Utilización de los medios electrónicos en el procedimiento administrativo y en el proceso contencioso administrativo, en el marco de la ley 1437 de 2011, análisis y reflexiones

El presente trabajo tiene como objeto analizar, desde una revisión documental, la utilización de los medios electrónicos a la que se enfrenta el Estado colombiano, en el procedimiento administrativo y en los procesos contencioso administrativos, en el marco del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011). Con ese fin, daremos cuenta de las influencias, el análisis de conceptos y alcances. Para luego hacer unas reflexiones sobre el uso de estos medios, el cual trae unas implicaciones, que están sujetas a las expectativas, retos y perspectivas inherentes a todo cambio.

Derecho administrativo y autorregulación: la autorregulación regulada

El objeto de esta tesis es el análisis de la autorregulación regulada, es decir, el análisis de las normas y de los controles privados que poseen relevancia para el Derecho público. A pesar de su aparente desvinculación con el Derecho Administrativo, la autorregulación es una tendencia que se percibe cada vez con mayor nitidez; es, claramente, un fenómeno que se asocia principalmente al uso de nuevas tecnologías, pero que desborda con mucho este ámbito. La autorregulación es una noción directamente relacionada con la transformación de las formas de gobernanza impulsada desde la Unión Europea; es una nueva técnica o instrumento que las normas jurídico-públicas, a través de numerosas remisiones a la autorregulación, ponen en manos de la administración para gestionar los fines que ésta tiene encomendados. Existe, sin embargo una clara disociación entre las esperanzas puestas en la autorregulación y la falta de respuestas que ofrece el derecho positivo. Un análisis exhaustivo de la jurisprudencia y de la legislación que utilizan la voz "autorregulación" me ha llegado a concluir que este vocablo es en nuestro ordenamiento, un "término sin concepto". En esta fuentes se asimila la "autorregulación" con la capacidad de autonormación de un sujeto. Es el derecho comunitario el que la autorregulación como una alternativa o un complemento a la desreglamentación estatal y como una manifestación de un traslado de funciones y responsabilidades públicas a la sociedad. Por influencia del Derecho comunitario, el legislador pretende, a través de la autorregulación, alcanzar dos finalidades aparentemente contradictorias: (a) facilitar la función de garante que tiene atribuida el Estado, mediante una intervención más extensa i más intensa en las actividades privadas; (b) hacer efectivo los objetos propuestos con la desregulación, mediante una contención del ejercicio de la potestad reglamentaria y una disminución de los controles, preventivos o represivos, realizados directamente por la Administración. Para salvar esta contradicción, es necesario que el legislador establezca una regulación adecuada de la autorregulación. Dicha regulación es, hoy por hoy, manifiestamente insuficiente. Deberían fijarse con carácter general -y no sólo puntualmente y por sectores- las medidas adecuadas para el fomento de la autorregulación; los efectos públicos que ésta posee en cada caso y, significativamente, las garantías y controles necesarios para contrarrestar tales efectos. Esto es, los principios que rigen la actividad administrativa deberían ser aplicados también a la autorregulación en aquellos casos en los que sus diversas manifestaciones poseen efectos similares a los que son propios de los reglamentos, las inspecciones o las sanciones administrativas. Esta propuesta deja abierta la cuestión acerca de la incidencia recíproca de ambas técnicas; esto es , la incidencia de la regulación pública en la autorregulación de origen privado y, a la inversa, el impacto del desarrollo de la autorregulación regulada en el ejercicio de las potestades reglamentaria, autorizatoria, y sancionadora de la Administración. Esta cuestión sólo puede ser contestada hoy caso por caso, de modo que la respuesta es distinta si se analiza una norma técnica, un código ético, un manual de buenas prácticas, una certificación privada del cumplimiento de normas técnicas, el ejercicio de la potestad disciplinaria privada o el arbritaje. De lo que no cabe duda alguna es que ni la autorregulación es sólo una actividad de interés privado, ni la regulación pública conserva hoy sus rasgos tradicionales.

