1000 resultados para DERECHO INTERNACIONAL Y NACIONAL
Resumo:
La relación existente entre los derechos humanos y el derecho omc plantea una serie de interrogantes de compleja solución. Específicamente, en lo que concierne al derecho a la salud, se aprecia una serie de circunstancias que podrían desencadenar potenciales conflictos con los valores propios del sistema multilateral de comercio. En este sentido, se observa con preocupación la incidencia que puede tener la protección de las patentes farmacéuticas sobre el acceso a los medicamentos. Considerando que existe una estrecha relación entre el acceso a los medicamentos y la plena realización del derecho a la salud, se vislumbra la necesidad de determinar el carácter justiciable de la obligación de velar por el derecho a la salud, contenida en distintos tratados de derechos humanos, conjuntamente con el análisis de la relación existente entre ambos sistemas. La determinación de estos aspectos será vital para establecer con mayor claridad el papel que están llamados a desempeñar los derechos humanos en el ámbito de la omc, así como la posibilidad de incorporar por esta vía una interpretación más favorable al derecho a la salud.
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El derecho al trabajo es un derecho humano consagrado, tanto en su dimensión individual como colectiva, en múltiples instrumentos del sistema internacional de los derechos humanos. La Constitución Política colombiana de 1991 reconoce también el trabajo como principio, como deber y como derecho. A partir del sistema normativo internacional y nacional constitucional se presenta un concepto de trabajo que, desde una perspectiva de derechos humanos, debe ser digno. En esta dirección, con base en lo señalado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observación General No.18 sobre el derecho al trabajo, se identifica el contenido básico de este derecho y se refieren algunas obligaciones jurídicas del Estado para su efectiva realización.
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El artículo presenta una aproximación a la figura de la amnistía desde la perspectiva del derecho internacional. Con este fin, se parte de la identificación de casos en los sistemas interamericano, europeo y africano, en los que se han promulgado leyes de amnistía dentro de ordenamientos nacionales. Posteriormente se revisa el tratamiento a partir de instrumentos internacionales y se estudian decisiones de tribunales sobre este tipo de normativas. Este trabajo constituye una herramienta para conocer, desde la responsabilidad colectiva de los Estados y la responsabilidad internacional del individuo, el tratamiento que se da a la figura de la amnistía.
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La idea de la voluntad del pueblo como expresión de la soberanía es propia de la teoríapolítica que busca explicar el origen del Estado moderno liberal. La compatibilidad entre lalibertad individual de sujetos considerados iguales y el ejercicio del poder político requierepensar a los ciudadanos como sujetos libres, y esto se logra cuando el poder que se ejercesobre ellos se concibe como un poder que nace solo de los propios ciudadanos. En laconcepción individualista de la democracia, los derechos de los individuos son anteriores ytienen primacía sobre la pertenencia a la sociedad. Sin embargo, no es necesario asumir estaconcepción para defender esa primacía. Se la puede defender solo respecto de las decisionesde la sociedad. Desde esta posición, es posible concebir el conflicto entre soberanía populary derechos humanos. La transición política uruguaya ejemplifica esa posibilidad. A través de un referéndum y un plebiscito convocados por la propia sociedad, la mayoría avaló laLey de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que impide los juicios por los gravescrímenes cometidos durante la dictadura. La Corte idh declaró, en el 2011, que esa decisiónpopular violaba la cadh y que la soberanía popular está sujeta a los límites que le imponenlos derechos humanos. Los análisis de esta decisión se han centrado en la obligación del Estadode acatarla, pero no en lo que ella significa para la comprensión contemporánea de lademocracia. Eso es lo que pretendo hacer en este artículo, a través de dos tesis: el conflictose mantiene si el concepto de democracia es un concepto procedimental; y la Corte idhofrece un concepto que abre un camino a la solución del conflicto.
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Generar una serie de recomendaciones prácticas que permitan de una u otra forma, la desvinculación progresiva de los civiles en el conflicto colombiano, entendiéndose vinculación como las posibles consecuencias que trae el conflicto en la vida de los ciudadanos que habitan en las zonas rurales
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La monografía se enmarcará dentro de las disciplinas del derecho civil bienes y del derecho internacional público, con el fin de llegar a la conclusión de que la doctrina y la jurisprudencia internacional está dividida en cuanto al concepto de la prescripción en el derecho internacional público
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Para el desarrollo de esta monografía se tratará el tema de las armas nucleares con relación a diferentes países así: en el capítulo 1 Korea del Norte, en el capítulo 2 Israel, en el capítulo 3 China, en el capítulo 4 los países en desarrollo, en el capítulo 5 India y Pakistán
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esta investigación tuvo como objetivo el análisis de los límites a la autonomía de la voluntad cuando las partes en un contrato internacional escogen la ley sustancial aplicable a éste.
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La presente investigación pretende demostrar que la principal estrategia estadounidense para justificar su intervención y permanencia en territorio afgano ha sido el discurso. Donde se pueden identificar dos etapas a lo largo de esta última década. Inicialmente para explicar su incursión en Afganistán se utilizó el discurso de la seguridad y la guerra contra el terrorismo, años después frente al agotamiento y la critica tanto interna como internacional, el tema de la situación de la mujer en Afganistán cobra mayor importancia y con ello a través de los diferentes pronunciamientos y la exposición de casos específicos los diferentes gobiernos intentan cohesionar la opinión internacional y nacional frente a la necesidad de permanecer con sus tropas en el territorio.
