Parque Lineal El Virrey 2006 - 2010: análisis de la aplicación de estrategias de inclusión contenidas en las políticas públicas de Bogotá en un espacio público significativo

Este estudio de caso hace principal énfasis en las estrategias de inclusión contenidas en la Política Pública de Mujer y Género y la Política Pública de Juventud con el fin de identificar su efectividad dentro del contexto Distrital y Local. Dicha identificación se realiza a través de la revisión de los programas específicos ejecutados entre 2006 a 2010, contenidos en los planes de desarrollo Distritales y Locales dirigidos a los grupos poblacionales específicos mujeres y jóvenes en el espacio público de la ciudad de Bogotá. Acto seguido, se centra la atención en el objeto de análisis de este trabajo, el Parque Lineal El Virrey Norte, en donde se establece la existencia o inexistencia de acciones concretas de inclusión social de carácter Distrital para contrarrestar el fenómeno de segregación socioespacial existente en la capital desde hace varios años, como se señala al inicio del trabajo. Finalmente, se analizan las Encuestas Bienales de Cultura de los años 2007 y 2009 realizadas por el Observatorio de Culturas con el objeto de comparar las tendencias existentes en la ciudad y en la localidad Chapinero, donde se localiza el espacio público significativo analizado en este estudio de caso, de las mujeres y jóvenes directamente relacionadas con inclusión social.

El enfoque diferencial de género en la implementación de políticas públicas en procesos de desmovilización y reintegración. Estudio de caso: el rol de la madre cabeza de hogar en la implementación de la política de reintegración del grupo insurgente ARC-EP (2002-2012)”

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la política pública de reintegración para grupos armados insurgentes, desde un enfoque diferencial de género. En este enfoque la investigación destaca el rol de madre cabeza de familia excombatiente.

Análisis de la incidencia de la formulación e implementación de la ley 608 del 2000 (ley Quimbaya) en el departamento del Quindío (periodo 2000 – 2005) bajo el enfoque de las políticas públicas

La presente monografía intenta mostrar la incidencia del uso del enfoque de política pública (PP) en los resultados obtenidos tras la formación de la Ley 608 de 2000, principal instrumento para la reconstrucción del Departamento del Quindío después del terremoto del 25 de enero de 1999. Se identifican dos grandes enfoques de formación política para clasificar el caso: representativo-positivista y participativo-constructivista. La hipótesis inicial versa acerca de la implementación de la Ley que permitió la recuperación económica del Departamento, pero ella fue insuficiente. Así, la aplicación de los enfoques de PP permiten identificar las fallas y falencias durante el proceso de formación de la Ley estudiada.

Aplicación de la teoría de juegos a la toma de decisiones en políticas públicas ejemplo el plan parcial del municipio de Chía para el área de expansión urbana

Con la adopción de la constitución de 1991 se avanzó en la descentralización que hasta entonces había sido un proceso lento en Colombia y se instauro una de las estructuras m·s descentralizadas de AmÈrica Latina. Este proceso se caracteriza por tres componentes: el polÌtico, el fiscal y el administrativo. El primero de ellos se da mediante la elecciÛn de alcaldes y gobernadores; el segundo con la transferencia de aproximadamente el cincuenta por ciento de los ingresos corrientes del estado a los municipios y departamentos; y, el tercero con el traspaso a los gobiernos locales de las polÌticas sociales en salud, educaciÛn, agua potable, saneamiento b·sico, recreaciÛn, cultura y deporte.

El legado tomado por Luis Eduardo Garzon en el desarrollo de las políticas públicas del transporte y la movilidad urbana en Bogotá D.C., en el periodo 2004 - 2005

En el caso concreto objeto de esta investigación, se busca que a partir de evaluar el legado al que estuvo sujeto el gobierno distrital bogotano, para enfrentar los retos del tema de la movilidad y el transporte por la ciudad. La gestión de la administración distrital a partir de los resultados obtenidos en los años 2004 y 2005 bajo el mandato de Luis Eduardo Garzón, da un resultado parcial y medible a futuro, sobre la utilidad de las medidas tomadas para lo concerniente al manejo del transporte público y privado en la ciudad y además su repercusión en la movilidad urbana en la ciudad. Dado esto el impacto, tanto positivo como negativo, determina una propuesta desde la visión política del tema, hacia donde deberán ir enfocados los proyectos, o si más bien deben seguir el curso que está n tomando pero sirviéndose de aspectos alternos relacionados con el tema que se han dejado de tratar, al no ser importante su pertinencia.

