868 resultados para SECTOR PRIVADO


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En el transcurso del desarrollos de este trabajo se puede observar el análisis del Departamento Administrativo Nacional de Estadística en Colombia (DANE), La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, el Departamento Nacional de Planeación DNP, La Superintendencia de Sociedades y Cámara de comercio) para entender si estas en un entorno actual a la realidad empresarial están ayudando o no a las PYMES en Colombia. Entiendo si presentan un buen servicio informativo para el apoyo estratégico y productivo desde la creación de estas mismas. Así mismo se analiza las puntos positivos y negativos que cada entidad representa hacia las PYMES y como es la percepción que las empresas tiene de las entidades gubernamentales, para lograr establecer las mejoras posibles, con el fin de manejar un mejor camino a mejorar el vínculo Logístico y administrativo en el entorno empresarial del sector privado y gubernamental.

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Desde 1999, la política petrolera se constituyó como base del proyecto político chavista conocido como la Revolución Bolivariana, e incluso se convirtió en el eje de la participación, polarización y de las relaciones entre los principales actores del oficialismo y de la oposición venezolana.

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Teniendo en cuenta que el sector de la salud es uno de los que mayor impacto tienen tanto para las personas como para los estados, la empresa Proveedora ha buscado brindar una alternativa tecnológica que le permita a los actores de la salud poder proporcionar un claro panorama para la planeación, desarrollo y la puesta en marcha de soluciones que permiten convertir las actividades del sector, en las estrategias que las CLINICAS, HOSPITALES o ADMINISTRADORAS necesitan, es así como se han diseñado soluciones para hospitales, clínicas, centros médicos, laboratorios, consultorios, centros de diagnósticos y consultas profesionales, integrando la atención médica a los procesos administrativos en busca de proveer un servicio de gestión moderno. La tecnología al servicio de la salud genera diferencias competitivas que se ven reflejadas en aumento de productividad, reducción de costos, aumento de la oportunidad de servicio y mejora operacional. Además, proporciona las herramientas suficientes a la gerencia para reducir el riesgo en toma de decisiones. Con la apertura económica, las entidades gubernamentales y las empresas del sector privado orientadas al sector salud, han iniciado un proceso de modernización que significa para la Industria Nacional del Software una oportunidad de desarrollo y crecimiento, y para la Industria internacional un atractivo de inversión en nuestro país, posicionando a las TI como herramientas claves para la prosperidad de esta región

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El desarrollo de esta monografía se lleva a cabo a través del marco de tres capítulos. El capítulo se centra en el análisis de circunstancias dentro de política pública a nivel central, a través de las cuales se evidencia las debilidades de la política y cómo esta resulta difusa. Entendido el contexto de la política se avanza al capítulo, el cual abarca el estudio de caso de esta monografía, el eje cafetero. Este capítulo se concentra en el análisis de la experiencia del departamento del Quindío en materia de turismo, observando el origen de la política y el contexto que rodea esta experiencia. El objetivo central es determinar como fue el surgimiento de la política en el departamento. Finalmente, en Capítulo , se recoge el análisis realizado a lo largo de la monografía y se lleva a cabo una reflexión sobre la política turística como política pública en el eje cafetero, teniendo como marco los preceptos teóricos de la Ciencia Política. Lo anterior, permite extraer algunas enseñanzas y recomendaciones para la política turística a nivel nacional, dichas recomendaciones giran en torno a la importancia del sector privado, y la continuidad de la política de seguridad.

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La Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa (en adelante, RSE) es un concepto que hemos venido oyendo con mayor frecuencia de unos cuatro años para acá. No es, sin embargo, una forma gestión totalmente nueva dentro de las empresas. Si bien no se puede especificar un momento en el que se haya comenzado a implementar, se estima que surgió hace aproximadamente medio siglo. Si bien la pretensión de esta investigación fue la de ver como el hecho de la existencia de la gestión administrativa que conocemos como RSE puede ser un aporte útil para que se motive de la mano del sector privado el desarrollo regional, no resta, sin embargo, aclarar que una de las motivaciones que conduce a las empresas privadas a llevar a cabo dicha gestión es la imagen positiva que a través de ella se logra en la sociedad y en los actores que con la empresa se relacionen. Puede esto pues, entenderse como una suerte de garantía de la ejecución de programas de RSE y de ello es acertado valerse para encauzar esta intención a un propósito noble como lo es el desarrollo.

