Análisis de las limitaciones del Estado Colombiano para cumplir con los compromisos adquiridos en la convención de Ottawa de 1997 durante el periodo 2002-2006

La Convención de Ottawa de 1998 -sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas Antipersonal y sobre su destrucción- hace parte de la respuesta internacional a la crisis de índole humanitaria originada por la expansión mundial de este tipo de armamentos. Este tipo de enemigo invisible se encuentra en más de 70 países, generando uno de los problemas humanitarios más graves y acuciantes de todos los tiempos que el ser humano haya podido padecer. Por lo anterior, al menos 90 países de los cuales hizo parte Colombia, se reunieron voluntariamente en 1997 a negociar un Tratado (de Ottawa) y que a la postre se ha convertido en un gran logro ya que por vez primera los países acordaron de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario el cese total de la producción, almacenamiento, utilización de estos artefactos explosivos. Pese a la prohibición general impuesta por la Convención de Ottawa, la cual es válida de igual forma para todos los actores armados en el conflicto, hoy día se continúa registrando en el país un aumento generalizado en la utilización de minas. Es por ello, que el presente trabajo pretende identificar particularmente las principales limitaciones y obstáculos que se han presentado para que el Gobierno colombiano de cumplimiento satisfactorio en los tiempos estipulados con los compromisos adquiridos en dicho Tratado Internacional.

Aproximación a los deberes del Estado Colombiano de prevenir, investigar, sancionar y reparar en el sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos

La cada vez más creciente posibilidad de reinserción a la sociedad, por parte de miembros de los grupos alzados en armas, pone de presente la importancia de dejar claro qué se puede negociar y qué no. Por lo anterior, es fundamental determinar los parámetros mínimos para que un proceso de este tipo no redunde en impunidad. El objetivo del presente trabajo, es establecer esos parámetros mínimos de negociación, desde una perspectiva internacional o, más exactamente, desde el enfoque regional del Sistema de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, esto implica revisar cuidadosamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La responsabilidad del Estado por el hecho del legislador

Analizar el fenómeno de la responsabilidad del Estado causada por los hechos del legislador ha sido un trabajo desarrollado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia internacional a mediados del siglo xx. En Francia, por ejemplo, se presentó el primer antecedente jurisprudencial en el año de 1934. En España, su estudio empezó a gestionarse con la promulgación de la Constitución de 1978, dándose el primer fallo judicial en elaño de 1993. Para el caso colombiano, la Constitución de 1991 introdujo en su artículo 90 el fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado, sin que esto significase que la jurisprudencia del Consejo de Estado encontrase las bases de esta responsabilidad en diferentes disposiciones de la Constitución de 1886, tales como los artículos 2º, 16 y 30, que consagró el principio de legalidad del Estado para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y garantizar la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con el título de derecho. Sin embargo, los primeros fallos relacionados con este título de imputación en Colombia fueron emitidos por el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo colombiano en el año de 1998 y por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-038 de 2006, providencia judicial que estableció algunas de las características que posee esta figura jurídica.

¿Cómo mira el Estado? Constitución de 1991 y Compromisos de Género del Estado Colombiano

El presente artículo analiza la noción de orden o compromisos de género de un Estado, la cual fue acuñada por Nancy Fraser para señalar que toda estructura de gobierno asume y promueve cierta ordenación de los sexos, ya sea expresa o tácitamente, intencionadamente o no, a través de sus manifestaciones jurídicas y de política pública. En el caso de Colombia, este estudio ha de iniciarse con la Constitución de 1991 y las sentencias de la Corte Constitucional que desarrollan su articulado. Las decisiones relativas a menores intersexuales han demostrado ser un terreno fértil para observar los esfuerzos de la Corte por entender cuál es la relación sexo/género, díada que se encuentra en la base de todas las teorías sobre sexualidad, atribución de significación a los cuerpos y relación hombres/mujeres. Es un hecho que los Estados no se limitan a regular el tráfico de bienes y servicios, sino que también imponen normas acerca de la identidad sexual que se reflejan en diversos campos del ordenamiento jurídico, por ejemplo, las consecuencias patrimoniales de vivir en pareja, los impuestos, los requisitos para adquirir la nacionalidad. De ahí que sea esencial comprender y saber dónde y cómo develar los arreglos de género que patrocina un Estado.

