Prácticas comunicativas forenses: Las relaciones intertextuales en el examen de testigos

Inscripto en el análisis del discurso interaccional de tradición angloamericana y optando por un abordaje metodológico etnográfico, este proyecto plantea investigar las relaciones entre textos orales y entre textos orales y escritos vinculados en cadenas textuales en un acontecimiento comunicativo institucional en el que tales relaciones tienen consecuencias directas en la confiabilidad de la información e intervienen en la construcción del conocimiento oficial. La situación comunicativa elegida es el examen y el contraexamen de testigos comunes durante procesos penales orales, de formato común no abreviado, en la jurisdicción de Córdoba capital. En las interacciones verbales con litigantes y jueces en las que emerge el testimonio se ponen en juego otros textos orales (en forma de citas de lo dicho antes por el mismo testigo u otras personas, referencias a rumores u opiniones colectivas, etc.) y textos escritos (actas de secuestro, informes periciales, actas de las declaraciones testimoniales en la etapa de instrucción, etc.). El foco de atención son las prácticas asociadas a la intertextualidad puesto que condicionan el carácter de la prueba testimonial producida ante el juzgador. Postulamos que los litigantes despliegan tácticas locales y estrategias globales reconocibles y recurrentes vinculadas al tratamiento de diversas categorías de textos previos. Además, planteamos averiguar si la participación de los jueces en interacción con los testigos es de suficiente injerencia como para ser un modo importante de generación de prueba testimonial. El enfoque metodológico general es etnográfico y analíticodiscursivo. Se seleccionará una causa por delito grave, se presenciará el debate en la cámara y se registrará el audio de todas las audiencias. Los datos a analizar serán los segmentos en las interacciones en los que se incorpora la lectura o se cita las actas de las declaraciones indagatorias o testimoniales anteriores, y los segmentos en los que se requiere, en calidad de prueba testimonial, la reproducción de dichos. Se procederá a partir de los detalles de la superficie textual y la pragmática de los intercambios y aprovechando el valor heurístico del concepto de voz, buscando identificar patrones recurrentes y los mecanismos generales que los rigen. Sobre esa base, se considerarán los intercambios verbales como interacción social que emerge moldeada por condiciones situacionales e institucionales y otros factores, tales como la incidencia de la pertenencia a grupos sociales o profesionales. Con el estudio se obtendrá una visión de prácticas cotidianas asociadas a la intertextualidad que son de crucial importancia para el carácter de la prueba testimonial producida ante el juzgador. Este paso nos acercará a conocer cómo se lleva a cabo efectivamente la administración de justicia penal y permitirá valorar los patrones de conducta a la luz de las normas procesales.

Validación de una técnica para la evaluación estructurada del riesgo de violencia contra la pareja: Un avance en Córdoba sobre la práctica profesional basada en la evidencia.

