468 resultados para Institucionalidad


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Esta monografía busca analizar el papel del Estado colombiano con respecto a la protección de los Derechos de sus ciudadanos que han sido víctimas de la explotación sexual. En especial procura determinar los alcances y los logros de las políticas públicas colombianas encaminadas a reducir el número de niños, niñas y adolescentes víctimas de la explotación sexual como modalidad del delito de Trata de Personas durante el período 2000 – 2007. A partir de lo anterior, se trazaron como objetivos específicos: definir el delito de Trata de Personas y analizar las causas que conllevan a ser víctimas de ésta con la finalidad de comprender de qué es lo que se está hablando, y las condiciones en que se ubica la mayoría de sus víctimas. En segundo lugar intenta exponer la política pública colombiana contra el delito de Trata de Personas y especificar las instituciones que respaldan la elaboración de la misma. Igualmente busca analizar los programas implementados a partir de la política para entender qué ha hecho el Estado al respecto y con qué institucionalidad cuenta para la realización de sus proyectos. Para finalizar, busca analizar los alcances y logros de la política implementada por el gobierno colombiano. La presente investigación sobre el fenómeno de la Trata de Personas pretende mostrar que este delito no solamente afecta a las mujeres, como se ha presumido comúnmente, sino que por el contrario, hoy en día vincula diferentes sectores de la sociedad.

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Con relación al tema de los desastres naturales, tres aspectos claves se afirman en el presente escrito: En primer lugar, los desastres, tradicionalmente, denominados naturales, no son de la naturaleza, sino que cada vez más se deben a la vulnerabilidad creciente de los asentamientos humanos y por lo tanto son procesos construidos socialmente; en segundo lugar, estos eventos afectan cada vez a mayor cantidad de población debido al proceso de urbanización y la aglomeración, pero sobre todo, al desconocimiento de dicho ámbito en el proceso de planificación territorial y urbana y por lo tanto al descuido por parte de las instituciones encargadas de la planificación y la regulación de la ocupación del territorio, quienes por desconocimiento u omisión dejan de lado este importante aspecto en su quehacer; y en tercer lugar, que para el caso colombiano, todos los que estamos habitando este territorio, algún nivel de riesgo asumimos, ya que no hay municipio del país que no registre algún nivel de amenaza natural. De acuerdo con los anteriores aspectos, el artículo caracteriza el tema de los desastres, desagrega las principales amenazas naturales en Colombia y esboza una línea de investigación conducente a la incorporación de la gestión integral del riesgo a la planificación territorial, como propuesta que contribuye a la disminución de la vulnerabilidad, tanto de la sociedad, como de sus acervos económicos, de la infraestructura y la institucionalidad y para tales efectos enmarca el tema de estudio a partir de las siguientes premisas:

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Colombia y Ecuador, en particular, atraviesan por complejos fenómenos sociales, económicos y políticos, que los conducen a mantener un alto grado de vulnerabilidad e inseguridad en la región. Por esta razón, el tema de la seguridad en Colombia y el desborde del conflicto interno colombiano en las fronteras se constituyó en un asunto importante escalonamiento del conflicto interno colombiano en los últimos seis años ha deteriorado las condiciones de vida en la zona fronteriza de Colombia y Ecuador, lo que ha generado violencia e inestabilidad y han impactado neurálgicamente la débil institucionalidad en ambos países. Por lo tanto, el impacto del conflicto ha llevado a que las agendas seguridad de Colombia y Ecuador consoliden una visión que ha determinado la necesidad de emprender acciones preferiblemente militares y policivas contra los grupos al margen de la ley; por tal razón, la mejor forma de sostener la integridad del Estado ha sido actuar militarmente sobre las amenazas.

