907 resultados para CONTRATACIÓN PÚBLICA


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Los problemas ambientales derivados de la actividad del hombre están siendo cada vez más alarmantes. Su aumento, junto con las desigualdades sociales, pone de manifiesto la necesidad de cambiar el rumbo del planeta hacia el desarrollo sostenible. En este contexto aparecen los indicadores de sostenibilidad ambiental, entre los cuales destacan la Huella de Carbono (HC) y la Huella Ecológica (HE). El primero, para cuantificar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero emitidos y absorbidos. El segundo, para cuantificar la demanda y puesta en valor de superficie biológicamente productiva. La demanda creciente de servicios ambientales por parte de la sociedad, en general, y las administraciones, en particular, ha conducido a que se empiecen a valorar criterios ambientales en la compra y contratación pública. Los servicios de conservación y mantenimiento ven aquí una oportunidad para diferenciarse y ofrecer una imagen más responsable con el medio ambiente. En el Proyecto Fin de Carrera, se ha decidido utilizar el Método Compuesto de Cuentas Contables (MC3) para el cálculo de HC y HE en los años 2011 y 2012. Dicho método trabaja con enfoque integrado; gracias a su alto nivel de detalle trabaja sobre la organización y el producto garantizando resultados accesibles, transparentes y comparables. La HC y HE del año 2011 es de 150 tCO2e y 35 haG respectivamente. Para el año 2012 los indicadores aumentan (205 tCO2e y 47 haG). Estos aumentos son debido al incremento del consumo pero también al cambio del patrón hacia el consumo de materiales de alta intensidad energética. La consideración de las remociones de emisiones por uso de suelo permite valorar la sostenibilidad del servicio. La HC y HE pueden ser reducidas, compensadas y comunicadas por medio de acciones que se proponen. La inclusión de criterios ambientales y de sostenibilidad en la toma de decisiones está al alcance de cualquier servicio de conservación y mantenimiento.

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El presente trabajo expone el estado actual de la cuestión en referencia al análisis del coste del ciclo de vida (CCV) aplicado a la edificación. Las diferentes metodologías desarrolladas en torno a este concepto constituye una herramienta destinada a la evaluación de las distintas opciones de proyecto desde una perspectiva de eficiencia económica medioambientalmente sostenible. Basado en la obtención del valor actual de los costes y beneficios futuros asociados a las decisiones del proceso de edificación, el análisis CCV representa un cambio de paradigma: opone una visión a largo plazo frente a la perspectiva tradicional que aspira a la obtención de una rentabilidad inmediata con una mínima inversión inicial, ignorando sus efectos económicos y medioambientales futuros. El objetivo del artículo es la revisión de la metodología CCV y su implantación en un contexto global, analizando su proceso de desarrollo y los criterios de discusión de resultados. Se concluye con un estudio crítico de las posibilidades de adaptación del método a la estructura del sector inmobiliario español, proponiendo su integración en un sistema de contratación pública sostenible.