Prácticas de buen gobierno, una aproximación a Invest in Bogotá a la luz del Análisis de políticas públicas. (2006-2010)

El interés de este trabajo es determinar si Invest in Bogotá puede considerarse un instrumento de Buen Gobierno. Se analizará cómo desde la perspectiva del Análisis de Políticas Públicas, puede evaluarse la agencia, desde su formulación hasta su implementación, revisando los momentos y actores claves que participaron en este proceso, para el periodo 2006-2010. Lo anterior se realiza para establecer si la agencia responde a las lógicas de Buen Gobierno, entendido como la efectividad de los gobiernos para dar respuesta a sus gobernados y la consecución de alianzas público privadas en beneficio de lo colectivo, gobernabilidad democrática y gobernanza respectivamente. Como resultado de este ejercicio se determinó que la agencia puede considerarse, parcialmente, como un mecanismo de Buen Gobierno debido a que los beneficios no siempre son direccionados hacia el bien común.

Seguridad humana para las mujeres en las ciudades: reflexiones para políticas públicas urbanas con enfoque de género

La siguiente reflexión sobre el disfrute del derecho a la ciudad de las mujeres y de todos sus derechos humanos en los contextos urbanos se realiza a partir de las dimensiones propuestas por el enfoque de seguridad humana, en las cuales se establecen los mínimos que requieren las mujeres para gozar de una vida urbana renovada y superar las limitaciones existentes en la ciudad como espacio no neutral, que produce y reproduce inequidades entre hombres y mujeres, donde se feminiza la pobreza y se exterioriza la violencia basada en género. En este sentido, este artículo de reflexión, en el cual se presentan los resultados de la investigación “El derecho a la ciudad de las mujeres: una mirada a su goce y reconocimiento en la ciudad de Cartagena de Indias”, retoma algunas ideas propuestas por el movimiento feminista y plasmadas en las Cartas del Derecho a la Ciudad, las cuales son leídas desde la definición hecha sobre derecho a la ciudad de las mujeres y las dimensiones de la seguridad humana, resaltando en ambas su carácter integrador, indivisible y necesario, para dejar a un lado las estructuras androcéntricas y patriarcales sobre la seguridad, la democracia y la ciudadanía.

Deliberación por mandato. Un mecanismo para el desarrollo de ciudadanos activos en la toma de decisiones sobre políticas públicas y acción estatal

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Migración de colombianos: ¿una expresión moderna de orfandad? Una aproximación a las políticas públicas dirigidas a los colombianos en el exterior

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La investigación en políticas públicas: componentes para una estrategia

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La exigibilidad del derecho a la educación a partir del diseño y la ejecución de las políticas públicas educativas

Son bien conocidas las tensiones entre juristas y economistas en torno a la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Mientras para los economistas más ortodoxos los derechos sociales son simples declaraciones, para los juristas más progresistas los derechos sociales, al igual que los derechos civiles y políticos, son plenamente exigibles a través de mecanismos judiciales y no judiciales. En el ámbito de estos últimos mecanismos, especial lugar ocupan las políticas públicas. Conforme con este marco, este ensayo llama la atención sobre la necesidad de que las políticas educativas se diseñen e implementen con fundamento en el contenido del derecho a la educación y las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado colombiano en la materia. El ensayo se estructura en tres acápites: (i) presenta algunas reflexiones que ponen en evidencia la distancia entre la política educativa y el derecho a la educación; (ii) sintetiza el contenido fundamental del derecho a la educación y las obligaciones del Estado; y (iii) presenta un conjunto de indicadores a partir de los cuales se puede valorar el éxito de las políticas en lo que se refiere al respeto, protección y realización del derecho a la educación. 

