744 resultados para SEGURIDAD ALIMENTARIA – COLOMBIA


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Este libro presenta las tendencias más recientes en políticas de seguridad ciudadana y modernización de la policía en el mundo. El interés por estos temas ha sido escaso entre los académicos en América Latina a pesar de la preocupación creciente de sus ciudadanos por los problemas de inseguridad que los aquejan diariamente. La desproporción entre la enorme producción académica mundial en la materia y el interés puntual de un puñado de investigaciones latinoamericanas resulta, al mismo tiempo, sorprendente y poco halagüeña para poder proponer e implementar en el futuro reformas y cursos de acción efectivos. Por esta razón los autores abren con este libro el abanico de opciones y perspectivas en el estudio de la seguridad ciudadana y la policía, contribuyendo con un análisis comparado internacional. Autoridades nacionales y locales, administradores públicos y asesores gubernamentales; profesionales de la seguridad; miembros de los cuerpos de policía; profesores, investigadores y estudiantes en las diversas ramas de las ciencias sociales, la criminología, la equística y la gestión publica y urbana podrán contar con un panorama amplio de los debates y las transformaciones alrededor de las políticas de seguridad ciudadana y el rol de la policía en su desarrollo e implementación.

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Desde su aparición, a comienzos de la década de los años noventa, el concepto de seguridad democrática ha sido objeto de distintos enfoques y diversas políticas. Inicialmente, éste fue considerado por un grupo de intelectuales y políticos que, agrupados en lo que se denominó la Comisión Sudamericana de Pas, concibieron la noción de seguridad democrática regional. En 1995, el mismo sirvió de sustento al Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. En Colombia, durante los gobiernos de Álvaro Uribe, se ha alimentado la política de defensa y de seguridad. Sin desconocer la capacidad de la seguridad democrática como alternativa a concepciones tradicionales de seguridad, el presente libro tiene como propósito central ofrecer algunos elementos teóricos, políticos y metodológicos que contribuyan a perfilar lo que significa la seguridad democrática y, por supuesto, lo que implica en términos operativos. Estas propuestas surgen en un momento en el que se requieren conceptos de seguridad acordes con los desafíos del nuevo orden internacional y en el que la provisión de la seguridad parece desconocer los valores democráticos más emblemáticos.

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Históricamente, las fronteras colombianas han sido porosas, frágiles y descuidadas desde una perspectiva política. La extrema pobreza y la ausencia de instituciones estatales han dejado a las poblaciones vulnerables ante diversos actores armados y a merced de las actividades ilícitas, que inevitablemente se desbordan y afectan los territorios vecinos. El desborde de los efectos del conflicto armado a territorio ecuatoriano, los enfrentamientos e incursiones del ejército colombiano, y la presencia de actores no estatales como los grupos al margen de la ley, han hecho que las relaciones bilaterales se minen, dañando lo que alguna vez fue una cordialidad constructiva entre Colombia y Ecuador. Para analizar esta problemática, se utilizaron las teorías de las relaciones internacionales de Interdependencia y seguridad cooperativa.

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Ante todo, debe efectuarse una precisión metodológica en un doble sentido: en primer lugar, sobre la noción del Gran Caribe o de cuenca del Caribe, y, en segundo término, en referencia al nivel de análisis que utilizamos. Los países europeos tienen sobre el continente americano una visión que coincide, en buena medida, con la que poseemos en América Latina. Estaríamos hablando de que el continente americano puede ser estudiado por países y grupos de países, al tomar en cuenta a varios actores más o menos definidos: en primer lugar, tenemos a Canadá, con su carácter específico, y a Estados Unidos, también tratado de manera autónoma. México constituye también, en esta visión, un capítulo aparte; luego estaría América Central, con sus particularidades, pese a tratarse de varios países, y con sus propios mecanismos de diálogo con la Unión Europea; el Caribe insular, por supuesto, tiene también un carácter distinguible.