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En los últimos años, las políticas en materia de inversión extranjera han evidenciado cambios profundos. Luego de un largo periodo en el que especialmente los países en desarrollo aplicaron fuertes restricciones y controles a la entrada de capitales extranjeros, se pasó a una etapa de plena liberalización que desató una competencia entre los países por la atracción de este tipo de capitales. Este cambio de paradigma se explica principalmente por la necesidad que tienen los países en desarrollo de encontrar nuevas fuentes de financiación, luego de la crisis de la deuda. En este contexto, la atracción de la inversión extranjera se ha convertido en una prioridad para los gobiernos. Siguiendo esta tendencia, desde 1990 Colombia ha venido implementando una estrategia de promoción de la inversión extranjera que contempla una serie de modificaciones normativas, incluida la Constitución misma, y la suscripción de diversos acuerdos que tienen por objeto su promoción y su protección. El resultado de estas acciones ha sido un incremento significativo de los capitales foráneos en el país. Sin embargo, el Grupo de Investigación de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la línea de investigación en Inversión Extranjera de la Facultad de Jurisprudencia, considera que los resultados no son óptimos. A pesar del crecimiento positivo de los flujos de inversión, los investigadores advierten que el impacto en la economía no ha sido el esperado porque la mayor parte de estos capitales se ha concentrado en el sector primario (de manera especial en el sector petrolero) y la inversión realizada en el sector productivo se ha canalizado principalmente a través de la compra de empresas ya existentes, tanto públicas como privadas. Aunque las inversiones en el sector primario pueden registrar altas tasas de crecimiento y que la inversión en industrias ya existentes puede generar externalidades positivas (formación de recursos humanos, introducción de una gestión empresarial moderna o fomento de capacidades productivas locales), el verdadero impacto económico sólo se logra en aquellos casos en los que hay creación de nuevas empresas (greenfield), especialmente cuando éstas se sitúan en sectores innovadores o en aquellos que se caracterizan por su alto valor tecnológico. De otra parte, los investigadores subrayan que es preciso tener en cuenta que los potenciales efectos positivos atribuidos a la inversión extranjera no operan en todos los casos. Estos dependen del tipo de inversión(...), de los intereses que persigan los inversionistas, del lugar donde se instale la inversión y de los sectores en los cuales se lleve a cabo, así como del entorno político institucional existente en el país receptor. Por consiguiente, las acciones para atraer la inversión extranjera deben dirigirse no sólo a garantizar la institucionalidad y la seguridad jurídica, sino también a la implementación de políticas públicas en materia de ciencia y tecnología por parte del gobierno y a la formación de capital humano, ya que, solamente de esta manera, será posible la atracción de inversiones susceptibles de generar un alto impacto en la economía, puntualizan los investigadores.

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Durante el último siglo, el país ha planteado alternativas para la configuración institucional y estructural del campo, y para lograr que la tierra sea más productiva y equitativa, pero no lo ha logrado. Al contrario, pareciera que este largo periodo ha significado para el campo el deterioro de cualquier institucionalidad que fomente la permanencia, la productividad y una tenencia pacífica. Varias razones pueden contarse para este penoso resultado en las políticas de tierra. Algunos expertos advierten una discrepancia entre las políticas, el arreglo institucional vigente y la perspectiva de país que se tenía en mente. El corto plazo alentó la formulación de políticas públicas de tierra bajo un esquema institucional excluyente y cargado de tensiones y poderes políticos. Ante esta situación, el éxito de la reforma agraria hubiese sido una coincidencia prácticamente imposible. Es decir, el país ha alcanzado lo que ha podido, dado el panorama institucional. Juanita Villaveces Niño, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, plantea que la política de tierras y la reforma agraria sean revisadas desde una perspectiva dinámica, en la cual se incluyan no sólo las estrategias de política, sino el entorno institucional, el bagaje cultural de los actores que intervienen directa e indirectamente en la política y el peso de la historia. De acuerdo con este esquema, la profesora Villaveces propone una revisión a la lógica detrás de la política de tierra en Colombia y subraya que sus múltiples enfoques pueden ser percibidos de distinta manera por los hacedores de políticas públicas. En el país se han implementado políticas de tierra, distribución y uso, con la intención aparente con la intención de crear una organización rural compuesta por pequeños y grandes propietarios con miras a fomentar la producción agrícola y la industria; sin embargo, los resultados de los distintos intentos no parecen ser los esperados. Algunos expertos señalan que se han ensayado prácticamente todos los modelos de reforma agraria en Colombia, pero no se ha contado con la organización institucional adecuada ni se ha puesto la voluntad política indispensable para hacerlas efectivas.

