485 resultados para JUSTICIA PENAL


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El presente trabajo tiene como objetivo analizar las reconfiguraciones de los espacios de lo público y lo privado en la militancia revolucionaria de la década de 1970 en Argentina a partir de cuatro documentos pertenecientes a las organizaciones PRT-ERP y Montoneros. Para ello se partirá de los enfoques que plantean una relación permeable entre las esferas de lo público y lo privado. Este esquema de fronteras difusas permitirá establecer un corrimiento con respecto a los contenidos rígidos que les asigna a esas esferas la doctrina liberal. Para analizar la relación entre militancia revolucionaria y vida privada se tomarán en consideración, por un lado, los documentos La moral y la actividad revolucionaria de Nahuel Moreno y Moral y proletarización de Luis Ortolani de PRT-ERP, agrupados bajo el eje moral revolucionaria y, por el otro, las Disposiciones sobre la justicia penal revolucionaria y el Código de justicia penal revolucionario, ambos códigos normativos de Montoneros, aglutinados bajo el eje justicia revolucionaria

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El artículo "El caso peruano de esterilización forzada. Notas para una cartografía de la resistencia", propuesto para el dossier "Género, Violencia y Política en la Historia Reciente Latinoamericana" de la presente edición, es una breve introducción al caso (1996-2000) desde el panorama (no exhaustivo) de la resistencia conformada por mujeres indígenas, organizaciones feministas, organizaciones en pro de los derechos humanos, sociedad civil organizada, investigadores, periodistas y artistas. Sobre todo, se requiere consignar aquellas intervenciones en el espacio y esfera públicos que han dibujado la lucha por alcanzar la justicia (penal y/o social) frente a los miles de casos de esterilización forzada en el Perú, ayudando al reconocimiento legítimo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos sobre todo de las mujeres. Es decir: una cartografía del terreno en el que se desplaza el movimiento de resistencia social

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El artículo "El caso peruano de esterilización forzada. Notas para una cartografía de la resistencia", propuesto para el dossier "Género, Violencia y Política en la Historia Reciente Latinoamericana" de la presente edición, es una breve introducción al caso (1996-2000) desde el panorama (no exhaustivo) de la resistencia conformada por mujeres indígenas, organizaciones feministas, organizaciones en pro de los derechos humanos, sociedad civil organizada, investigadores, periodistas y artistas. Sobre todo, se requiere consignar aquellas intervenciones en el espacio y esfera públicos que han dibujado la lucha por alcanzar la justicia (penal y/o social) frente a los miles de casos de esterilización forzada en el Perú, ayudando al reconocimiento legítimo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos sobre todo de las mujeres. Es decir: una cartografía del terreno en el que se desplaza el movimiento de resistencia social

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El presente trabajo tiene como objetivo analizar las reconfiguraciones de los espacios de lo público y lo privado en la militancia revolucionaria de la década de 1970 en Argentina a partir de cuatro documentos pertenecientes a las organizaciones PRT-ERP y Montoneros. Para ello se partirá de los enfoques que plantean una relación permeable entre las esferas de lo público y lo privado. Este esquema de fronteras difusas permitirá establecer un corrimiento con respecto a los contenidos rígidos que les asigna a esas esferas la doctrina liberal. Para analizar la relación entre militancia revolucionaria y vida privada se tomarán en consideración, por un lado, los documentos La moral y la actividad revolucionaria de Nahuel Moreno y Moral y proletarización de Luis Ortolani de PRT-ERP, agrupados bajo el eje moral revolucionaria y, por el otro, las Disposiciones sobre la justicia penal revolucionaria y el Código de justicia penal revolucionario, ambos códigos normativos de Montoneros, aglutinados bajo el eje justicia revolucionaria

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Esta tesina tiene el objetivo de analizar las relaciones entre los detenidos y la justicia penal en dos cárceles de la provincia de Buenos Aires. Estas relaciones son una dimensión de la vida cotidiana de los detenidos en las cárceles y se condensan en lugares específicos dentro de estas instituciones. Los detenidos encaran relaciones con la justicia penal principalmente a través de escritos, mediante los cuales solicitan a los tribunales en donde se deciden y regulan sus condenas a prisión medidas como el acceso a programas de libertad anticipada. El interés del trabajo está puesto en cómo los detenidos se organizan para producir y circular escritos, acumulan y socializan conocimientos, y despliegan distintas tácticas para encarar esas relaciones. Analizamos cómo los detenidos buscan personalizar las relaciones con la justicia, contra las tendencias a la despersonalización propias de la burocracia judicial. A su vez, describimos cómo sus acciones están dirigidas a activar los mecanismos burocráticos de la justicia para que se resuelva en favor suyo, antes que a suplantarlos o combatirlos. El análisis de estas relaciones entre los detenidos y las burocracias judiciales nos permiten pensar los vínculos entre mucho de lo que sucede en las cárceles y otras instituciones y actores que funcionan por fuera de ella

