La captura del estado vista desde los procesos de formulación e implementación de la política pública agro ingreso seguro. Periodo 2007-2009

RESUMEN En esta monografía el interés es comprender la dimensión de la captura del estado, su complejidad y cómo ha penetrado en la cultura política institucional de nuestro país; así mismo, el análisis permite entender el grado de influencia de los grupos de poder para lograr leyes y regulaciones a favor suyo en detrimento del interés general. Este trabajo aborda dicho fenómeno en los procesos de formulación e implementación de la política pública de Agro Ingreso Seguro – AIS– y explica consecuencias y efectos de la captura del Estado en su gobernabilidad y eficacia social. Para ello se desarrolló una investigación de tipo documental que permitió identificar el grado de legitimación de los propósitos de la política pública poniendo en perspectiva la intervención de agentes capturadores en el proceso de implementación de la política Agro Ingreso Seguro.

La discriminalización socio económica en los establecimientos carcelarios, el manejo de poder y la deslegitimacion del Estado

Esbozar los problemas de la crisis, presentar una serie de dificultades, recriminar la posición estatal y llegar a unas posibles soluciones para el conflicto. De una manera tímida se critica el sistema penitenciario y algunas de sus problemáticas

La visión de la historia por los adolescentes : revisión del estado de la cuestión en Estados Unidos y en el Reino Unido.

Resumen de la autora

La responsabilidad del estado por la privación injusta de la libertad en Colombia

El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general

¿Para qué los pedagogos? posibles causas y soluciones del estado actual de la pedagogía.

Aproximarse a la solución de cuestiones claves a cerca de los pedagogos y de la pedagogía como profesión, mediante el examen de la problemática académica, los estudios de pedagogía y los sectores profesionales relacionados con dichos estudios. Se hace una reflexión desde el campo de la sociología de las profesiones sobre las características integrantes de las mismas, haciendo especial referencia a la pedagogía y a la medicina por considerarse el paradigma profesional, estudia la profesionalización de los pedagogos y la situación actual de la pedagogía, más concretamente la situación de los licenciados de pedagogía en España y se tienen en cuenta las causas que han conducido a esta carrera a la situación desfavorable en que se encuentra y las posibles soluciones que se pueden aportar. 1) La sociología de las profesiones nos demuestra que la creación de nuevos campos ocupacionales, la ampliación y renovación de los ya existentes y la consolidación de las expectativas de nuevos campos ocupacionales y profesionales, es un proceso lento y complejo relacionado con los denominados cambios socioeconómicos, científicos y académicos. 2) La pedagogía carece de reconocimiento público, lo que trae consigo una falta de confianza pública, de status social, por lo tanto menores recompensas económicas. 3) En cuanto a la situación actual en que se encuentra el licenciado en pedagogía se puede apreciar el estancamiento o pérdida de influencia en tres sectores profesionales como son los servicios de orientación, el perfeccionamiento del profesorado e investigación básica y aplicada a cargo de los Ices y el sector de las nuevas ocupaciones. 4) Una de las más urgentes necesidades es trazar las fronteras de esta profesión y esto hacerlo de una forma jurídico-oficial, con lo cual se impedirá el ejercicio de ésta a los intrusos para evitar traer el descrédito para el pedagogo con las consiguientes repercusiones sociales y económicas. 5) La profesionalización del pedagogo va a depender de que las necesidades humanas y sociales, orientadoras de su función, sean científicamente contempladas en su currículum universitario y profesional. 6) Respecto a la situación caótica en la que se encuentra la pedagogía, mejoraría llevando a buen término puntos decisivos como una preparación científica y profesional del pedagogo, lo que supondría una remodelación de los actuales planes de estudio y currículums, una lucha contra el intrusismo que se vería facilitada con la consecución de un Estatuto y Colegio Profesional de los pedagogos, una expansión de las bases científicas de las aplicaciones mediante ayudas adecuadas a la investigación, una definición epistemológica de la pedagogía, para darle sentido y una nueva actitud del universitario hacia la carrera de pedagogía y hacia la Universidad en general.

Política documental en España en el siglo XIX : la acción del Estado en la promoción de archivos y bibliotecas.

Estudiar la política documental llevada a cabo en España durante el siglo XIX. En primer lugar, se analizan la legislación y las estructuras administrativas en materia de archivos y bibliotecas existentes en España durante el siglo XIX. Además, se estudia la creación del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. A continuación, se investiga la implantación de las disciplinas documentarias en los planes de estudio de las distintas carreras universitarias, así como la institucionalización de estas enseñanzas mediante la creación de la Escuela Superior de Diplomática. Por último, se dan a conocer las instituciones documentales del siglo XIX. Se consultan fuentes institucionales, documentales y personales. Investigación de carácter teórico y de análisis de la aplicación del contenido a las actuaciones institucionales y sociales. La política documental de la administración española en el siglo XIX sigue dos direcciones. Por un lado, se dota a los organismos públicos de archivos y bibliotecas y, por otro, se incorporan estas unidades documentales a la enseñanza, la ciencia y la cultura popular.

