Discurso pronunciado el día 2 de enero de 1847 en la apertura del Supremo Tribunal de Justicia /

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Biblioteca judicial : parte tercera en que se contienen la organización y atribuciones de las Audiencias y del Tribunal Supremo de Justicia /

Continuación de la obra: Biblioteca judicial o Tratado original y metódico de cuanto hay vigente en la legislación y en la practica con relación a los juzgados de primera instancia.

Proposición de ley de la jurisdicción, atribuciones, organización y modo de proceder del Senado como Tribunal de Justicia /

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La jurisdiccion real en su actual relacion con las demas jurisdicciones privativas : casos de fuero y desafuero, en materia criminal, segun las disposiciones vigentes y decisiones del Tribunal Supremo de Justicia /

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La garantia jurídica de la democràcia com a dret fonamental. Una anàlisi de la jurisprudència del Tribunal Constitucional sobre la participació política

L'art. 23 de la CE consagra el dret fonamental dels ciutadans a participar en els assumptes públics, preveient-ne dues grans modalitats, la participació directa i la representativa. La doctrina jurisprudencial elaborada pel Tribunal Constitucional durant quasi trenta anys ha atorgat a aquest dret una configuració especial: el seu abast es veu reduït a l'estricta participació política (aspecte que tindrà conseqüències en el vessant de la participació directa reduïda a la iniciativa legislativa popular i el referèndum, deixant fora del seu abast altres possibles institucions participatives); però, per altra banda, amplia el nucli de protecció del dret, garantint no només l'accés dels ciutadans als càrrecs públics (un ius ad officium) en condicions d'igualtat; sinó també el dret dels representants a romandre en el seu càrrec lliures de qualsevol pertorbació i el tercer contingut, el dret dels representants a exercir les facultats inherents a la funció que desenvolupen tot atorgant-los un status constitucionalment garantit. Aquesta construcció jurisprudencial del dret esdevé així la garantia jurídica de la democràcia. Certament, aquest enteniment del dret fonamental de participació té conseqüències prou rellevants en l'àmbit dels partits polítics com a instruments fonamentals per a la participació política. L'abundància de resolucions per part del Tribunal Constitucional, majoritàriament a través de recursos d'empara, ha fet possible l'entrada del dret de participació en dos àmbits singularment rellevants del procés polític, com són el sistema electoral i el dret parlamentari, i ha permès al Tribunal construir tota una teoria de la representació política en seu de drets fonamentals.

La libertad de enseñanza en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 1931-1997.

Analizar la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de enseñanza durante los años 1931 y 1997. Se estudia la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de enseñanza durante la Segunda República, la Dictadura y la Democracia desde la promulgación de la Constitución hasta 1997. Es un estudio jurisprudencial pero con referencias doctrinales constantes atendiendo a las que han sido objeto de controversia. La jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de enseñanza durante el período republicano es practicamente inexistente. La confesionalidad del régimen franquista se proyecta sobre la regulación de la enseñanza al contener referencias más o menos explícitas a la inspiración católica de la enseñanza en todas las leyes educativas del momento. El Franquismo reconoce a nivel institucional el derecho a una educación básica pero no se constituye como un deber; y limita las libertades educativas por confesionalidad e ideologización de una enseñanza supeditada al principio fundamental del Estado. La constitución vigente recoge el derecho a la educación cuando regula la enseñanza básica gratuita y el acceso a niveles no obligatorios en condiciones no discriminatorias; y la libertad de enseñanza con la libertad de creación de centros docentes, el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus propios convicciones, el derecho de libre alección del centro docente y la libertad de cátedra. EL Tribunal Supremo reconoce el deber de los poderes públicos a garantizar la calidad de la enseñanza; y el derecho de recibir enseñanza en la lengua materna respectiva pero dependiendo de la edad del alumno, de las posibilidades del centro y de la existencia de otros centros en que puedan cursarse las enseñanzas en la lengua elejida. Considera que la apertura y funcionamiento de los centros se sometan al principio de autorización administrativa que debe estar reglada; y que el establecer criterios prioritarios para el acceso a centros sostenidos con fondos públicos, no es inconstitucional y no supone trabas para la elección del centro docente pues refuerza tal derecho en los casos en que no es posible atender a todas las solicitudes. Habilita a todo docente el resistirse a cualquier mandato que les obligue a una determinada orientación ideológica. La libertad de cátedra incluye el derecho a fijar el programa de la asignatura. La administración no asume ninguna posición empresarial en el ámbito de la relación laboral existente entre el titular del centro y el profesor, su responsabilidad se limita al pago de salarios. Un profesor religioso no ostenta la cualidad de funcionario ya que su nombramiento depende de la autoridad eclesiástica, aunque su relación jurídica se establece con el Estado y no con la Conferencia Episcopal.