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El artículo "El caso peruano de esterilización forzada. Notas para una cartografía de la resistencia", propuesto para el dossier "Género, Violencia y Política en la Historia Reciente Latinoamericana" de la presente edición, es una breve introducción al caso (1996-2000) desde el panorama (no exhaustivo) de la resistencia conformada por mujeres indígenas, organizaciones feministas, organizaciones en pro de los derechos humanos, sociedad civil organizada, investigadores, periodistas y artistas. Sobre todo, se requiere consignar aquellas intervenciones en el espacio y esfera públicos que han dibujado la lucha por alcanzar la justicia (penal y/o social) frente a los miles de casos de esterilización forzada en el Perú, ayudando al reconocimiento legítimo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos sobre todo de las mujeres. Es decir: una cartografía del terreno en el que se desplaza el movimiento de resistencia social

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Esta tesina tiene el objetivo de analizar las relaciones entre los detenidos y la justicia penal en dos cárceles de la provincia de Buenos Aires. Estas relaciones son una dimensión de la vida cotidiana de los detenidos en las cárceles y se condensan en lugares específicos dentro de estas instituciones. Los detenidos encaran relaciones con la justicia penal principalmente a través de escritos, mediante los cuales solicitan a los tribunales en donde se deciden y regulan sus condenas a prisión medidas como el acceso a programas de libertad anticipada. El interés del trabajo está puesto en cómo los detenidos se organizan para producir y circular escritos, acumulan y socializan conocimientos, y despliegan distintas tácticas para encarar esas relaciones. Analizamos cómo los detenidos buscan personalizar las relaciones con la justicia, contra las tendencias a la despersonalización propias de la burocracia judicial. A su vez, describimos cómo sus acciones están dirigidas a activar los mecanismos burocráticos de la justicia para que se resuelva en favor suyo, antes que a suplantarlos o combatirlos. El análisis de estas relaciones entre los detenidos y las burocracias judiciales nos permiten pensar los vínculos entre mucho de lo que sucede en las cárceles y otras instituciones y actores que funcionan por fuera de ella

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Inscripto en el análisis del discurso interaccional de tradición angloamericana y optando por un abordaje metodológico etnográfico, este proyecto plantea investigar las relaciones entre textos orales y entre textos orales y escritos vinculados en cadenas textuales en un acontecimiento comunicativo institucional en el que tales relaciones tienen consecuencias directas en la confiabilidad de la información e intervienen en la construcción del conocimiento oficial. La situación comunicativa elegida es el examen y el contraexamen de testigos comunes durante procesos penales orales, de formato común no abreviado, en la jurisdicción de Córdoba capital. En las interacciones verbales con litigantes y jueces en las que emerge el testimonio se ponen en juego otros textos orales (en forma de citas de lo dicho antes por el mismo testigo u otras personas, referencias a rumores u opiniones colectivas, etc.) y textos escritos (actas de secuestro, informes periciales, actas de las declaraciones testimoniales en la etapa de instrucción, etc.). El foco de atención son las prácticas asociadas a la intertextualidad puesto que condicionan el carácter de la prueba testimonial producida ante el juzgador. Postulamos que los litigantes despliegan tácticas locales y estrategias globales reconocibles y recurrentes vinculadas al tratamiento de diversas categorías de textos previos. Además, planteamos averiguar si la participación de los jueces en interacción con los testigos es de suficiente injerencia como para ser un modo importante de generación de prueba testimonial. El enfoque metodológico general es etnográfico y analíticodiscursivo. Se seleccionará una causa por delito grave, se presenciará el debate en la cámara y se registrará el audio de todas las audiencias. Los datos a analizar serán los segmentos en las interacciones en los que se incorpora la lectura o se cita las actas de las declaraciones indagatorias o testimoniales anteriores, y los segmentos en los que se requiere, en calidad de prueba testimonial, la reproducción de dichos. Se procederá a partir de los detalles de la superficie textual y la pragmática de los intercambios y aprovechando el valor heurístico del concepto de voz, buscando identificar patrones recurrentes y los mecanismos generales que los rigen. Sobre esa base, se considerarán los intercambios verbales como interacción social que emerge moldeada por condiciones situacionales e institucionales y otros factores, tales como la incidencia de la pertenencia a grupos sociales o profesionales. Con el estudio se obtendrá una visión de prácticas cotidianas asociadas a la intertextualidad que son de crucial importancia para el carácter de la prueba testimonial producida ante el juzgador. Este paso nos acercará a conocer cómo se lleva a cabo efectivamente la administración de justicia penal y permitirá valorar los patrones de conducta a la luz de las normas procesales.