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Uno de los objetivos perseguidos en los Consejos Comunales de Gobierno, celebrados por la administración de Álvaro Uribe Vélez en Colombia (2002-2010), fue la promoción de la participación ciudadana. Partiendo de la ambigüedad de lo que este objetivo puede significar o perseguir, nos propusimos hacer una revisión inicial de estudios que han analizado y avanzado en la teorización de diversos ejercicios de participación ciudadana en Colombia y en el mundo, así como del concepto de ciudadanía activa, el cual ha sido desarrollado por diversas tradiciones de pensamiento en contextos diversos, incluidos los escenarios de participación ciudadana. Para el análisis de los Consejos Comunales de Gobierno -ejemplo del tipo de participación que se promovió por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez-, nos concentramos en tres aspectos: una exposición general de la institucionalidad desarrollada para la participación ciudadana en Colombia; la caracterización del gobierno bajo el que se promovieron estos consejos; y el análisis del diseño institucional particular a estos. Teniendo en cuenta el carácter de la política de participación impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la tradición institucional para la participación en Colombia, y el particular desarrollo de éstos consejos, se formulan al final unas reflexiones y recomendaciones con respecto a las iniciativas de gobierno para la participación ciudadana.

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Las dinámicas propias del final de la Guerra Fría y la consolidación del proceso de globalización han impulsado un fuerte debate sobre la visión de la seguridad que se concibió en el hemisferio americano después de la Segunda Guerra Mundial. En virtud de estas discusiones, en el marco de la Organización de los Estados Americanos –OEA-, se ha desarrollado un nuevo concepto de seguridad multidimensional. Esta noción identifica nuevas amenazas que provienen de las inquietudes, dilemas y confrontaciones en los diferentes niveles de la sociedad. Así, esta nueva visión va más allá de la identificación de amenazas tradicionales, de carácter usualmente militar e interestatal, y avanza hacia una noción más amplia que se relaciona con la búsqueda por parte de los Estados y las sociedades de una situación libre de amenazas, que les permita mantener su identidad y su integridad funcional frente a fuerzas de cambio que consideran hostiles*. El presente Comentario OPEC expone una síntesis de la evolución del esquema de seguridad hemisférica con la finalidad de establecer el abanico instrumental que ha desarrollado la OEA en virtud del replanteamiento del concepto tradicional. Presenta las distintas visiones subregionales, subrayando las diversas dinámicas internas de cada una e identificando sus principales amenazas. Esto permitirá dilucidar cuál es el campo de acción y la aplicabilidad de la nueva institucionalidad y los desafíos inherentes que trae consigo una evolución conceptual de tal magnitud.

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El artículo presenta los resultados de una investigación desarrollada como proyecto de grado para optar el título de Magister en Dirección en la cual se identifican los impactos que en materia ambiental son generados a lo largo de los procesos realizados dentro de los frigoríficos en Colombia y evaluar la manera como se realiza la gestión ambiental de los frigoríficos cárnicos más representativos en Colombia, como parte de esta gestión es importante revisar la política de Estado y finalmente, se proponen algunas acciones de tipo directivo en las cuáles todos los actores de la cadena cárnica pueden participar con el objetivo de mejorar el tema ambiental de éstas organizaciones en Colombia.

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El presente escrito, constituye una aproximación a los procesos de privatización del agua en América Latina. Lo anterior, en el marco de la acción colectiva, específicamente de los movimientos sociales y su interacción estratégica con oponentes como las compañías multinacionales, las organizaciones financieras internacionales y el Estado. Tomando como referencia las luchas ocurridas en Bolivia, Uruguay y México, con especial énfasis en La Guerra del Agua en Cochabamba (Bolivia).

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El presente estudio de caso, pretende a partir de un análisis del principio de Apropiación contenido en la Declaración de París, determinar el desempeño del gobierno colombiano entre los años 2006-2010, frente al proyecto de cooperación internacional "Apoyo al Programa de Red de Protección Social contra la Pobreza Extrema (REDEP)" y su impacto frente al cumplimiento de la primera meta de los Objetivos del Milenio