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Debido al impacto mundial que en los últimos años ha tenido el concepto de Marca País, nace la inquietud de profundizar en este tema y aterrizarlo al contexto colombiano con el propósito de comprender de forma más clara cómo éste se percibe en el exterior, de manera tal que exista una actitud más proactiva hacia la internacionalización interdisciplinaria e intersectorial vigente en el mundo. Se hace prioritaria la necesidad de buscar estrategias e instrumentos alternativos de acción que permitan ayudar a tener una exitosa inserción de Colombia en el escenario internacional, todo esto, contando con el apoyo principalmente del cuerpo diplomático y reforzado por otras instituciones del sector privado, público y social.

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Esta investigación pretende conocer el grado y características de la insatisfacción profesional del profesorado, en cada una de las dimensiones o facetas de la actividad docente.. 637 sujetos, de los cuales 435 eran docentes y 202 no docentes. Los docentes pertenecían a tres niveles de docencia: EGB, BUP y FP.. El diseño utilizado fue de tipo correlacional-descriptivo. Se relacionan una serie de variables predictivas con la variable criterio. Variables predictivas: son cada una de las situaciones o facetas de la vida profesional agrupadas en diez dimensiones y medidas a través del cuestionario de 'satisfacción profesional' (C.S.P.) Y del cuestionario de 'satisfacción profesional docente' (C.S.P.D.). Variable criterio: se utilizó como variable criterio el nivel de insatisfacción profesional. Se han medido las percepciones, reacciones y sentimientos de disgusto que el trabajador tiene y manifiesta en relación con su profesión, en cada una de las dimensiones estudiadas.. Cuestionario de satisfacción profesional (C.S.P.) y cuestionario de satisfacción profesional docente (C.S.P.D.).. 1. Casi los dos tercios de los trabajadores, tanto docentes como no docentes, se manifiestan muy satisfechos en su trabajo. 2. La mayor satisfacción se concreta en las relaciones interpersonales, en su tarea profesional y en su estilo laboral. La mayor insatisfacción se da en la formación recibida, en la organización y funcionamiento de los centros de trabajo y en sus relaciones con la administración o empresa. 3. El balance global que se desprende del presente trabajo es que la satisfacción general es mayor en los docentes que en los no docentes. 4. La mayor satisfacción de los docentes se da en sus relaciones con los alumnos, con los compañeros de trabajo, con la organización y funcionamiento de los centros, con su tarea docente y, en general, con su papel de profesionales de la enseñanza. 5. El profesorado de EGB es el más satisfecho y dentro de este grupo, el que trabaja en el ciclo inicial. El profesorado de FP es el más insatisfecho. 6. En general es mayor el nivel de satisfacción en los trabajadores del sector privado que en el sector público, en el colectivo docente también se observa esta tendencia. 7. En el total de la muestra, en el nivel de satisfacción general no se dan diferencias significativas. 8. En el colectivo total de trabajadores, la variable años de experiencia en el trabajo influye en el nivel de satisfacción. Se aprecia, en general, que la insatisfacción es mayor cuando han pasado algunos años de experiencia (entre 4 y 19 años), y es menor en su último intervalo (más de 20 años de experiencia).. Se puede afirmar que, aunque existan deficiencias e insatisfacciones en diferentes dimensiones de la actividad laboral de los trabajadores, estamos ante una sociedad relativamente sana y no patológica o enferma.