La captura del estado vista desde los procesos de formulación e implementación de la política pública agro ingreso seguro. Periodo 2007-2009

RESUMEN En esta monografía el interés es comprender la dimensión de la captura del estado, su complejidad y cómo ha penetrado en la cultura política institucional de nuestro país; así mismo, el análisis permite entender el grado de influencia de los grupos de poder para lograr leyes y regulaciones a favor suyo en detrimento del interés general. Este trabajo aborda dicho fenómeno en los procesos de formulación e implementación de la política pública de Agro Ingreso Seguro – AIS– y explica consecuencias y efectos de la captura del Estado en su gobernabilidad y eficacia social. Para ello se desarrolló una investigación de tipo documental que permitió identificar el grado de legitimación de los propósitos de la política pública poniendo en perspectiva la intervención de agentes capturadores en el proceso de implementación de la política Agro Ingreso Seguro.

Aproximación a un modelo metodológico orientado a los procesos de gestión de conocimiento generadores de valor en organizaciones del sector salud en Colombia

En las organizaciones del sector salud en Colombia, se realizan procedimientos que a pesar de ser homólogos entre ellos, no se discriminan ocasionando que no siempre se escoja el que genere mejores resultados, no solo desde el punto de vista médico sino también de la dirección que se ejerce en las organizaciones la cual debe estar en función de optimizar cualquiera de los procesos propios de la actividad, en este caso, en busca de generación de valor usando como vía la apropiada GC, éste documento está orientado a demostrar que la GC aporta herramientas que permiten desarrollar la aproximación a un modelo metodológico que procura facilitar la elección de procedimientos en salud si se toman los costos asociados como criterios relevantes del análisis, se seleccionaron como instrumento de demostración a los procesos denominados Traqueostomía Quirúrgica y Traqueostomía Percutánea la intensión de desarrollar una aproximación a un modelo metodológico orientado a los procesos de gestión de conocimiento generadores de valor en organizaciones del sector salud en Colombia.

Auditoría operacional sobre el proceso de recaudo de Cartera en la unidad de tesorería del Hospital de Tunjuelito empresa social del Estado

El proyecto que a continuación presentamos, describe la implantación e implementación de Auditoría Operacional sobre el proceso de Recaudo de Cartera en la Unidad de Tesorería del Hospital de Tunjuelito Empresa Social del Estado, la cual carecía

Eficacia del control fiscal en Colombia a la luz del derecho comparado de su historia y de sus relaciones interinstitucionales

El estudio del papel que desempeñan las Contralorías debe abordarse desde la premisa de su ubicación constitucional, dentro del conjunto de controles al ejercicio del poder político, sistema en el cual se ubica el control fiscal

Acciones de cumplimiento y tutela como mecanismos de control judicial de la actividad administrativa del estado

La Constitución Política de Colombia de 1991 consagró por vez primera las acciones populares de tutela y cumplimiento como mecanismos de control judicial de la actividad administrativa del Estado.

La discriminalización socio económica en los establecimientos carcelarios, el manejo de poder y la deslegitimacion del Estado

Esbozar los problemas de la crisis, presentar una serie de dificultades, recriminar la posición estatal y llegar a unas posibles soluciones para el conflicto. De una manera tímida se critica el sistema penitenciario y algunas de sus problemáticas

La política nacional de juventud herramienta social estructural, dentro del estado comunitario

Identificar aciertos, pero también las falencias y ser propositiva en aras de sacarle el mejor provecho sobre lo que está escrito: “no se trata simplemente de formular la Política Nacional de Juventud y divulgarla sino, ante todo desarrollar nuevas metodologías.

Las pensiones, un paso más hacia la decadencia del Estado Social de Derecho colombiano

Llamado urgente a la reflexión sobre la subvaloración, que la sociedad colombiana ha venido haciendo al tópico social y a las consecuencias negativas que surgen, y que podrían llegar a empeorar con la pérdida de capacidad de acción del Estado

Los retos del estado colombiano frente a las comunidades en riesgo beneficiarias de medidas cautelares y provisionales solicitadas por los órganos del sistema interamericano de derechos humanos

Este trabajo encuentra validez en la medida en que se reconoce la necesidad apremiante de estudiar la respuesta del Estado colombiano frente a la situación de las comunidades en riesgo. Lo anterior, no solo por el deber constitucional que tiene el Estado de garantizar los derechos humanos.

Prospectiva del proceso penal en Colombia

En la actualidad, el sistema penal esta definido por la Ley 600 de 2000, la cual, dentro de poco cumplirá tres años de expedida, y debe sufrir transformaciones atendiendo a las necesidades de optimización que el sistema necesita

Responsabilidad del Estado frente al control, uso y manejo de plaguicidas

La responsabilidad del Estado en el control, uso y manejo de plaguicidas ocupa un importante lugar en el desarrollo de nuestro país, pues es innegable que nuestra economía y supervivencia digan, se basan en el sistema agrícola, sistema que dentro