EL PROBLEMA A raíz del reconocimiento de la violencia contra la mujer como un problema de salud pública, en las últimas dos décadas ha ocurrido una notable transformación de la respuesta a esta problemática en todos los sectores de la sociedad, incluyendo el sistema de justicia penal, los servicios sociales, el sistema sanitario y la opinión pública. La aproximación sanitaria y epidemiológica a la violencia contra la mujer, y específicamente la que ocurre en el seno de las relaciones de pareja (violencia contra la pareja o VCP), resalta el papel de la prevención y la importancia de valorar el riesgo de violencia para orientar las estrategias de intervención que los profesionales y técnicos administrarán a fin de evitar daños y peligros, a veces letales, sobre la víctima. Aunque la VCP es un tema prioritario en las políticas públicas de Córdoba, aun permanece el interrogante de cómo funcionan en la población local las técnicas estructuradas de evaluación del riesgo que han demostrado eficacia en la predicción del fenómeno a partir de la identificación y la intervención sobre los factores de riesgo que incrementan la probabilidad de su aparición. El RVD-Bcn es una de estas técnicas y fue desarrollada a fin de incrementar la precisión de los pronósticos y de orientar las decisiones profesionales relativas a la intervención con la víctima. HIPÓTESIS El RVD-Bcn administrado en mujeres de Córdoba será una herramienta útil para evaluar de forma objetiva, replicable y válida el riesgo de violencia que una mujer pueda tener, en un momento dado, por parte de su pareja actual o anterior y favorecerá la toma de decisiones de los profesionales para la gestión de cada caso en función de los niveles de riesgo y las necesidades identificadas. OBJETIVOS General: Poner a disposición de la comunidad profesional que trabaja en contextos sociosanitarios de Córdoba un instrumento validado empíricamente en población local para asistir a los profesionales en su toma de decisiones relativas al riesgo de VCP y a la gestión de los casos. Específicos: Identificar niveles de riesgo de violencia en las mujeres participantes, evaluar la fiabilidad y validez predictiva del RVD_Bcn sobre la VCP, establecer puntos de corte que equilibren los niveles de sensibilidad y especificidad diagnósticos y establecer recomendaciones para su uso en la gestión de los casos de VCP. METODOLOGÍA Estudio longitudinal y multicéntrico. Mediante una entrevista estructurada se administrará un cuestionario de datos sociodemográficos y de la situación de pareja y familiar y el RVD-Bcn a una muestra de 500 mujeres mayores de 18 años consultantes en servicios sociosanitarios de Córdoba. Se realizarán dos entrevistas de seguimiento al cabo de los 3 y 6 meses para recoger información sobre los sucesos violentos que la mujer haya podido sufrir durante ese período. Se realizarán análisis psicométricos de fiabilidad y validez predictiva de la herramienta mediante técnicas de regresión logística y el trazado de curvas ROC. RESULTADOS ESPERADOS Las herramientas de evaluación del riesgo de VCP han demostrado eficacia predictiva similar (en promedio d= .40) en diferentes poblaciones y contextos (Hanson, Helmus & Bourgon, 2007). Es esperable que el RVD-Bcn demuestre una capacidad predictiva similar a la obtenida en la muestra original. IMPORTANCIA DEL PROYECTO El uso de protocolos estructurados para la valoración profesional del riesgo de violencia incrementa la capacidad predictiva en los pronósticos profesionales, reduce la tasa de falsos positivos y falsos negativos, mejora la eficacia de las medidas preventivas al adecuarlas a los niveles de riesgo estimados y a las necesidades detectadas en cada caso individualizado, y mejora la comunicación entre profesionales. Este estudio representa un primer esfuerzo en Córdoba de aproximación empírica a la evaluación estructurada del riesgo en casos de VCP y sus resultados serán útiles para indicar los lineamientos de investigación futura.

An Economic Approach to Motor Vehicle Theft

Motor vehicle theft costs dearly to the Australian economy. Conservative estimates have put the annual cost of this form of illegal activity at 654 million during 1996. A number of initiatives aimed at reducing the incidence and cost of car theft have been implemented in recent years, yet statistics indicate that car theft is on the increase. Several authors have proposed an integrated approach to the regulation of markets for stolen property. Understanding property crime as a market is central to identifying approaches to its control. This paper discusses an industry model of crime and develops it on Australian data. Our model is an adaptation of one originally proposed by Vandeale (1978). It considers a production sector that uses inputs from a market of illegal labour to generate a supply of illegal goods that are traded in a product market. These sectors interact with each other and with a criminal justice sector. The model is applied to the analysis of car theft in Queensland.

De los subrogados y sustitutos penales: estudio comparado a partir del año 2000

38 p.

El papel de la OEA en el establecimiento de los tribunales de tratamiento de drogas en Estados Unidos como mecanismo de reducción del daño (1989-2013)

La reducción de la demanda, específicamente por medios alternativos al sistema penal tradicional, ha sido uno de los componentes más discutidos en los análisis que abordan la lucha contra las drogas. Este artículo se propone determinar el papel de la Organización de Estados Americanos en el establecimiento de los Tribunales de Tratamiento de Drogas en Estados Unidos como mecanismo de reducción del daño en el periodo comprendido entre 1989 y 2013. Se sugiere que la organización internacional, a través de la CICAD, ha jugado un papel de promoción, y evaluación de los Tribunales de Tratamiento de Drogas en Estados Unidos, generando presión entre sus Estados miembro, dada la necesidad de instaurar alternativas legales de reducción del daño. Sin embargo, se presentan deficiencias en los mecanismos de evaluación, ya que las indicaciones realizadas no tienen un carácter obligatorio y por tanto las determinaciones de la CICAD no necesariamente son adoptadas.

