1000 resultados para CONFLICTO ARMADO - ASPECTOS SOCIALES - BOGOTA (COLOMBIA) - 2002-2006


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Este Estudio de Caso busca analizar la problemática suscitada sobre el acuerdo humanitario entre el Gobierno Nacional y las FARC durante la Administración de Andrés Pastrana y la primera Administración de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006). Desde esta perspectiva el trabajo se fundamenta en dos objetivos específicos: describir los antecedentes de los diálogos sobre el acuerdo humanitario entre el Gobierno y las FARC; e identificar los principales acontecimientos que caracterizaron la evolución de las exigencias sobre el acuerdo humanitario durante la primera Administración Uribe. Estos objetivos responden a una investigación de tipo cualitativa, brindando un contexto histórico de la situación, para posteriormente, identificar los acontecimientos durante el primer gobierno de Uribe con respecto a la problemática suscitada alrededor del acuerdo humanitario.

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El terrorismo representó para el gobierno de Uribe la oportunidad de insertar el conflicto interno en el escenario internacional, que a través de la política de Defensa y Seguridad Democrática busco justificar las acciones gubernamentales y aumentar el apoyo nacional e internacional en pro de salvaguardar la democracia y el Estado Social de Derecho. En el presente documento se establece la relación entre terrorismo y política externa en el primer período de administración de Álvaro Uribe Vélez, a través de los fundamentos teóricos del constructivismo y con relación a tres actores del sistema internacional: Estados Unidos, las Naciones Unidas y la Unión Europea. Dentro del análisis se observa una tensión fundamental que se presenta respecto al discurso y a la práctica, en este caso la práctica institucional a nivel nacional de la administración Uribe. De igual manera, el período analizado permite establecer dicha tensión cuando se ve en detalle la relación entre la presentación que hizo Uribe de la problemática colombiana en distintos foros internacionales ante diversos actores internacionales y el desarrollo institucional de la Política de Seguridad Democrática. Respondiendo a ello, el discurso del gobierno Uribe asumió diversos matices según las exigencias de Estados Unidos, de la Unión Europea y de las Naciones Unidas dentro del contexto de la lucha contra el terrorismo.

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Esta monografía aborda en primer lugar la evolución del conflicto armado colombiano desde la década de los ochenta y hasta finales del año 2002 al revelar en gran medida las múltiples formas de violencia que usaron diferencialmente los grupos insurgentes, los paramilitares y especialmente las Fuerzas Militares para así lograr controlar plenamente el territorio en cuanto a los recursos, la gobernabilidad, el monopolio de la fuerza y la población civil. En segundo lugar efectúa un análisis acerca de lo sucedido en el primer período presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) quien en corto tiempo impulsó la Política de Seguridad Democrática teniendo como objetivo primordial derrotar política, judicial y militarmente a los grupos insurgentes en sus zonas de influencia histórica, mientras que, paralelamente, consiguió iniciar un proceso de paz con los bloques paramilitares. Y finaliza mostrando el impacto de la ofensiva militar estatal con las operaciones como Libertad 1y 2, Orión, Marcial y el Plan Patriota que produjeron en corto, mediano y largo plazo el resquebrajamiento de la presencia de los grupos armados en Cundinamarca, Antioquia, Bolívar y el Sur del país, pero, a su vez, ello es contrastado con las modificaciones al modus operandi que implementaron dichas organizaciones en el campo de batalla con el fin de no ser completamente aniquilados.

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En esta investigación se brindó el origen del conflicto armado en Buenaventura precedido por colisiones sociales con eventos graduales desde 1948 hasta 2010 marcando “acentos” en lo transcurrido en los últimos años. Se caracterizó el conflicto armado en el municipio de Buenaventura desde la perspectiva de actores locales los cuales expresaron visiones diferenciales sobre el conflicto dependiendo los contextos urbano-rurales que los padecen. De igual manera el presente estudio documenta acciones del PCN y PEC, organizaciones sociales estructuradas que operan en Buenaventura las cuales han emprendido acciones traducidas en tipificación del articulado constitucional y legislativo como el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de 1991 y la Ley 70 de 1993.Finalmente se esbozaron algunas expectativas que se tienen en el momento frente al conflicto en el municipio las cuales establecen diversos escenarios frente a lo que puede acontecer en Buenaventura. Lo anterior desde la perspectiva de líderes afrocolombianos y representantes de Consejos Comunitarios.