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Frente a la reestructuración del Estado, en relación con su papel frente al proceso de desarrollo urbano, territorial, social y económico, surgen dos importantes tendencias en la escena política e institucional: la masificación del proceso de urbanización y la expansión de las ciudades, en cuyas dinámicas compromete cada vez más a sus entornos territoriales inmediatos, y paralelamente, lo que en forma un tanto ambigua se ha denominado la globalización.De esta manera, frente al desarrollo, varias de las actividades y funciones que durante muchos años fueron responsabilidad casi exclusiva de las entidades del gobierno se comparten cada vez más y con mayor intensidad con el sector privado, las organizaciones sociales y comunitarias.De acuerdo con lo anterior, estas tendencias sugieren la necesidad de pensar la gestión más allá de la esfera gubernamental, para involucrar a los demás actores que ahora intervienen en el proceso de desarrollo, lo cual da pie para la construcción de redes de interacciones, tanto entre las mismas entidades públicas como entre estas y las demás organizaciones pertenecientes al mercado o a la sociedad en general.-----The restructuring of the State, with respect to its role in the urban, territorial, social, and economic development, causes two major trends in the political and institutional arena: the Urban Development Process spread and the cities growth involving in their dynamics more neighboring territorial environments; and, in parallel, the ambiguously so-called Globalization.In this way, public entities facing development are sharing more several activities and functions, which had been in their almost sole responsibility, with the private sector, and social and community organizations.According to the foregoing, these different trends suggest that Management should be thought beyond the government sphere to involve the other actors that participate in the development process, thus accommodating the construction of interaction networks, both among the public entities and between these and other market and society organizations in general.

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La Cooperación Internacional para el desarrollo se ha caracterizado por una evolución constante a lo largo de las últimas tres décadas. Las bases sobre las cuales se han practicado dicha cooperación han sido reformuladas, impactando la forma en que los diversos agentes involucrados interactúan. En la primera parte de éste trabajo se busca caracterizar la naturaleza de la interacción entre agentes dentro del proceso de cooperación; para ello recurrimos a la Teoría de Juegos, en particular a los Juegos Cooperativos en su modalidad de Acuerdo; introduciendo el concepto de óptimo de Pareto y el postulado de eficiencia de Coase. La segunda parte de éste trabajo es dedicada al concepto de Desarrollo. Describimos su evolución -caracterizada por la ruptura de paradigmas-; exponemos dos enfoques: uno basado en el cómo y para quién y otro temporario que hace referencia al corto y largo plazo; resaltando que el enfoque actual es aquel centrado en los elementos humanos. Por otra parte, analizamos el rol que tiene la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), desde un punto de vista político, permitiéndonos entrever los intereses implícitos de la misma en los Estados receptores. Finalmente, describimos los elementos críticos de la evolución de las relaciones y la cooperación para el desarrollo entre América latina y la Unión Europea, así como la relación de Colombia con ésta última. Adicionalmente, detallamos el importante rol que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han tenido para el desarrollo de los proyectos generados dentro del marco de las relaciones de cooperación entre América Latina y la Unión Europea.