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En el año 2014 se publicó, bajo mandato de la Comisión Europea, la Norma Europea EN 301 549, titulada “Requisitos de accesibilidad de productos y servicios TIC aplicables a la contratación pública en Europa”. El objetivo de dicha norma es que los productos o servicios TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) adquiridos por cualquier administración pública europea puedan ser utilizados por personas con diversas características y capacidades, incluyendo a personas con discapacidad. La norma EN 301 549 es compleja, ya que contiene más de 200 requisitos y recomendaciones, que se aplican o no a un producto o servicio TIC en función de las características de dicho producto o servicio. Por ello se ha planteado, desde el Grupo de Investigación en Tecnología Informática y de las Comunicaciones (CETTICO), el desarrollo de una herramienta de soporte a la evaluación del cumplimiento de la norma. La herramienta permitirá a grupos de trabajo anotar los resultados de la evaluación de accesibilidad de un producto o servicio TIC siguiendo los requisitos de la norma Europea EN 301 549. Este trabajo de Fin de Grado se centra en el diseño y codificación del cliente web de la herramienta. Se parte de los resultados de un TFG y un practicum anteriores. En el TFG realizado por Laura Elorrieta [Elorrieta, 2014], se diseñó la interacción del sistema y se evaluó su grado de usabilidad. En el practicum [Montero, 2015], posterior al TFG de Laura Elorrieta, se eligieron las tecnologías web que se iban a utilizar y se realizó el diseño y la implementación mediante prototipos iterativos de la gestión de proyectos de evaluación. El trabajo que se ha realizado en el TFG ha consistido en el diseño de la interfaz de usuario analizando los cambios a realizar en el diseño, debido a los errores de usabilidad conocidos, y la implementación del prototipo funcional de la herramienta. Junto con la parte servidor del TFG de mi compañero Rubén Ortiz Burgos y la interfaz de usuario de este TFG se ha obtenido una aplicación web para realizar evaluaciones de accesibilidad de productos o servicios TIC siguiendo los requisitos de la norma EN 301 549. El prototipo funcional contiene diez páginas web que recogen las diferentes acciones y tareas que pueden realizar los usuarios en función del rol que desempeñen. EL diseño y la implementación se han llevado a cabo empleando las tecnologías web HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery y las librerías de Foundation frontend framework.---ABSTRACT---In 2014, under the European Commission mandate, the European standard EN 301 549 has been published under the title “Accessibility requirements applicable to ICT products and procurement services in Europe”. The goal of this standard is that the products or services ICT (Information Communication Technology) acquires by every European public administration can be used by every person with different characteristics and capacities, including those with disability. The rule EN 301549 is very complex, since it has more than 200 requirements and recommendations that can be or not applied to an ICT product or service based on its characteristics of the given product or service. That’s why a development of a support tool has been proposed to the rating of the compliance of the rule, by the Research Group of Informatics Technology and Communication. This tool will allow working groups to record the results of the compliance of accessibility of a product or service following the requirements of the European Standard EN 301549. This Final Degree Work focuses in the design and the coding of the web customer of this tool. The results of a TFG and previous practicums have been used for this. The TFG performed by Laura Elorrieta [Elorrieta, 2014], the interaction of the system was designed and degree of usability was evaluated. In the practicum [Montero, 2015], after the TFG Laura Elorrieta, web technologies used were chosen and the design and implementation were performed using iterative prototyping project management evaluation. The work done on the TFG was to design the users interface to perform analyzing changes in design due to errors known usability and working prototype implementation of the tool. Together with the server part of the TFG my partner Rubén Ortiz Burgos and the user interface done of this TFG it has obtained a web application for the conduct of evaluations accessibility of products or services ICT following the requirements of the EN 301 549. The functional prototype contains ten web sites that collect the various activities and tasks that users can perform based on the role they perform. The design and implementation have been carried out using the technologies web HTML5, CSS3, Java Script, jQuery and the libraries of Foundation fronted framework.

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El Acuerdo global firmado en 1997 entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y México, junto con el conjunto de decisiones adoptadas en este marco, ha sido eficaz y, por tanto, las modificaciones de este acuerdo se ven motivadas principalmente por el cambio del panorama mundial desde que este se promulgó por primera vez. Por ello, para las próximas negociaciones con México, es sumamente importante prestar atención a las consideraciones generales sobre cómo se configura la política comercial de la Unión Europea. En este contexto, se analizan las necesidades y expectativas, tanto de la UE como de México, con respecto a cualquier futuro acuerdo, haciendo especial hincapié en ámbitos que van más allá del comercio de bienes y servicios, tales como la contratación pública, la inversión y la cooperación regulatoria. Se defiende que, para cualquier modificación, deben tomarse como modelo los «antiguos» acuerdos de asociación, teniendo en cuenta que se centran en temas específicos de la UE y su capacidad para atender a las necesidades de México en cualquier acuerdo más avanzado que se vaya a celebrar.

