799 resultados para Contrato-promessa
Resumo:
Poner de manifiesto la necesidad de una concreción jurídica del complejo relacional educativo, constituido por los padres, el centro docente y el alumno menor de edad. Se analizan las más modernas reclamaciones de responsabilidad contra centros docentes generadas por la prestación defectuosa de servicios educativos. También se estudia el tratamiento jurídico-privado de los derechos fundamentales en el ámbito de la educación. Además, se comparan las características del complejo relacional educativo con las del contrato a favor de tercero. Consulta de bibliografía. El contrato a favor de tercero es la configuración jurídica más adecuada para el complejo relacional educativo y, además, permite la articulación recíproca y la protección eficaz de la libertad de enseñanza y del derecho a la educación, incluyendo los supuestos de contratación de servicios de centros docentes de titularidad pública.
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Esta investigación se centra en la configuración del contrato de educación privada, como contrato atípico en el ordenamiento jurídico español, un tema poco abordado para contribuir a llenar este vacío.. La estructura del trabajo responde a la sistemática tradicional de todo contrato, en este caso un contrato de servicios educativos. Entre las conclusiones aportadas, discutibles, pero fundamentadas, destacan la consideración del derecho a la educación como un derecho de la personalidad y no solo como derecho humano fundamental, la aptitud del menor de edad con capacidad natural reconocida, que tenga suficiente juicio y las necesarias condiciones de madurez, para ser sujeto de su propio contrato de educación. El concepto amplio de educación está integrado, en primer lugar por la instrucción, la formación y la custodia o vigilancia de los menores educandos; en segundo lugar, por la consideración del ideario o carácter propio del centro educativo como elemento subjetivo de la causa del contrato; y por la exclusión del ámbito de aplicación de los supuestos de daños sufridos por el menor en el desarrollo del contrato educativo, denominado 'accidente escolar', y de daños producidos por el menor en el inmueble del centro docente o en el mobiliario.. Estos casos son considerados 'de culpa contractual', derivada, para el centro docente de su obligación de custodia y para los padres contratantes, de su obligación, también 'ex contractu', de facilitar la realización de la prestación educativa..
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Resumen tomado de la publicación
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Un equipo ciclista colombiano recibe una oferta para ser patrocinado por una empresa que produce fármacos que pueden ser utilizados como sustancias dopantes. La empresa, está interesada en asociar su imagen a los valores de lo saludable propios del deporte. Pero el equipo ciclista se debate entre el interés de los corredores que quieren obtener la máxima retribución por su dura actividad y otras consideraciones como las del prestigio del equipo y el país si se acepta el mecenazgo de una empresa que produce sustancias prohibidas para los deportistas. Los usos socialmente aceptados y prohibidos de los fármacos, la posibilidad de encontrar soluciones químicas para el desenmascaramiento del fraude por dopaje en la competición deportiva, el uso que la sociedad hace del deporte como instancia refrendadora o sancionadora de ciertos valores sociales o la responsabilidad de los anunciantes respecto de aquello que apoyan, son algunos de los aspectos que se plantean en una decisión tan compleja como aceptar o no este contrato de patrocinio.
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El artículo forma parte de una sección de la revista dedicada al intercambio de experiencias.