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El presente trabajo de grado hace referencia a la población de San José de Apartadó, víctima del conflicto armado por la pugna entre grupos subversivos que buscan tener el control territorial, por la riqueza de los recursos y la ubicación geoestratégica que posee. La población se encuentra en una situación de crisis humanitaria y de desplazamiento forzado por más de 50 años. El conflicto se vio agudizado desde la llegada de los paramilitares en la década de los 90, estos en aparente connivencia con las fuerzas militares. Dicha situación llevó a que los civiles se organizaran bajo una iniciativa de resistencia civil no violenta para rechazar el conflicto y exigir el respeto a los derechos humanos. Se declaran Comunidad de Paz el 23 de marzo de 1997, lo cual generó un ambiente de descontento y represalias por parte de los grupos armados. Los pobladores se vieron en la obligación de acudir a actores externos como las ONG, con la capacidad de mediar por la población víctima y elevar el caso a nivel internacional, para que desde las instituciones internacionales pertinentes se ejerza presión externa al Estado colombiano, exigiendo la reparación y protección de las víctimas. El presente caso toma como referencia al Sistema Interamericano de Derechos Humanos- SIDH.

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Impulsando es un programa de formación en luthería enfocado hacia la construcción y reparación de guitarras acústicas. La estructura programática consta de seis módulos de formación que incluyen fundamentos teóricos y aplicación práctica. El proyecto propone hacer cuatro talleres con una duración de setenta y dos horas, para grupos de doce participantes, donde los soldados discapacitados podrán desarrollar competencias técnicas y humanas que mejoren sus condiciones sociales.

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El presente estudio se ordena en tres capítulos. El primero se concentra en explicar las herramientas analíticas de la teoría de las nuevas guerras de Herfried Münkler y de ahí se derivan cuatro criterios básicos que servirán de base para el análisis de las transformaciones. En el segundo capítulo se analizan las transformaciones que el conflicto colombiano tuvo durante el periodo 1991-2003 y cómo estas impulsaron un proceso de transnacionalización. En el tercer capítulo se estudian los efectos sociales, medioambientales y de seguridad que tales transformaciones tuvieron en los países vecinos.

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El interés de esta monografía es mostrar la relación entre el poder político y el lenguaje. Esta relación fue estudiada en el discurso del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, durante el período presidencial (2002-2006), quien construyó una particular forma de entender la llamada Política de Seguridad Democrática. Para este efecto, se explica y aplica la teoría de Teun Van Dijk y sus cuatro elementos: acción, contexto, poder e ideología, y de forma complementaria el Concepto de lo Político de Carl Schmitt. Estas Teorías permitirán comprender cuál es la relación del discurso, la legitimidad y la excepcionalidad, teniendo en cuenta que el discurso es un acontecimiento comunicativo del que se puede valer un gobernante para justificar el uso excepcional del poder.

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Este documento compara dos experiencias de comisiones creadas para enfrentar la reparación a víctimas de conflictos armados internos: la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, creada en junio del año 2001 por el presidente Valentín Paniagua y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Colombia, creada en el año 2005 por el presidente Álvaro Uribe Vélez. El análisis comparado de estas experiencias tiene como propósito responder a un interrogante: ¿Cuáles son los estándares de reparación adoptados por dichas comisiones? O dicho de otra forma ¿cuáles son los referentes a partir de lo cual se materializa la reparación a las víctimas y cuales son los contenidos del concepto de reparación priorizados? El argumento que se desarrolla a lo largo de estas páginas, sostiene que los estándares de reparación están determinados en buena medida por dos aspectos del marco normativo interno: a) la legislación que regula la función de las Comisiones así como la desmovilización, desarme y reincorporación a la vida civil de los miembros de organizaciones armadas al margen de la ley; b) el marco jurídico interno sobre medidas de restablecimiento o políticas de reparación integral a víctimas del conflicto armado interno.