Caraterísticas atuais e transformações ocorridas na compreensão do Estado e da Administração Pública

Administrative law had an important development since the end of World War II and has changed deeply. This study explains these modifications.

Reformas administrativas em Portugal desde o Século XIX

O objectivo deste trabalho consiste em apresentar as diversas reformas administrativas que ocorreram em Portugal nos séculos XIX e XX.

A ponderação de bens em Direito Administrativo

Quando duas normas jurídicas entram em conflito não resolúvel por inexistência de normas de conflito (o que acontece em especial no domínio dos direitos fundamentais ou quando se tentam aplicar princípios jurídicos), a solução em direito não pode ser por subsunção, tem de ser através da ponderação. A ponderação não deve ser subjetiva, mas objetiva, baseada num sistema controlável externamente. O sistema neste momento internacionalmente mais reputado de fazer a ponderação é a fórmula do peso de Robert Alexy. Aqui explica-se em que consiste a ponderação de bens, a sua origem e expressão noutros países, a sua admissibilidade, a referida fórmula, e defende-se a aplicação de um sistema alternativo baseado na teoria psicológica da pirâmide das necessidades humanas, de Abraham Maslow. Verifica-se a validade das teses testando-as em casos concretos. Faz-se ainda a aplicação destes princípios a problemas próprios do direito administrativo.

A nulidade do acto administrativo

A nulidade é um desvalor do acto administrativo e seguramente o mais polémico. Coexiste com a anulabilidade e a inexistência do acto administrativo. Cabe-lhe um regime jurídico específico que se distingue a montante do que é próprio da inexistência e a jusante do que é próprio da anulabilidade do acto. Mas na separação das águas deparamos com zonas pouco claras. A distinção das figuras está cada vez mais longe de ser simples e evidente e disso se ressente o regime jurídico que lhes deve caber. O que se pretende com este estudo é contribuir para o esclarecimento das questões, e muitas são, levantadas.

Administração pública electrónica e directiva dos serviços: Aplicação ao Sector do Turismo

Segundo Vidigal (2005), a Administração Pública Electrónica caracteriza-se pela utilização de tecnologias de informação e comunicação para melhorar a eficiência e eficácia da gestão pública e incrementando substantivamente, seja a transparência do sector público, seja a transparência do cidadão nas suas relações com o Estado. Segundo o mesmo Autor, o Estado deve reorganizar-se de forma a constituir uma autoridade reguladora dos relacionamentos horizontais entre organismos públicos, ajudando a identificar e optimizar processos e quebrando as respectivas barreiras jurídicas, culturais, institucionais, políticas e territoriais.

O código de procedimento administrativo e a atividade de polícia

O ponto de partida deste trabalho consiste nas relações entre a atividade da polícia e o Código do Procedimento Administrativo, procurando saber se aquela atividade se encontra subordinada às regras procedimentais contidas no Código do Procedimento Administrativo, excluindo obviamente do âmbito deste estudo a atividade de polícia criminal desenvolvida pelos órgãos e autoridades de polícia criminal.1

Mecanismos de impugnación de los dictámenes del Procurador General del Estado (Tema Central)

Este artículo busca generar debate académico sobre la naturaleza jurídica de los pronunciamientos del Procurador General del Estado en el Ecuador, y determinar si se trata de un acto normativo, de un acto administrativo, de un acto de simple administración, de un acto complejo o de un acto de naturaleza sui géneris, asunto que nos permitirá establecer a su vez la o las vías de impugnación de estos pronunciamientos, sean estas acciones constitucionales como de inconstitucionalidad de acto normativo, de acto administrativo o de amparo, o las acciones contencioso administrativas objetiva o de anulación, o subjetiva o de plena jurisdicción.