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El Contrato-Programa es un acuerdo entre los centros educativos y la Consejer??a de Educaci??n, Cultura y Deporte del Principado de Asturias cuya finalidad es incrementar el ??xito escolar de todo el alumnado, a trav??s de la puesta en marcha en los centros de un Plan de mejora. Este Plan aborda el cambio de forma global, aunando las diferentes acciones orientadas al logro de ??xito educativo para todo el alumnado e integr??ndolas en la din??mica de los centros para construir una cultura escolar de colaboraci??n. Se trata de un proceso c??clico que se desarrolla en cuatro a??os a lo largo de los cuales los centros educativos van adquiriendo progresiva autonom??a en sucesivas fases cuyas actuaciones se concretan en la Programaci??n General Anual (PGA) y se enmarcan en el Proyecto Educativo del Centro (PEC). Esta publicaci??n recoge toda la informaci??n relacionada con el desarrollo del Contrato-Programa en Asturias: cu??ndo y c??mo surge, el marco europeo y estatal, la introducci??n en esta comunidad aut??noma, su naturaleza y objetivos, el modelo de intervenci??n en los centros, las fases de desarrollo, el seguimiento y la evaluaci??n. A modo de conclusi??n, la experiencia realizada hasta el momento confirma el Contrato-Programa como una estrategia adecuada para modificar la cultura pedag??gica de los centros mediante pr??cticas educativas ilusionantes que proporcionen mayores dosis de implicaci??n y motivaci??n de todos los componentes de la Comunidad educativa
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El Contrato-Programa es un acuerdo entre los centros educativos y la Consejer??a de Educaci??n, Cultura y Deporte del Principado de Asturias cuya finalidad es incrementar el ??xito escolar de todo el alumnado, a trav??s de la puesta en marcha en los centros de un Plan de mejora. Los centros educativos que participan en el C-P (Contrato Programa) adquieren el compromiso de participar en un proceso de mejora de la calidad educativa que los conduzca a alcanzar el ??xito educativo de todo el alumnado. Tal compromiso pone el ??nfasis en una cultura de autoevaluaci??n que les lleve a cuestionarse las actuaciones que se desarrollan en el centro y a la exploraci??n de posibles alternativas de mejora. Desde esta perspectiva, el presente documento ofrece referentes para la reflexi??n sobre las pr??cticas que se desarrollan en los centros en aras de mejorar la calidad de los procesos de ense??anza-aprendizaje, que conducen a la meta indicada y a incorporar progresivamente la cultura de evaluaci??n antes se??alada. Presenta, adem??s, un instrumento que ayuda a valorar las actuaciones desarrolladas en los diferentes ??mbitos de mejora desde los distintos niveles de intervenci??n y a obtener una percepci??n ajustada de las intervenciones que se llevan a cabo en el marco del Contrato-Programa, al tiempo que aporta objetividad y transparencia a los procesos de toma de decisiones
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Sigue al t??t.: Una estrategia para lograr el ??xito educativo de todo el alumnado
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Este trabalho pretende identificar as alterações introduzidas pela atribuição de competências resultantes da celebração do Contrato de Autonomia numa escola secundária com 3ºciclo e reflectir sobre o reforço da autonomia e da capacidade de intervenção dos órgãos de direcção para melhorar a eficácia da execução das medidas de política educativa e da prestação do serviço público de educação. Para isso realizamos entrevistas para conhecer as percepções e as atitudes de alguns intervenientes directos, nomeadamente dos elementos da comissão de acompanhamento local, director da escola e alguns docentes envolvidos nos diferentes órgãos de gestão. A atribuição de autonomia à escola visa dotá-la de uma capacidade de decisão e organização interna de forma a ser capaz de responder em tempo útil aos desafios que a comunidade local coloca. Não parece que tenha sido isso que aconteceu, pelo menos na perspectiva dos entrevistados. Para que um contrato de autonomia produza os seus verdadeiros efeitos, ele não pode ser imposto. Sendo certo que cada escola tem as suas particularidades, pode-se todavia estabelecer um conjunto de condições consideradas essenciais entre as quais: projecto educativo eficaz e eficiente, internalizado pela comunidade escolar, um corpo docente estável, lideranças assertivas e partilhadas.