Las representaciones sociales del derecho, la justicia y la ley de un grupo de adolescentes catalanes de 4?? de ESO

Resumen basado en el de la publicaci??n.

Pr??cticas del liderazgo escolar implicado en la promoci??n de la justicia social : estudio de un caso en Educaci??n Secundaria

Resumen basado en el de la publicaci??n

Análisis de la resolución de inconstitucionalidad de la detención en firme por parte del Tribunal Constitucional (Tema Central)

El presente trabajo se enfoca en el análisis de la resolución de inconstitucionalidad de la detención en firme emitida por el Tribunal Constitucional, con la cual, se afectó tanto el plazo razonable de prisión, así como la caducidad de la prisión preventiva. En el análisis se podrá apreciar que la medida contrarió, al principio pro homine, al de inocencia, a las características de las medidas cautelares, al de independencia de los jueces, entre otros. Se reflexiona además, su efecto más grave, el quebrantamiento de los derechos humanos de los detenidos al establecer el carácter irretroactivo de la resolución que, a su vez, dio paso a la equivocada interpretación del art. 169 del Código de Procedimiento Penal, realizada por el Congreso Nacional para evitar nuevamente la aplicación de la caducidad de la prisión preventiva.

El Estatuto del Docente de 1951. Un aspecto de la política educativa del gobierno bonaerense del Coronel Domingo A. Mercante

Fil: Panella, Claudio. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Argentina.

El Estatuto del Docente de 1951. Un aspecto de la política educativa del gobierno bonaerense del Coronel Domingo A. Mercante

Fil: Panella, Claudio. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Argentina.

Fallos y sentencias del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Includes index.

Ideas y propuestas para la renovación del sistema de justicia (con especial referencia al orden penal)

El programa consta de una serie de proyectos vinculados a la necesidad del cambio en materia realizadora (procesal y sustantiva), con especial referencia al orden penal. I- En materia penal, los rasgos sobresalientes de esta “revolución procesal” están puestos en las siguientes notas: a)“Privatización”, en el sentido de un reordenamiento de los roles de los órganos de la función judicial; b)“Desformalización”, interpretada como captación de procedimientos ágiles y menos burocráticos, acortando el puente formal entre la comisión del hecho delictuoso y la sentencia; c) Todo ello en acompañamiento de una “Reformulación del sistema penal constitutivo de fondo”, replanteando la naturaleza de la pretensión penal y la captación de formas de composición diferenciadas de la actual regulación de la pena. 1.1 El cambio que propiciamos reconoce motivaciones fácticas tales como: recarga de la función judicial en lo penal y colapso del sistema judicial; advertencia de la imprescindibilidad de la consecución de la celeridad y economía procesales; replanteo de los fundamentos, fines, eficacia y función del régimen punitivo, básicamente-. La causalidad jurídica, su modificación y superación enmarcan el objeto de estudio de este programa, siempre bajo la premisa del debido enfoque constitucional y el inalterable respeto de la bi-dimensionalidad del principio de defensa. 1.2 Atento a nuestro régimen federal de gobierno, los continentes legislativos de la reforma no pueden limitarse a los códigos de procedimiento, sino que deben ampliarse al ámbito de la denominada legislación de fondo que, en el punto, actúa también a manera de norma realizadora, ya que, por razones de uniformidad e igualdad ante la ley, ciertas disposiciones que hacen a la regulación del procedimiento ameritan su inserción a nivel del Código Penal. Esto es: han de emanar del Congreso de la Nación. 1.3 En el desarrollo analítico de las cuestiones principales involucradas en el proceso de reforma que encaramos, se toma como eje el trípode de poderes de realización que, interactuando entre sí, configuran la trama del proceso: acción penal, jurisdicción y reacción penal. II- Finalmente, en cuanto al sistema judicial extra-penal, se abordan fundamentalmente cuestiones de actualidad en la problemática procedimental. Por ejemplo, lo relativo a la ecología.

El programa de estancia temporal 2011 atiende a 3.124 menores del Sahara, Rusia y Europa del este acogidos por familias andaluzas

Boletín semanal para profesionales sanitarios de la Secretaría General de Salud Pública y Participación Social de la Consejería de Salud