Las cárceles como espacios de violación a los derechos humanos, estudio de caso: Cárcel Modelo de Bogotá (2002-2010)

Esta investigación tiene como objetivo estudiar la relación que existe entre política criminal y los derechos humanos carcelarios durante el desarrollo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), y su incidencia en la cárcel Modelo de Bogotá. Pues en Colombia, al amparo de un discurso meramente punitivo, la pena privativa de la libertad se ha vuelto el fin último del aparato judicial, lo que ha ocasionado altos índices de hacinamiento y, colateralmente, violaciones a los derechos fundamentales de la población reclusa en Colombia. Esta investigación se centra en el análisis de la política criminal, entendida como el estudio del conjunto de medidas empleadas por los órganos de gobierno para hacer frente a la criminalidad que afecta a un Estado. En este sentido, se pretende demostrar que la política criminal se ha enfocado en la pena más que en la prevención y/o la reinserción.

Estudio sobre la viabilidad de la implementación del jurado de conciencia en el ordenamiento colombiano

El objeto del presente trabajo final de grado es analizar la viabilidad de la implementación de la figura del jurado de conciencia en el sistema penal colombiano, que fue suprimida mediante el Decreto 1861 de 1989. A su vez, hacer un análisis de derecho comparado con el fin de determinar los aspectos positivos y negativos de la implementación de los jurados en otros sistemas jurídicos. El resultado del análisis propuesto pretende determinar si es procedente la implementación de los jurados de conciencia en Colombia.

Evaluación del programa de mediación penal de adultos del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña

Desde 1999, el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña aplica el Programa de mediación penal con infractores adultos y víctimas. Este Programa, enmarcado en la perspectiva de la llamada Justicia Restaurativa, busca resolver el conflicto producido por el delito implicando a todas las partes y concediendo un papel clave a la víctima, sobre la restitución de la cual gira el proceso mediador. La investigación que se presenta hace una evaluación del funcionamiento de este Programa con el objetivo de constatar si la mediación penal puede satisfacer algunas de las necesidades de las víctimas de delitos. La valoración que hacen las víctimas que han participado en el estudio de evaluación es positiva. Los principales beneficios que destacan son la reparación material, recibir las disculpas del infractor, poder explicar su vivencia y sentirse escuchadas, y poder participar en la resolución de su propio procedimiento y en la resolución final del conflicto.

Ideas y propuestas para la renovación del sistema de justicia (con especial referencia al orden penal)

El programa consta de una serie de proyectos vinculados a la necesidad del cambio en materia realizadora (procesal y sustantiva), con especial referencia al orden penal. I- En materia penal, los rasgos sobresalientes de esta “revolución procesal” están puestos en las siguientes notas: a)“Privatización”, en el sentido de un reordenamiento de los roles de los órganos de la función judicial; b)“Desformalización”, interpretada como captación de procedimientos ágiles y menos burocráticos, acortando el puente formal entre la comisión del hecho delictuoso y la sentencia; c) Todo ello en acompañamiento de una “Reformulación del sistema penal constitutivo de fondo”, replanteando la naturaleza de la pretensión penal y la captación de formas de composición diferenciadas de la actual regulación de la pena. 1.1 El cambio que propiciamos reconoce motivaciones fácticas tales como: recarga de la función judicial en lo penal y colapso del sistema judicial; advertencia de la imprescindibilidad de la consecución de la celeridad y economía procesales; replanteo de los fundamentos, fines, eficacia y función del régimen punitivo, básicamente-. La causalidad jurídica, su modificación y superación enmarcan el objeto de estudio de este programa, siempre bajo la premisa del debido enfoque constitucional y el inalterable respeto de la bi-dimensionalidad del principio de defensa. 1.2 Atento a nuestro régimen federal de gobierno, los continentes legislativos de la reforma no pueden limitarse a los códigos de procedimiento, sino que deben ampliarse al ámbito de la denominada legislación de fondo que, en el punto, actúa también a manera de norma realizadora, ya que, por razones de uniformidad e igualdad ante la ley, ciertas disposiciones que hacen a la regulación del procedimiento ameritan su inserción a nivel del Código Penal. Esto es: han de emanar del Congreso de la Nación. 1.3 En el desarrollo analítico de las cuestiones principales involucradas en el proceso de reforma que encaramos, se toma como eje el trípode de poderes de realización que, interactuando entre sí, configuran la trama del proceso: acción penal, jurisdicción y reacción penal. II- Finalmente, en cuanto al sistema judicial extra-penal, se abordan fundamentalmente cuestiones de actualidad en la problemática procedimental. Por ejemplo, lo relativo a la ecología.