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La globalización como un proceso de carácter multidimensional, que abarca no sólo aspectos económicos y financieros, sino también sociales, culturales y tecnológicos, ha servido como plataforma para el surgimiento de nuevos actores sociales de índole transnacional. La creciente conformación y expansión de redes transnacionales, ha abierto una mirada hacia nuevas temáticas, conflictos y desarrollos que deben ser contemplados en el ámbito global. Por ello estas redes, entre otras cosas, han implementado nuevos mecanismos de control y garantía de los derechos humanos en el ámbito global, han desarrollado también estrategias de cooperación para que sus esfuerzos y activismo hagan eco dentro de las políticas domésticas de los Estados. Es esta investigación se ilustra bajo un ejemplo práctico, la participación y el activismo de una red transnacional feminista que con la cooperación de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, lograron crear y llevar a cabo de manera efectiva, una estrategia en aras de la despenalización del aborto, en Colombia, estado que había sido muy severo en esta materia. En América Latina, la inflexibilidad de las legislaciones en materia de aborto, ha radicado, en que éstas han tomado como base la doctrina católica, que durante mucho tiempo fue impartida y considerada como el discurso hegemónico o más relevante en la discusión de políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. Entonces, teniendo en la mira a estos protagonistas que se encuentran en conflicto, bien por hacer prevalecer la autonomía individual, la salud pública la equidad social o de género en las legislaciones domésticas, o bien por salvaguardar la noción de familia tradicional que se está viendo amenazada por un relativismo moral que debe ser contrarrestado al interior de los Estados, esta investigación, analiza por un lado, si existe o no influencia de los grupos feministas transnacionales, quienes han visto la importancia de actuar globalmente para promover cambios nacionales como la liberalización del aborto en las legislaciones, dado el reconocimiento de nuevos derechos como los derechos sexuales y reproductivos avalados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos , y por otro, estudia la decadencia de la doctrina católica, ya que como actor político la Iglesia Católica ha perdido fuerza a la hora de participar en los debates sobre sexualidad y aborto. Para el fin perseguido en este documento, se analizan los principales postulados de la Teoría Liberal de las Relaciones Internacionales y se contrasta con un ejemplo práctico: el proceso de despenalización parcial del aborto en Colombia durante el periodo comprendido entre 2005 – 2006.

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Teniendo en cuenta que la reparación es un derecho con características particulares, especialmente para la infancia y la adolescencia, la presente investigación revisa los alcances del enfoque diferencial de edad en esta política en Colombia. Para cumplir este objetivo se realizó un análisis de la legislación internacional, legislación nacional actual y como un caso tipo, el Decreto de Reparación Individual Administrativa (Decreto 1290 de 2008). De esta forma, se ubica respecto a la reparación desde una visión subjetivista de los derechos humanos, entendiéndola no solo como una obligación del Estado sino como un derecho en sí mismo, y por lo tanto en este marco, revalora el enfoque diferencial de edad como un reto de la política concibiéndolo como la intencionalidad de la sociedad y el Estado de consolidar legislaciones y prácticas sociales sensibles a las subjetividades, necesidades y demandas de los niños, las niñas y los adolescentes como respuesta al principio de igualdad para incluirles como ciudadanos y superar la hegemonía del discurso adultocéntrico. De este modo, se constituye como aporte para las instituciones que tienen el deber de incluir el derecho a la reparación integral de la infancia y la adolescencia en la formulación y ejecución de la política pública y contribuye para que los niños, niñas y adolescentes sean visibilizados de manera efectiva en los mecanismos y procedimientos diseñados para tal fin en Colombia.