Reformas de la formación del profesorado y la enseñanza en Estados Unidos : reconstitución del aparato burocrático del Estado y elaboración de un discurso político. Comentario.

Ponencia y comentario crítico presentados al seminario internacional que, sobre 'Los usos de la comparación en ciencias sociales y en educación', han organizado el Centro de Investigación y Documentación Educativa y el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense y que se ha celebrado en el CIDE, en febrero de 1989. Este estudio trata sobre los nuevos mecanismos de control de la educación originados por las interdependencias de la economía internacional y la crisis cultural que vive Estados Unidos y que se manifiesta en la reorganización de la formación del profesorado en casi todos sus estados. El comentario a la ponencia resalta cómo una determinada política educativa intenta reconstruir la legitimación social a través del aparato educativo y la formación de los docente.

Ley de la Jefatura del Estado, de 18 de diciembre, sobre la mayor difusión posible del libro español, tanto en el interior como en el extranjero.

Transcripción de la Ley por la que se exime de pago de impuestos de Derechos reales, Timbre e Impuesto especial de Emisión, a las empresas editoriales, durante un periodo de 5 años desde su creación, así como la exención del 'impuesto de utilidades' por los beneficios obtenidos a las editoriales que inviertan en mejoras o ampliaciones de su propia empresa. Con estas medidas se pretendía fomentar la difusión del libro, tanto en territorio español como en el extranjero.

Propuesta de educación a distancia en el centro penitenciario de readaptación social del estado de Jalisco (México).

Reflexionar sobre el papel de la educación como medida reinsertadora y rehabilitadora de personas presas en un contexto como la cárcel. Ofrecer programas de Formación Profesional para el ejercicio de las mismas, con el objeto de dotar a los reclusos de instrumentos socio-profesionales para su inserción laboral una vez obtenida la libertad. Se ha trabajado de forma teórica y práctica. La investigación está dividida en cuatro capítulos: en el primer capítulo se contextualiza un poco el marco referencial del Sistema Educativo Mexicano y la fundamentación legal. En el segundo capítulo se explica la educación a distancia de forma general. En el tercer capítulo se incide en el sistema penitenciario en Jalisco (México) y en todas las características principales del mismo. Por último se realiza un propuesta del sistema de educación a distancia en el centro de readaptación social del estado de Jalisco (México). El objetivo principal de esta propuesta es reducir el índice de analfabetismo de los internos y construir o contribuir a la mejora de la ciudadanía, a través de la mejoría de la calidad de vida de los internos. El programa está centrado en la educación para adultos, debiendo ser contratados para el mismo, los siguientes recursos humanos: profesores, profesores tutores, psicopedagogos, asistentes sociales y coordinadores. El esfuerzo prioritario del programa, debe ir encaminado a que la propia actividad en sí misma sea un esfuerzo intrínseco para vencer las barreras del medio, que ya aporta por sí mismo un proceso de socialización muy deficiente, en cuanto a la formación se requiere. La educación a distancia plantea, en la práctica, la ruptura de la relación directa y continuada entre profesor y alumno. La interacción educativa se reduce, a las formas de comunicación y apoyos académicos tanto de tutores, mediadores, materiales didácticos, etc. que proporciona el propio sistema. La autonomía del alumno se convierte así en la característica clave de esta modalidad educativa. Por ello, la presión a pesar de ser un espacio fuertemente cerrado, puede convertirse en un lugar en donde es posible aplicar la enseñanza a distancia. Con la modalidad de educación a distancia, por las ventajas ya mencionadas en los capítulos anteriores, se podrá ofrecer más cobertura y tratamiento de diversos niveles educativos que se adaptan perfectamente al contexto con el que tratamos. Esta modalidad por ser más económica que la convencional, responde en gran medida a la demanda creciente de la educación, que tiene como objeto la igualdad de oportunidades en la educación, ideales que sin ésta modalidad serían inalcanzables. Teniendo en cuenta el sentido de exclusión social que existe en éste espacio, y la interpretación de una educación elitista que la educación superior ha tenido durante largo tiempo, se podría valorar aun más la tarea de llevar a cabo esta propuesta, que tiene como misión ofrecer la Educación Superior en prisión, como algo normal y convertirlo en un hecho tangible.

La Formación Profesional ante la crisis de la universidad y del estado de bienestar.

Se explica que la Formación Profesional ha sido una rama olvidada del sistema educativo español, pese a los avances de la Ley Villar Palasí de 1970, y al Tratado de Maastricht. En éste, por primera vez, en los tratados comunitarios, se habla de la 'calidad de la enseñanza y de la Formación Profesional'. Ésta se debe convertir en un factor importante, junto con otros, para resolver la crisis económica. Se crítica la falta de una concienciación urgente, en los agentes sociales y económicos, en las propias familias, en las instituciones pedagógicas, y en los propios políticos, sobre la formación profesional. Se defiende que la Formación Profesional sería un gran instrumento de apoyo frente a la crisis de la propia universidad, y al del estado del bienestar.