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En este trabajo vamos a presentar algunas reflexiones sobre el origen de la policía comunitaria como perspectiva de política policial, el contexto histórico en el que surgió el concepto de seguridad local y los mitos con los que ha estado asociada. También nos referiremos a una propuesta concreta sobre cómo asumir el reto de la seguridad local, el lugar de la policía comunitaria en ese marco y las indefiniciones sobre su tamaño y contenido. Finalmente haremos algunas precisiones sobre las discusiones recientes acerca de la seguridad ciudadana en América Latina, y en Colombia en particular, para llamar la atención sobre las condiciones de conflicto armado, violencia política, narcotráfico y crimen organizado por las que atraviesa nuestro país, y los retos que estas circunstancias imponen a una entidad como la Policía Nacional colombiana.

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Esta investigación busca demostrar la influencia que tuvo la participación de Colombia en la guerra de Corea, en la construcción de una nueva mentalidad en el Ejercito Nacional entre los años de 1951 y 1982. En términos generales, el presente trabajo de investigación pretende estudiar descriptivamente, desde una perspectiva muy poco abordada, la influencia de la de la guerra de Corea en el moldeamiento de la mentalidad de los militares colombianos, a partir de un análisis de los acontecimientos históricos acaecidos en el periodo anteriormente mencionado. Desde el punto de vista de la Ciencia Política, el presente estudio ilustra como a través de una decisión política del gobierno se produce la participación del país en un conflicto internacional, el cual generó un cambio sustancial en la mentalidad del Ejército Nacional, que se tradujo en un avance significativo de la estructuración, concepción y comportamiento del mismo, durante un espacio importante del conflicto armado colombiano.

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La investigación analiza las incidencias de la Política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Velez en los escenarios de seguridad política y militar de las relaciones con Venezuela, desde el 2002 hasta el 2008.

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En el trabajo se realizó un acercamiento, lo más exhaustivo posible, del comportamiento del sector estratégico de dotación y seguridad industrial. Para dicha aproximación se elaboraron pruebas de tipo cuantitativo y cualitativo con el fin de determinar el nivel de imitación dentro del mismo evaluando las fuerzas del mercado que impactan al sector bajo el modelo de Porter. Adicionalmente se realizó un análisis estructural abordado desde la herramienta MICMAC para describir al sistema y visualizar las relaciones existentes entre los elementos claves logrando una representación de la dinámica entre la empresa Más Dotaciones Ltda., y su contexto estratégico.

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Las relaciones entre Colombia y Ecuador se han mantenido en una dinámica histórica de cooperación y conflicto donde se ha buscado mantener unos lazos de vecindad y convivencia en calma. La proximidad geográfica y además un marco histórico-cultural similar, ha llevado a la generación de fuertes alianzas socio-económicas entre las poblaciones fronterizas, de tal manera que se ha desarrollado una integración binacional compleja. Esta relación en la última década ha mantenido una incapacidad institucional binacional para solucionar los problemas transfronterizos, pues la política de vecindad se encontraba determinada por la situación interna de cada país y la injerencia de las dinámicas continentales. La coyuntura interna de los Estados direccionó sus políticas, Ecuador estaba envuelto en una inestabilidad política, generada por continuos cambios de gobierno, lo cual hacía cambiar su posición frente a las relaciones con Colombia en cortos lapsos de tiempo, de tal forma que se desestabilizaban los proyectos conjuntos. Por otro lado Colombia dada la problemática del conflicto interno basó su agenda en el tema de la seguridad puesto que éste flagelo agudizaba los problemas socio-políticos, de tal forma que el Estado colombiano se vio enfrentado a una crisis interna que encontró una salida a través de la Política de Defensa y Seguridad Democrática instaurada por el Presidente Álvaro Uribe Vélez en el 2002,la cual trajo consigo un método de lucha basado en la seguridad con acciones dirigidas a garantizar el control del territorio y la defensa de la soberanía nacional, combatiendo el problema de las drogas, el crimen organizado, el terrorismo y las migraciones por desplazamiento forzoso; mediante la generación de lazos de solidaridad que unieron a la población colombiana en torno a la solución del problema. Ésta política ha trabajado en la seguridad a nivel interno y de defensa nacional, pues dada la magnitud de la amenaza se hizo necesario fortalecer el apoyo internacional con énfasis en los países fronterizos. De ahí que Colombia haya hecho un llamado a la comunidad internacional para desarrollar un trabajo coordinado que impida la implicación de redes del terrorismo internacional en las actividades de los grupos armados ilegales colombianos. La ampliación del conflicto colombiano ha afectado a Ecuador, el cual se ha visto perturbado negativamente por la lucha interna colombiana a partir de la Política de Defensa y Seguridad Democrática.