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Anotação ao Acórdão do STJ, de 27.05.2010, 1ª Secção, Processo 971/08 (Relator: Hélder Roque)
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La Ley de Contratación Pública y el Reglamento Sustitutivo para Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos, Registro de Contratos, Registro de Garantías de Contratos y Régimen de Excepción, establecen que la inhabilidad para contratar con el Estado de los contratistas incumplidos y también de los adjudicatarios fallidos, una vez resuelto por parte de la Administración Pública la terminación unilateral y anticipada de un contrato de obra, bien o servicio o la negativa del oferente a suscribir el contrato, será de cuatro y tres años respectivamente, contados a partir de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Sin embargo, en la práctica la sanción o inhabilidad del contratista o adjudicatario fallido sancionado, va más allá de lo que la Codificación de la Ley de Contratación Pública y el Reglamento Sustitutivo para el Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos, Registro de Contratos, Registro de Garantías de Contratos y Régimen de Excepción determinan. De hecho la sanción impuesta al contratista incumplido o al adjudicatario fallido, por parte de la administración pública, empezaba desde el momento mismo en que la Contraloría General del Estado tomaba conocimiento de la resolución de terminación unilateral y anticipada del contrato, mediante la cual resolvía, entre otras cosas el registro como contratista incumplido o adjudicatario fallido en la entidad de control, incumpliendo de esta manera lo que la Ley y el Reglamento prescribía respecto a que la sanción produciría efecto desde la fecha en que la entidad pública emisora de la sanción ejecutaba la garantía de fiel cumplimiento del contrato o de seriedad de la oferta, según el caso.
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Más que una investigación, el presente trabajo intenta ser una guía didáctica del contenido básico del contrato de servicios petroleros en pozo. En este documento, se describe los elementos particulares del contrato, incluyendo sus razones técnicas y como la ley ecuatoriana contribuye al proceso de formación del mismo. En ciertos casos, se hace referencia al tratamiento que otras legislaciones latinoamericanas otorgan al elemento en cuestión del contrato. Este trabajo no incluye -no era intención- un extenso análisis jurídico o doctrinario sobre el Derecho de Contratos en general, ni tampoco una propuesta para reformas legislativas que viabilicen un marco jurídico más adecuado para la industria hidrocarburífera en el Ecuador. Su única intención es ser herramienta útil para aquellas personas que desean conocer en la práctica como un contrato de este tipo debe ser redactado. Se incluye también ciertas consideraciones prácticas que pueden llegar a ser útiles en la etapa de negociación del contrato.
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La presente investigación contiene el análisis jurídico de: servicio público; servicio público de energía eléctrica; seguridad jurídica; inseguridad jurídica; concesión; contrato de concesión. Se realiza un estudio del Contrato de Concesión suscrito entre el CONELEC y MachalaPower, a fin de verificar si existe o está estipulado la figura de seguridad jurídica, así como también las estipulaciones contractuales que permitan reestablecer la ruptura del equilibrio económico, en caso de presentarse. De igual manera se realiza un análisis comparativo entre la Constitución vigente de 1998 y el Proyecto de Constitución que se somete a referéndum el 28 de septiembre de 2008 sobre el servicio público y seguridad jurídica
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En esta intervención se pretende reflexionar acerca de una propuesta que ha ido ganando aceptación en los últimos tiempos: nos referimos al contrato social mujeres y hombres. Así, evocando el contrato social formulado por Rousseau como fundamento para la construcción del Estado, se pretende una nueva reedición del mismo. Un contrato que, se dice, se ha de celebrar entre los dos géneros, y mediante el cual deben fijarse las condiciones para una nueva convivencia social en la que participen por igual los ciudadanos y las ciudadanas.
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El artículo destaca el rol trascendente que desempeña el contrato de franquicia en el mundo globalizado de hoy y su proyección jurídica en el comercio internacional. A tal efecto, parte del estudio de temas generales, tales como su origen, concepto, características, elementos y clasificación, para luego examinar, a profundidad, los rasgos que determinan su naturaleza jurídica, su aproximación a otros tipos contractuales y el régimen conflictual aplicable, analiza, así mismo, la incidencia de este contrato frente a los derechos de propiedad intelectual ya las tecnologías de la información y comunicación. Finalmente, descubre los aspectos más relevantes recogidos por la Ley Modelo de Franquicias aprobada por el UNIDROIT en el 2002.