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La Contratación Pública constituye una fuente muy importante de la demanda de bienes y servicios, especialmente en la Comunidad Autónoma del País Vasco en donde el Gobierno Autonómico, también llamado la Administración General Vasca, desarrolla un papel capital como impulsor de dicha contratación pública. Por otro lado, la Economía Social, y especialmente el movimiento cooperativo, tiene en ese mismo ámbito geográfico un papel de gran peso en el conjunto de la Economía Vasca, por sus cifras de empleo y aportación al PIB, así como por tradición y arraigo social. Cabe preguntarse en tal caso, cuál es el papel que desempeñan las cooperativas en la Contratación Pública en aquella Comunidad Autónoma, cómo y cuáles son los contratos de los que resultan adjudicatarias, qué importes suponen esos contratos para las cuentas públicas y, en definitiva, si su papel de adjudicatarias se corresponde con el que desempeñan en el conjunto de la Economía Vasca. Del examen de los contratos publicados en el Perfil del Contratante del Gobierno Vasco, se obtienen datos suficientes que, una vez procesados y analizados, se visualizan en tablas y porcentajes que constituyen la base de un diagnóstico que responde a las preguntas planteadas y evidencia la situación de debilidad de las cooperativas en el campo de la contratación pública vasca.

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El CERMI, tras la publicación de distintos trabajos y una trayectoria ya de unos cuantos años de interés en la RSC participando, entre otras cosas, en el proyecto de la Fundación Bequal, que seguramente es el futuro de la RSC y la discapacidad, para completar esos trabajos se plantea cómo implantar medidas de RSC Discapacidad en las administraciones públicas. Esta es una guía que pretende ayudar a las administraciones públicas a incluir la discapacidad en su gestión. En esta guía se trabaja con seis líneas de actuación, la primera tiene que ver con el buen gobierno, con la adopción de códigos éticos, no solo adoptarlo sino que sea conocido por la gente, comprensible y aplicable y para eso es importante tener un comité de seguimiento, con un canal de denuncias que sea perfectamente confidencial para que la gente no tenga ningún reparo en denunciar. La segunda línea de actuación es la adhesión a iniciativas de RSC, por los beneficios claros que eso aporta. La tercera línea tiene que ver con el acceso al empleo, desde las cuotas de reserva hasta los protocolos de acogida y todo el desarrollo en igualdad de condiciones de una carrera profesional y del trabajo de personas con discapacidad. La cuarta línea es la contratación pública socialmente responsable, que tiene que ver con la inclusión de cláusulas sociales y con el traslado a la cadena de suministros de la responsabilidad social del cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley por parte de las empresas, para nosotros sería una política social de incalculable valor. La quinta línea, la atención a los ciudadanos y la sexta línea, las memorias e informes de lo que hacen y aquí también propone que en la medida de lo posible adopten el modelo GRI, con el que la Fundación ONCE, en colaboración con el CERMI, ha pactado para incluir indicadores de discapacidad.

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En Colombia, mediante la Ley 1508 de 2102, se estableció el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas (APP) y con la aprobación de la Ley 1682 de 2013, se regularon los proyectos de infraestructura de transporte. Con la presente tesis se pretende demostrar la figura del Diálogo Competitivo como procedimiento incompleto e insuficiente, apropiado así por nuestro régimen jurídico en la Ley de APP, visto desde la perspectiva de la Unión Europea, especialmente de los modelos español, inglés y francés, porque carece de la mayoría de sus elementos característicos. Posteriormente se realiza una crítica al Diálogo Competitivo colombiano desde la perspectiva de la Unión Europea, ya que se evidencia en la figura interna su precariedad frente a un procedimiento debidamente definido y organizado como el de la Unión Europea. Entre las instituciones jurídicas adoptadas por la Ley de APP, se encuentra el Diálogo Competitivo, que es un procedimiento, verificado en la etapa de estructuración de los contratos APP de iniciativa pública, cuyos antecedentes registran el mayor reconocimiento internacional en la Unión Europea (UE). Ésta introdujo esa figura a su régimen jurídico, a través de la Directiva 2004/18/CE, a su vez derogada por la Directiva 2014/24/UCE. La tesis culmina con una serie de conclusiones y recomendaciones que se estiman útiles para repensar y reestructurar el Diálogo Competitivo en los proyectos de infraestructura vial en Colombia, tarea que le corresponde al Congreso Nacional, pues así lo ha dispuesta la jurisprudencia del Consejo de Estado.