La enseñanza del derecho financiero en Italia y España (Artículos Varios)

El trabajo analiza el pensamiento de distinguidos profesores como Griziotti y Ranelletti: el primero, fundador de la escuela económica y jurídico-finaciera de Pavía, la que sostenía la unidad de la cátedra de ciencia de las finanzas y derecho financiero, en cuanto ambas tendrían como objeto el mismo fenómeno financiero, el segundo, fundador de la escuela jurídico-finandera napolitana, partidaria de la enseñanza del derecho financiero como rama del derecho administrativo. Profundiza además en el estudio de las dos corrientes en la enseñanza de la ciencia de las finanzas y del derecho financiero impartida por los juristas, la autonomía del contenido conceptual destacado por D'Alessio e Ingrosso como objeto de la enseñanza del derecho financiero, el pensamiento de Sainz de Bujanda y su influenda en la institución de las cátedras de "Derecho financiero y tributario" en España, la contribución de Romanelli-Grimaldi a la individuación del fenómeno jurídico financiero como objeto de la enseñanza del derecho financiero, los aportes de Sica y Abbamonte para reconducir el fenómeno jurídico financiero a los principios constitucionales y, finalmente, la influencia de dichas contribuciones sobre el actual reconocimiento de la autonomía de la enseñanza del derecho financiero.

Disertación sobre el servicio público (Tema Central)

El concepto de servicio público, a pesar de las muchas polémicas que despierta en la doctrina, es una de las nociones que más interés despierta en los estudios del Derecho Administrativo. En efecto, se trata de una prestación técnica que satisface necesidades de carácter general, con sujeción a un régimen jurídico exorbitante del derecho ordinario. En tal virtud, como competencia de la Administración Pública, contribuye a la realización de los cometidos estatales y de los fines públicos. El presente trabajo aborda los principales aspectos que rodean a la temática del servicio público, de modo que brinda una introducción sumamente útil sobre la materia.

Encouraging a culture of justification: a comparison of Teoh and Baker

Focuses on the intersection of administrative law, international law, and universal human rights concepts in Australia and Canada. Comparison of  court decision between the cases involving Ah Hin Teoh and the Canadian  Minister of Citizenship and Immigration; Effect of the ratified United Nations  Convention on the Rights of the Child on administrative decisions; Judicial supervision of executive actions.

Baker v The Queen & Fardon v Attorney General for the State of Queensland

In 2004, the High Court of Australia had cause to revisit its 1996 decision in Kable, as well as to consider the nature of judicial power as it relates to the deprivation of liberty, outside of the parameters of conventional criminal sentencing. The resulting decisions of Fardon and Baker demonstrate the lack of constitutional protections afforded to people who become the focus of governmental campaigns to be "tough on crime". The so-called "Kable principle", as construed by the High Court in 2004, may prove to be the "constitutional watch dog that barks but once".

Beyond the separation of powers : judicial review and the regulatory proscription of terrorist organisations

Administrative law remains the key defence against an over-zealous executive arm of government, but administrative law needs to be understood in an international context. Perhaps nowhere is this more apparent than in relation to legislation designed to counter terrorist activities. The co-ordination of terrorist activities knows no borders, and state-centered executive action designed to address the threat of terrorism necessarily operates in a broader global environment. An important but controversial part of Australia's counter-terrorism legislation suite is the power to proscribe terrorist organisations. The authors contend that the scope of judicial review available in relation to decisions of the Commonwealth executive to proscribe terrorist organisations is inadequate and may jeapordise Australia's compliance with international standards, such as those provided in the International Covenant on Civil and Political Rights. Now is an opportune time to reassess the structure and operation of the power to proscribe organisations in Australia.

Anti-money laundering and governance in Latin America

This paper is designed to provide a first approach to some questions raised by the Global administrative Law Project concerning the anti money laundering system, as a global governance project, and how it works in Latin America. We address some interactions between actors at the global, regional and local level. So we have organized our presentation according to those three spaces: 1) global standards, 2) regional efforts and 3) national experiences, where we present the contrast between Brazil and Argentina.