999 resultados para EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO


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Este trabajo pretende hacer énfasis, en la dinámica participativa para el fortalecimiento de la capacidad institucional, y expresiones de voluntad política, en el marco de un conflicto armado, con relación a la Problemática del Desplazamiento. Para medir estas voluntades políticas y presencia participativa 4 de los integrantes en el proceso, se tomarán como base las propuestas de petición de fondos, previo estudio de los comités temáticos proporcionales a los componentes del Plan de Acción Humanitaria. En ese orden de ideas esta investigación pretenderá responder al siguiente cuestionamiento: ¿Qué efectos ha generado el Plan de Acción Humanitaria, en la participación y formulación de políticas para la atención a la población desplazada en ONG, el sistema de las Naciones Unidas y el Estado Colombiano

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Este estudio se refiere a la figura del Relator Especial sobre la situación de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los pueblos indígenas, quien después de recibir la invitación del Estado, visitó el terreno y habló con las principales autoridades del tema tanto gubernamentales como de las comunidades y los grupos nacionales, para verificar la situación de los pueblos indígenas. En su visita a Colombia en el año 2004 produjo una serie de recomendaciones que invitaban al Estado colombiano a acatarlas por medio de reformas constitucionales, legislación e implementación de leyes en materia de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, así como del seguimiento de diversas normas internacionales y decisiones de los organismos encargados de velar por el cumplimiento de los convenios y tratados sobre el tema adaptados por Colombia.

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Dados los grandes cambios y desarrollos científicos, económicos y sociales, la industria ha generado avances tecnológicos de gran magnitud que contribuyen con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. A pesar de las buenas contribuciones que conlleva dicho desarrollo, se puede ver que soporta igualmente un sacrificio ambiental y social para hacerlos posibles. De acuerdo con el principio que establece la primacía del interés general sobre el particular, se han tolerado legalmente algunos daños ocasionados a los administrados en beneficio de la comunidad; pero lo anterior no puede desconocer las situaciones en las cuales se generan perjuicios que no deben ser soportados por la comunidad. Igualmente, la Constitución política establece mecanismos de protección en cabeza de todas las personas con el fin de proteger sus derechos, dentro de los cuales se encuentran los derechos de tercera generación. Estos derechos son protegidos a través de la acción popular como mecanismo idóneo, eficaz y directo, el cual busca su restablecimiento.

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El estudiante de la Facultad de Administrador de la Universidad del Rosario, ganador del concurso de Ensayo UR2011en la categoría1:Estudiantes de la Universidad del Rosario presenta su invitación a emprender un nuevo panorama empresarial:las empresas sociales.

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A juicio de muchos analistas, el Estado-nación –piedra angular de la organización política del mundo desde la suscripción del Tratado de Wesfalia, en 1648– está experimentando una profunda crisis. En esta visión, el poder efectivo de dicha entidad política se está desbordando en tres direcciones: hacia arriba, por la globalización y la supranacionalización; horizontalmente, por el desmonte del Estado de bienestar, la privatización y la desregulación, y hacia abajo, por la descentralización y la devolución de autonomías a las polis regionales y locales.La acción conjunta de estas tendencias estaría determinando el vaciamiento (hollowing out) del Estado-nación, en la medida en que muchas de sus competencias tradicionales se están transfiriendo hacia arriba, a las instituciones internacionales y supranacionales; hacia los lados, al mercado, las empresas privadas y las transnacionales, y hacia abajo, a las entidades de orden subnacional. En este artículo analizaremos el impacto de tales tendencias en los países andinos.-----According to many analysts, the Nation State is undergoing a deep crisis, because the effectiveness of its power is being broken up in three ways: upward, because of globalization and supranationalization; horizontally, because of the dismantling of the Welfare State, privatization and deregulation, and downward, because of decentralization and the empowerment of the regional and local entities. According to these interpretations, the joint action of such trends would be eroding the traditional competences of the Nation State and determining the irrelevance of this political entity in the global dynamics of power and the economy. This paper analyses the impact of the above mentioned trends in the Andean countries. It concludes by stating that in this context the processes aimed at reducing the role of the State, have paradoxically turned into the widening of its sphere of action in other fields.