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El conflicto armado colombiano, con sus más de cinco décadas de duración, es uno de los asuntos más estudiados por académicos tanto locales como de distintos lugares del mundo. Ha sido analizado desde distintas ópticas, haciendo énfasis en aspectos variables según el campo desde el que se mire y las problemáticas que se pretendan comprender: sociales, económicas, políticas, humanitarias, etc. La perspectiva elegida para la realización de esta tesis no estuvo centrada en las dinámicas del conflicto en sí, sino que se propuso abordar una dimensión relativamente reciente que ha venido tomando fuerza en los últimos años, a raíz de los más recientes procesos de negociación con algunos de los grupos armados ilegales que han hecho parte de la confrontación con el Estado colombiano. Esta dimensión es la memoria histórica del conflicto promovida y construida por iniciativa estatal, a diferencia de las manifestaciones más espontáneas y aisladas que muchas comunidades habían venido realizando para preservar sus recuerdos acerca de eventos traumáticos relacionados con el conflicto armado de los que fueron víctimas o testigos. Esta labor fue encomendada inicialmente (año 2007) al Grupo de Memoria Histórica - GMH-, un área dentro de la Comisión de Reparación y Reconciliación que había sido creada por disposición de una ley conocida como Ley de Justicia y Paz que reguló una de las mayores desmovilizaciones de grupos paramilitares en el país. Posteriormente, en 2011, con la promulgación de una nueva Ley (conocida como Ley de Víctimas) el Grupo se convirtió en Centro de Memoria Histórica y pasó a tener a cargo todo lo relacionado con los derechos humanos de las víctimas del conflicto, además de recibir el encargo de construir no sólo un relato que permitiera comprender el origen, devenir y efectos del conflicto, sino también un museo nacional de la memoria. Las memorias que seremos se ocupa de estudiar el contexto de surgimiento del Grupo de Memoria Histórica y sus transformaciones relacionadas con las leyes mencionadas, comprender sus lógicas de trabajo y las características de quienes lo conforman y de analizar el proceso de construcción de las memorias que llevaron a cabo hasta la publicación del emblemático informe ¡Basta ya! Colombia, memorias de guerra y dignidad que fue entregado al presidente de la Nación el 24 de julio del año 2013. Se analizan también los sentidos promovidos en dicho informe, las estrategias discursivas a las que apela y algunos de los presupuestos éticos en los que se sustenta

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El conflicto armado colombiano, con sus más de cinco décadas de duración, es uno de los asuntos más estudiados por académicos tanto locales como de distintos lugares del mundo. Ha sido analizado desde distintas ópticas, haciendo énfasis en aspectos variables según el campo desde el que se mire y las problemáticas que se pretendan comprender: sociales, económicas, políticas, humanitarias, etc. La perspectiva elegida para la realización de esta tesis no estuvo centrada en las dinámicas del conflicto en sí, sino que se propuso abordar una dimensión relativamente reciente que ha venido tomando fuerza en los últimos años, a raíz de los más recientes procesos de negociación con algunos de los grupos armados ilegales que han hecho parte de la confrontación con el Estado colombiano. Esta dimensión es la memoria histórica del conflicto promovida y construida por iniciativa estatal, a diferencia de las manifestaciones más espontáneas y aisladas que muchas comunidades habían venido realizando para preservar sus recuerdos acerca de eventos traumáticos relacionados con el conflicto armado de los que fueron víctimas o testigos. Esta labor fue encomendada inicialmente (año 2007) al Grupo de Memoria Histórica - GMH-, un área dentro de la Comisión de Reparación y Reconciliación que había sido creada por disposición de una ley conocida como Ley de Justicia y Paz que reguló una de las mayores desmovilizaciones de grupos paramilitares en el país. Posteriormente, en 2011, con la promulgación de una nueva Ley (conocida como Ley de Víctimas) el Grupo se convirtió en Centro de Memoria Histórica y pasó a tener a cargo todo lo relacionado con los derechos humanos de las víctimas del conflicto, además de recibir el encargo de construir no sólo un relato que permitiera comprender el origen, devenir y efectos del conflicto, sino también un museo nacional de la memoria. Las memorias que seremos se ocupa de estudiar el contexto de surgimiento del Grupo de Memoria Histórica y sus transformaciones relacionadas con las leyes mencionadas, comprender sus lógicas de trabajo y las características de quienes lo conforman y de analizar el proceso de construcción de las memorias que llevaron a cabo hasta la publicación del emblemático informe ¡Basta ya! Colombia, memorias de guerra y dignidad que fue entregado al presidente de la Nación el 24 de julio del año 2013. Se analizan también los sentidos promovidos en dicho informe, las estrategias discursivas a las que apela y algunos de los presupuestos éticos en los que se sustenta