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En la última década, uno de los problemas considerados más relevantes de la política pública colombiana es la Seguridad Alimentaria y Nutricional, que contempla no sólo la disponibilidad y el acceso a los alimentos, sino también la utilización y estabilidad (disponibilidad continua) de alimentos sanos, limpios e inocuos para el consumo humano. En este marco, el gobierno de Garzón dio inicio política pública “Bogotá sin indiferencia”, junto con el programa “Bogotá sin Hambre”, que pretendía a través de diversos proyectos garantizar el derecho a la alimentación de la población de escasos recursos; uno de ellos es el proyecto 319 de Agricultura Urbana, el cual presenta continuidad hasta el momento. La presente investigación, realiza una evaluación externa y participativa al proyecto, desentrañando a través de la metodología del marco lógico, los objetivos y metas de dicho proyecto, para seguidamente evaluarlo apoyándose en la propuesta de Cohen y Franco (1992) y García y Ramírez (1994); bajo el supuesto de que su sostenibilidad depende del tipo de huerta, del apoyo institucional y del empoderamiento de los beneficiarios. Desde la mirada de los beneficiarios, se adelantó la evaluación de tres Estudios de Caso que permitieron desvelar los principios que regulan la política pública, las dificultades y problemas estructurales existentes a la misma.

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¿Sabe cuánto recibirá de pensión al momento de jubilarse? ¿Cuánto debe ahorrar para su pensión? ¿Qué le implica dejar de cotizar por algún tiempo? ¿Qué diferencias hay entre el sistema de pensiones de los mayores y el de las de las nuevas generaciones? Sin importar la edad, cada vez es más frecuente la solicitud de respuestas a estas preguntas. El Estado y la academia vienen aportando elementos para resolver la incertidumbre sobre las posibilidades de recibir en el futuro una pensión. La urgencia por modificar el sistema de protección social acorde con los cambios demográficos, de implementar una estrategia para reducir la pobreza y la desigualdad, además de los elevados costos del sistema de pensiones en Colombia, pusieron nuevamente sobre el tapete el tema de las inequidades del sistema pensional y llamaron la atención de los responsables sobre la formulación de políticas para la juventud, pues las nuevas generaciones son las más afectadas debido a que sus intereses no siempre han estado representados. Investigadores de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, en desarrollo de su línea de investigación sobre política social, estudian la evolución de la situación de las familias en el país y del impacto que tienen sobre ellas distintas políticas públicas. Una de las áreas de estudio es el sistema pensional: su reforma en 1993, los ajustes realizados en años recientes, su limitada cobertura y el excesivo costo por prestaciones muy generosas acordadas a diferentes grupos de empleados de entidades estatales. Por solicitud del programa Colombia Joven(...), de la Presidencia de la República, se realizó una aproximación de las perspectivas de pensión de los jóvenes, con el fin de complementar al diseño del sistema de protección con que podrán contar los jóvenes de hoy en su vejez(...). Para alinear el sistema de pensiones a los cambios socio-económicos era necesaria la reforma. La reducción del ritmo de crecimiento de la población, su mayor longevidad, la vinculación de la mujer a los mercados de trabajo, son sólo algunos de estos cambios, que exigieron aumentar el tiempo y tasas más altas de cotización y, por supuesto, elevar la edad para el retiro. Con menores tasas de crecimiento demográfico no es posible que la población activa pueda, con sus contribuciones, atender las pensiones de una población mayor que creció a tasas más altas y que vivirá por más años. Tampoco es posible sostener con impuestos, los beneficios desproporcionados en pensiones de personas que disfrutaron altos ingresos a lo largo de su vida(...). El cambio que introdujeron muchos países, entre ellos Colombia, hacia sistemas basados en el ahorro de cada persona en su vida activa, para financiar su pensión, ha exigido el uso de crecientes recursos públicos para pagar las obligaciones por pensiones que no contaban con las suficientes reservas para su atención, hecho que afectará el crecimiento de la economía y el bienestar de los jóvenes.