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RESUMEN En esta monografía el interés es comprender la dimensión de la captura del estado, su complejidad y cómo ha penetrado en la cultura política institucional de nuestro país; así mismo, el análisis permite entender el grado de influencia de los grupos de poder para lograr leyes y regulaciones a favor suyo en detrimento del interés general. Este trabajo aborda dicho fenómeno en los procesos de formulación e implementación de la política pública de Agro Ingreso Seguro – AIS– y explica consecuencias y efectos de la captura del Estado en su gobernabilidad y eficacia social. Para ello se desarrolló una investigación de tipo documental que permitió identificar el grado de legitimación de los propósitos de la política pública poniendo en perspectiva la intervención de agentes capturadores en el proceso de implementación de la política Agro Ingreso Seguro.

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Esbozar los problemas de la crisis, presentar una serie de dificultades, recriminar la posición estatal y llegar a unas posibles soluciones para el conflicto. De una manera tímida se critica el sistema penitenciario y algunas de sus problemáticas

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El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general

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Aproximarse a la solución de cuestiones claves a cerca de los pedagogos y de la pedagogía como profesión, mediante el examen de la problemática académica, los estudios de pedagogía y los sectores profesionales relacionados con dichos estudios. Se hace una reflexión desde el campo de la sociología de las profesiones sobre las características integrantes de las mismas, haciendo especial referencia a la pedagogía y a la medicina por considerarse el paradigma profesional, estudia la profesionalización de los pedagogos y la situación actual de la pedagogía, más concretamente la situación de los licenciados de pedagogía en España y se tienen en cuenta las causas que han conducido a esta carrera a la situación desfavorable en que se encuentra y las posibles soluciones que se pueden aportar. 1) La sociología de las profesiones nos demuestra que la creación de nuevos campos ocupacionales, la ampliación y renovación de los ya existentes y la consolidación de las expectativas de nuevos campos ocupacionales y profesionales, es un proceso lento y complejo relacionado con los denominados cambios socioeconómicos, científicos y académicos. 2) La pedagogía carece de reconocimiento público, lo que trae consigo una falta de confianza pública, de status social, por lo tanto menores recompensas económicas. 3) En cuanto a la situación actual en que se encuentra el licenciado en pedagogía se puede apreciar el estancamiento o pérdida de influencia en tres sectores profesionales como son los servicios de orientación, el perfeccionamiento del profesorado e investigación básica y aplicada a cargo de los Ices y el sector de las nuevas ocupaciones. 4) Una de las más urgentes necesidades es trazar las fronteras de esta profesión y esto hacerlo de una forma jurídico-oficial, con lo cual se impedirá el ejercicio de ésta a los intrusos para evitar traer el descrédito para el pedagogo con las consiguientes repercusiones sociales y económicas. 5) La profesionalización del pedagogo va a depender de que las necesidades humanas y sociales, orientadoras de su función, sean científicamente contempladas en su currículum universitario y profesional. 6) Respecto a la situación caótica en la que se encuentra la pedagogía, mejoraría llevando a buen término puntos decisivos como una preparación científica y profesional del pedagogo, lo que supondría una remodelación de los actuales planes de estudio y currículums, una lucha contra el intrusismo que se vería facilitada con la consecución de un Estatuto y Colegio Profesional de los pedagogos, una expansión de las bases científicas de las aplicaciones mediante ayudas adecuadas a la investigación, una definición epistemológica de la pedagogía, para darle sentido y una nueva actitud del universitario hacia la carrera de pedagogía y hacia la Universidad en general.

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Estudiar la política documental llevada a cabo en España durante el siglo XIX. En primer lugar, se analizan la legislación y las estructuras administrativas en materia de archivos y bibliotecas existentes en España durante el siglo XIX. Además, se estudia la creación del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. A continuación, se investiga la implantación de las disciplinas documentarias en los planes de estudio de las distintas carreras universitarias, así como la institucionalización de estas enseñanzas mediante la creación de la Escuela Superior de Diplomática. Por último, se dan a conocer las instituciones documentales del siglo XIX. Se consultan fuentes institucionales, documentales y personales. Investigación de carácter teórico y de análisis de la aplicación del contenido a las actuaciones institucionales y sociales. La política documental de la administración española en el siglo XIX sigue dos direcciones. Por un lado, se dota a los organismos públicos de archivos y bibliotecas y, por otro, se incorporan estas unidades documentales a la enseñanza, la ciencia y la cultura popular.