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En la vida democrática moderna la participación ha adquirido una importancia fundamental. La idea de la participación indirecta y del papel inactivo de las personas y de las comunidades mostró su carácter insuficiente para resolver las complejidades de los asuntos contemporáneos y las necesidades de las naciones. Los cambios que se han dado en los últimos tiempos proponen un Estado que se relaciona de manera más directa con el ciudadano, con el cual toma además las decisiones a través de procedimientos de incidencia real y eficiente. La participación pasa a ocupar un puesto muy importante en la gestión del Estado, no solo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, sino también con la cogestión, el seguimiento y la evaluación de las mismas. Sin embargo, no basta con que el derecho a la participación sea reconocido: también se hace necesario el establecimiento de escenarios para su ejercicio como una obligación por parte del Estado. La participación es el cimiento del Estado y de la democracia; un deber y un derecho que se sustenta en el principio de solidaridad y en la unión de las comunidades en pos de un objetivo o de la integración de todas las personas en la construcción de un mejor país. El derecho a la participación es un derecho de primera generación correspondiente a los derechos civiles y políticos. En temas ambientales, una regla importante para orientar la actividad del Estado es la incidencia ciudadana en todos los ámbitos, desde las acciones de ordenamiento ambiental hasta las que tienen que ver con la investigación, con programas de control y protección de recursos, en el otorgamiento de licencias y permisos ambientales y en la planeación ambiental, entre otros. De esto se ha tenido conciencia desde la expedición del Código de Recursos Naturales en 1974, cuando se señaló que la actividad del Estado debería inducir a un manejo participativo, por cuanto se postula como regla de administración que debe promoverse la formación de asociaciones y de grupos cívicos para lograr la protección de los recursos naturales renovables y su utilización adecuada, con base en el estudio de las relaciones de la comunidad con tales recursos. Un componente importante para generar gobernabilidad es la participación de los diferentes actores sociales,1 la cual permite además una gestión ambiental planificada y evita la utilización de espacios judiciales para la defensa del derecho a gozar de un medio ambiente sano y para garantizar la inclusión en los programas, proyectos y decisiones en la materia. No obstante la importancia de esta fi gura, hoy se encuentran dificultades en su accionar, como la falta de educación, la ignorancia (se cree que solo se participa a través del voto) o el desconocimiento de los diferentes espacios y mecanismos de participación. Las posibilidades de intervención o manipulación que se presentan en muchos casos en el ejercicio de la participación, hacen que hoy exista desconfianza en la utilización de estos instrumentos y en las autoridades. Hoy se presenta el fenómeno del desencanto y la decepción en el ejercicio de la participación que obedece al fracaso y a la injerencia de intereses privados. Por esta razón, la participación termina viéndose como una demagogia dado que se ha legislado mucho al respeto pero no se han ejercido estos mecanismos o cuando se hace, terminan las comunidades por encontrar otros intereses en las decisiones finales. En materia ambiental, en Colombia en las últimas décadas se han establecido diferentes mecanismos y espacios de participación a través de los cuales se busca hacer realizar el derecho a gozar de un medio ambiente y garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarles. Sin embargo, los altos costos y los escasos resultados evidencian una deficiencia en su implementación lo cual incentiva el uso de mecanismos como las acciones populares. Después de la Constitución Política de 1991, que promovió los derechos ambientales y la democracia participativa, de la institucionalización del sector público encargado de estas materias con la creación del hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la reorganización del Sistema Nacional Ambiental a través de la Ley 99 de 1993, es necesario ver qué ha pasado con el principio según el cual la acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. La Universidad del Rosario, a través de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental, viene trabajando en desarrollo del principio de participación ambiental a través de diferentes proyectos, en especial sobre los temas que tienen que ver con los mecanismos de tipo administrativo y judicial, mediante los cuales es posible hacerse parte en procesos como el de otorgamiento de una licencia o un permiso ambiental. Este documento contiene los resultados del proyecto de investigación financiado por el Fondo Institucional de la Universidad del Rosario, cuyo objetivo general es realizar una evaluación al ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para el otorgamiento de licencias ambientales en Colombia. Para ello se analizó el esquema conceptual y la caracterización