Insistencia en aminorar: reflexión en políticas públicas y salud

El presente artículo pone en discusión las posibilidades de articulación de las políticas públicas de salud con el concepto de literatura menor. El ejercicio de reflexión propone la migración del campo de comprensión de las políticas públicas como formas de gobernabilidad hacia las insistencias en aminorar, producidas como líneas de fuga. Lo anterior significa considerar las políticas como máquinas que producen estratificaciones y que, a la vez, son el palco de experiencias de desterritorialización. Esa discusión se considera un dispositivo importante tanto en las prácticas de salud como en la psicología, en lo que respecta a la necesidad de reinvención de dichas prácticas, deshaciendo los estratos y rehaciéndose, no como materia y forma, sino como velocidad y afectos. Para ello, se circunscribe el campo conceptual, y las políticas públicas se entienden como estrategia de gobernabilidad y como algo que varía sus formas y abre una aminoración. A partir de esto, se toman en consideración algunas cartografías de las políticas públicas y las causas de la aminoración, posibilitando encaminar esta forma de pensar en el propio campo psicológico.

Prácticas de buen gobierno, una aproximación a Invest in Bogotá a la luz del análisis de políticas públicas. (2006-2010)

El trabajo busca determinar si Invest in Bogotá puede considerarse un instrumento de Buen Gobierno. Se analizará cómo desde la perspectiva del Análisis de Políticas Públicas, puede evaluarse la agencia, desde su formulación hasta su implementación, para el periodo 2006-2010.

Segregación espacial y políticas públicas. Mirada cruzada entre Francisco Sabatini y Jorge Iván González

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Gobierno y gobernancia de los territorios, sectorialidad y territorialidad de las políticas públicas