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Ponencia y comentario crítico presentados al seminario internacional que, sobre 'Los usos de la comparación en ciencias sociales y en educación', han organizado el Centro de Investigación y Documentación Educativa y el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense y que se ha celebrado en el CIDE, en febrero de 1989. Este estudio trata sobre los nuevos mecanismos de control de la educación originados por las interdependencias de la economía internacional y la crisis cultural que vive Estados Unidos y que se manifiesta en la reorganización de la formación del profesorado en casi todos sus estados. El comentario a la ponencia resalta cómo una determinada política educativa intenta reconstruir la legitimación social a través del aparato educativo y la formación de los docente.

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Transcripción de la Ley por la que se exime de pago de impuestos de Derechos reales, Timbre e Impuesto especial de Emisión, a las empresas editoriales, durante un periodo de 5 años desde su creación, así como la exención del 'impuesto de utilidades' por los beneficios obtenidos a las editoriales que inviertan en mejoras o ampliaciones de su propia empresa. Con estas medidas se pretendía fomentar la difusión del libro, tanto en territorio español como en el extranjero.

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Reflexionar sobre el papel de la educación como medida reinsertadora y rehabilitadora de personas presas en un contexto como la cárcel. Ofrecer programas de Formación Profesional para el ejercicio de las mismas, con el objeto de dotar a los reclusos de instrumentos socio-profesionales para su inserción laboral una vez obtenida la libertad. Se ha trabajado de forma teórica y práctica. La investigación está dividida en cuatro capítulos: en el primer capítulo se contextualiza un poco el marco referencial del Sistema Educativo Mexicano y la fundamentación legal. En el segundo capítulo se explica la educación a distancia de forma general. En el tercer capítulo se incide en el sistema penitenciario en Jalisco (México) y en todas las características principales del mismo. Por último se realiza un propuesta del sistema de educación a distancia en el centro de readaptación social del estado de Jalisco (México). El objetivo principal de esta propuesta es reducir el índice de analfabetismo de los internos y construir o contribuir a la mejora de la ciudadanía, a través de la mejoría de la calidad de vida de los internos. El programa está centrado en la educación para adultos, debiendo ser contratados para el mismo, los siguientes recursos humanos: profesores, profesores tutores, psicopedagogos, asistentes sociales y coordinadores. El esfuerzo prioritario del programa, debe ir encaminado a que la propia actividad en sí misma sea un esfuerzo intrínseco para vencer las barreras del medio, que ya aporta por sí mismo un proceso de socialización muy deficiente, en cuanto a la formación se requiere. La educación a distancia plantea, en la práctica, la ruptura de la relación directa y continuada entre profesor y alumno. La interacción educativa se reduce, a las formas de comunicación y apoyos académicos tanto de tutores, mediadores, materiales didácticos, etc. que proporciona el propio sistema. La autonomía del alumno se convierte así en la característica clave de esta modalidad educativa. Por ello, la presión a pesar de ser un espacio fuertemente cerrado, puede convertirse en un lugar en donde es posible aplicar la enseñanza a distancia. Con la modalidad de educación a distancia, por las ventajas ya mencionadas en los capítulos anteriores, se podrá ofrecer más cobertura y tratamiento de diversos niveles educativos que se adaptan perfectamente al contexto con el que tratamos. Esta modalidad por ser más económica que la convencional, responde en gran medida a la demanda creciente de la educación, que tiene como objeto la igualdad de oportunidades en la educación, ideales que sin ésta modalidad serían inalcanzables. Teniendo en cuenta el sentido de exclusión social que existe en éste espacio, y la interpretación de una educación elitista que la educación superior ha tenido durante largo tiempo, se podría valorar aun más la tarea de llevar a cabo esta propuesta, que tiene como misión ofrecer la Educación Superior en prisión, como algo normal y convertirlo en un hecho tangible.

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Se explica que la Formación Profesional ha sido una rama olvidada del sistema educativo español, pese a los avances de la Ley Villar Palasí de 1970, y al Tratado de Maastricht. En éste, por primera vez, en los tratados comunitarios, se habla de la 'calidad de la enseñanza y de la Formación Profesional'. Ésta se debe convertir en un factor importante, junto con otros, para resolver la crisis económica. Se crítica la falta de una concienciación urgente, en los agentes sociales y económicos, en las propias familias, en las instituciones pedagógicas, y en los propios políticos, sobre la formación profesional. Se defiende que la Formación Profesional sería un gran instrumento de apoyo frente a la crisis de la propia universidad, y al del estado del bienestar.