954 resultados para estatuto


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A presente investigação centra-se na problemática da distribuição do poder para os níveis de governação subnacional nos Estados africanos. Pretende analisar o modelo de governação local em Angola tendo em conta as dinâmicas institucionais em matérias da descentralização e autonomia na governação das estruturas locais, focalizando-se sobre o modelo de governação provincial montado na província de Cabinda à luz do seu estatuto especial. A abordagem qualitativa empregue recorre a amostra dos especialistas na recolha das opiniões trabalhadas com a técnica de análise de conteúdo para verificar as nossas pistas de respostas às interrogações suscitadas pela relação «descentralização – estatuto especial» na perspectivação de saída do conflito armado que confronta o governo de Angola aos movimentos independentistas de Cabinda. As análises feitas ao modelo da governação local em Cabinda permitiram observar, por um lado, a falta de consenso entre os actores políticomilitares e sociais no processo, agudizando-se as contestações ao estatuto especial; por outro, o quadro regulamentar da descentralização em Angola pós-colonial leva à argumentação que os princípios que regem o sistema político-administrativo provincial actual não resolvem os problemas das especificidades históricas, geográficas e culturais do território de Cabinda, deixando espaço aberto para conflitualidades conjunturais.

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The exercise of disciplinary action, for the practice of misconduct by a lawyer or trainee lawyer, is the sole responsibility of the O.A., as professional body representative of their peers. The disciplinary procedure prescribed in the statute of the O.A., presents a framework for an integrated accusatory principle of research. The participation of the rapporteur of the disciplinary proceedings in the voting of the resolution imposing a disciplinary sanction is substantively unconstitutional for violating paragraph 5 of article 32nd of the Portuguese Constitution. The requirement to comply with this legislation stems, ultimately, from the similar nature of the fundamental rights of the accused lawyer or trainee lawyer to the rights, freedoms and guarantees protected in criminal proceedings.

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Tiene como objetivo central responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo influyen las presiones e intereses creados de los actores internos e internacionales en las decisiones de ratificar o no el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el caso de Nicaragua y Honduras?. Para poder dar una respuesta a esta interrogante se partió de la importancia de la Corte Penal Internacional dentro del sistema internacional de protección de los Derechos Humanos. Se realizó un análisis del rol de Nicaragua y Honduras en el proceso de creación de esta Corte, investigando la participación que tuvieron estos países centroamericanos en dicho proceso. Finalizando así con el proceso de ratificación del Estatuto de Roma en estos dos países con respecto a la normativa interna, los obstáculos y aperturas, y los posibles intereses de actores políticos internos e internacionales que pudieron haber influenciado en la decisión de ratificar o no este instrumento internacional para poder llegar a una conclusión. El Estatuto de Roma de la Corte es un instrumento jurídico único dentro del sistema internacional de protección de los Derechos Humanos. Juzga las violaciones más graves del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, como son: crimen de genocidio, crimen de lesa humanidad, crimen de guerra y crimen de agresión. Por la importancia que tiene el Estatuto de Roma y por el compromiso que cada Estado tiene de garantizar y proteger los Derechos Humanos, éstos deben formar parte de la Corte. Aunque los Estados sean soberanos para tomar decisiones, como las de ratificar o no un instrumento, deben tomar en consideración que vivimos en un mundo donde se debe ir más allá del derecho interno para poder garantizar y proteger los derechos más preciados de los seres humanos, independiente de los intereses políticos que puedan existir.

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Esta publicación trata de responder preguntas como: ¿Qué significa la ratificación del Estatuto de Roma para los países andinos? ¿Qué obligaciones conlleva el Estatuto en el ámbito procesal y penal y cuáles son sus implicancias constitucionales? El objetivo de la misma es crear una herramienta de análisis y debate del Estatuto de Roma y su compatibilidad con la legislación nacional de cada uno de los países andinos y de esta manera contribuir a su proceso de ratificación en la región.

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En este documento se presentan los argumentos utilizados en las respectivas resoluciones de compatibilidad de las constituciones nacionales con el Estatuto. Debido a que Costa Rica y Ecuador tienen dictámenes de los tribunales constitucionales, se enfoca en los argumentos vertidos allí, pero también se mencionan argumentos de otras instancias de los Estados en que la compatibilidad se determinó de otra manera. Se espera que estos argumentos sean de interés en países que aun no han terminado sus estudios respectivos sobre el tema.

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La vigencia del Estatuto de Roma, por el que se crea, organiza y regulan las funciones de la Corte Penal Internacional, requiere de la ratificación de los Estados Partes de acuerdo con lo que para el efecto disponga el Derecho interno de cada Estado y en e caso ecuatoriano, lo que manda la Constitución Política de la República. Esto es que el Congreso apruebe dicho tratado, previo el informe del Tribunal Constitucional acerca de su conformidad con ella y que luego lo ratifique el Presidente de la República. A esta fecha, el Tratado se encuentra en el Tribunal en espera de su informe que de ser en el sentido de que es conforme con la Constitución, pasará al Congreso para que lo apruebe, este artículo analiza algunos reparos al respecto que es preciso desvirtuar.

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A pesar del discurso estadístico e instrumental sobre la importancia de la inmigración para el futuro económico de Europa que va de la mano con el de la necesidad de desarrollar políticas (sociales y culturales) de integración del inmigrante, actualmente existe una tendencia regresiva a restringir su acceso a los derechos ciudadanos (civiles, políticos y sociales). Un ejemplo de este proceso es el que se produce en España, en el actual contexto de conformación de la Unión Europea y de la llamada Globalización. El año 2000 constituyó un punto culminante de este fenómeno en España, en cuanto fue el escenario temporal de una lucha social y política en el que se confrontaron dos perspectivas y concepciones contrapuestas de ciudadanía, hecho que evidenció la caducidad del antiguo modelo de ciudadanía comprendida como el vínculo político (estatuto de derechos y obligaciones) entre el individuo y el Estado-nación, que se adquiere de manera preferente a través de la descendencia (ius-sanguinis).