¿Es el conferencing una herramienta útil para los programas de mediación en el ámbito penal del Departamento de Justicia?

El estudio analiza la práctica del conferencing en 4 países (Nueva Zelanda, Australia, Irlanda del Norte y Bélgica), y efectúa un estudio empírico que recoge las percepciones de los mediadores sobre si esta práctica restaurativa puede ser una herramienta útil para los programas de mediación en el ámbito penal.

Avaluació de l’aplicació de l’experiència pilot de mediació i reparació en la jurisdicció penal ordinària (novembre de 1998 a novembre de 1999)

Des de l’entrada en vigor del nou Codi Penal de 1995, la Direcció General de Mesures Penals Alternatives i Justícia Juvenil ha realitzat un nombre reduït de mediacions. Al novembre de 1998, es va iniciar un programa pilot en alguns jutjats penals i d’instrucció de Catalunya, basat en l’anàlisi de les possibilitats d’aplicació de la reparació a la víctima. També s’estudiaven les primeres experiències de mediació i les tècniques de mediació adquirides pels professionals de la Direcció General en els àmbits de la mediació penal juvenil i la mediació familiar. En aquest estudi, s’avaluen els objectius respecte de l’infractor (responsabilització de les accions i reparació), la víctima (participació en la resolució, sentir-se reparada...), la justícia (promoure la responsabilització, la reparació i la pau social, garantir la resolució...) i la comunitat (apropar la justícia als ciutadans). Els resultats mostren la rellevància que està adquirint la justícia restauradora i la necessitat de facilitar eines perquè es pugui desenvolupar, tot i que de moment el nombre de casos derivats ha estat baix. S’ha demostrat la necessitat de flexibilitat en el tractament dels casos a causa de la diversitat de conflictes. També s’ha vist la necessitat de promoure la formació dels professionals que hi intervenen i d’impulsar reformes legislatives.

Avaluació del programa de mediació penal d’adults del Departament de Justícia de Catalunya

Des de 1999, el Departament de Justícia aplica el Programa de mediació penal amb infractors adults i víctimes. Aquest Programa, emmarcat en la perspectiva de l’anomenada Justícia Restaurativa, cerca resoldre el conflicte produït pel delicte implicant totes les parts i concedint un paper clau a la víctima, sobre la restitució de la qual gira el procés mediador. La recerca que es presenta fa una avaluació del funcionament d’aquest Programa amb l’objectiu de constatar si la mediació penal pot satisfer algunes de les necessitats de les víctimes de delictes. La valoració que en fan les víctimes que han participat en l’estudi d’avaluació és positiva. Els principals beneficis que destaquen són la reparació material, rebre les disculpes de l’infractor, poder explicar la seva vivència i sentir-se escoltades, i poder participar en la resolució del seu propi procediment i en la resolució final del conflicte.

Posibilidades de un proceso de paz en Colombia de conformidad con los principios de verdad, justicia y reparación : el caso de las AUC

Los países que salen de conflictos armados internos deben afrontar el reto de lograr el equilibrio entre los acuerdos para establecer la paz de un lado y la búsqueda de la justicia y la reconciliación de otro. En realidad, los procesos de justicia y reconciliación están bajo la influencia de numerosos factores entre los cuales se cuentan el impacto del conflicto, los recursos disponibles, el grado de voluntad política, la capacidad institucional, las normas legales, entre otros. En este contexto, la justicia transicional, la reparación, las reformas institucionales, la cooperación con la comunidad internacional y la búsqueda de una paz sostenible son temas importantes. Esta monografía se centra en el dilema entre el derecho de las víctimas a la justicia y el derecho a vivir en paz en un régimen democrático con base en el proceso que adelanta el Gobierno con grupos paramilitares.