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El conflicto armado colombiano, con sus más de cinco décadas de duración, es uno de los asuntos más estudiados por académicos tanto locales como de distintos lugares del mundo. Ha sido analizado desde distintas ópticas, haciendo énfasis en aspectos variables según el campo desde el que se mire y las problemáticas que se pretendan comprender: sociales, económicas, políticas, humanitarias, etc. La perspectiva elegida para la realización de esta tesis no estuvo centrada en las dinámicas del conflicto en sí, sino que se propuso abordar una dimensión relativamente reciente que ha venido tomando fuerza en los últimos años, a raíz de los más recientes procesos de negociación con algunos de los grupos armados ilegales que han hecho parte de la confrontación con el Estado colombiano. Esta dimensión es la memoria histórica del conflicto promovida y construida por iniciativa estatal, a diferencia de las manifestaciones más espontáneas y aisladas que muchas comunidades habían venido realizando para preservar sus recuerdos acerca de eventos traumáticos relacionados con el conflicto armado de los que fueron víctimas o testigos. Esta labor fue encomendada inicialmente (año 2007) al Grupo de Memoria Histórica - GMH-, un área dentro de la Comisión de Reparación y Reconciliación que había sido creada por disposición de una ley conocida como Ley de Justicia y Paz que reguló una de las mayores desmovilizaciones de grupos paramilitares en el país. Posteriormente, en 2011, con la promulgación de una nueva Ley (conocida como Ley de Víctimas) el Grupo se convirtió en Centro de Memoria Histórica y pasó a tener a cargo todo lo relacionado con los derechos humanos de las víctimas del conflicto, además de recibir el encargo de construir no sólo un relato que permitiera comprender el origen, devenir y efectos del conflicto, sino también un museo nacional de la memoria. Las memorias que seremos se ocupa de estudiar el contexto de surgimiento del Grupo de Memoria Histórica y sus transformaciones relacionadas con las leyes mencionadas, comprender sus lógicas de trabajo y las características de quienes lo conforman y de analizar el proceso de construcción de las memorias que llevaron a cabo hasta la publicación del emblemático informe ¡Basta ya! Colombia, memorias de guerra y dignidad que fue entregado al presidente de la Nación el 24 de julio del año 2013. Se analizan también los sentidos promovidos en dicho informe, las estrategias discursivas a las que apela y algunos de los presupuestos éticos en los que se sustenta

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La presente investigación establece, correlaciona y describe en 46 sujetos (25 Guerrilleros y 21 Paramilitares); el Grado de Filiación Ideológica a la organización armada ilegal de la guerra civil colombiana a la que pertenecieron, y por ende, a su participación en los crímenes particularmente violentos, de tipo depredador, frío, psicopático, cometidos por la misma, así como a los Déficits Neuropsicológicos, los Rasgos Psicopáticos, las Formas de Razonamiento Moral y las Características Psicopatológicas. Los insurgentes fueron miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), agrupación armada ilegal colombiana opositora al Estado, y los paramilitares pertenecieron a diferentes colectivos armados por fuera de la ley que apoyaron al ejercito estatal enfrentándose a los grupos rebeldes. Brent (2002), Raine (2002), Ostrosky-Solís (2009), Esbec (2010), Rest (1979), Raine et al. (1994), Goyer et al. (1994), Damasio (1994); Seiderwrn et al. (1997), Benson y Miller (1997), entre otros investigadores, han encontrado que la violencia depredadora, fría o instrumental, —a diferencia de la de tipo reactiva, caliente o emocional— no se asocia necesariamente a déficits cortico-frontales. El grupo de exguerrilleros se evaluó inicialmente a través de una entrevista estructurada con el fin de establecer el grado de filiación ideológica y de desconexión moral durante su militancia, así como para conocer las condiciones económicas, sociales, familiares y comportamentales en la historia de vida de cada sujeto. También se determinó el tipo de motivación para ingresar a la organización armada ilegal...