constitucional, legal, política, social y cultural del derecho a la participación ambiental en Colombia; se señaló la naturaleza jurídica y los efectos de los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, para de esta forma poder analizarlos dentro de los procedimientos administrativos. Adicionalmente, con este proyecto, cuyos resultados se presentan a continuación, se pretende determinar cuáles eran los espacios de participación dentro de los procesos administrativos para el otorgamiento de una licencia ambiental y así establecer la posibilidad de emplearlos y su capacidad de incidencia en las decisiones ambientales. A través de este documento se podrá identificar el impacto de la participación en la gestión ambiental y la situación de este ejercicio en Colombia. El estudio realizado permite además establecer cuáles son los aciertos y las dificultades que se han presentado en el desarrollo de estos mecanismos y proponer medidas o retos para lograr en Colombia una cultura participativa en materia ambiental. En este punto, y previo a la exposición de resultados, es preciso anotar que la totalidad del análisis que se realiza a continuación tiene como base información oficial suministrada por parte de las instituciones ambientales estatales correspondientes y que los documentos de soporte se encuentran debidamente archivados y disponibles en la Línea de Investigación para cualquier tipo de verificación. Los estudiantes que hacen parte de la Línea de Investigación han venido apoyando el proceso de recopilación y análisis de información. Este trabajo ha consistido en acceder directamente a algunos de los expedientes de estudio en las autoridades ambientales, tomar copias de la información relevante y diligenciar las guías de sistematización y análisis de los documentos. La metodología utilizada tiene como objetivo principal identificar las situaciones que tienen que ver con el ejercicio de los mecanismos de participación que hemos venido presentando y efectuar un análisis de las principales confrontaciones o problemáticas que se presentan entre la sociedad civil, las autoridades y los dueños de los proyectos por la ejecución de estos proyectos. Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. El primero tiene que ver con los antecedentes y la contextualización en el ámbito jurídico nacional e internacional de la participación, desde las primeras formas de participación hasta lo acontecido en los últimos años en materia constitucional y legislativa. El segundo capítulo hace referencia a las clases, tipos, niveles, mecanismos y espacios de la participación, incluyendo de manera específica aspectos reglamentarios y jurisprudenciales. El tercer capítulo, de manera específica, se adentra en el análisis y conceptualización de la participación en materia ambiental. Aquí se hace referencia a la participación ambiental en el marco del derecho comparado y se establece el panorama, los elementos y espacios de incidencia de las comunidades en la gestión ambiental. En el cuarto capítulo se estudia el ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para las actuaciones administrativas, donde tienen competencia las autoridades ambientales, en especial la participación en el otorgamiento de licencias ambientales. Con este documento se pretende contribuir a la divulgación y al conocimiento de los diferentes mecanismos de participación ambiental, esperando que este sirva a las comunidades y a las autoridades ambientales para tomar los correctivos necesarios que permitan la concreción de espacios en los procedimientos y en la incidencia en la toma de decisiones ambientales. Si bien es cierto que la Constitución Política de 1991 estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales que les incumben a las comunidades o a las personas en general, podemos ver como resultado de este proyecto de investigación que los espacios y mecanismos de participación no son suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad en general. Tampoco son promovidos por las autoridades ambientales. Evidencia de esta problemática se encuentra en los continuos conflictos o confrontaciones que se presentan cuando una empresa, o incluso el Estado, desea realizar un proyecto y encuentra oposición por parte de las comunidades que carecen del conocimiento de los mismos o que conociéndolos de fondo, no son tenidos en cuenta. Se encuentra en muchos casos escasa información y divulgación de los proyectos y de los programas de desarrollo que propone el gobierno nacional, o también que muchos de estos proyectos no atienden las necesidades e intereses de las comunidades que habitan el área de influencia de los mismos y además que sus reclamos no son escuchados en el proceso de toma de decisiones. Hoy el reto está en buscar solución para que se dé una verdadera participación, a través de programas que permitan difundir entre las comunidades el conocimiento de la democracia participativa y promover el fortalecimiento de la sociedad civil y de sus organizaciones para que la participación sea eficaz y permita construir de manera colectiva a un mejor país. La consigna debe ser: “Yo participo. Tú participas. Todos decidimos”.