El doble legado cultural de Mar??a Moliner : la organizaci??n de la red de bibliotecas p??blicas del Estado y el Diccionario de uso del espa??ol : apuntes sobre las bibliotecas escolares

Resumen basado en el de la publicaci??n

Ecuador y la integración andina, 1989-1995: el rol del Estado en la integración entre países en desarrollo

A partir de un tratamiento conceptual sobre los enfoques teóricos de la integración -que de alguna manera evalúan el rol del Estado en estos procesos- la presente publicación analiza el tema del Estado y la integración en el Ecuador. Mónica Mancero revisa el proceso que desembocó en la constitución del Grupo Andino y define dos momentos en su evolución: el primero, guiado por el enfoque estructuralista, y el actual, en el que prima una visión neoliberal y de mercado. El texto se detiene en las preocupaciones que la sociedad civil ha manifestado en el último período acerca de la integración subregional, y relieva la necesidad de exigir una mayor participación de los distintos actores sociales tanto en la definición como en la implementación de los mecanismos del Acuerdo. En la perspectiva de lograr el desarrollo regional, la autora perfila los elementos económicos que debería contemplar una teoría alternativa de la integración, considerando tanto elementos políticos que evalúen la importancia estratégica de la integración, como elementos sociales en la perspectiva de eliminar las asimetrías existentes. La autora concluye que el Estado en los países en desarrollo debe desempeñar un papel relevante en los procesos de integración, no solo para corregir distorisiones y desequilibrios, sino para promover a determinados sectores productivos como parte de una planificada estrategia de desarrollo.

Modernización del Estado y reforma jurídica, Ecuador 1992-1996

En el presente trabajo se analizan las causas de la reforma del sistema jurídico regulador de la economía durante el actual gobierno, desentrañando las motivaciones económicas, políticas y sociales que la han impuesto. La autora considera que los actuales cambios legales no solamente dan respuesta a procesos internos, sino que obedecen a una lógica que traspasa las fronteras nacionales y tiene correspondencia con el fenómeno de la globalización. Desde esta óptica Ximena Endara revisa el proceso de crisis del capitalismo de postguerra, su reestructuración y las nuevas modalidades de acumulación y centralización del capital a nivel mundial, que han promovido la modificación de la forma de Estado intervencionista y, por tanto, han generado una radical transformación de la estructura jurídica en América Latina y Ecuador. A la luz de estos elementos, se estudia el proceso de reforma legal vivido en el Ecuador desde agosto de 1992, considerando las condiciones económicas y sociales del país y examinando las leyes relacionadas con la economía.

Interferencia en los papeles de los órganos de control, Comisión de Control Cívico de la Corrupción vs. Contraloría General del Estado. Análisis del funcionamiento del sistema

El tema relativo al control en la administración pública y aún en el ámbito privado, es un aspecto presente en la administración de todo país, su presencia es parte fundamental para garantizar el debido desarrollo de las actividades privadas y públicas, desde empresas pequeñas hasta los órganos de más alto nivel de todo Estado. Todos los ordenamientos jurídicos de los países, y no por excepción el nuestro, mencionan diferentes organismos de control con los que cuenta el Estado, y que tienen ámbitos de competencias exclusivas y funciones especiales, sin embargo de ello no escapa la existencia de ciertas complicaciones para el ejercicio de la actividad de control por el Estado, ya se deba a falencias en cuanto a: la gran diversidad de órganos de control previstos en la Carta Magna; la verdadera necesidad de su existencia; al eficaz cumplimiento de sus actividades; la interferencia de unos respecto de otros; a la existencia de corrupción dentro de ellos; entre otros. El presente estudio a través de un análisis jurídico-critico del desarrollo de la actividad de control en general y especialmente de dos de los órganos de control previstos en la Constitución Política Ecuatoriana de 1998: Contraloría General del Estado y Comisión de Control Cívico de la Corrupción, así como del modelo adoptado en la actual Constitución Política de la República del Ecuador (2008), pretende deslumbrar un deber ser de un órgano de control, tanto a ejercerse por un órgano contralor como por un órgano anticorrupción, como la posible interferencia entre los mencionados órganos.

La inversión social y la responsabilidad del Estado: un estudio de caso sobre la exigibilidad en Ecuador

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es el programa social de alimentación más grande e importante que realiza el Estado ecuatoriano, atendiendo con desayuno y almuerzo escolar a niños, niñas y adolescentes que asisten a escuelas de todo el país. Los objetivos del programa son lograr el mejoramiento de la educación básica, brindar un apoyo alimentario con enfoque nutricional para menguar el hambre a corto plazo, otorgar un subsidio directo y focalizado a las familias pobres. El PAE para cumplir cabalmente con sus propósitos de abastecer a todos los niños, niñas y adolescentes, requiere de aproximadamente 40 millones de dólares. Apenas está financiado la mitad. Sin embargo el Estado, que apenas tiene financiado el 50% de lo que requiere para cumplir sus objetivos, restó un 20% adicional. De ahí que de los beneficiarios del PAE, dejaron de comer 12'608.695 raciones de desayuno y almuerzo escolar. Es decir, durante 11 días los niños, niñas y adolescentes dejaron de alimentarse en las escuelas. Para evitar la impunidad, ha esta violación de derechos se realizó varias acciones judiciales incluida una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.