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Hoy en día, millones de personas apátridas en todo el mundo se enfrentan a graves dificultades. La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 proporciona un marco a los Estados para que ayuden a los apátridas, permitiéndoles vivir en condiciones de seguridad y dignidad hasta que pueda resolverse su situación. En la actualidad, muy pocos Estados hacen parte de este instrumento.

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Las Empresas Públicas creadas mediante Decreto Ejecutivo se encuadran dentro del Derecho Público y su principal objetivo es el manejo de sectores estratégicos y prestación de servicios públicos. A pesar de la importancia que tiene este tipo de empresas dentro del quehacer diario del Estado en la gestión y administración pública, a éstas tras el pronunciamiento del Procurador General del Estado en el año 2010 (Oficio de Absolución de Consulta No. 00146 de 22 de diciembre de 2010), por no ser parte de la Función Ejecutiva, no les es aplicable el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), norma de carácter general que regula la Administración Pública, lo que ocasiona que varios ámbitos a ser desarrollados por estas empresas queden desamparados y faltos de normativa, entre ellos los procesos de impugnación de los actos administrativos. La importancia del tema radica en el hecho de que el ERJAFE determina los procesos administrativos fundamentales, entre los que se encuentran los procesos de impugnación de actos administrativos, para el correcto desenvolvimiento de la Administración Pública, por lo que la imposibilidad de aplicar esta normativa es crítica y genera inseguridad, tanto para las Empresas Públicas como para sus administrados. Este trabajo busca realizar un análisis de la problemática que aqueja a las Empresas Públicas creadas mediante Decreto Ejecutivo, al momento de atender los procesos de impugnación de los actos administrativos, por la imposibilidad de aplicar el ERJAFE y por no contar con una norma supletoria que subsane este vacío legal, traduciéndose así en inseguridad jurídica para los administrados.

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O trabalho tem como temática o processo de implementação das transformações legais realizadas a partir da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990. Especificamente, investiga a nova configuração dos aparatos de atenção jurídico-estatais para os “adolescentes em conflito com a lei” no Rio Grande do Sul, a partir do estudo da implantação das novas políticas sócio-educativas. A pesquisa destaca, desde uma perspectiva antropológica, os modos pelos quais a transformação de princípios é dinamizada em práticas diversas, institucionalizada no seio de entidades específicas e entendida por seus protagonistas privilegiados: os agentes jurídico-estatais, na interface de seus relacionamentos com os adolescentes, familiares e/ou responsáveis.

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O Governo Federal sancionou, no último dia 12 de janeiro, o Estatuto da Metrópole, colocando fim a mais de 10 anos de tramitação do projeto para sua criação. A sanção enfim estabelece um conjunto de diretrizes questões de interesse comum às regiões metropolitanas, dotando os gestores públicos de instrumentos para o planejamento e a gestão integrada das cidades. A questão urbana aparece pela primeira vez em uma Constituição do Brasil em 1988 nos artigos 182 e 183, regulamentados posteriormente através do Estatuto da Cidade (LEI N° 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001). Este, no entanto, não tratou em seu escopo o desenvolvimento regional, tendo considerado apenas as especificidades das Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas em algumas de suas disposições.

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Seminário realizado no dia 26 de setembro de 2001, para debater a legislação existente sobre as organizações não-governamentais que atendem a interesses públicos.

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Um envelhecer saudável compreende fundamentalmente, o atendimento de necessidades que vão além da manutenção de um bom estado de saúde física. Faz-se necessário valorizar o idoso como pessoa socialmente útil, favorecendo, direta e indiretamente, o idoso, a família e comunidade para o alcance de um estilo de vida desejável. Pautando-se nessas reflexões, a partir da importância de um estudo em que se procure avaliar até que ponto, segmentos da sociedade e o próprio idoso, conhecem os direitos deste, e com isto, procurar pontuar conceitos de cidadania, vinculando os idosos a essas práticas, tendo como ponto de partida neste estudo, a saúde, como prática muito questionada no cotidiano. Este estudo, portanto, tem como objetivo verificar o conhecimento de estudantes universitários sobre os direitos do idoso no que se refere à saúde, contemplados no Estatuto do Idoso e explorar os direitos do idoso no âmbito da saúde na concepção de estudantes universitários. Trata-se de um estudo exploratório descritivo, numa abordagem qualitativa, centrando-se na análise dos aspectos legais (jurídicos) sobre o conhecimento dos direitos do idoso no âmbito da saúde pelos estudantes e sua implicação na prática da cidadania. O estudo foi realizado na cidade de João Pessoa - Pb, estudantes universitários de diferentes cursos do Campus I da Universidade Federal da Paraiba. O instrumento utilizado para coleta de dados foi uma entrevista semi-estruturada. Os coletados foram qualitativamente, explorando-se as falas dos sujeitos, utilizando-se a técnica de análise de conteúdo temática categorial. Os resultados encontram-se apresentados em quadros e temas. A partir de diferentes artigos realizados no decorrer do curso. Diante da expressividade dos resultados encontrados nesta pesquisa, é possível afirmar que os estudantes universitários ainda conhecem pouco o direito dos idosos, em particular, no campo da saúde, mesmo os estudantes da referida área. No contexto interdisciplinar este estudo sugere ações dirigidas à população do estudo propiciando pesquisas com maior impacto na mídia dirigida tanto aos idosos como a sociedade em geral