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Las formas de adquirir una enfermedad son diversas. Los seres humanos están expuestos a diferentes factores de riesgo ambientales, físicos y ocupacionales entre otros, estos últimos se presentan con mayor o menor frecuencia dependiendo de la actividad laboral que realiza un trabajador, del tiempo que emplea para cumplir la tarea o la manera en que ejecuta ésta. Estos factores se ven asociados con aspectos propios del individuo que de alguna manera los aumentan o los disminuyen. Este proyecto investigativo pretende realizar una aproximación a la evidencia epidemiológica que se contempla en el estudio de las condiciones de riesgo laboral asociadas a la presentación del Síndrome del Túnel del Carpo (STC), con el fin de dejar elementos que contribuyan a la elaboración de diferentes instrumentos de evaluación de las condiciones de riesgo, que pueden estar vinculadas a la presentación de este problema.

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A partir de la Reforma al Sistema de Seguridad Social con la Ley 100 de 1993, se dio la posibilidad de que el sector privado cubriera los servicios de salud, pensiones y riesgos profesionales. Para el Régimen Pensional, se dio la apertura a un sistema mixto

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Antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, el ISS prestaba los servicios de salud a los asalariados del sector privado en un monopolio que no le exigía ningún esfuerzo. El déficit acumulado por la falta de los aportes de la nación previstos en la Ley 90 de 1946 y los cambios en su naturaleza jurídica no le permitieron asumir el reto de la libre competencia de los actores dentro del sistema, por lo que su gestión fue cuestionada por los organismos de control y por varios fallos judiciales adversos que profundizaron su crisis financiera, sumado a los altos costos laborales por los beneficios de la convención colectiva de trabajo, cuyos mayores beneficiarios eran los servidores de las clínicas y CAA, llevando a la formulación del Documento Conpes 3219 del 31 de 2003 denominado “PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - SALUD”, cuyo resultado fue la expedición del Decreto 1750 de junio 26 de 2003, que ordenó la escisión de la vicepresidencia prestadora de servicios de salud, clínicas y centros de atención ambulatoria (CAA) y la creación de siete empresas sociales del Estado. La escisión produjo cambios significativos en materia laboral para los servidores que hasta esa fecha laboraban en calidad de trabajadores oficiales del Instituto ya que fueron incorporados automáticamente a las plantas de personal de las nuevas empresas en calidad de empleados públicos, con excepción de los que desempeñaban cargos directivos o funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y servicios generales, considerados trabajadores oficiales; cuyo régimen salarial y prestacional es el estipulado para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional (artículos 16 y 18), lo que condujo al aparente desconocimiento de los derechos adquiridos por estos servidores en materia de negociación colectiva. El Decreto 1750 de 2003 fue demandado por vulnerar el ordenamiento superior y, en sentencias de control de constitucionalidad y desde la teoría de los derechos adquiridos, la Corte Constitucional estimó que el artículo 18 era restrictivo por hacer referencia solo a los derechos adquiridos en materia prestacional sin contemplar los relativos a materia salarial y los contenidos en convenciones colectivas de trabajo. Al existir entre el Instituto de Seguros Sociales y sus trabajadores una convención colectiva de trabajo vigente, de conformidad con las Sentencias C-314 de 2004 y C 349 de 2004, la Corte Constitucional indicó que dicha convención debía aplicarse a los servidores de las nuevas entidades por el tiempo de su vigencia.

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La tesis devela la connotación sistemática y multicausal de lo que a través de la investigación se denomina como "Procesos de Territorialización de la Inseguridad Ciudadana". Mediante un estudio de caso, se pone en evidencia la apropiación y captura sostenida en el tiempo de fenómenos como la inseguridad y la criminalidad, sobre determinadas zonas o barrios urbanos que por sus características socioeconómicas, políticas, geográficas, culturales, laborales y de mercado de quienes los habitan o frecuentan, se consideran como sectores "críticos y/o vulnerables".

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Colombia, a partir de 1990, inicia un plan de gobierno enfocado en la apertura económica, con estrategias que propugnaban por un cambio en el modelo económico a través de políticas como la reducción de aranceles a las importaciones y otra serie de medidas proteccionistas, flexibilización laboral, la reducción del papel del Estado para darle protagonismo al sector privado y procesos de privatización de empresas públicas En este entorno internacional se ha adquirido conciencia de que, en un mundo globalizado y cada vez más interdependiente, no puede haber espacio para “aventuras solitarias de Estados soberanos”, lo que justifica la proliferación de organizaciones multilaterales en América Latina y el Caribe en la última década. Recientemente Colombia ha mostrado su interés en entrar a formar parte de un bloque económico de gran relevancia a nivel internacional: el "Transpacific Partnership Agreement" (TPP); tratado integrado por: Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Chile, Japón, Vietnam, Malasia, Singapur, Brunei, Australia y Nueva Zelanda, representando el 35% del PIB mundial y el 11% de la población. El presente trabajo pretende presentar una visión objetiva del TPP, generando el espacio para la libre interpretación de sus beneficios o perjuicios. Para ello, se analiza el estado actual del TPP con sus principales indicadores, su desempeño en los últimos años y las relaciones diplomáticas y los flujos comerciales entre Colombia y los países miembros del mismo.