El hecho de que, desde la Constitución de 1991, normas y sentencias tiendan en considerar que los ejecutivos locales (alcaldes, gobernadores) deben ser unos agentes regidores que practican el gobierno del territorio y la “descentralización controlada” más que unos actores gobernantes, defensores de la gobernancia de sus territorios, plantea la cuestión de saber por qué y cómo aquéllos pueden combinar este doble rol. La mayor parte de la respuesta se encuentra en el examen simultáneo de la lógica de regulación de las políticas pública (Muller, 1997 y 2002) y de las condiciones de su implementación en el territorio o “despliegue territorial” (Medellín, 2003).La territorialidad de una política pública se refiere, según Muller, a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica territorial u horizontal (regulación de un territorio geográfico en una dialéctica centro-periferia), mientras la sectorialidad se refiere a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica sectorial o vertical (regulación de la reproducción de un sector determinado verticalmente en una dialéctica global-sectorial). A cada lógica de regulación de las políticas públicas le corresponde una manera de gobernar un territorio: el gobierno del territorio para la sectorialidad y la gobernancia de los territorios para la territorialidad.Al contrario del caso francés en el cual la construcción del Estado marca el fin de una lógica de territorialidad (la “territorialidad tradicional”), el Estado colombiano es un Estado endémico, un Estado fragmentado confrontado a la lucha por el control territorial y el temor a la fractura de la unidad territorial (Navas, 2003). Su capacidad parcial por cubrir todo el territorio y actuar sobre él (su “territorialidad parcial” según Medellín) afecta su gobernabilidad y el despliegue territorial de las políticas públicas, sometido a negociaciones inciertas, cercanas a la temática de la gobernancia.Por ello, la gobernabilidad en Colombia sólo es posible mediante políticas públicas híbridas, hijas del “matrimonio indisoluble de la sectorialidad y de la territorialidad”, de la “secterritorialidad”, que combina en proporción variable lógica sectorial (o sectorialidad, que implica centralización) y lógica territorial (o territorialidad, que implica descentralización), gracias a un modo de gobierno híbrido, la “gobiernancia” del territorio, ésta es una “dosificación” compleja entre gobier-no y gobernancia. Es, entonces, posible determinar el grado de territorialidad y de sectorialidad de una política pública en un momento dado y clasificar las políticas públicas según su grado de territorialidad y de sectorialidad, es decir, según la importancia relativa de sus lógicas de regulación.Si el periodo que empieza al iniciar los años setenta, y que termina al iniciar los años ochenta es un periodo en el cual domina primordialmente la sectorialidad y se asegura la gobernabilidad recurriendo casi exclusivamente al gobierno del territorio a través del despliegue territorial separado de cada sector, el periodo que va de 1984 a la época actual, caracterizado por la “descentralización controlada”, señala un cambio parcial de lógica de regulación de las políticas públicas a través del recurrir parcial a la lógica de territorialidad como respuesta a alguna crisis de sectorialidad.Como bien lo muestra el análisis y la evaluación de las políticas públicas de vivienda de interés social, ordenamiento y desarrollo del territorio municipal, educación y acueducto y alcantarillado, la gobernabilidad en este secundo periodo está asegurada, entonces, sólo gracias a la gobiernancia en los territorios o combinación entre el gobierno del territorio y la gobernancia de los territorios, es decir, gracias a un modo de gobierno híbrido que les permite a los ejecutivos locales conciliar su inclinación por la gobernancia de sus territorios y sus obligaciones en cuanto al gobierno del territorio y ser, al mismo tiempo, actores gobernantes y agentes regidores.-----Since the 1991 Constitution, most rulings and sentences tend to consider that individuals in charge of the local executive power (mayors, governors) should be some sort of tuling aldermen responsible for their particular territories and their “controlled decentralization” instead of actual governing actors, advocates and defenders of the governance of their territories. This fact raises the questions of why and how they can possibly play this double role. The bulk of the answer to this question can be found by examining both the logic behind public policies (Muller) and the conditions in whixh these are implemented in each territory, or “territorial deployment” (Medellìn).According to Muller, the territoriality of a particular public policy refers to a situation whereby the prevailing logic is territorial or horizontal (regulation of a geographical territory follows a center-periphery scheme), whereas its sectoriality refers to a situation whereby the prevailing logic is sectorial or vertical (regulation of a sector’s reproduction is vertically determined by a global-sectorial scheme). For each regulation logic behind public policies there is a corresponding way of governing a particular territory: governing the territory for the sake of sectoriality, and governing it for the sake of territoriality.As opposed to the French case, whereby the construction of the State signals the purposes of a territorial logic (“traditional territoriality”), the Colombian State is na endemic one, a fragmented State struggling for territorial control and in fear of the fragmentation of territorial unity (Navas). Its limited capacity to cover the whole territory and to act on it (its “limited or partial territoriality”, according to Medellín) affects governability as well as the deployment of public policies, which is frequently subject to uncertain negotiations related to the problem of governance.That es why governability in Colombia is only possible through hybrid public policies, which are in turn the result of the “indissoluble marriage between sectoriality and territoriality”, the result of a sort of “secterritoriality” which combines in various proportions a sectorial logic (or sectoriallity, which implies centralization) and a territorial logic (or territoriallity, which implies decentralization), all due to a hybrid form of governmen, or “governance” of the territory, a complex and variable dosage of both government and governance. Keeping this in mind, it is possible to establish the degree of territoriality and sectoriality of a public policy at a particular time, and to classify public policies according to their degree of territoriality and/or sectoriality, that is, according to the relative importance of the logics behind their regulation.From the early 70s to the early 80s, sectoriality prevailed and governability was guaranteed almost exclusively through the separate territorial deployment of each sector, then, from 1984 to the present, “controlled decentralization” has shown partial changes in the regulation logic behind public policies by resorting, at least in part, to a logic of territoriality in response to some sort of sectorriality crisis.As can be clearly seen after analyzing and evaluatin public policies in matters such as statesubsidized housing, municipal land development and legislation, education, water and sewage services, governability during this second period can only be guaranteed by governance in the territories or by a combination of both, government in the territory and governance in the territories. In other words, governability is possible thanks to a type of hybrid government that allows those in charge of exercising local executive power to reconcile their bias towards the governance of their teritories and their duties vis-àvis the government of the territory, but capable of being, at the same time, governing actors and ruling agents, active modern-day aldermen.