uma delas é a implantação do sistema de gestão da qualidade nas serventias judiciais. A qualidade da prestação jurisdicional dependerá da gestão imprimida pelo juiz na sua unidade. Diante disso, o presente trabalho destina-se a apresentar uma proposta de sistema de gestão no âmbito da Vara da Infância e Juventude de Porto Velho, Estado de Rondônia, dividido em catorze etapas: foco da organização, direcionadores estratégicos, planejamento da gestão, estrutura organizacional, comunicação, gestão de pessoas, infraestrutura, processos de trabalho, documentos e normas, registros, medição, tratamento de falhas, análise crítica e avaliação dos resultados.