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La cooperación internacional está redefiniendo una vez más su arquitectura como herramienta de ayuda al desarrollo. Sus procesos y políticas atraviesan un álgido momento de cambio, caracterizado por dos escenarios determinantes: los suscitados debates sobre la eficacia y la calidad de la ayuda y la crisis económica europea, que comienza a evidenciar una reducción fuerte en los recursos destinados a este mismo fin. En este contexto los países en vías de desarrollo como Colombia, comienzan a ser protagonistas de su propio desarrollo, buscando dar a sus territorios condiciones de gobernabilidad deseadas, a través de mecanismos donde el desarrollo humano es un vector importante y encuentra en la participación ciudadana una estrategia vital para instalar capacidades, promover el intercambio de conocimiento y empoderar a los ciudadanos alrededor de las decisiones de lo público. La cooperación descentralizada Sur-Sur se presenta entonces como una herramienta con oportunidades interesante, aunque es un proceso aún incipiente, enfatiza en la necesidad de abrir el paso a prácticas novedosas de asociación y cooperación que permitan aprovechar los recursos disponibles para la promoción del desarrollo. En el caso específico de este trabajo monográfico, Caldono, Cauca; Pasto, Nariño y Medellín, Antioquia, serán municipios a analizar, en la medida en que se identifiquen, en cada uno, procesos de participación ciudadana que canalicen la movilización de las estructuras sociales organizadas que, afectadas por las frustraciones y necesidades, presionan para que se produzcan cambios importantes en la manera como se consagran en las leyes los mecanismos y espacios participativos.

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La acción colectiva en el manejo y gobierno de los recursos de uso común (RUC) seguirá siendo uno de los asuntos que genera mayores controversias (especialmente cuando se trata de recursos naturales y procesos de gobernanza y gestión del agua), debido a los diversos enfoques que sobre el desarrollo se tienen. El presente estudio aborda el análisis de la acción colectiva en el manejo y gobierno de los recursos de uso común a partir del caso Hidrosogamoso en Santander. Además de ofrecer un análisis de los impactos ambientales, sociales y económicos, ventajas y efectos nocivos que puede tener un proyecto hidroeléctrico, se examinan algunos de los postulados básicos de la teoría de la acción colectiva y los RUC, con alguna alusión al enfoque de la bioeconomía. También se describe una de las experiencias comunitarias de autogobierno y preservación del río. Asimismo se estudia el contexto de interacción estratégica en la zona, en el conflicto entre quienes defienden el río y quienes abogan por el proyecto; se ubican las principales oportunidades políticas y aliados influyentes de los opositores durante la fase de construcción de la hidroeléctrica. Al final se insinúan posibles alternativas que podrían ayudar en la visibilización de las problemáticas generadas por el megaproyecto.

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Nuestro trabajo consiste en un seguimiento detallado de la historia de las relaciones entre los wayúu6 y los arijuna7 , siempre privilegiando los hechos y personajes determinantes. Nos proponemos entonces, describir las regularidades en las relaciones de estas dos parcialidades políticas. Para lograrlo, en primer lugar, construiremos un sucinto marco teórico por el que regiremos nuestra mirada, en el que serán determinantes los conceptos de encuentro trascendental, parcialidad política y ficción. La construcción de dicho marco teórico –que en sí mismo es uno de los objetivos fundamentales que nos hemos trazado en la investigación– se justifica pues hemos hallado que un gran número de categorías del análisis político contemporáneo no son funcionales a la hora de estudiar relaciones políticas que se desarrollan fuera del marco de la institucionalidad del Estado.

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El Consejo de Seguridad de las Naciones de Unidas es un órgano de radical importancia no solo para la institucionalidad, sino para la comunidad internacional en general. Importancia que le da el documento insignia de esta institución, la Carta de las Naciones Unidas, en donde su principal propósito de mantener la paz y seguridad internacionales, se le imputa como objetivo especifico al Consejo de Seguridad1 . En ella se dispone que todos los Estados miembros están obligados a acatar las decisiones que éste tome (Art. 25 Carta de las Naciones Unidas) y los Estados no miembros, en caso de estar en un conflicto que competa al Consejo, también deben cumplir con lo establecido sin importar su condición de no membresía.

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El trabajo se estructura como sigue. El primer capitulo se concentra en resaltar, sobre la base de elementos del análisis de regímenes internacionales, las nuevas características del SI relacionadas con el fenómeno científico-tecnológico. Entre ellos, se abordan dos de las principales dinámicas más influenciadas por la CyT: la competitividad y el desarrollo social. Posteriormente, una sección central y prioritaria del trabajo, estudia el tema por vía de la agenda temática global y el nuevo marco normativo internacional. En esta parte se hace una identificación, uno a uno, de la forma en que estos asuntos se manifiestan en los acuerdos internacionales más significativos. Para cerrar el capitulo, se complementa con una referencia a la construcción de institucionalidad internacional y el papel de los organismos multilaterales del nivel global y regional. El segundo capitulo se dedica enteramente a proponer el alcance, los propósitos y las formas en que se potencia la DCyT y en que contribuye a la capacidad de los Estados para responder resueltamente en el escenario internacional.