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La investigación aborda la problemática del contrato estatal atípico a partir de un marco teórico, con el fin de encontrar los contratos estales atípicos en la práctica pública, y a partir de allí realizar un análisis de su contenido de acuerdo al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

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De acuerdo a la normativa de TFEs el repositorio no puede dar acceso a este trabajo. Para consultarlo póngase en contacto con el tutor del trabajo. Puede acceder al resumen del mismo pinchando en el pdf adjunto

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En el presente proyecto se realizaron cuatro capítulos que corresponden a unos objetivos específicos; en el primer capítulo, se abordó un estudio analítico del origen, definición, características y naturaleza de las multas contractuales y de las cláusulas penales en el derecho privado, el objetivo fijado era establecer un marco teórico que fundamente los capítulos siguientes. Posteriormente, en el segundo capítulo, se realizó una identificación y evaluación del tratamiento que la legislación ha dado a las multas contractuales y cláusulas penales. En el tercer capítulo, se analizó un caso práctico donde se evidencia la dificultad en la aplicación de estas figuras por la Administración Pública, resaltada por la escasa e imprecisa legislación al respecto. Finalmente, en el último capítulo, se enumeraron y desarrollaron la problemática e interrogantes detectados a lo largo del proyecto, con la idea de establecer soluciones a los vacíos o incongruencias encontradas.

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La responsabilidad disciplinaria no se puede ser entendida como la existencia de dolo o culpa en la actuación del funcionario público sino como el juicio de exigibilidad en el cual el juez disciplinario debe establecer si el deber funcional era exigible en las específicas circunstancias del caso, dependiendo de los requisitos necesarios para el ejercicio del cargo de representante legal de una Entidad estatal y dados los conocimientos requeridos para la ejecución del deber funcional.

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El proyecto que se ha seleccionado como caso de estudio se desarrolla a partir de un convenio interadministrativo entre una Secretaría de Salud de un municipio colombiano, que es la responsable de la administración de recursos del régimen subsidiado, la cual se denominará la Secretaría y un Centro de Investigaciones perteneciente a la facultad de economía una prestigiosa universidad pública colombiana, que se denominará el Instituto. El proyecto surge en el año 2004 como una necesidad de la Secretaría de liquidar los contratos de régimen subsidiado de las vigencias 2001 a 2003. La no liquidación de estos contratos causa problemas para las contrataciones con las ARS en las vigencias posteriores.

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Una constante de los Estados en nuestro tiempo parece ser el habitual esfuerzo por modernizar su quehacer, en búsqueda de mejores estrategias en el cumplimiento de sus fines. La reforma del Estado se ha convertido en el tema central de la agenda política mundial. El origen de este proceso tuvo lugar cuando el modelo de Estado montado por los países desarrollados en la posguerra, propulsor de una era de prosperidad sin precedentes en el capitalismo, entró en crisis hacia fines de la década de 1970. La preocupación por los medios a través de los cuales el Estado actúa ha generado una política de mejora de la gestión pública que se hace presente en los diferentes campos de acción del poder público. Ante este reto de fortalecimiento de la gestión son diversos los obstáculos que la política estatal encuentra a su paso; la escasez de recursos, la multiplicidad de funciones que se le confían al Estado frente al reducido número de funcionarios que pueden cumplirlas en condiciones de idoneidad, los altos índices de corrupción, la falta de colaboración de la sociedad civil, entre otros.