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EL PROBLEMA A raíz del reconocimiento de la violencia contra la mujer como un problema de salud pública, en las últimas dos décadas ha ocurrido una notable transformación de la respuesta a esta problemática en todos los sectores de la sociedad, incluyendo el sistema de justicia penal, los servicios sociales, el sistema sanitario y la opinión pública. La aproximación sanitaria y epidemiológica a la violencia contra la mujer, y específicamente la que ocurre en el seno de las relaciones de pareja (violencia contra la pareja o VCP), resalta el papel de la prevención y la importancia de valorar el riesgo de violencia para orientar las estrategias de intervención que los profesionales y técnicos administrarán a fin de evitar daños y peligros, a veces letales, sobre la víctima. Aunque la VCP es un tema prioritario en las políticas públicas de Córdoba, aun permanece el interrogante de cómo funcionan en la población local las técnicas estructuradas de evaluación del riesgo que han demostrado eficacia en la predicción del fenómeno a partir de la identificación y la intervención sobre los factores de riesgo que incrementan la probabilidad de su aparición. El RVD-Bcn es una de estas técnicas y fue desarrollada a fin de incrementar la precisión de los pronósticos y de orientar las decisiones profesionales relativas a la intervención con la víctima. HIPÓTESIS El RVD-Bcn administrado en mujeres de Córdoba será una herramienta útil para evaluar de forma objetiva, replicable y válida el riesgo de violencia que una mujer pueda tener, en un momento dado, por parte de su pareja actual o anterior y favorecerá la toma de decisiones de los profesionales para la gestión de cada caso en función de los niveles de riesgo y las necesidades identificadas. OBJETIVOS General: Poner a disposición de la comunidad profesional que trabaja en contextos sociosanitarios de Córdoba un instrumento validado empíricamente en población local para asistir a los profesionales en su toma de decisiones relativas al riesgo de VCP y a la gestión de los casos. Específicos: Identificar niveles de riesgo de violencia en las mujeres participantes, evaluar la fiabilidad y validez predictiva del RVD_Bcn sobre la VCP, establecer puntos de corte que equilibren los niveles de sensibilidad y especificidad diagnósticos y establecer recomendaciones para su uso en la gestión de los casos de VCP. METODOLOGÍA Estudio longitudinal y multicéntrico. Mediante una entrevista estructurada se administrará un cuestionario de datos sociodemográficos y de la situación de pareja y familiar y el RVD-Bcn a una muestra de 500 mujeres mayores de 18 años consultantes en servicios sociosanitarios de Córdoba. Se realizarán dos entrevistas de seguimiento al cabo de los 3 y 6 meses para recoger información sobre los sucesos violentos que la mujer haya podido sufrir durante ese período. Se realizarán análisis psicométricos de fiabilidad y validez predictiva de la herramienta mediante técnicas de regresión logística y el trazado de curvas ROC. RESULTADOS ESPERADOS Las herramientas de evaluación del riesgo de VCP han demostrado eficacia predictiva similar (en promedio d= .40) en diferentes poblaciones y contextos (Hanson, Helmus & Bourgon, 2007). Es esperable que el RVD-Bcn demuestre una capacidad predictiva similar a la obtenida en la muestra original. IMPORTANCIA DEL PROYECTO El uso de protocolos estructurados para la valoración profesional del riesgo de violencia incrementa la capacidad predictiva en los pronósticos profesionales, reduce la tasa de falsos positivos y falsos negativos, mejora la eficacia de las medidas preventivas al adecuarlas a los niveles de riesgo estimados y a las necesidades detectadas en cada caso individualizado, y mejora la comunicación entre profesionales. Este estudio representa un primer esfuerzo en Córdoba de aproximación empírica a la evaluación estructurada del riesgo en casos de VCP y sus resultados serán útiles para indicar los lineamientos de investigación futura.

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Motor vehicle theft costs dearly to the Australian economy. Conservative estimates have put the annual cost of this form of illegal activity at 654 million during 1996. A number of initiatives aimed at reducing the incidence and cost of car theft have been implemented in recent years, yet statistics indicate that car theft is on the increase. Several authors have proposed an integrated approach to the regulation of markets for stolen property. Understanding property crime as a market is central to identifying approaches to its control. This paper discusses an industry model of crime and develops it on Australian data. Our model is an adaptation of one originally proposed by Vandeale (1978). It considers a production sector that uses inputs from a market of illegal labour to generate a supply of illegal goods that are traded in a product market. These sectors interact with each other and with a criminal justice sector. The model is applied to the analysis of car theft in Queensland.

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Las víctimas de los paramilitares cuentan por qué no participaron de Justicia y Paz y cómo han aprendido a reconstruir el tejido social tras un historial de violencia.

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La reducción de la demanda, específicamente por medios alternativos al sistema penal tradicional, ha sido uno de los componentes más discutidos en los análisis que abordan la lucha contra las drogas. Este artículo se propone determinar el papel de la Organización de Estados Americanos en el establecimiento de los Tribunales de Tratamiento de Drogas en Estados Unidos como mecanismo de reducción del daño en el periodo comprendido entre 1989 y 2013. Se sugiere que la organización internacional, a través de la CICAD, ha jugado un papel de promoción, y evaluación de los Tribunales de Tratamiento de Drogas en Estados Unidos, generando presión entre sus Estados miembro, dada la necesidad de instaurar alternativas legales de reducción del daño. Sin embargo, se presentan deficiencias en los mecanismos de evaluación, ya que las indicaciones realizadas no tienen un carácter obligatorio y por tanto las determinaciones de la CICAD no necesariamente son adoptadas.