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La preocupación mundial por la protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables ha dado origen a la formación del nuevo orden jurídico internacional ambiental. Es así como, frente a los problemas ambientales de tercera generación es decir, aquellos que afectan el conjunto del ecosistema de la tierra, vinculados con la destrucción de la capa de ozono, el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y el movimiento transfronterizo de residuos y sustancias peligrosas, entre otros temas la comunidad internacional ha adoptado una serie de declaraciones, resoluciones y tratados internacionales para que los estados, las organizaciones internacionales y los sectores clave de la sociedad adelanten acciones con el fin de prevenirlos, mitigarlos, corregirlos, repararlos o compensarlos, en la medida en que las circunstancias lo permitan, ya que en muchos de los casos los daños son graves e irreversibles.Este código compila los principales instrumentos internacionales que constituyen el marco jurídico institucional del derecho internacional ambiental.
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La categorización jurídica de los mal llamados “falsos positivos” en Colombia es un tema controversial: en algunas ocasiones se habla de ejecuciones extrajudiciales, otras veces de homicidio en persona protegida y en otros casos de desapariciones forzadas, dependiendo de la institución que juzgue los casos. Ahora bien, al no existir unidad de criterios en la categorización jurídica de los “falsos positivos”, se hace imprescindible la integración de conceptos en torno a entender dichos hechos ilícitos inequívocamente como tales, toda vez que esto permitiría generar seguridad jurídica al interior del derecho administrativo colombiano. Precisamente, en lo a referente a la responsabilidad extracontractual del Estado. De igual manera, el concepto de reparación adoptado en los estamentos de Derecho Administrativo Colombiano, no siempre coincide con los estándares delineados por el Sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, lo cual repercute de manera negativa en el tratamiento dado a las víctimas de los “falsos positivos” que encuadran en la categoría de desapariciones forzadas, lo que hace necesario el estudio detallado de las decisiones propias de cada sistema y compararlas, para buscar un mejoramiento de los estándares nacionales de reparación. Para dar un aporte teórico importante, esta investigación partirá del análisis sistemático de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y después inspeccionará los elementos fácticos y la reparación de los “falsos positivos”, determinando el grado de aplicación que se ha dado del sistema interamericano en los fallos proferidos por el Consejo de Estado.
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La legislación vigente internacional y nacional reconoce el derecho a la educación básica obligatoria y gratuita para los niños inmigrantes en condiciones de igualdad. Sin embargo, en la práctica existen dificultades para el cumplimiento de las leyes y se constata una importante desigualdad en la integración. Se analizan los problemas de escolarización originados por la falta de una adecuada planificación de los centros públicos y concertados, y de medios tanto humanos como económicos.
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Resumen tomado de la publicaci??n
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Debe existir una relación entre derecho y formalismo. Pero en un plano existencial y concreto dichas relaciones aparecen frecuentemente enturbiadas. El Derecho no agota la totalidad de las normas y de los imperativos morales que gravitan sobre cada situación y cada actividad humana. Es un arte de separar. Algo similar ocurre con mayor gravedad en el orden docente. Existe una separación orgánica entre los cuadros de técnicos administrativos y los de inspectores; a aquellos debería corresponderles la función jurídica y a éstos, la función técnico-pedagógica. Pero, nadie sabría distinguir seguramente la ocupación de cada uno de ellos, quien el administrativo y quien el educador. Lo curioso es que en cuanto a personas privadas, esos pedagogos sienten muchas veces sincero entusiasmo por sus funciones propias. Pero el Estado no les pide que se muevan precisamente en esta línea, sino en la jurídica. A través de este problema, como a través de otros muchos, vemos una inclinación peligrosa de nuestro espíritu nacional al formalismo. En definitiva, existe una perezosa inclinación a la línea del mínimo esfuerzo. El problema estriba no en quién tiene la culpa, sino en buscar solución y de forma profunda y rápida.
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El último cuarto de nuestro siglo se inició con una recesión en todas las naciones modernas que carecían de fuentes independientes de combustibles fósiles. La creación de la OPED en 1973 y la elevación de los precios del petróleo tuvieron efectos devastadores sobre las partidas dedicadas a la energía en los presupuestos de todos los organismos públicos y privados, pertenecientes tanto a las naciones desarrolladas como a las menos desarrolladas. A este acontecimiento se le suele atribuir la posterior inflación, el desempleo, la interrupción de la tasa de crecimiento del producto nacional bruto de cada país. Como no estamos haciendo un análisis económico, no nos interesa su causa, pero si sus efectos sobre las economías nacionales al ser generales. La tasa de crecimiento se redujo más en unas naciones que en otras, se recuperó luego un poco, pero luego volvió a caer en una segunda oleada de recesión, aproximadamente entre 1978 y1983. Todas las naciones, con excepción de Estados Unidos, seguían notando sus efectos en 1985. Los gobiernos intentaron hacer frente a la recesión por una vía u otra. Hubo frecuentes cambios de gobierno, pero ninguno de los partidos que accedieron al poder tuvo más éxito que los que le precedieron. Esta recesión influyó en la política educativa de las diferentes naciones. En este campo es como si los efectos se difuminarán dentro de las estructuras internas de los regímenes educativos y entre los partidos políticos en liza por las respuestas a la recesión. Con una economía sometida a restricciones en todas partes, salvo en China, la educación pasó a ser uno de los muchos servicios públicos cuyos presupuestos podían ser recortados. Las distintas naciones siguieron distintas estrategias para responder a la situación. Algunas recortaron los presupuestos, otras los mantuvieron, algunas incluso los aumentaron y una de ellas intentó redistribuirlos sin recortes. En definitiva, los efectos de la recesión sobre los presupuestos desencadenan en todas partes un conflicto de valores sobre las finalidades y el contenido de los programas educativos. Por mucho que la educación tenga en los programas políticos nacionales una cierta prioridad, siempre puede verse amenazada cuando se contraen los recursos y se han sacado a la superficie descontentos latentes a la vez que ha generados una lucha abierta sobre los objetivos, los métodos y la financiación de la educación.