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La introducción del nuevo sistema de seguridad social en 1993 trajo cambios en las relaciones existentes entre las instituciones colombianas. En el sector salud, el nuevo sistema conllevó a la creación de agentes intermediarios, quienes han desarrollado un papel de importancia en la determinación de los flujos económicos del sector y sus participantes. Hasta el momento, pocas investigaciones han establecido estas interacciones, lo que motivó a este estudio. En este documento se propone una primera aproximación a la construcción de estas relaciones en una síntesis de la economía colombiana, esto es, una matriz de contabilidad social.

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Este trabajo se soporta sobre una base conformada por dos conceptos, que constituyen el horizonte contextual de la investigación: Derecho Administrativo y Comunidad de integración. Es claro que al hablar de una Comunidad de integración específica como la Comunidad Andina (CAN), incide de forma directa en la actividad del derecho administrativo.Ha sido necesario que los países que conforman los grupos de integración económica cedan parte de sus competencias para crear un ordenamiento jurídico de orden supranacional, el cual modifica la dinámica social de las relaciones comerciales y afecta la estructura de la administración pública, haciendo que el derecho administrativo no se limite a interactuar solo con derecho nacional. Esta mutua dependencia de las políticas internas y las regionales se realiza, entonces, cada vez que existe participación y compromiso de los Estados frente a las decisiones, de carácter vinculante o no. En esa medida surge el problema de investigación tendiente a esclarecer cómo ha sido la adopción de las decisiones e interpretaciones, emanadas de los mecanismos oficiales del Derecho Comunitario Andino, en el ordenamiento jurídico colombiano. La existencia de varios puntos de vista con respecto a la obligatoriedad o no de dicha adopción, moldea un tema de suficiente amplitud y profundidad para ser estudiado en un trabajo de investigación.

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Análisis en términos de incidencia de la Política de Seguridad Democrática (PSD) como una estrategia de Gobierno para hacer frente al desplazamiento forzado de población en la subregión del Urabá antioqueño, durante el periodo 2002-2006.

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Dado que actualmente las instituciones internacionales después de la reconfiguración del sistema tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y materializado aún más después de la Guerra Fría, han cobrado un papel alterno fundamental; es necesario entender el trasfondo de las intervenciones que ha realizado las Naciones Unidas (ONU) en Somalia frente a la crisis alimentaria. Teniendo como precedente dos intervenciones fallidas, la iniciativa actual de asistencia humanitaria de las instituciones adscritas a la ONU: FAO Y PMA, ha estado sesgada y limitada por varios factores que en el marco de las relaciones internacionales resulta fundamental entender, entre esas el estado fallido, la lucha de poder, el terrorismo, los intereses geoestratégicos internacionales, la piratería y por supuesto los fenómenos naturales. El principal objetivo de este estudio de caso es analizar en qué medida los factores internos sociales, económicos y de seguridad han limitado las acciones de ayuda humanitaria por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) durante la crisis alimentaria en Somalia. Aunque la etapa cumbre donde se declaró la hambruna fue en el 2011, se analizará desde el año 2007 lo que permite evidenciar la decadencia progresiva en el contexto interno y en la seguridad alimentaria, raíz de la situación de crisis alimentaria en el 2011. El fundamento teórico del Funcionalismo de David Mitrany hará un acercamiento al papel de las instituciones internacionales y el rol primordial de éstas en el ejercicio humanitario.